La crisis que sacude al Ecuador está tocando fondo no solo por el devastador paso del fenómeno El Niño sino por la pugna de poderes, que esta vez enfrenta a la Asamblea Nacional Constituyente, por un lado, y el Congreso y el Ejecutivo, por otro, en torno a la competencia para reformar la Constitución y al período de funcionamiento de la Asamblea.

La Asamblea, electa por voto popular el 31 de noviembre de 1997, debía reformar la Constitución, en el período que corre desde el 20 de diciembre de 1997 hasta el 30 de abril de este año, según el plazo fijado por el Congreso. Al no haber culminado su trabajo, la Asamblea decidió una auto- prórroga de 8 días, sin embargo, el presidente interino Fabián Alarcón, anunció que no publicará en el Registro Oficial las reformas que apruebe la Asamblea más allá de las 12h00 del 30 de abril.

De esta manera, Alarcón cedió a las presiones del presidente del Congreso, el socialcristiano Heinz Moeller, quien ha cuestionado en forma permanente el trabajo de la Asamblea y ha reivindicado la facultad del Parlamento de reformar la Constitución, rechazando el "candado" dispuesto por la Asamblea para impedir que el Congreso cambie la Constitución por el lapso de un año.

El "golpe" de Alarcón contra la Asamblea no está exento del chantaje, según varias versiones de prensa. Heinz Moeller, habría amenazado con enjuiciar políticamente a Alarcón por denuncias de corrupción, por lo que el mandatario interino, para salvarse, terminó haciendo causa común con los socialcristianos y arrogándose funciones que no le corresponden, como aquella de decidir qué se publica o no en el Registro Oficial.

Así, el país nuevamente se ve sumido no solo en el enfrentamiento político sino en la incertidumbre jurídica, al presentarse la posibilidad de contar con dos constituciones, a pocos días de las elecciones generales del 31 de mayo.

La posición autoritaria de Alarcón contó con el respaldo de la cúpula de las Fuerzas Armadas y del derechista Partido Social Cristiano, que decidió retirar a su bloque de asambleístas desde el 30 de abril, aunque tres de sus integrantes desacataron la orden. Se manifestaron en contra, entre otros, la Iglesia Católica, que llamó al diálogo y señaló que la Asamblea debía contar con el tiempo suficiente para cumplir con su cometido de entregar al país una nueva Carta Política, y los movimientos sociales que anunciaron movilizaciones para defender a la Asamblea.

Los asambleístas, por disposición de Alarcón, fueron obligados por militares a abandonar la Academia de Guerra del ejército, en donde venían sesionando, viéndose obligados a reunirse en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar, esta vez custodiados por indígenas armados de lanzas, quienes, de esta manera, se convirtieron en custodios de la Asamblea.

El plan de la Asamblea es trabajar hasta el 8 de mayo y que, a partir de esa fecha, trabaje la Comisión Constitucional para la codificación y armonización de la Constitución, para culminar el 5 de junio.

Los asambleístas han indicado que la Asamblea, al tener las máximas facultades, no requiere publicar sus resoluciones en el Registro Oficial, y, para sortear el impasse con Alarcón, resolvieron que la nueva Constitución rija desde el próximo 10 de agosto, cuando se posesione el nuevo gobierno. Hasta el 30 de abril, la Asamblea había aprobado 13 reformas relevantes, entre las cuales destacan el reconocimiento parcial de los derechos de la nacionalidades indígenas y de los pueblos negros, así como de la niñez, la adolescencia, los ancianos y discapacitados; medidas contra la violencia a la mujer y por su participación equitativa en los procesos electorales; reformas a los poderes electoral, judicial y legislativo; la no prescripción del delito de corrupción e institucionalización de una Comisión de Control Cívico de la Corrupción.

A estas se suman algunas disposiciones polémicas como el fortalecimiento del Poder del Ejecutivo, el aumento del número de diputados de 82 a 120, y la supresión de la gratuidad y el libre ingreso a las universidades públicas, lo que provocó el rechazo de estas últimas.

El fondo de la pugna

Pero más allá de este incidente, el telón de fondo de la pugna es el resquebrajamiento del bloque derechista que controlaba la Asamblea, conformado por el Partido Social Cristiano, PSC, el oficialista Frente Radical Alfarista y la Democracia Popular (democracia cristiana), y con ello, el alejamiento de la posibilidad de aprobar una constitución acorde con sus concepciones e intereses, sobre todo en materia de liberalizar la economía y privatizar la seguridad social.

La Asamblea, surgió como un reivindicación de la sociedad civil -y en especial del movimiento indígena- que reclamaba una nueva Constitución que diera cuenta de la diversidad del país y de los planteamientos de los nuevos actores surgidos en las últimas décadas.

La propia propuesta, constituía un cuestionamiento a la denominada "clase política", que desde el Congreso se había mostrado incapaz, en casi dos décadas, de introducir los cambios jurídicos que el país demandaba. La propuesta de la Asamblea recién pudo concretarse con la movilización ciudadana de febrero de 1997 con la que se echó del poder al gobierno populista de Abdala Bucaram. Sin embargo, la vieja clase política se "embarcó" en el tren de esta revuelta pacífica y, desde entonces, ha venido manipulando el proceso de acuerdo a sus particulares intereses y conveniencias. La propia elección del presidente interino Fabián Alarcón por el Parlamento, quien contaba con apenas dos votos, respondió a esta situación.

En este escenario, los movimientos sociales presionaron al gobierno para que convocara a elecciones para la Asamblea, empero ésta se dio bajo las reglas y condiciones impuestas por el Congreso, controlado por el PSC y la DP. Triunfantes en la contienda electoral, el PSC, la DP y el FRA conformaron una mayoría -conocida como la "aplanadora"- que pretendía aprobar un proyecto de Constitución que, en síntesis, buscaba "insertar al Ecuador en el mundo globalizado" bajo la óptica del neoliberalismo, poniendo énfasis en la gobernabilidad (a través del fortalecimiento del Ejecutivo), la privatización de la seguridad social, el desmantelamiento de las áreas económicas controladas por el Estado, etc. Ante ello, muy poco podía hacer la minoría representada por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutic Nuevo País, el Partido Socialista Ecuatoriano, la Izquierda Democrática (socialdemócrata), el Movimiento Popular Democrático (izquierda radical) y otros movimientos independientes.

Pero lo que no contaba la derecha, era que, como producto de sus propias pugnas internas, su bloque se iba a ir desgranando poco. Primero se fueron tres asambleístas socialcristianos, y proteriormeenmte otros tres desobedecieron la orden de retirse de la Asamblea. Por otro lado, una fuerte movilización campesina que defendía el Seguro Social Campesino, acabó por liquidar esta mayoría, ya que 4 asambleístas de la Democracia Popular y otros tantos del gobierno se sumaron a la minoría y se pronunciaron por mantener el monopolio estatal de la seguridad social.

Esto fue la gota que derramó el vaso. El presidente de la Asamblea, el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado (ex-mandatario del Ecuador de 1981 a 1984), renunció a su cargo, dejando en la acefalía a este organismo, en tanto que los socialcristianos decidieron abandonarla definitivamente el 30 de abril. En estas condiciones, la Asamblea ya no era funcional para sus intereses y había que dejar que sea el Congreso el que complete la reforma constitucional, según la óptica socialcristiana. A partir de aquí, cada cual tomó su propio camino: los socialcristianos continuaron con el boicot a la Asamblea, en tanto que los demócrata populares y gobiernistas avalaron con su presencia las resoluciones que la Asamblea está adoptando luego del 30 de abril.

Panorama poco alentador

A la incertidumbre política, viene a sumarse otros elementos no menos graves que conforman un contexto económico y social poco alentador. Para este año, se prevé un déficit fiscal del 6.9% del PIB y una inflación del 47%. El desempleo llega al 9,23%. El gobierno pretende superar el mal momento mediante el aumento del endeudamiento externo (ha contraído una deuda de 1.400 millones de dólares, que equivale al 10% de la deuda externa), y ventas a futuro del petróleo, y cargándoles una deuda de 180 millones de dólares a las empresas de telecomunicaciones.

Varios escándalos de corrupción han salido a flote durante este gobierno, por lo que ha sido equiparado con el régimen de Abdala Bucaram. El que más revuelo ha causado es la utilización de los fondos reservados del Estado (cinco millones de dólares) en supuestos estudios sico-sociales del pueblo ecuatoriano. Por esta causa, el ex-ministro de Gobierno, César Verduga, se encuentra prófugo en Estados Unidos. Carente de autoridad y enfrascado en pugnas intestinas, el régimen ha perdido toda incitativa para enfrentar las consecuencias del fenómeno el Niño, que deja ya cerca 250 muertos, 59 desaparecidos, 10.190 viviendas afectadas y millonarias pérdidas en la econonía, la infraestructura vial y los servicios públicos. Este es el país que recibirá el nuevo mandatario que se elegirá el próximo 31 de mayo.

- Publicado en el Servicio Informativo Nº 272, ALAI, 13-05-1998, Quito.