Las organizaciones de mujeres, de derechos humanos y sindicales de la sociedad colombiana presentes en la 49ª Sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, han solicitado a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil presentes en Nueva York, que a través de sus buenos oficios, insten al gobierno colombiano que en todo proceso de negociación con los actores armados garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y en particular, los derechos de las mujeres, jóvenes y las niñas, principales víctimas del conflicto. Afirman que \"la violencia sociopolítica que por décadas ha padecido el país ha impactado la vida de las mujeres, situación que solo comienza a hacerse visible en los últimos años. En Colombia existe un conflicto armado que ha generado una grave crisis humanitaria, expresada en violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Las mujeres constituyen entre el 42.9% y el 51.3% de las personas que se han visto obligadas a desplazarse\". Al respecto, Amnistía Internacional, en el informe \"Cuerpos marcados, crímenes silenciados, violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado\", publicado en octubre 2004 afirma: Todos los grupos armados -fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrilla- han abusado o explotado sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles como a las propias combatientes, han tratado de controlar las esferas más intimas de sus vidas (....) han convertido los cuerpos en terreno de batalla\". JURISTAS COLOMBIANOS ANTE EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Por su parte, el 26 de enero 2005, el Consejo Económico y Social de la ONU publicó una declaración enviada por la Comisión Colombiana de Juristas, que hizo llegar al Secretario General. La misma se denomina Obstáculos para la puesta en marcha de la Plataforma de Acción de Beijing y la construcción de la paz en Colombia. El documento menciona diferentes informes que revelan que \"la situación de los derechos de la mujer, a pesar de algunos avances legislativos, siguió afectada por la discriminación, la inequidad, la exclusión, la violencia intrafamiliar y sexual, y la trata de personas\". Afirman que la \"política de \'seguridad democrática\' (que lleva adelante el gobierno colombiano con apoyo de los EEUU) afecta derechos como la libertad e integridad personales, la libertad de expresión y de circulación, entre otros derechos, de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Las detenciones arbitrarias y los allanamientos representan una invasión a la esfera privada lo cual aumenta el riesgo de violencia de género\". Señalan que \"La estrategia oficial de seguridad democrática se guía mas por el imperativo de la seguridad que el interés en la democracia\". En ese contexto, los compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing parecen no tener lugar en la agenda del actual Gobierno. Concluyen afirmando que las niñas y las mujeres en Colombia se han convertido en objetivo militar y sobre ellas, sus cuerpos y su libertad, se cometen de manera masiva y sistemática graves violaciones de los derechos humanos. Una de las expresiones más notables de la negación de la justicia de género es la inexistencia del reconocimiento de las mujeres como víctimas especiales del conflicto armado. Esta negación se traduce en la inexistencia de una política pública de lucha contra la impunidad de los delitos cometidos contra las mujeres. * Ana María Pizarro Jiménez, Sí Mujer