Pronunciamiento

El ambiente que rodeó la ronda de negociaciones recientemente culminada en Atlanta, debe suscitar nuevas preocupaciones en la opinión pública. La dura posición estadounidense, la debilidad gubernamental y el aumento de las voces disidentes enmarcaron la ronda.

 El representante comercial Zoellick, unos días antes de la misma señaló que la Comunidad Andina era un acuerdo de papel y que se deberían eliminar el sistema andino de franjas de precios, renunciar a los mecanismos de subasta de cosechas que sustituyeron a comienzos del año los convenios de absorción y eliminar todos los mecanismos de protección del agro como seguros cambiarios y licencias previas.

Esta posición fue ratificada en declaraciones públicas por Regina Vargo, le jefe del equipo negociador estadounidense. También excluyeron los servicios marítimos y aéreos de las negociaciones, que sumado a la exclusión de las ayudas internas al agro, la política de protección a su industria y su exigencia de alargar el periodo de vigencia de las patentes, muestran nuevamente que los norteamericanos no están dispuestos a liberalizar su economía.

La radicalidad estadounidense era previsible, pero es nuevamente notoria la debilidad de la posición del gobierno colombiano que no solamente reafirmo que pone todo en la mesa de negociaciones, sino que en diversas declaraciones ha aceptado que las franjas de precios deben ser eliminadas y adopta medidas para desproteger a los agricultores nacionales, como está sucediendo con el arroz.

En el caso del algodón gravita la afirmación reciente de la eminencia gris del gobierno, Hommes, de que para garantizar la competitividad de las exportaciones textileras hay que sacrificar a los algodoneros. Próximamente los países andinos presentarán por aparte sus ofertas de plazos y productos que se desgravarán. Anuncian también que el arancel que se tomará como base para iniciar el regateo será el mismo del ALCA, asunto que en su momento ocasionó tantas discusiones en las negociaciones del ALCA y llevó al vergonzoso reversazo del gobierno bajo la presión norteamericana.

El famoso "cuarto del lado" brilló por su ausencia. En el tema laboral, el gobierno norteamericano se dió el lujo de posar como defensor de los derechos laborales de los colombianos, cuando en realidad está defendiendo a sus empresarios y el gobierno colombiano se ve a gatas para reconocer que no es capaz de garantizar el cumplimiento de su propia legislación laboral y pregona una supuesta defensa de la autonomía normativa que ya ha cedido vergonzosamente en otros campos como el petrolero.

La radicalidad norteamericana también es relativa pues se ha filtrado que Estados Unidos se conformaría con dar alguna ayuda para que se cumpla la legislación laboral, pero "siempre y cuando puedan obtener concesiones en otros aspectos de interés en el TLC". Las cooperativas de trabajo asociado están siendo investigadas por funcionarios estadounidenses, mientras que el ministerio de Trabajo de Colombia considera que es una "excelente herramienta para que las personas se asocien y trabajen", la presión norteamericana es para que las malas condiciones y la pésima legislación laboral se aplique a todos los trabajadores y no solo a los que trabajan en empresas exportadoras.

La avivatada de abordar los temas difíciles primero, culminó en que estos también son prioritarios para los Estados Unidos y el resultado es que nuevamente y como sucederá en las próximas rondas no hay definiciones y no hay nada que informar. Han surgido nuevas voces alertando sobre los peligros del TLC, los sectores culturales se sienten amenazados, las universidades también y hasta el sector financiero siente pasos de animal grande.

 A la inferioridad estructural de la economía colombiana, la evidencia de los peligros del tratado, se suma nuevamente la debilidad negociadora gubernamental para completar un escenario francamente negativo. Para impedir que el tratado se suscriba se debe unir la voz de los críticos con las de los opositores al TLC e impedir que siga la entrega de los intereses nacionales.

Bogotá, junio 25 de 2004

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