Costa Rica

Carta dirigida a la Jefa de la Misión de la ONU

Auditoría Electoral Ciudadana

05/02/2010

Opinión

^-A ⁺A

05 de Febrero, 2010

Señora

María Emma Mejía

Jefa de la Misión de la OEA

Presente

Agradecemos el espacio que nos permite compartir lo que, desde la Auditoria Electoral Ciudadana estamos impulsando a favor de la transparencia y equidad, pero sobre todo a favor del empoderamiento ciudadano, promoviendo nuevas formas de participación política que remuevan los ejes tradicionales sobre los que se asienta la cultura política en Costa Rica .que asume a la ciudadanía como mano de obra electoral. Aspiramos a convertir nuestra iniciativa en un proceso permanente de vigilancia, propuesta y movilización ciudadana a favor de la democracia participativa.

Luego de 60 años de la actual institucionalidad electoral, es imperiosa la necesidad y la responsabilidad, de revisar los cimientos, la estructura, y su adecuación o no, a los cambios experimentados por la sociedad costarricense.

Estamos en presencia de una nueva campaña electoral en la que prevalece la estridencia propagandística de los partidos con más recursos financieros y de poder que, a nombre de la democracia y de los intereses ciudadanos, promueven un festín propagandístico al servicio de un negocio que cada cuatro años beneficia a agencias de publicidad, encuestadoras y medios de comunicación, todo esto con recursos de todos y todas las costarricenses.

Una nueva elección después de que la institucionalidad ha dejado impunes a los autores y ejecutores del “Memorando del Miedo” e incluso con una de sus más insignes cómplices como candidata a la Presidencia y a otros como parte de su equipo de campaña. Nos preocupa la abierta amenaza a uno de los principios más importantes de nuestro régimen electoral durante las últimas 6 décadas: el de “imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas”. Amenaza abierta y explícita por parte del gobernante de turno, el mismo que, para llegar donde está, propició la polémica decisión judicial que le abrió la puerta para su reelección en el 2006.

Ante esas y otras situaciones, no nos extrañemos si una parte creciente de la ciudadanía no se siente satisfecha con las condiciones de competencia, con la institucionalidad electoral, ni con la oferta partidaria. En el último sondeo realizado por la Universidad de Costa Rica (03-02-10) el Tribunal Supremo de Elecciones no obtiene la nota mínima de 7 en una escala de 1 a 10. Si la ciudadanía no vive las elecciones como un espacio primordial de ejercicio de sus derechos y por el contrario las percibe como un espacio controlado por el gobierno de turno, los partidos y los medios de comunicación no nos alarmemos si una parte importante de la ciudadanía decide no votar.

Impulsar una Auditoria Electoral Ciudadana nos brinda, frente a los hechos mencionados, una oportunidad para provocar rupturas en aquella cultura política que coloca siempre a la ciudadanía por debajo de las instituciones y los partidos políticos, limitando sus opciones para participar activamente en los asuntos que competen a su bienestar.

¿Qué esperamos de esta Misión de la OEA?

Es en ente contexto de preocupaciones que queremos también expresar nuestra opinión sobre el carácter de la visita de Observadores(as) Internacional y particularmente sobre esta misión de la Organización de Estados Americanos.

Es innegable que la aspiración democrática es una aspiración global. En esa medida todo aquello que sea capaz de contribuir a hacer realidad dicha aspiración es a todas luces bienvenido. Sobre todo si esa contribución es parte de voluntades institucionales, que como en el caso de la OEA, que se propongan el ejercicio de sistematizar la diversidad de realidades políticas, contribuyendo así al aprendizaje colectivo de las naciones.

Nuestra expectativa sobre esta labor de Observación es que esta misión no puede ni debe, a priori, sacar conclusiones sobre las “bondades democráticas” sin que éstas sean contrastadas a través de un ejercicio sistemático con fundamente técnico y profesional en el campo. Es decir no puede ser un ejercicio complaciente ni condescendiente con las autoridades Gubernamentales y/o Electorales. En este sentido nos preocupa de sobre manera las declaraciones realizadas por usted a diferentes medios periodísticos expresando criterios, que a nuestro entender, dan por descontadas las conclusiones antes de la propia Observación.

Con preocupación hemos escuchado frases como “…Creo que América Latina tiene mucho que aprender de un país como Costa Rica, de su situación política, de sus solidez democrática. De verdad queremos admirar el proceso aquí”(Diario Extra, 03-02-10) o también declaraciones como “…nuestro Informe será la base para que los países de América aprendan de Costa Rica”(Noticias Repretel, 03-02-10) Lo anterior nos parece a todas luces inapropiado, pues significa adelantar criterios convirtiendo la Misión en un ejercicio complaciente con el estado de cosas. Se desaprovecha así la oportunidad de que la observancia técnica y profesional ayude a la democracia costarricense a fortalecer sus bondades, pero también que ayude a la identificación de sus debilidades y los caminos para superarlas.

Nuestras preocupaciones sobre el desempeño del Tribunal Supremo de Elecciones:

La trayectoria del proyecto de Código Electoral aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa, tras ocho años de haber sido presentado y de otros 15 proyectos específicos de reforma presentados en ese período constituyen una clara muestra de que existen grandes resistencias al cambio, cuyas consecuencias deben ponderar los actores políticos, el TSE y la ciudadanía.

Estas elecciones transcurren en el marco de algunas nuevas reglas de juego derivadas de la reciente reforma al Código Electoral, que dejó en el camino algunas de las reformas más importantes propuestas en el 2001, e incorporó otras que parecen responder más a las necesidades e intereses de los partidos y del propio TSE, que de la ciudadanía. Uno de los cambios más preocupantes es el carácter definitivo que el nuevo Código le da al conteo de votos realizado en las Juntas Receptoras.

Hemos constatado desde esta Auditoria que esta preocupación es prácticamente unánime en todos los sectores de la sociedad costarricense. Incluso es de consenso de todos los partidos políticos, pero no ha habido por parte del Tribunal capacidad de escucha en pos de crear condiciones de tranquilidad y confianza en el proceso de escrutinio escudándose en una falsa necesidad de “modernización”. Todo cambio que no tranquilice a los actores del proceso, por más modernos que sean, están condenados a ser factor de desconfianza e inestabilidad del propio sistema electoral.

Resumen ejecutivo balance del proceso electoral antes del 7 de febrero del 2010

En este documento presentamos un balance, de forma resumida, del proceso electoral en algunas de las dimensiones propuestas para la Auditoría Electoral Ciudadana.

LIBRE DETERMINACIÓN DE LAS Y LOS ELECTORES

La ciudadanía necesita condiciones para decidir, libremente, por cuál partido votar. Las presiones, intimidaciones, chantajes, amenazas, represalias o acciones violentas realizadas para que una persona vote por uno u otro partido, constituyen delitos contra la libre determinación de las y los ciudadanos.

En Costa Rica, ha sido una práctica de los partidos tradicionales ofrecer bonos de vivienda, becas, pensiones, ayudas sociales, mejoras de servicios públicos y otras prácticas clientelistas, para lograr apoyos electorales sobre todo en los sectores más pobres. Existen indicios de que en la actualidad esto sigue sucediendo:

· La presente campaña estuvo antecedida por una contienda interna en el Partido Liberación Nacional en la que el candidato perdedor, Johnny Araya, denunció el uso de ese tipo de prácticas, así como el apoyo del Gobierno, para favorecer a la tendencia de quien se convirtió en la Candidata a la Presidencia de ese partido, la señora Laura Chinchilla.

· Otro de los partidos tradicionales, el Unidad Social Cristiana, en un intento desesperado por mantener cierta vigencia en el electorado, anunció recientemente la realización de rifas de casas de interés social, una por provincia, entre personas que se encontraran registradas oficialmente en condición de pobreza.

· Se han reportado casos de chantajes de parte de dirigentes locales del partido oficial a personas para que voten por el mismo a cambio de la promesa de otorgarles algún beneficio o servicio social de los que presta el Estado. El caso más reciente, del cual quedaron constancias en la Municipalidad de Turrialba y que se está documentando para presentar la denuncia correspondiente, fue el de una ciudadana que acudió a solicitar una beca de estudio para su hija. Un Regidor del Partido Liberación Nacional que la atendió se negó a darle el formulario supuestamente en razón de que la solicitante tenía una bandera de un partido de oposición en su casa.

Lamentablemente, ese tipo de prácticas se siguen dando en esta campaña electoral y constituyen formas de vulnerar la libre determinación de las y los electores y en general, la calidad de la democracia.

A pesar de que la normativa electoral tiene contemplados delitos contra la libre determinación de las y los electores, el Tribunal Supremo de Elecciones no le da el peso que merece en términos de advertir, capacitar y proteger a la ciudadanía de ese tipo de abusos.

En la presente campaña, el TSE ha hecho una campaña, supuestamente para promover la participación electoral, bajo el lema “votar es pura vida”.

SUFRAGIO COMO DERECHO CÍVICO Y LAICO

El derecho al sufragio tiene un carácter eminentemente cívico y laico, es decir, que forma parte de los derechos políticos básicos de todas las personas habilitadas para votar, independientemente de sus creencias religiosas. La libre determinación de las y los votantes debe garantizarse mediante la no interferencia de elementos religiosos que puedan ser utilizados para inducirles a apoyar o rechazar a un determinado partido o candidatura. Tanto la Constitución Política en su artículo 28 como el Código Electoral en el 136, tienen disposiciones para garantizar la laicidad del sufragio.

Pero en la actual campaña, se han dado una serie de hechos en que se ha vulnerado la libre determinación de las y los electores a partir de la interferencia de elementos religiosos, particularmente de la Iglesia Católica:

· Un mes antes de la convocatoria oficial a las elecciones, el obispo de Cartago, Francisco Ulloa, hizo un llamado a no votar por partidos que tuvieran posiciones diferentes a las de la Iglesia Católica, en materia de derechos sexuales y reproductivos, sobre el proyecto de un Estado Laico y sobre las sociedades de convivencia.

· El 27 de octubre, recién iniciada la campaña electoral, la Conferencia Episcopal reunió a las candidatas y candidatos a la Presidencia de la República para presentarles un documento titulado “Caminos hacia una auténtica democracia” en el que, entre otras cosas, plantean sus posiciones y “orientaciones” de cara al proceso electoral.

· El 29 de noviembre y con el apoyo del Iglesia Católica, se realizó una marcha “por la vida” a favor de las posiciones de dicha organización sobre el aborto y la anticoncepción. A la misma asistieron el arzobispo de San José, Hugo Barrantes Ureña, el obispo de Cartago, José Francisco Ulloa Rojas y el de Alajuela, Ángel San Casimiro Fernández. También participó de la marcha la candidata del partido en el Gobierno, Laura Chinchilla, quien manifestó su posición coincidente con la de la Iglesia.

· Y para el 7 de febrero del 2010, día de las elecciones, la Iglesia Católica ha preparado una eucaristía especial, a las 7 de la mañana, a la que ha invitado a las y los candidatos a la Presidencia de la República. La misma será celebrada por el arzobispo de San José y máximo jerarca de esa organización en Costa Rica.

Todos esos son ejemplos de interferencia de la Iglesia Católica en el proceso electoral, que atentan contra la libre determinación de las y los electores, que no permiten el debate abierto y transparente sobre temas de interés público y que, oportunistamente, son utilizados por algunos partidos para favorecer sus campañas.

Lamentablemente, el Tribunal Supremo de Elecciones, al igual que en otras ocasiones, se ha mostrado sumiso y ha hecho reverencia ante la jerarquía eclesial, aún cuando eso signifique darle la espalda a derechos y garantías básicas de las y los ciudadanos. Peor aún, el propio TSE ha contribuido históricamente a vínculos simbólicos y prácticos entre el proceso electoral y los rituales católicos, como lo hizo el Presidente de ese Organismo el finalizar el referéndum del 2007 sobre el TLC, en una frase que ya se ha hecho tristemente célebre: “Congregados ante el altar de las urnas, hemos sido partícipes, en la eucaristía del voto, de un acto de fe en la democracia”[1].

¿PROPAGANDA O INFORMACIÓN?

¿DERECHOS CIUDADANOS O DERECHOS DE LOS PUBLICISTAS?

Uno de los aspectos fundamentales para que la ciudadanía pueda decidir adecuadamente por cual partido votar en los deferentes niveles de elección (presidencial, legislativo y municipal) es contar con la información clara y verídica sobre la trayectoria (en la función pública y privada) de las candidatas y los candidatos, así como sobre propuestas concretas y realistas a desarrollar en caso de resultar electas.

Las campañas de miedo, de ataques personales, las promesas demagógicas, la propaganda vacía de propuestas claras, no contribuyen a que la ciudadanía tome una decisión informada.

Lamentablemente, la normativa electoral establece principalmente amplios derechos de los partidos para hacer propaganda de cualquier tipo y no deja claros los derechos de las y los ciudadanos en esta materia. Por otro lado, la reciente reforma al Código Electoral eliminó los límites diarios (tiempos máximos en TV y radio, paginas en prensa escrita) para propaganda.

En la presente campaña, la ciudadanía ha sido sometida, como en otras ocasiones, a un torrente propagandístico en televisión, radio, prensa escrita y en Internet, gran parte del cual resulta poco útil para tomar una decisión libre e informada y más bien puede conducir a lo contrario, en el sentido de enmascarar los intereses, ideas y proyectos que sustentan algunos partidos.

Del mismo han sido partícipes los partidos que han logrado —no siempre de forma transparente— captar más recursos financieros para sufragar los inmensos costos en las empresas de publicidad y de los medios de comunicación, para las cuales la campaña ha sido, sin duda alguna, un jugoso negocio. Jugoso negocio para unos pocos flaca, estéril y árida campaña electoral —con algunas honrosas excepciones— en términos de debate e información constructiva para la ciudadanía.

Deben reconocerse los valiosos esfuerzos de algunos medios de comunicación, como los universitarios, por generar espacios de debate y análisis del proceso electoral. También de los propios medios comerciales por hacer lo propio en ese sentido, si bien al final del proceso y después de haber llenado sus bolsillos a punta de pauta publicitaria.

Pero lo cierto es que, vista en su conjunto, en la campaña predominó la propaganda y no la información sobre las propuestas partidarias ni el debate entre las y los candidatos. Ni qué decir, sobre las posibilidades de la ciudadanía de debatir, dialogar, cuestionar o hacer sus propios planteamientos ante ellas y ellos.

Dos datos son reveladores al respecto:

· Cuando faltaban menos de dos meses para la realización de las elecciones y a 6 días de que iniciara la tregua navideña, ninguno de los dos partidos que encabezaban en ese momento las encuestas, el PLN y el PML habían presentado públicamente su programa de Gobierno (Ver: Diario Extra, 10/12/09).

· En cambio, al iniciar la tregua, ambos partidos habían gastado aproximadamente 1.360 millones de colones, el 66.4% del gasto publicitario total estimado, hecho por los partidos que habían tenido presencia en medios hasta ese momento (Ver: La Nación, 17/12/2009)

En ese contexto, hay que hacer referencia al papel del Tribunal Supremo de Elecciones que por un lado organizó debates con la presencia de todos los partidos participantes en el canal estatal, pero por otro eliminó la dirección que había dado en la campaña del 2006, de que los medios de comunicación comerciales debían invitar a todos y todas las candidatas participantes en las elecciones presidenciales, a los debates que organizaran. Como consecuencia, los debates realizados por las dos principales empresas televisivas, Televisora de Costa Rica y Repretel, solo estuvieron 3 y 4 de los candidatos a la Presidencia, respectivamente.

Bajo estas circunstancias, se produjo una invisibilización de otras opciones partidarias, lo que constituye otra gran limitante al derecho ciudadano a la información clara y oportuna sobre los partidos contendientes y las candidaturas que postulan.

IMPARCIALIDAD DE AUTORIDADES DE GOBIERNO Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Este es uno de los principios fundamentales establecido en la Constitución Política sobre el derecho al sufragio. Está orientado a prevenir el uso de las posiciones y recursos públicos administrados por el partido en el gobierno a favor suyo o en perjuicio de sus opositores.

En la campaña actual, este principio demanda una gran atención considerando las siguientes situaciones antecedentes: a) la posibilidad de participación en la campaña del referéndum 2007 que el TSE le dio al Poder Ejecutivo; b) el explícito cuestionamiento hecho por el actual gobernante al principio de imparcialidad y a las normas correspondientes; y c) la posibilidad de que funcionarios públicos burlen, como se dado en otras campañas, las reglas establecidas para garantizar su imparcialidad en el proceso electoral.

Y ya se han dado situaciones que claramente evidencian la continuidad de ese tipo de prácticas:

· Recién iniciada la campaña se hizo público el uso de un avión de la fuerza pública por parte de la Diputada Maureen Ballestero, del partido en el gobierno, para asistir a actividades político-partidarias en Guanacaste. El hecho involucró también al Viceministro de Seguridad quien autorizó el vuelo a pesar de que en ese momento ya todas las fuerzas de seguridad estaban bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones.

· Al Tribunal Supremo de Elecciones han sido presentadas más de 15 denuncias por beligerancia política, algunas incluso contra el gobernante, Oscar Arias Sánchez y el Ministro de la Presidencia, su hermano, Rodrigo Arias Sánchez.

Y si bien el Tribunal Supremo de Elecciones ha recibido y tiene en investigación esas denuncias, lo cierto es que llegamos al 7 de febrero sin que haya resuelto al respecto. La demora vulnera el principio de “justicia pronta y cumplida” y pasa por alto el sentido de oportunidad para que la ciudadanía pueda saber si los funcionarios denunciados incurrieron o no en faltas o incluso delitos electorales, antes de la votaciones.

ACCESO DE LOS PARTIDOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El acceso a los medios de comunicación masiva constituye un componente fundamental para las condiciones de competencia electoral entre los partidos. Esos espacios son primordiales para que puedan hacer llegar sus mensajes a las y los electores y para que estos puedan contar con información oportuna sobre las opciones partidarias que contienden.

La normativa electoral vigente establece la obligación de los medios de comunicación de dar sus servicios en igualdad de condiciones a los partidos. Pero no establece mecanismos efectivos para que se cumpla con dicha igualdad ni para lograr un acceso equitativo mínimo de los partidos a los medios de comunicación.

Lo que predomina, en cambio, es la lógica de mercado de manera que el accedo depende de la capacidad de pago de los partidos. Además, la reciente reforma al Código Electoral, eliminó los límites diarios de tiempo (radio y TV) y espacio (páginas en prensa escrita) a los que debían sujetarse los partidos en materia de gastos justificables dentro del financiamiento estatal de las campañas.

Por otro lado, mientras que el Código establece que el TSE debe dar acceso a todos los partidos en los debates político-electorales que organice dicho organismo electoral, recientemente el Tribunal eliminó la exigencia de que los medios de comunicación hicieran lo mismo.

Bajo esas condiciones, la actual campaña ha estado caracterizada por un fuerte desequilibrio en el acceso a los medios de comunicación, de manera que frente a la abrumadora presencia propagandística de los partidos con más recursos, los que no cuentan con ellos quedan absolutamente limitados para poder posicionar sus propuestas ante el electorado.

Lo anterior constituye no solo una afectación a los partidos políticos, sino sobre todo al derecho de la ciudadanía de contar con información oportuna y veraz sobre los partidos y candidaturas contendientes. Y por otro lado, si bien se puede decir que las elecciones son competitivas, lo cierto es que la “competencia” ha resultado absolutamente desequilibrada.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Uno de los componentes fundamentales de las condiciones de competencia electoral lo constituyen las reglas de acceso al financiamiento estatal a los partidos.

Tradicionalmente, dicho acceso ha estado condicionado a los partidos que alcancen un determinado porcentaje de votación (4% en la actualidad o elegir un diputado) y la distribución se ha hecho en proporción a la votación alcanzada por cada partido. Con la reciente reforma al código electoral se estableció un monto para financiamiento anticipado a los partidos políticos (un 15% del total de la contribución estatal) y se dispuso que el mismo fuera distribuido en partes iguales entre los partidos que participaran en las elecciones (80% entre los de escala nacional y 20% entre los provinciales). Si bien de forma tímida, esa reforma significa el inicio de la creación de condiciones equitativas de acceso al financiamiento público y por lo tanto a una mayor equidad en la competencia.

Pero en la práctica, durante la presente campaña se ha visto que los requisitos para poder acceder a dichos recursos, a saber, la rendición de garantías líquidas, han resultado un obstáculo para el acceso. Hasta días antes de las elecciones del 7 de febrero, solamente los partidos Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Acción Ciudadana y un partido minoritario, había logrado el acceso a dichos recursos.

Por otro lado, al pagarse la contribución estatal a los gastos de los partidos, con posterioridad a las elecciones y previa rendición de cuentas por estos, se da la situación de que deben conseguir recursos líquidos para hacer frente a los gastos de la campaña. Eso lo logran algunos mediante la emisión de certificados de cesión del derecho a la contribución estatal (conocidos como bonos de partidos), que colocan en bancos, financieras o con particulares, a cambio de jugosos descuentos.

El sistema de los certificados de cesión genera pues un vínculo entre la expectativa de contar con financiamiento público y el interés que genera dicha expectativa en entidades públicas o privadas, las cuales utilizan sus propios criterios (entre ellos las encuestas de intención de voto) para decidir a cuales partidos y por qué montos, recibirles los certificados. Para esas entidades este mecanismo constituye un gran negocio, que en gran medida desvirtúa el sentido del financiamiento público a los partidos.

En la campaña actual se ha dado también un fuerte desequilibrio en el acceso a recursos por los partidos políticos. Ha predominado la lógica de mercado y del interés privado, sobre la que correspondería al uso de recursos públicos. Y por otro lado, a pesar de que todo lo relativo al financiamiento está sometido por ley al principio de publicidad y es responsabilidad de los partidos y del TSE garantizarlo, la ciudadanía no cuenta con información clara al respecto.

Así por ejemplo, si bien se sabe que los partidos en su conjunto emitieron certificados de cesión por más de 13.000 millones de colones, no se ha hecho pública la información sobre dónde y en qué montos, lograron colocarlos.

Desde la perspectiva ciudadana, sería muy importante conocer quienes y en qué montos, están dándole soporte a las campañas electorales de los partidos. Pero en la práctica, ni los partidos ni el TSE han garantizado la transparencia requerida, provocando limitaciones significativas a derechos ciudadanos.

FINANCIAMIENTO PRIVADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El financiamiento privado de los partidos constituye otro de los ámbitos que incide en las condiciones de competencia. Después de un largo período de vacío normativo, a partir de 1996 se ha venido desarrollando una serie de normas, procedimientos, controles y límites en esta materia. En algunas elecciones se ha suscitado escándalos sobre estructuras paralelas utilizadas por los partidos para captar y manejar recursos privados en sus campañas electorales sin que pases por los mecanismos de control del TSE ni por el escrutinio público.

En la última reforma al Código Electoral, aprobada recientemente, se establecieron mayores controles por parte del TSE y se refuerzan las posibilidades de que el financiamiento privado a los partidos esté bajo los principios de publicidad y transparencia.

Las y los ciudadanos tenemos el derecho de conocer cuáles son las fuentes y montos de los aportes que hagan personas particulares a los partidos políticos. Para ello se requieren estrictos controles y procedimientos efectivos de publicidad, de parte de los partidos políticos y del TSE. De particular relevancia resulta que se haga pública la forma en que participen personas jurídicas en la compra de bonos emitidos por los partidos. Ese portillo quedó abierto en la reciente reforma y ha sido ratificado por el TSE, situación que contrasta con la prohibición de que personas jurídicas realizaran aportes a los partidos.

Pero también aquí la ciudadanía ha topado con barreras que le impiden tener el acceso a dicha información. Ni los partidos, ni el TSE están dándo pleno cumplimiento al principio de “publicidad” de todo lo relacionado con las contribuciones privadas a los partidos políticos durante la campaña. Esto a pesar de que es evidente el peso que el financiamiento privado está teniendo en la multimillonaria campaña desplegada por los grandes partidos.

PROCEDIMEINTOS PARA EL DÍA DE LAS ELECCIONES

Uno de los cambios más polémicos en la normativa electoral para las elecciones del 2010 es lo dispuesto en el Código, lo interpretado y ampliado por el TSE, en materia de conteo de los votos.

Según esto, se dará por definitivo el conteo que hagan las Juntas Receptoras de Votos el TSE solo hará un nuevo conteo en los casos específicos en que existan inconsistencias o impugnaciones.

Esto significa que el TSE ya no realizará el escrutinio, voto por voto, mesa por mesa, que ha realizado tradicionalmente en cumplimiento de funciones establecidas en Constitución Política:

“Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes; (Artículo 102, inciso 7)

Desde la perspectiva de la Auditoría Ciudadana, lo establecido en el Código y lo dispuesto por el TSE en contra de lo planteado por todos los partidos políticos, incluso por los Diputados que aprobaron la reforma, constituye un retroceso.

Se debilitan los procedimientos de control y fiscalización cruzada de los resultados y la documentación electoral que tradicionalmente han garantizado certeza, transparencia y aceptación de los resultados.

Al sus 60 años, el TSE parece estar quitándose responsabilidades en cuanto a la vigilancia y escrutinio de las votaciones, trasladándolas en cambio a instancias administrativas y funcionarios pagados como son los auxiliares y asesores electorales.

AUDITORIA ELECTORAL CIUDADANA

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Correo e: auditoria.electoral.ciudadana@gmail.com

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[1] Discurso del Dr. Luis Antonio Sobrado González, Presidente del TSE, con ocasión de la Sesión Solemne del 7 de octubre del 2007, día del referéndum. En: http://www.tse.go.cr/actas/2007/97-2007%20solemne%20del%207%20de%20octubre%20del%202007.htm (09/07/09)

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