Hace un año Santiago de Chile fue escenario de dos eventos paralelos inspirados en lógicas que hasta la fecha transcurren por caminos distintos y cuya convergencia no se ve en el horizonte, a pesar que en el papel así este definido. Los gobernantes del continente se reunieron para iniciar la construcción de un Area de Libre comercio de las Américas y, por su parte, representantes de sectores sociales y organismos de la sociedad civil de los mismos países concurrentes al primer evento se juntaron en la Cumbre de los Pueblos de las Américas para expresar su criticas a la iniciativa oficial. A un año de estas cumbres paralelas y como se evidencia en los diagnósticos, la situación transcurre casi idéntica, sin cambios substanciales. Los gobiernos perseveran en la lógica de integración comercial, convencidos que no existe otra alternativa. Así queda evidenciado, por ejemplo, en las intervenciones de representantes oficiales que asisten al Foro Económico del Mercosur, realizado en Santiago de Chile por estos días. En su inauguración, el presidente chileno Eduardo Frei manifiesta que el proceso de integración comercial es "irreversible" y un delegado paraguayo lo exalta casi como la gran panacea para el desarrollo económico de los pueblos del continente. Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, también perseveran en sus demandas y mas aun, buscan materializar uno de los principales acuerdos tomados en abril del año pasado: construir una alianza social continental que permita poner en la mesa de las negociaciones la otra cara de la panacea "irreversible", el rostro humano de millares de ciudadanos excluidos, los mares y bosques depredados, la pobreza en aumento, las democracias que no son tales y los derechos de las personas reconocidos en los discursos, tratados y legislaciones, pero convertidos en letra muerta por la violencia, la corrupción y el abuso de poder. En esta perspectiva la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable convocó a un seminario internacional, que permitiera recordar los acontecimientos de abril del 98, confrontar las lógicas paralelas y incentivar la discusión sobre alternativas elaboradas desde la óptica de los pueblos. El optimismo de un negociador Quizá una de las intervenciones más importantes en el Seminario fue la realizada por el Sr. Alejandro Jara, actual Director del Departamento de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y uno de los negociadores del ALCA. Cabe destacarla, porque no es fácil contar con la presencia de personeros de este nivel en un seminario donde participan tantos críticos a la labor que realiza. Según el Sr. Jara los pueblos del continente estamos enfrentados a un proceso de globalización que "escapa a la voluntad de los gobiernos y de las fuerzas sociales y que tiene que ver con una transformación muy radical de tecnologías, de las comunicaciones, que vincula las economías unas con otras, que promueve inversiones y comercio, y genera grandes redes en torno a empresas transnacionales". En este marco, el rol de los gobiernos es conducir a los países a vincularse a tales procesos, porque de esa manera se amplían los mercados y las posibilidades de desarrollo del país. Lo importante, dice Jara, es que este proceso de Globalización se dé con regulaciones y de ahí entonces la importancia de los tratados comerciales bilaterales, multilaterales o regionales, que impedirían la supremacía de los más fuertes sobre las naciones más débiles al establecer disciplinas y reglas comunes. Abarcando esferas muy acotadas -el comercio-, definiendo excepciones y permitiendo a los gobiernos amplia libertad de acción para desarrollar en los países las políticas tributarias o sociales encaminadas a la redistribución de la riqueza. Según él "ninguno de estos tratados va a impedir que un país, una autoridad nacional, tome medidas para que un inversionista extranjero en Chile cumpla con la normativa laboral", por ejemplo. Por otro lado y en respuesta a la inquietud de organizaciones ambientalistas, el Sr. Jara aseguró que los diversos tratados sobre medio ambiente firmados por los gobiernos, "priman por sobre los tratados comerciales", son normas especiales que prevalecen por sobre la norma general. El gobierno chileno, convencido de los beneficios reales o potenciales de estos instrumentos se ha involucrado en múltiples iniciativas de integración comercial, en lo que Jara califica como "diplomacia para el desarrollo". A la fecha, la firma de tratados bilaterales con México, Canadá, Colombia, Ecuador, Venezuela y el Mercosur posibilita a Chile acceder a mercados que suman mas de 440 millones de habitantes. Tal cifra podría incrementarse con la firma de nuevos tratados con países de Centro América. Respecto al proceso de creación del Area de Libre Comercio de las Américas, Jara lo califica como uno de los procesos "mas transparentes que ha habido en el plano hemisférico y en el plano multilateral", atendiendo al trabajo exhaustivo que realizan los grupos negociadores en la sede de Miami. En estas tratativas el tema social no ha estado ajeno y por iniciativa de Canadá y los EE.UU. se organizó un Comité especial para la sociedad civil en noviembre de 1998. Entre sus primeras actividades estuvo la convocatoria general para que los actores sociales de los distintos países entregaran sus puntos de vista, recogiéndose finalmente 75 presentaciones que ahora serán analizadas en conjunto con los gobiernos. Realidades y criticas al optimismo Es indudable que la optimista visión del embajador Jara ordena el debate, puesto que directa o indirectamente las demás intervenciones se refirieron a ella, entregando visiones criticas y/o denotando algunos de los impactos negativos de estos procesos de integración. Por ejemplo, el académico Dorval Brunel, de la Red Quebequense sobre la Integración Continental, RQIC, sentó la interrogante sobre si estos procesos tenían como actores principales a los países o bien a las poderosas empresas multinacionales y los ingentes flujos de capitales especulativos. Por otro lado, la experiencia canadiense revela que la integración comercial está limitando claramente el rol del estado Para Brunel esto se evidencia en situaciones como lo ocurrido con los seguros de desempleo en Canadá los cuales antes de la firma del NAFTA cubrían el 80% de la mano de obra canadiense, y ahora solo benefician al 40% ". También el gobierno federal ha limitado el número de sus funcionarios que caerá en unos 60.000 dentro de algunos años y 40 mil en el ámbito de la provincia de Quebec. El hecho que en estos tratados se estipule la protección de las inversiones extranjeras bajo el concepto de "obligación de resultados", ha implicado para el estado canadiense enfrentar demandas judiciales de algunas compañías extranjeras que consideran lesivas a sus intereses medidas sobre protección al medio ambiente. A los conceptos vertidos por el académico canadiense se sumaron, posteriormente, las reflexiones del profesor Ricardo French-Davis, de Cepal. Si para el embajador Jara la globalización resultado un proceso " que escapa a la voluntad de los gobiernos y de las fuerzas sociales", para French-Davis ésta "no es un dato inmutable... Hay cambios institucionales en los países que han afectado profundamente la globalización. Entonces, el planteamiento de que la globalización es algo inexorable, está profundamente equivocado, es una visión ideológica. En la globalización intervienen cambios institucionales, cosas hechas por el hombre. No es un fenómeno "natural", sino algo creado". Para French-Davis "la globalización se hace" actuando en diversos espacios, privilegiando unos procesos de integración por sobre otros, tratando de insertarse de la mejor manera posible en el proceso global, asegurando mayor equidad y estabilidad.". Lo social, lo ambiental y lo comercial Según Renato Martins, la experiencia brasilera señala a las claras la necesidad que en los tratados de integración comercial primen las dimensiones sociales expresadas en cláusulas sociales. En ese país más de la mitad de su población está excluída del consumo y la riqueza sólo tiende a favorecer determinados zonas geográficas dejando al resto en la pobreza. "Una de las primeras exigencias -dice Martins- que hacer desde el punto de vista social a estos acuerdos de integración comercial, es la exigencia de rediseñar, redefinir el modelo de integración que está en curso. Para nosotros esto implica revertir las implicancias de estos acuerdos que están basados en la idea de que el desarrollo comercial, la expansión de los mercados, será capaz de propiciar por sí solos y automáticamente un crecimiento y un desarrollo social". Es necesario también ejercer control sobre los flujos financieros, el comportamiento de los inversionistas y empresas transnacionales, ya que, según él, éstas tienden a ser priorizadas por sobre las personas. "Si no hay dialogo social, si no existe participación de la sociedad civil en los procesos de integración, de una participación madura de actores políticos y sociales que representen los intereses nacionales y sociales de esos países, si están ausentes estos actores del proceso, esto conspira en contra de la legitimidad de los acuerdos. Más todavía cuando en torno a los acuerdos no solo no se promueve una mayor participación social y no están sometidos al debate en los congresos nacionales de los países. Entonces la sociedad civil ignora de estos procesos, pero también los congresos nacionales se omiten en torno del tema, lo que implicara que el ALCA no tendrá legitimidad. Otra realidad, que esta vez se verifica en Chile, es la grave baja de precios del cobre que afecta a la principal entrada fiscal, además de perjudicar a la mediana y pequeña minería del país. Orlando Caputo, investigador de CETES, experto en el tema, señala: " Si un país tiene grandes recursos mineros o petroleros, y de muy buena calidad, y su impacto en el comercio mundial es grande, entonces ocurrirá que esa rama va a atraer muchísimo capital extranjero o capital, muchas inversiones. Porque los yacimientos son de mejor calidad que el de otros países. A ese país, dice la teoría, va a llegar mucho capital y va a aumentar mucho la producción. Tanto que puede llevar a una situación de disminución de precios muy grande a nivel internacional. Esta disminución de precios va a causar tremendos daños al país al cual han llegado esos capitales extranjeros y esas grandes inversiones. Crece la producción, las inversiones, sin embargo los ingresos globales del país y del sector disminuyen porque los precios disminuyen proporcionalmente mucho más que el aumento de las cantidades. A este fenómeno se llama modelo de crecimiento empobrecedor. Tal es el origen del problema que afecta a los ingresos fiscales provenientes de la minería del cobre, que han disminuído dramáticamente este año, a causa de las políticas del estado favoreciendo la entrada masiva de capitales al sector con el consiguiente aumento de la producción y la acumulación de stocks mundiales por mas de 2 millones de toneladas en bodega, sin poderse vender, de las cuales 900 mil están en las bolsas de valores. En el período, del 95 al 97 Chile aumentó las exportaciones en 890 mil toneladas. Pero las importaciones mundiales sólo crecieron en 256 mil. Lo anterior representa un crecimiento tremendamente grande de los stock a nivel mundial, el más grande de este siglo, incluyendo la época en que los EE.UU hacía stock con reservas estratégicas para la eventualidad de un conflicto bélico". El impacto en el erario fiscal chileno de esta baja, también afecta a la pequeña y mediana minería con el consiguiente aumento de la cesantía en el sector y la penuria de poblaciones enteras en el norte del país. Pero lo que ocurre en el cobre, según la ambientalista Sara Larrain también se reproduce en las áreas forestales y en la industria pesquera. La depredación de los recursos naturales en estos ámbitos ha resultado brutal. Procesos como la construcción del ALCA afectará aun más el medio ambiente, echando por tierra los pregonados objetivos que se propusieron en la Cumbre de Miami de 1994, donde el presidente norteamericano impulso la creación del Area de Libre Comercio de las Américas. Según Clinton impulsar este proceso tenía por objetivos fortalecer la democracia en el hemisferio, promover la prosperidad en la región, a través del libre comercio; erradicar la pobreza y la discriminación y, paradojalmente, garantizar el desarrollo sustentable y la conservación del medio ambiente para las generaciones futuras. Sara Larraín demuestra que ninguno de estos objetivos se ha podido cumplir en este periodo y mas bien se observan severos retrocesos en las diferentes áreas. Además la sociedad civil se ha visto excluída de participar en las negociaciones integrando a la agenda los temas sociales y ambientales: "el año pasado, en Costa Rica los 34 gobiernos aprobaron el inicio de las negociaciones sin siquiera constituir un grupo de trabajo sobre temas ambientales. Los grupos de trabajo son los típicos: acceso a mercados, inversiones, servicios, gastos del estado, resolución de controversias, etc. El tema ambiental no aparece por ningún lado. Las razones que esgrimieron para negarse a incorporar en ALCA la dimensión ambiental, es el temor a las barreras comerciales no arancelarias, ya que para algunos las condiciones ambientales son limitantes al comercio" Pasando al tema de la agricultura en Chile, Jacobo Schatán, investigador de CENDA, se refiere al peligro que enfrenta ante los impactos de los tratados comerciales. "En una ocasión -recuerda- escribí sobre las tres lápidas que se tendían sobre la agricultura: la lápida amarilla que es el proceso de erosión, la tierra agrícola chilena está erosionada y sigue dañándose con una rapidez extraordinaria. La lápida gris, representada por la expansión de la mancha urbana. El campo en nuestro país se está pavimentando, la mancha urbana está creciendo, alimentada en buena medida por la misma gente que está siendo expulsada del campo. Estas personas están siendo expulsadas del agro ya sea por la competencia extranjera o por la lápida verde, es decir las plantaciones forestales que están cubriendo este país de norte a sur y están expulsando al campesinado de sus tierras. ¿Qué hacer? La mayoría de los expositores exigen mayor transparencia en los procesos de integración y sobre todo la posibilidad de participación real y directa de la sociedad civil en las decisiones, en el tratamiento de los temas. La intermediación a través de los gobiernos es cuestionada, pero surge la interrogante sobre el rol del poder legislativo en estos temas, como expresión de representación ciudadana. La respuesta que entrega a esta duda el senador chileno Jorge Lavandero es radical: el parlamento prácticamente no tiene ningún rol, las negociaciones son realizadas por el gobierno y sus equipos. El modelo político y económico chileno esta diseñado para impedir los cambios de fondo, por ejemplo, la representación real de todos los sectores de la ciudadanía. Frente a semejante panorama se impone que la sociedad reclame soberanía y la ejerza a través del mecanismo directo, el plebiscito. Javier Mujica coincide con Lavandero en la necesidad de promover cambios de fondo en el sistema. "Creo -dice- que ha habido una suerte de consenso pasivo, que ha permitido que buena parte de estas políticas se hayan aplicado sin un grado de resistencia de las víctimas de violaciones a sus derechos que estos procesos han implicado. Estoy hablando no solamente a nivel personal, humano, sino de colectivos y de sociedades. En definitiva de una visión de integralidad de los derechos que permita acumular las demandas de sectores que antes no tenían una relación". "Las organizaciones de derechos humanos de las décadas pasadas, -continúa Mujica- se enfocaron en la promoción de los derechos civiles y políticos por razones explicables. Sin embargo, este enfoque descuidó lo que era el fundamento de los derechos humanos que es la visión de la integralidad y de la igual importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, que son también fundamentos de la dignidad humana. Mujica reivindica esta nueva concepción y también la acción internacional de su exigencia, sobre la base de los convenios y tratados que los estados han suscrito en estas materias. "Existen además lo que se llaman las 'Lógicas de Cooperación Internacional' para poder modificar aquellas políticas o prácticas que conspiran en contra del respeto a los derechos humanos. Esto debe insertarse también en los procesos de integración regional y por eso la demanda del establecimiento de cláusulas sociales, cláusulas democráticas en estos acuerdos de integración". "Hay que hacer una intensa labor de educación pública y de capacitación, para el desarrollo de capacidades en las organizaciones sociales de base para hacer exigibles estos derechos tanto socialmente, jurídicamente, políticamente, nacionalmente, regional e internacionalmente". Las organizaciones de la sociedad civil, según Mujica deben reapropiarse de la política, movilizándose socialmente, jurídicamente. Por su parte Alberto Arroyo de Rmalc, reclama también un cambio de actitud para promover los cambios: "Lo primero que debemos hacer es convencernos de que si hay alternativas. Porque me parece que la gran derrota que hemos sufrido a lo largo de todo el continente en estos últimos años, es que el ciudadano común y corriente está convencido que no hay alternativa, que el modelo está mal pero no hay nada que hacer". En este sentido se impone construir un proyecto continental, un espacio de confluencia de las demandas populares, pero también un centro de reflexión y construcción de una alternativa viable. A ese espacio se lo bautizó como la "Alianza Social Continental y su constitución y fortalecimiento fue el principal acuerdo de la Cumbre de los Pueblos de abril del 98. "La Alianza Social Continental -dice Arroyo- se plantea en torno a un proyecto en positivo y no en torno a una simple oposición a lo existente. Se construye en torno a una alternativa de globalización desde los pueblos, desde sus intereses, desde los derechos económicos, políticos y sociales de los pueblos, los derechos integrales de los pueblos y no simplemente para oponernos a lo existente". El imperativo de contar con alternativas frente a la integración neoliberal, finalmente se plasmó en un equipo de trabajo y la elaboración de documentos que están a la discusión para su enriquecimiento en un proceso continuo y ligado a la base social (ver ALAI 290-91, 12/04/99). Según Arroyo esta es la única forma de avanzar mediante el convencimiento y el consenso. En la construcción de la alianza social continental no sólo son importantes sus contenidos propositivos, sino también el proceso de formación del espacio. "En la medida en que la propuesta o marco mínimo sea elaborada por élites -dice Arroyo- de nuestras organizaciones, por más clarividentes y luminosas que sean e incluso por más vinculadas que estén con la lucha social, no serán alternativa. Para que alguna propuesta se convierta en proyecto, necesita tener un sujeto social detrás de ella y nadie se va a sumar y convertirse en sujeto que lucha por una propuesta si no participa en su elaboración". Para Arroyo la alianza social continental es un espacio amplio, estructurado en forma de red, flexible, muy pluralista y que funcione por consenso. "Creo que la Cumbre de los Pueblos mostró que hay una acuerdo fundamental en la gran línea, en torno a la cual vamos a construir la mayor acumulación de fuerzas para cada uno de los puntos y para el proceso en general". Lo cierto es que por ahora la Alianza es una posibilidad, un espacio en torno al que se han lanzado algunas directrices, pero que recién comienza a caminar. Esperamos que iniciativas como la realizada desde la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable colabore en este sentido. Ojalá así sea.