Con el referéndum aprobatorio de la nueva constitución, el próximo 15 de diciembre, los venezolanos van a experimentar un dilema individual y colectivo de suma importancia para el futuro del país. Se trata de un nuevo episodio de esta agitada historia de fin de siglo que se inició en 1989 cuando el sistema democrático mostró de manera más evidente las profundas grietas que originaba un modelo social y económico excluyente de la mayor parte de la población venezolana. Todavía en 1992, luego de los intentos de golpe de Estado, el propio sistema tuvo un chance para darse otra oportunidad, pero las élites demostraron que no daban más, abriendo curso a un deterioro aún mayor de las estructuras socioeconómicas y de la propia institucionalidad, una especie de suicidio que produjo su desalojo del poder por otra hegemonía que aún no tenía forma ni fondo. El hoy presidente, Hugo Chávez tuvo la inteligencia y la capacidad de construir a partir de estas ruinas, y no desde una perspectiva necesariamente alternativa, un liderazgo y una convocatoria a las mayorías excluidas de la población, retomando para sí la mayor parte de las banderas de los propios creadores de la democracia en 1958, de los fracasados reformadores de 1992 quienes propusieron la Asamblea Constituyente, y de los sectores populares organizados que durante las últimas décadas lucharon por un Estado Social de Derecho y Justicia, una economía más humana, productiva e incluyente, y una auténtica ciudadanía y sociedad civil realmente protagónica en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. El dilema del venezolano será, independientemente de su voto afirmativo o negativo, decidirse a tomar parte en el diseño del nuevo proyecto de país, comprometerse con una visión de futuro de la cual forme parte, y asumir la responsabilidad de hacerla realidad sin nuevas delegaciones representativas. Se trata de decidir la continuidad de un proceso de revolución democrática o un frenazo que nos devolvería jurídicamente al marco constitucional de la democracia representativa vigente en los últimos cuarenta años . Los 100 días de la ANC Desde que el presidente Chávez asumió el poder en febrero de este año, la mayoría de los venezolanos esperaba que pusiera en marcha el programa de gobierno prometido. Y así lo hizo. La primera prioridad era la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Y es así como el mismo día de la toma de posesión firmó el decreto convocando al referéndum consultivo para convocar a la ANC y crear un nuevo orden jurídico a través del dictamen de una nueva Constitución. Para una sociedad acostrumbrada a las promesas incumplidas, el año 1999 ha sido de constante agitación y un duro, y hasta saturado trajinar político. En un proceso sin precedentes se cumplió el referéndum en abril, se realizaron las elecciones de los asambleístas en julio, se instaló la ANC en agosto, se culminó el proyecto de Constitución en noviembre y en diciembre se celebrará el referéndum aprobatorio, lo cual conducirá a relegitimar los poderes e inaugurar una nueva república ( la V República) en el primer trimestre del año 2000. Para algunos esto ha sido un exceso de participación y una exigencia más allá de la propia cultura democrática que tenía la población. Mucho más tomando en cuenta lo apremiante de la crisis económica y social que ha mantenido intacto el modelo económico donde priva la recesión, el ajuste macroeconómico, el endeudamiento, la dependencia del ingreso petrolero y la falta de capacidad productiva del sector privado. Durante estos cien días la ANC luego de superar una serie de actos fallidos para actuar como poder originario y supraconstitucional, apenas ha sobrevivido la Comisión de Emergencia Judicial, se concentró en la elaboración de la nueva constitución. No se escatimaron esfuerzos en promover y dar cabida a la participación de la sociedad organizada y de los ciudadanos. Por una parte, las organizaciones de la sociedad civil y algunos movimientos sociales interactuaron con las distintas comisiones para hacer valer sus puntos de vistas y propuestas. Cabe mencionar de manera especial al movimiento de derechos humanos (agrupado en el Foro por la Vida), el movimiento indígena , los movimientos de mujeres, y otras organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Sinergia. En cuanto a la ciudadanía en general, fue más el esfuerzo desde la asamblea a través de los medios de información, foros y encuentros para integrar al venezolano común al proceso. Para esto conspiró que cuando apenas se había aprobado menos de un tercio del texto constitucional, la ANC recibió las presiones del presidente para aprobar contra reloj el resto de la Carta Magna y con un instintivo cálculo electoral . De alguna manera Chávez y el Polo Patriótico intuyeron que la pelea no estaba ganada, ni siquiera con haber obtenido el 96% de los miembros de la ANC. Se trataba de no dar cuartel ni tregua a unos más que vencidos adversarios. Y es que apenas instalada, la ANC debió enfrentar presiones importantes de diversos sectores de poder económico, de los sobrevivientes de la clase política, y de los medios de comunicación. En una primera instancia se cuestionaba el tiempo de deliberaciones de 6 meses como demasiado largo, dada la grave crisis económica del país. Cuando la ANC había discutido los primeros 80 artículos teníamos un proceso de sumo interés y nutrida participación de la sociedad civil a través de sus distintas expresiones, viejas y nuevas, que florecían por todo el país con sus reflexiones y propuestas. En algunos asambleístas hubo conciencia del problema del tiempo y también pensando en las próximas elecciones, apuraron el paso, pero terminaron enfrentándose a otra matriz de opinión que los acusaba de improvisados y mediocres por "matear" la constitución. Evidentemente la calidad del resultado se vio afectada y el apuro hizo que determinadas materias no fueran ya no sólo suficientemente debatidas, sino que los detalles arquitectónicos de los principios a consagrar en el texto adolecieran de fallas y vacíos significativos que en caso de aprobarse el texto global deberán emprender el camino de la enmienda a corto plazo. Pero ¿en qué nos hace avanzar esta nueva constitución? ¿Con qué aspectos habrá que tener cuidado en el futuro? El periodista Kiko Bautista lo resume en un breve párrafo: "En términos generales la Asamblea Constituyente elaboró un texto que mejora con creces la moribunda. Por primera vez, se tomó en cuenta a las etnias y en materia de derechos humanos se puede decir que la democracia avanza significativamente. Sin embargo, la premura, cierto ánimo revanchista, el desnivel entre los constituyentes, más la presión de Miraflores y otros detalles, le quitaron brillo a lo que pudo ser una gran oportunidad para debatir el país y su destino (...) qué bonito si esa constitución se hubiese debatido en la calle, en los estados, en los municipios, en los gremios, en los sindicatos, en las universidades y demás rincones de la Patria. Seríamos un ejemplo para el planeta entero y no cargaríamos esa extraña sensación de insatisfacción encima que tanto nos recuerda a la eyaculación precoz". Los puntos fuertes de la Nueva Constitución. En efecto, esta constitución se ha puesto a la vanguardia a nivel internacional en materia de derechos humanos no sólo en la consagración de la mayoría de ellos, sino en asegurar su protección y progresividad, creando las condiciones para su defensa mediante el Defensor del Pueblo y garantía a través de la nueva Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se han identificado como nuevos y diferenciados sujetos de derecho a los/as niños/as, adolescentes, jóvenes, ancianos y las mujeres. Se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas, fortaleciendo el carácter multicultural y multiétnico de la nación. Lo más destacado es la promoción de la igualdad de todos los venezolanos ante la ley y que se proscribe toda forma de discriminación. Y he aquí donde la sociedad civil tuvo una de sus participaciones más destacadas, a través del Foro por la Vida, alianza de organizaciones de derechos humanos, cuyas propuestas fueron tomadas en cuenta en un 80% aproximadamente. Se amplían y protegen los derechos y libertades individuales. Pero se da un fuerte impulso al asociacionismo en todos los ámbitos económico, social, cultural y político. En particular, el derecho a asociarse no sólo se ratifica tal como estaba en la constitución de 1961, sino que el Estado se compromete a facilitar la organización social y el asociacionismo en general de la población. En este sentido, vale la pena señalar que no todos son derechos, sino que se invoca, aunque con menor frecuencia de la esperada, la corresponsabilidad. En la nueva constitución serán deberes de todos los venezolanos, entre otros, "resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación", "participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país" y "cumplir con las responsabilidades sociales". Los derechos sociales ganaron terreno en la nueva constitución. Se consagra la salud y el saneamiento ambiental como derechos humanos, así como el compromiso del Estado en la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico, y el pleno empleo de los venezolanos. El sistema de seguridad social se fundamenta en los principios de universalidad, solidaridad, cooperación, participación, cogestión y corresponsabilidad, y está dirigido a ofrecer soluciones a los ciudadanos en cuanto a maternidad, enfermedades, vejez, pensiones, jubilaciones y prestaciones, sobrevivencia, accidentes de trabajo, cesantía, vivienda, recreación y descanso. El poder judicial, elemento clave de la corrupción, desigualdad y restricción de las libertades también ocupa un espacio importante en la nueva ley general. Se garantiza el acceso de todos los venezolanos a los órganos de una adecuada administración de justicia, a fin de hacer valer sus derechos e intereses, pudiendo obtener una justicia imparcial, oportuna y gratuita a la hora de su defensa. El proyecto de texto constitucional amplía los poderes públicos de los tres tradicionales a cinco. Incorporando para ello el poder moral o poder ciudadano y el poder electoral. Fieles a sus consignas anticorrupción y al sentimiento popular que hace radicar en este fenómeno la causa de todos los males, los asambleístas tomaron previsiones para adoptar como principios la decencia y el resguardo de las instituciones del Estado, el desempeño de los funcionarios, etc. Para constituir este poder se integrarán el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y el Consejo Moral Republicano, quienes preservarán las leyes, y la prevención, investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. El régimen económico previsto en el proyecto constitucional consagra el derecho de propiedad y libertad económica, así como la promoción de la iniciativa privada y la justa distribución de la riqueza por parte del Estado. El Estado retiene la facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía. Se proscriben los monopolios y se sancionan los ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura y la cartelización. Se destaca a los consumidores como nuevos sujetos con derechos para disponer no sólo de bienes y servicios de calidad, sino de también de información adecuada y no engañosa del contenido y características de los productos y servicios que se consumen,. Se promoverá la economía popular a través de asociaciones solidarias, corporaciones y cooperativas protegidas por el Estado, tales como las cajas de ahorro, entidades financieras, microempresas, empresas comunitarias y demás formas asociativas. El Estado tendrá el deber de asegurar el bienestar social, promoviendo y defendiendo la estabilidad económica y de precios. Asimismo pondrá límites al endeudamiento y puntualiza que la gestión fiscal estará regida y ejecutada sobre la base de principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal, para que los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir gastos ordinarios. La inversión extranjera estará sujeta a las mismas condiciones que la nacional. Los campesinos y demás productores agropecuarios tendrán derecho a la propiedad de la tierra. El Estado se reserva la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas; la actividad petrolera y subsidiarias sin negar la participación del sector privado; pero también promoverá la agricultura sustentable, la pesca artesanal y el desarrollo rural integral, la pequeña y mediana industria, todas las formas de asociación comunitaria para el trabajo, ahorro y consumo bajo régimen de propiedad colectiva; la artesanía, e industrias populares y el turismo. Pero el área de mayor importancia en la Constitución a la par de los Derechos Humanos lo constituye lo referente a la ciudadanía y la soberanía popular. De aprobarse la nueva constitución se abren las puertas para una mayor participación y ejercicio democrático de los venezolanos, ya no sólo a través del voto sino de auténticos mecanismos innovadores de participación política. Aparte de elegir y ser elegidos, los venezolanos podrán participar libremente en los asuntos públicos, directa o indirectamente a través de sus representantes electos. A éstos tendrán el derecho de pedirle rendición de cuentas claras y periódicas. El ciudadano deberá experimentar un cambio cualitativo, ya que los mecanismos de participación política dejarán de ser de exclusivo dominio y competencia de los partidos. Políticamente, los venezolanos elegirán sus representantes para cargos públicos, donde el sufragio dejará de ser obligatorio, pero podrán hacer uso del referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, cuyas decisiones serán de carácter vinculante. En términos sociales y económicos, se postula la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas (incluyendo las de carácter financiero), las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. Finalmente, en una radical diferencia con la constitución de 1961, el nuevo texto constitucional tiene todas las posibilidades para su reforma y enmienda a través de mecanismos precisos garantizando el sometimiento a referéndum aprobatorio. Además, incorpora la posibilidad de nuevas asambleas constituyentes en el futuro, con lo cual se resguarda la residencia de la soberanía en el pueblo. Los puntos de cuidado El capítulo de Seguridad Nacional "consagra la corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, corresponsabilidad que se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar". Pero lo más peligroso del nuevo orden jurídico es que se elimina el carácter no deliberante, apolítica y de obediencia de la (ahora denominada) Fuerza Armada Nacional, quienes gozarán de un sistema de seguridad social integral distinto al del resto de la población, tendrán derecho al voto, inmunidad política para altos oficiales y dispondrán de su propia contraloría administrativa y decidirán sin intervención ni subordinación al poder civil los ascensos militares, entre otros aspectos. La extensión de los poderes públicos de tres a cinco, incorporando el poder ciudadano y el poder electoral; así como la instrumentación del Consejo Federal de Gobierno y la eliminación del Senado en contradicción expresa con la declaración del Estado Federal; han consagrado un menor contrapeso frente al Poder Ejecutivo concentrando excesivas competencias en el Presidente de la República quién nombra un vicepresidente Ejecutivo y la mayoría de los cargos de otras instancias, que le confieren un mayor poder. No hubo consenso sobre el derecho a la información y se impuso ponerle apellido a la información como veraz, oportuna e imparcial, lo que puede dar lugar a represiones futuras a sectores críticos de la sociedad. Llama la atención, cuando se aproxima un nuevo milenio donde se consolidará la sociedad de la información, el hecho de que se declare que la ley podrá limitar el uso de la informática. El nuevo poder electoral intervendrá en la organización de las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y partidos políticos, lo que hasta cierto punto es una intromisión del Estado en estas organizaciones. El escenario del 15 de diciembre. La campaña para el referéndum ha sido una renovación de la efervescencia y de la pugnacidad política-electoral que ha dominado la opinión pública y la acción gubernamental durante todo el año. Tal como se mencionaba, el apuro por terminar la constitución ha terminado por afectar el producto y prácticamente se desaprovechó la oportunidad de un mayor debate, y por tanto, de la información y formación política de la población que permitiera que ésta se apropiara del proyecto de constitución de manera más amplia y consensual. Lamentablemente, esta actitud beligerante entre el oficialismo y la oposición ahora renovada frente a una nueva posibilidad de demostrar fuerza, ha terminado por transformar el referendo en una especie de votación plebiscitaria donde se juega el apoyo y la popularidad de la población al gobierno. Cada quien dice defender o combatir el texto constitucional leyéndolo desde su propia perspectiva, pero lo que está de fondo es una nueva edición de los episodios electorales que se han realizado desde diciembre de 1998. En este ambiente, el presidente Chávez ha estado utilizando el método que le funcionó para su triunfo electoral del año pasado, y que de nuevo le fue exitoso en la convocatoria a referéndum y la elección de los asambleístas. Pero en esta oportunidad el lenguaje "guerrero" le podría restar apoyos de algunos sectores de la población que siguen a la expectativa de medidas que ayuden a encaminar la superación de la crisis. La oposición, por su parte, persiste en el error de no entender el cambio fundamental que ha ocurrido con la desaparición de la hegemonía política y la consiguiente pérdida de fuerza de las redes socioeconómicas y culturales que funcionaban alrededor de esa élite. A su discurso le cuesta diferenciarse de una vieja forma de hacer política que no reconoce las causas y consecuencias profundas de los cambios. Es casi segura la aprobación de la nueva constitución. Las apuestas que hoy se hacen es en relación a en qué proporción ganará el Sí. ¿Significará un simple triunfo por mayoría que el país se enrumbe por caminos de consolidación de los cambios y superación de las distintas crisis? ¿Y es que acaso, independientemente de la opción que gane, esto no dependerá del penamiento y acción de la gente? ¿Se podrá recuperar la oportunidad de incorporar a la población organizada, ya no como objetos de atención o simples apoyantes de un proceso, sino como sujetos con deberes y derechos claramente definidos en la nueva Constitución? Después del referéndum. Habiendo ganado tiempo durante 1999, el presidente Chávez, su gobierno, y las fuerzas políticas agrupadas en el Polo Patriótico enfrentarán en el año 2000 a sus verdaderos enemigos. Dando por descontado su nuevo triunfo para un período de 6 años cuando se produzca la relegitimación de los poderes. Sin una oposición estructurada y fuerte, quedarán solos o semidivididos frente a la titánica tarea de hacer realidad el nuevo régimen. Vendrá la hora de la verdad para la carpintería y la ingeniería que permitan reconstruir el país. Para ello deberán recordar que se trata de un proceso que va más allá de una nueva constitución y las leyes que de ella deriven. Se trata de hacer posible la gobernabilidad y la democracia contando con el protagonismo, la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía y la sociedad. Para ello bastará con que desde el primer momento, los puntos fuertes en la nueva Carta Magna se impongan sobre los puntos dudosos, y, además, que los principios y valores consagrados no se conviertan rápidamente en letra muerta.