"Concebimos sociedades de la información y la comunicación que sean incluyentes, fundadas en la dignidad humana, los derechos humanos y el diálogo intercultural para el avance de la paz mundial, en un ambiente libre de la violencia y el odio... Sociedades donde cada ciudadano/a tenga la oportunidad no solo de acceder a la información, sino también producirla y ejercer su creatividad. Sociedades que movilicen la solidaridad global para superar las inequidades sociales y geográficas y contribuyan a una distribución más equitativa de los recursos tecnológicos e informativos"(1).

Esta visión fue planteada por las organizaciones de sociedad civil presentes en el 2do Comité Preparatorio (Prepcom) de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), realizado en Ginebra del 17 al 28 de febrero pasado. Se contrapone a la tendencia dominante que coloca a la tecnología al centro de la llamada "sociedad de la información", y que identifica al mercado como el único marco válido para impulsar el desarrollo.

Es cierto que el discurso oficial se hace eco de una visión centrada en los seres humanos y la solución de los problemas sociales, como objetivos generales de esta Cumbre, que tendrá lugar en Ginebra en diciembre del 2003, con una segunda fase en Túnez en 2005. Esto en sí es un avance. Sin embargo, el enfoque centrado en la tecnología y el mercado se evidencia en los temas que se están priorizando: primero, el establecimiento de un marco regulatorio para la nueva economía digital, con énfasis en la desregulación para favorecer la competencia, facilidades para el comercio electrónico y nuevos mecanismos para controlar el cibercrímen y vigilar el uso de las redes electrónicas para actividades subversivas; y segundo, los incentivos para promover las inversiones privadas en infraestructura tecnológica en los llamados "países en desarrollo".

Al respecto, vale señalar que en la ONU, hablar de "desarrollo" prácticamente está vedado, pues es interpretado como la transferencia de recursos de Norte a Sur. Si bien algunos gobiernos, como el de Brasil, lo han planteado con fuerza, la tendencia -sobre todo de los gobiernos del Norte- es poner por delante los "multistakeholder partnerships", o sea convenios de asociación entre los diferentes actores involucrados -gobiernos, sector privado, organismos internacionales, sociedad civil-, que significaría captar fondos del sector privado. Hasta ahora, sin embargo, las empresas del sector de comunicaciones, con la crisis bursátil de por medio, han mostrado poco interés en tal eventualidad.

Compartir conocimientos

El avance en la formulación de propuestas de parte de la sociedad civil ha sido, sin duda alguna, uno de los logros más significativos de este proceso, en cuyo marco la Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS) ha tenido un rol de liderazgo reconocido. Las propuestas de sociedad civil ante la CMSI priorizan las necesidades humanas de información y conocimientos, en función del desarrollo humano, la participación democrática y el fomento de la diversidad e intercambio cultural.

En las sociedades de la información y la comunicación, ello plantea nuevos retos que esta Cumbre debería abordar. "El conocimiento y la creatividad están en el corazón de la sociedad de la información. La diversidad y la pluralidad del conocimiento cumplen un rol crucial. El conocimiento es el patrimonio de toda la humanidad. Es un recurso ilimitado, que crece y es enriquecido cuando es compartido"(1), característica que lo diferencia de los bienes materiales. La digitalización y las redes electrónicas han facilitado enormemente la posibilidad de compartir y multiplicar información y conocimientos, incluyendo los propios programas informáticos para procesarlos. Esta misma posibilidad es vista, sin embargo, como una amenaza por aquellas empresas que pretenden un control privado de la distribución de información, software y contenidos culturales. De allí la prioridad dada a los derechos de propiedad intelectual (DPI) de los bienes intangibles, en el marco de instancias como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), como también las presiones sobre los gobiernos nacionales para acatarlos. Tales medidas tienden a restringir el libre flujo de información y conocimientos y a coartar la creatividad. Frente a ello, las instancias ciudadanas proponen mecanismos para hacer accesible, proteger y promover aquellas informaciones y tecnologías que estén en el "dominio público": o sea que puedan ser utilizadas libremente (siempre con el debido reconocimiento a la fuente de origen), y no pueden ser privatizadas.

Al mismo tiempo, para aquella información bajo control privado, se considera que los regímenes de DPI deberían reflejar un equilibrio más justo entre los derechos de los autores y creadores a un debido reconocimiento y remuneración, el interés público y el derecho de los distribuidores intermediarios. El actual régimen de DPI se percibe como demasiado inclinado hacia los últimos. Entre las propuestas más destacadas al respecto que la sociedad civil ha adelantado en el marco de la Cumbre se incluyen:

- Se debe alentar y desarrollar software libre y de fuente abierta y su uso por las instituciones públicas; particularmente para los países del Sur, debido a su costo más bajo y la posibilidad de alentar una industria local de software.

- Toda información y conocimiento producidos con la ayuda de recursos públicos (como la investigación e información científica) deberían ser de Acceso Abierto.

- Se debe garantizar la protección legal contra la privatización de los conocimientos tradicionales (en particular el conocimiento indígena). - La compilación no creativa en bases de datos no debería ser protegida por derechos de autor.

- El justo uso privado de contenidos debería ser exento de los derechos de autor. Los sistemas abiertos La noción del "dominio público" abarca un ámbito mucho más amplio que solo los contenidos.

Reconociendo el aporte fundamental de los medios de comunicación como fuentes de información, las propuestas ciudadanas enfatizan en la necesidad de fomentar el desarrollo de medios de comunicación en la esfera pública. Esto es, medios con una vocación de servicio público, que no estén bajo el control ni de gobiernos, ni de intereses privados particulares. Especial énfasis se pone en los medios comunitarios y demás órganos de difusión que dan expresión a la diversidad cultural y lingüística. A la par, se plantea una legislación para impedir la concentración de la propiedad de los medios, que representa una amenaza a la pluralidad y la democracia.

En el plano tecnológico, se considera que los gobiernos deben asegurar la implementación de estándares abiertos y comunes para las comunicaciones internacionales en general. Los estándares privados (como los que imponen ciertas empresas de telefonía celular) impiden comunicar libremente y encarecen los costos. El proyecto de Declaración de los gobiernos reconoce esta necesidad, pero aún no existen propuestas concretas para su implementación en el marco de la Cumbre. Asimismo, se considera que los recursos limitados como las ondas radiales deben ser considerados bienes comunes de la humanidad -como tradicionalmente ha sido el caso- y asignados por los gobiernos bajo criterios democráticos, respetando el interés público, y bajo ningún concepto se debe permitir su privatización.

Varios participantes recordaron que el propio Internet y el World Wide Web, y muchas otras aplicaciones tecnológicas, fueron desarrollados por la sociedad civil, bajo un concepto de sistemas abiertos. La empresa privada no tuvo esa visión, y constantemente jala hacia los sistemas cerrados. El interés público exige que los gobiernos garanticen el funcionamiento de los sistemas abiertos. Esta tensión entre, por un lado, los sistemas abiertos, el dominio público y la protección de los bienes comunes globales, y por otro, los sistemas cerrados, la privatización y los derechos de propiedad intelectual, está subyacente a muchos de los debates de la Cumbre.

Temas pendientes

Diversas propuestas priorizadas por sociedad civil ya han sido recogidas por los gobiernos, al menos en calidad de buenas intenciones, como el respeto del marco de derechos humanos, el acceso a los servicios sociales y de información particularmente en zonas rurales, la transparencia gubernamental, la promoción de la diversidad cultural o la protección del medio ambiente. Otros, en cambio, aún brillan por su ausencia: como el enfoque de género.

Asimismo, el tratamiento de algunos temas deja mucho que desear: así, por ejemplo, la educación -tema clave de la sociedad de la información- es tratada con un enfoque orientado casi exclusivamente al "ciberaprendizaje" y a la incorporación de Internet en las salas de clase, como si fuera un fin en sí mismo, sin considerar la necesidad de reconceptualizar la educación como un proceso de aprendizaje permanente y de formación para la creación y apreciación crítica de los conocimientos.

También hay varios temas que provocan preocupación. Uno de ellos es el tratamiento dado a la seguridad informativa y la lucha contra el cibercrímen, particularmente por parte de EE.UU., pues los programas impulsados por aquel país en esa materia representan una grave amenaza a los derechos civiles y a la privacidad de las comunicaciones. Existe asimismo inquietud de que la Cumbre podría abrir las puertas a nuevas amenazas a la libertad de expresión, particularmente en el ámbito de Internet.

Un proceso cuestionado

Muchos/as participantes y observadores de este proceso tienen desde ya serias dudas en cuanto a los eventuales resultados de la Cumbre, debido al enfoque mercantilista y la escasa voluntad de los gobiernos de asumir compromisos reales, que se evidencia, entre otros, en la falta de avance en los contenidos y el bajo perfil de la mayoría de delegaciones oficiales. También es tema de preocupación que, siguiendo el ejemplo de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo el año pasado, esta nueva Cumbre de la ONU ha otorgado un lugar sin precedentes al sector privado -incluyendo la acreditación de empresas particulares- que formalmente ocupa un sitio igual al de sociedad civil.

La actitud de EE.UU. levanta también serios cuestionamientos. Luego de haber inicialmente intentado bloquear la realización de la Cumbre, este país ha pasado a intervenir en casi todos los eventos preparatorios, con una agenda centrada en la seguridad y las condiciones para las inversiones privadas. Participó, como correspondía, en la Conferencia Regional de Europa occidental y Norteamérica; pero además, -para sorpresa de los países de la región- también tuvo voz y voto (junto con Canadá) en la conferencia regional de América Latina y el Caribe (Bávaro, R.D., enero); e incidió directamente en la conferencia de Asia-Pacífico.

No obstante tales dudas e inquietudes, es destacable que se ha logrado abrir el temario y poner en agenda aspectos de las sociedades de la información y la comunicación que la comunidad internacional está llamado a abordar. Pero sobre todo, más allá de lo incierto y ambiguo del proceso oficial, no cabe duda que, dentro o fuera de las esferas formales, este proceso está permitiendo crear puentes entre sectores ciudadanos preocupados por la problemática -como es el caso de la Campaña CRIS, o el trabajo colectivo sobre contenidos y temas (2)- y ampliar el ámbito de la discusión y reflexión sobre temas que serán cruciales para el porvenir de la humanidad.

* Sally Burch es directora ejecutiva de ALAI; co-coordina el Grupo de Trabajo de Sociedad Civil sobre Contenidos y Temas de la CMSI.

(1) Extracto de la "Contribution on Common Vision and Key Principles for the Declaration", Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre Contenidos y Temas, II Prepcom de la CSMI, 25 de febrero 2003.

(2) Los textos del Grupo de Contenidos y Temas están disponibles en: www.movimientos.org/foro_comunicacion/