"Sufragio efectivo, no reelección", lo que en nuestro lenguaje de hoy diría "elecciones limpias, no reelección", fue la demanda política que desencadenó la guerra civil mexicana en 1910 y activó las demandas sociales con las cuales se combinó para producir la primera revolución social del siglo XX, la llamada Revolución Mexicana. El significado central de ese proceso fue iniciar la descolonización y democratización de las relaciones de poder en América Latina, y comenzar de ese modo la fundación de las bases materiales de una sociedad nacional y de su Estado. Si tuvo tanta repercusión en los demás países y sobre todo en el Perú, fue precisamente porque esas cuestiones estaban pendientes en todos ellos. De hecho, ellas fueron el eje central del turbión revolucionario que entre 1925 y 1935 cubrió todos estos países, sin excepción. La derrota de todas ellas, también sin excepción, bajo sangrientas dictaduras militares apoyadas por el poder imperialista, bloqueó ese camino y distorsionó los procesos que se orientaban a resolver por medios no revolucionarios esos mismos problemas. Y aunque después de la Segunda Guerra Mundial, las luchas de los pueblos latinoamericanos permitieron un relativo avance en esa dirección, la crisis mundial de los 70s. permitió a los dominadores del poder mundial y local no sólo volver a bloquearnos el camino, sino mucho peor, arrebatarnos el terreno conquistado. La dictadura fujimorista es, exactamente, la expresión de ese retroceso. El retroceso en el caso peruano es, sin duda, el más profundo y funesto en toda América Latina. La "guerra sucia" fue el canal que hizo posible la imposición sin resistencia de un proceso de re-privatización del estado, es decir, de su des-democratización y de su pareja des-nacionalización, para usarlo para los fines exclusivos de los dominadores y, sobre todo, de su más voraz agente, la especulación financiera y comercial, gran parte de la cual en el Perú se basa en el narcotráfico y en el uso corrupto de los recursos fiscales. Hemos llegado hasta el infausto límite de que el actual proceso electoral, además de ser el más fradudulento de medio siglo, haya sido llevado a cabo con tales cinismo y prepotencia como para causar en todo el mundo escándalo, vergüenza y preocupación por el futuro de la democracia en nuestros países, como lo testimonian la prensa mundial, las declaraciones de líderes políticos y gobernantes de América y de Europa y el debate que comienza en la OEA tras el devastador informe de la Misión de Observadores, presentado en la sesión de esta fecha. "Elecciones limpias, no reelección" surge, pues, de nuevo, después de un siglo entero, como la demanda inmediata de la abrumadora mayoría de la población peruana, esta vez con el respaldo de la ciudadanía de todo el mundo, como prueba de que no habíamos logrado culminar la democratización/nacionalización del Perú. ¿También será necesario, como hace un siglo, una larga y cruenta guerra civil para reconquistar los derechos civiles y sociales conculcados, para recuperar nuestra representación democrática en el Estado Peruano? Si los agentes del régimen dictatorial fujimorista se empeñan, ese no es un camino descartable. Pero no tendría que ser inevitable. Depende, en fin de cuentas, de la fuerza y de la inteligencia de las masas movilizadas contra el fraude y contra la dictadura. A ese debate estamos convocados todos. Un camino viable. Todas las evidencias recogidas por las entidades internacionales y nacionales de observadores, muestran de modo inequívoco -como acaba de ser informado esta misma mañana por el Jefe de la Misión de la OEA- la ilegalidad de todo el proceso electoral, no solamente de la segunda vuelta del 28 de Mayo. Por lo tanto, aquellos a quienes las instituciones del fraude y de la dictadura han declarado electos, sea como congresistas o como Presidentes y Vice-Presidentes de la República, no pueden ser legalmente reconocidos como tales por la ciudadanía del Perú ni, quizás, tampoco lo serán por los gobiernos e instituciones inter-gubernamentales de América, en primer término, y del mundo. En consecuencia, se hace indispensable otro proceso electoral, con otra legislación, con otra institucionalidad respectiva, con otro depurado padrón electoral, con todas las garantías legales cumplidas antes y durante el proceso. Si esas nuevas elecciones no son organizadas antes del próximo 28 de Julio del 2000, ese día se instalará, inevitablemente, un vacío legal de poder político estatal en el Perú. El problema es que de aquí hasta entonces, la autoridad establecida es, desafortunadamente, la actual dictadura fujimorista. Y ésta no está, ni obviamente estará en disposición de ceder a las demandas ciudadanas y organizar un nuevo proceso con "elecciones limpias, no reeleccion". Una tal situación abriría el paso, inevitablemente, a graves y probablemente violentos conflictos. Y sería mucho mejor para todos en el Perú de hoy y por extensión para toda América Latina, que esa situación no se produjera. ¿Cómo evitarla?. La idea de un gobierno provisional, destinado exclusivamente a organizar ese nuevo proceso de "elecciones limpias, no reelección", ya ha sido propuesta. Pero un tal gobierno provisional no puede provenir, como otras veces, de las FFAA, no sólo porque eso implicaría un indeseado Golpe Militar, sino porque las FFAA son, precisamente, las que han creado la actual dictadura fujimorista. Tampoco pueden ser "notables" autodesignados o designados por instituciones no facultadas para eso. Existe en el Perú, sin embargo, un conjunto de autoridades elegidas, las únicas de cuya legitimidad nadie realmente duda y que además son, sin duda, las más representativas de la ciudadanía peruana actual: los Concejos Municipales de las ciudades más importantes del país y que representan a la masa mayor de electores. En especial, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Iquitos, Trujillo, Lima, Huancayo, Arequipa, Tacna, Cusco y Puno. No solamente son los Concejos Municipales más importantes y representativos. Su número es idóneo para operar como Asamblea Nacional y, al mismo tiempo, como Concejo Nacional Ejecutivo. O, en todo caso, para elegir de su seno algunos de sus miembros para esta última función. De ese modo se resolvería, en un mismo movimiento, las cuestiones de legitimidad y de representatividad de un gobierno provisorio, al que le correspondería realizar las siguientes tareas básicas: 1) Convocar a una Asamblea Constituyente que se dedique a elaborar una nueva Constitución, pues la que impuso la dictadura no puede continuar, y la del 79 ha quedado en muchos aspectos envejecida; 2) Organizar las instituciones que según la nueva Constitución sean encargadas de los procesos electorales; 3) Convocar y presidir las "elecciones limpias, no reelección", que la ciudadanía peruana y latinoamericana demandan. El plazo de ese Gobierno Provisional de los Concejos Municipales es un asunto de debate. Pero un año es, seguramente, un término pertinente. La legitimidad y la representatividad de semejante Gobierno Provisional permitiría ahorrarle al país conflictos inútiles y quizás sangrientos, ayudaría a reconstituir la unidad nacional sobre bases democráticas, y qué duda cabe, sería una experiencia democrática extraordinaria, dentro y fuera del Perú. Apenas estamos comenzando de nuevo "¡Vamos pueblo, carajo!. ¡El pueblo no se rinde, carajo!" fue la consigna coreada por la muchedumbre de jóvenes acampada en la Plaza San Martín en la noche del lunes 29 de mayo del 2000. Esta es una consigna nueva en el Perú, testimonia un ánimo nuevo, retemplado después de 10 años de derrotas bajo el fujimorismo. Y da cuenta del más importante y decisivo fenómeno político emergido en estas elecciones: la presencia en las calles y las plazas peruanas de cientos de miles de jóvenes, primero protestando contra el fraude electoral, y luego comenzando la resistencia a la dictadura fujimorista. Cualesquiera que sean los avatares de la lucha que acaba de comenzar en nuestro suelo, esa juventud y esa consigna son la señal inequívoca de que no cesará. Estamos apenas comenzando de nuevo, la derrota de la dictadura fujimorista será finalmente sólo un hito en el largo camino hacia otra sociedad. La primera revolución social del siglo XXI ya ha mostrado sus primeros signos en el mundo andino, en la reciente revuelta indígena del Ecuador. La lucha contra la dictadura fujimorista podría ser el escalón siguiente de su desarrollo. En el camino ya han comenzado a encontrarse las demandas políticas contra el fraude y la dictadura fujimorista, con las demandas sociales de una inmensa mayoría de peruanos despojados por esta dictadura, no sólo de libertades y derechos cívicos, sino también de empleo, de ingresos, de educación pública, de salud pública, de seguridad social, de toda la estructura de producción, de distribución y de representación en el Estado que asegure la obtención de esos derechos. La reconquista de todo eso comienza con la lucha contra la dictadura. Pero no puede afirmarse sin la lucha contra el poder global del capital. Así, las más profundas esperanzas de liberación de las gentes de este poder, de todo poder, vuelven al horizonte de la juventud peruana. Y no volverán a perderse.