El día 1ero de noviembre, los Ministros de Comercio del Hemisferio se reunieron por séptima vez en la ciudad de Quito, Ecuador, con el propósito de revisar los avances en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La Declaración de Quito, está llena de afirmaciones y promesas contrarias a lo que efectivamente viene siendo negociado. Y se choca con lo que ha sido la experiencia de nuestros pueblos e incluso con la evidencia estadística oficial de los resultados de los 8 primeros años del Tratados de Libre Comercio de América del Norte. En la Declaración, los Ministros afirman y prometen que el ALCA promoverá la democracia y la prosperidad en las Américas y que las negociaciones, asumiendo la agenda social de las cumbres de Presidentes y Jefes de Estado, contribuirán a "elevar los niveles de vida, incrementar el empleo, mejorar las condiciones laborales de los pueblos, mejorar los niveles de salud y educación y proteger mejor el medio ambiente" (punto 2). Para la Alianza Social Continental es indignante que nos hablen de objetivos orientados al bienestar de la población cuando el ALCA incluye el convertir bienes y servicios públicos vinculados con derechos sociales como el agua, la salud y la educación, en mercancías privadas y, por lo tanto, condicionando el acceso a los mismos a que se tenga el dinero suficiente para poder pagarlos. Estos mismos objetivos se reiteran en los puntos 7 y 12 en el que se agrega que el ALCA contribuirá al crecimiento y reducción de la pobreza. Son promesas idénticas a las que se hicieron y propagandizaron durante la negociación del TLCAN. Pero, tal como lo demuestran los resultados de ese acuerdo, los pueblos ya no tienen porque esperar por ellas, ya cuentan con una basta experiencia que los respalda para impedir que se consume este tipo de tratado comercial. Declaraciones como las de Toronto (1999) o Buenos Aires (2001) habían incorporado pocos párrafos relacionando los objetivos del libre comercio y la inversión en el Hemisferio con los de generación de empleo, aumento en el nivel de vida, mayores oportunidades para la población para salir de la pobreza, deuda externa, coordinación con políticas ambientales y laborales, salud humana, entre otras. Fueron tímidas respuestas a la progresiva sensibilización, cuestionamiento y movilización de las sociedades civiles de las Américas frente a los profundos impactos negativos que la liberalización comercial ha producido en la vida de las personas. Sin embargo, para los pueblos de las Américas esto es poco. Muchos puntos de esta declaración ministerial refuerzan la convicción de que la solución no es adicionar o modificar detalles al ALCA sino continuar con nuestra campaña continental de NO AL ALCA. Con más de 8 años de vigencia, el TLCAN, parámetro y modelo para las negociaciones del ALCA, reúne evidencias que contrastan totalmente con estas promesas. Hubo impactos negativos fuertes sobre las sociedades, economías y medioambientes de las tres naciones firmantes de este acuerdo (Estados Unidos, México y Canadá). En el caso de México, los datos oficiales revelan que: - La tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante durante 8 años y medio de vigencia del TLCAN es de sólo 0.94%., la más baja comparada con todas las estrategias económicas impulsadas en dicho país en este siglo. - El costo de la degradación y deterioro ambiental ha sido en promedio durante cada año de vigencia del TLCAN el equivalente a 10% del PIB - No se han creado ni suficientes ni buenos empleos: a) En los primeros 7 años del TLCAN se generaron en el país 6,200,426 empleos nuevos, pero ello significa un déficit de 40% respecto a la gente que cumple edad de trabajar.. b) Estos pocos empleos son malos empleos: El 48% de los empleos nuevos generados no cumplen con las prestaciones de ley. c) El sector manufacturero (incluyendo la maquila) concentra el 87.26% de las exportaciones totales del país, el 51% de la inversión extranjera directa. Es un sector exitoso: crece 37.36% y su productividad 52.7%. Sin embargo, en dicho sector corazón del libre comercio e inversión, después de 8 años y medio del TLCAN hay hoy 8.5% menos empleos. Además se trata de malos empleos: inseguridad laboral, largas jornadas, contratación temporal y fuerte e ilegales presiones para impedir su sindicalización. Aunque los Ministros afirman su compromiso con la democracia y el desarrollo de la región, en la Declaración Ministerial de Quito no se destaca un interés real de los gobiernos por adoptar una verdadera agenda de desarrollo. Desde la Declaración Ministerial de San José, el ALCA ha incorporado el criterio de los niveles de desarrollo de la región y el de las economías más pequeñas, pero: ¿cómo se pretende enfrentar esas asimetrías en una región donde se encuentra la principal potencia económica mundial y países y regiones que se encuentran entre las más pobres del mundo? EL programa presentado por los Ministros se reduce a la pura asistencia técnica para que las economías más pequeñas participen plenamente en las negociaciones del ALCA. Posibilitar la participación equilibrada de las economías menores presupone por lo menos la implementación de un programa de desarrollo económico y transferencia de capitales hacia estos países, lo que sería natural en un verdadero proyecto de integración económica, lo que está fuera de los planes de un acuerdo como el ALCA. El proceso de negociación no considera todo lo relacionado a la necesidad de implementar evaluaciones de impactos sociales tomando en cuenta temas relacionados a derechos humanos, salud reproductiva, impactos en las mujeres, comunidades indígenas, desarrollo sostenible, temas que la sociedad civil reclama a nivel regional, hemisférico y multilateral. En un tema como salud pública, no se encuentra en la declaración ninguna referencia siquiera a aquello que puede ser considerado un aspecto positivo de la Declaración de Doha sobre Derechos de Propiedad Intelectual y la Salud Publica: el principio de que la salud publica debe tener prioridad por encima de los intereses comerciales. En ese particular, la Declaración de Doha confirmó el derecho de los países de iniciar la producción de medicamentos genéricos que se venden a precios mucho más bajos que sus equivalentes patentadas por las empresas transnacionales farmacéuticas. En las negociaciones del ALCA en vez de buscar mejorar la disponibilidad de medicamentos baratos, varias propuestas de los EE.UU. van en la dirección de ampliar la protección a los monopolios de sus grandes empresas farmacéuticas. Asimismo, la Declaración de Quito, en sus puntos 9, 10 y 11 toca la pretendida dimensión laboral de la integración. Expresa "el renovado compromiso" de respetar la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 (punto 9). Evidentemente estamos de acuerdo con ello y es un tema en el que hemos insistido desde hace muchos años; pero por el momento notamos que son sólo "buenas intenciones", en un intento de desactivar la creciente oposición al ALCA. En realidad los ejes sustanciales de lo que se conoce de las negociaciones van en la dirección contraria, de crear un ambiente económico que presione en el sentido de profundizar la precarización de nuestros mercados de trabajo. Por otra parte, en el párrafo 11 la declaración nos dice: "Muchos Ministros reconocieron que las cuestiones medioambientales y laborales no deberían ser invocadas como condicionamientos ni sometidas a disciplinas cuyo incumplimiento esté sujeto a restricciones o sanciones comerciales". Esto refuerza que el respeto y promoción de tales derechos se quede apenas en "buenas intenciones". En realidad la mayoría de nuestros gobiernos consideran que elevar los estándares laborales (como también los ambientales) les quita su ventaja comparativa ya que fijan sus posibilidades de competitividad internacional precisamente en los bajos estándares laborales, sociales y ambientales. Los Ministros presentan una preocupación por la dimensión ambiental que es absolutamente vacía si consideramos por un lado el rechazo de los Estados Unidos a firmar por lo menos el Protocolo de Kyoto, y por otro la voluntad de aprobar la cláusula inversionista-estado que en la práctica del TLCAN y de multitud de Acuerdos de Protección Reciprocas de Inversiones, ha significado el castigo a los Estados que al hacer cumplir sus leyes ambientales limitan las ganancias esperadas por las grandes corporaciones. Es un hecho incuestionable que la mayoría de los casos sujetos a controversias internacionales bajo esta cláusula han estados relacionados con elementos ambientales. La Alianza Social Continental ha afirmado que la dimensión laboral y ambiental tiene que ser algo transversal a cualquier acuerdo económico- financiero y que su verdadera inclusión implicaría re-orientar sustancialmente el núcleo mismo de dichos acuerdos. La Alianza Social Continental no propone una cláusula laboral y ambiental, o social en general, que se añada a acuerdos de comercio e inversión que son contrarios a los derechos, intereses y bienestar de la población. La verdadera inclusión de la dimensión laboral y ambiental implica que nada ni nadie puede ser colocado por encima de los Derechos Humanos y que los Estados, como garantes del ejercicio de esos derechos, deben mantener e incluso reforzar su capacidad reguladora y de contralor, fortaleciendo a la vez instancias nacionales e internacionales de monitoreo efectivo del cumplimiento de dichos derechos. Uno de los puntos de especial interés para las Américas es el de la eliminación de subsidios a la exportación sobre todo en materia agrícola. En este sentido, en la Declaración Ministerial en el párrafo sobre la agricultura (P.15), los gobiernos tratan de atacar las prácticas nefastas de los EEUU y terceros países (Europa), pero no lo hacen de forma adecuada. En vez de clamar por "desarrollar disciplinas" sobre prácticas que distorsionan el comercio, la petición debe ser clara y simple: "prohibir el dumping" de productos agrícolas. La creencia por parte de muchos países en desarrollo de que disciplinando las prácticas que distorsionan al comercio llenará su anhelo de acceso a mercados es falsa. Dicho acceso solo asegurara más ganancia para las compañías transnacionales que llegaran a dominar la exportación de cada país a base de precios bajos. Más aun, existen muchas dudas de que la exportación pueda generar ingresos significativos para el desarrollo nacional o en el campo, ya que el mercado global esta plenamente lleno de productos baratos. Lo que realmente se necesita en las Américas, y es lo que los países en desarrollo están demandando de forma conjunta ante la OMC, es el principio y la práctica de "tratamiento especial y diferenciado", ya que es fundamental garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos y esto exige que se excluyan productos agrícolas esenciales de las disciplinas comerciales. En el ALCA, teniendo como principio ser un acuerdo más allá de la OMC, los gobiernos no deberían demandar menos. La referencia al documento FTAA.TNC/20/Rev.1, no nos dice nada con relación al tratamiento de este tema en el ALCA. La simple mención o consideración de los niveles de desarrollo en las Américas, solo se convierte en un planteamiento discursivo si no se definen los mecanismos concretos para alcanzar dicho compromiso. Por el lado de la transparencia, los ministros siguen afirmando la necesidad de que ésta sea real, y que se dé un proceso de comunicación "en ambas vías" con la sociedad civil. Sin embargo, en la práctica, sus acciones contradicen esos objetivos. A pesar de las demandas de las sociedades civiles de varios países, el nuevo texto del ALCA continua sin identificar cuales países hicieron o apoyan las distintas propuestas en corchetes. La declaración tampoco responde a la demanda de que los países que participan en las negociaciones publiquen sus propias posiciones de negociación. También constatamos un déficit en lo que se refiere a canales reales de consulta a la sociedad civil en el proceso de negociación. Pese a que en algunos países - y debido al trabajo constante de las organizaciones sociales en demanda de mayores espacios de participación – se han realizado seminarios y reuniones con diverso grado de apertura y transparencia, hasta el momento se carece de espacios reales donde la sociedad civil pueda presentar su agenda y sus cuestionamientos a las negociaciones oficiales. No necesitamos más ejercicios de propaganda sobre las supuestas bondades del libre comercio; necesitamos diálogos reales sobre las propuestas concretas, sus impactos potenciales sobre nuestras economías, sociedades y medio ambientes, e indicaciones concretas de que habrá amplias consultas democráticas a nuestros pueblos sobre lo que fue negociado por sus gobiernos. Como respuesta a la falta de información pública y dialogo real de los gobiernos, nosotros en la sociedad civil estamos realizando una amplia campaña educativa y consultas públicas en varios países. La primera experiencia se realizó en Brasil a principios de septiembre, donde más de 10 millones de personas votaron en contra del ALCA. Queda claro que no existe un consenso en torno a este modelo de libre comercio, ni siquiera lo hay entre nuestros gobiernos y mucho menos entre las sociedades civiles de nuestras naciones. En lugar de avanzar de forma acelerada hacia la construcción de un acuerdo que podría hacer permanente una forma de relaciones económicas desastrosa para nuestros pueblos, los gobiernos no deberían continuar las negociaciones sin abrir un debate real y sustantivo sobre la integración económica en las Américas. De lo contrario, se continuará suscribiendo compromisos que carecen de la menor legitimidad, y que serán profundamente negativos para el desarrollo humano de los habitantes de las Américas. Alianza Social Continental noviembre 2002 Secretaría Alianza Social Continental
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