El 4 de octubre fue declarado como el "Día Mundial Cero Desalojos por una vivienda digna para todos" por movimientos poblacionales de todo el mundo. Resulta paradójico que tres días antes se produjera un violento desalojo de pobladores pobres en la ciudad de Tegucigalpa, por presión de familias millonarias "a quienes les ofende ver casuchas cerca de sus mansiones". La idea de dedicar un día a la lucha contra los desalojos fue adoptada en Barcelona el pasado 16 de septiembre por organizaciones como el Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC), la Alianza Internacional de Habitantes y la red NOVOX, que se reunieron el marco del Foro Urbano Mundial. La iniciativa tenía dos propósitos: Darle un contenido alternativo al Día Mundial del Hábitat propuesto por las Naciones Unidas y llamar la atención sobre los desalojos, cada vez más masivos y violentos, que responden a "una concepción de ciudad basada en la especulación urbana y en la exclusión social". Para muestra, basta un botón. El 1º de octubre, 200 familias pobres que buscaban un pedazo de tierra para levantar sus viviendas fueron violentamente desalojadas por la policía metropolitana en la colonia Estanzuela de Tegucigalpa, operativo que dejó un saldo de 4 heridos y 15 detenidos. Entre los detenidos estuvo Rafael Alegría, diputado del Partido Unificación Democrática y ex dirigente del movimiento internacional Vía Campesina, quien, sin embargo, fue dejado en libertad en la noche del mismo primero de octubre. Los detenidos, está siendo procesados por los "delitos de desobediencia y desacato". La diputada Doris Gutiérrez, también del Partido Unificación Democrática y quien estuvo en el desalojo, lamentó que se haya privado de la libertad a un adolescente de 15 años, a una mujer embarazada y a una personas de 68 años. Una vez producido el desalojo, más de un centenar de pobladores de la Estanzuela se apostaron al frente de las oficinas de la Jefatura de la Policía Metropolitana Nº 1 para exigir la libertad de los detenidos. Los policías usaron bombas lacrimógenas y disparos al aire para desalojar a los pobladores que se habían asentado en las faldas del cerro El Picacho. El desalojo fue ordenado por el alcalde Miguel Pastor argumentando que se encontraban en una zona de alto riesgo. El dirigente sindical, Carlo H. Reyes, empero denunció que detrás de esta acción violenta está un grupo de familias millonarias de El Hatillo "a quienes les ofende ver casuchas cerca de sus mansiones y alegan que les hacen perder plusvalía a sus propiedades". El dirigente sindical desmintió que se trate de invasores, puesto que sus propietarios no ha pedido el desalojo y el terreno, según geólogos, está ubicado en una zona de igual o menor riesgo a las aledañas como Viera, El Reparto y otras colonias. Según Rafael Alegría en este caso hubo violación de los derechos humanos porque los policías destruyeron casas sin orden de desalojo de un tribunal competente, agregando que la alcaldía no tenía competencia para hacerlo, porque son tierras privadas. El diputado anunció que preparará acciones jurídicas contra el Alcalde Miguel Pastor y el ministro de Seguridad Oscar Alvarez, dadas las "irregularidades y barbaridades" que están cometiendo contra los vecinos de la colonia La Estanzuela y los diputados del Partido Unificación Democrática. La muestras de solidaridad en el país y en el exterior con los pobladores desalojados no se hicieron esperar. El Bloque Popular de Honduras llamó de urgencia a una reunión a la dirigencia del magisterio, los estudiantes y los sindicatos para diseñar estrategias a seguir ante los atentados que están sufriendo los diputados de Unificación Democrática y los colonos de la Estanzuela. En Nicaragua, la Asociación de Trabajadores del Campo exigió la inmediata libertad de las personas detenidas ilegalmente y que se respete los derechos ciudadanos.