28 de noviembre del año 2005, 7h30. El gobernador indígena del resguardo la Concepción (norte del Departamento del Cauca) recibe una llamada a su teléfono móvil en la que le exigen la entrega en 48 horas de la suma de 12 millones de pesos (unos 5454 dólares estadounidenses), doce pares de botas pantaneras, doce machetes con sus respectivas cubiertas y doce linternas, y le advierten que, si no entrega lo solicitado, los asesinarían inmediatamente junto con otros dos comuneros.

La autoridad comunicó el hecho inmediatamente a la comunidad y al resto de gobernadores indígenas de la región, los cuales inmediatamente respondieron al chantaje señalando que los “recursos de la comunidad son exclusivos para el fortalecimiento social de la comunidad” y no para “patrocinar o fortalecer actividades delincuenciales, de grupos o de personas internas o externas”. Este es uno de los tantos casos de presiones y amenazas a los que están expuestos los 84 pueblos indígenas de Colombia, cuyos territorios han sido convertidos en zonas de disputa por parte de los distintos actores armados que intervienen en el conflicto.

El Estado, las fuerzas armadas, los paramilitares y las guerrillas de izquierda pugnan por el control territorial y presionan de diversas formas para tratar de someterlos o alinearlos bajo sus propios intereses. “Los pueblos indígenas estamos en el campo, estamos en nuestros territorios. Los paramilitares pasan, amenazan, desplazan, no quieren responder por las masacres, los asesinatos de los indígenas.

La guerrilla nos acusa de que no colaboramos y nos matan y asesinan; el Estado nos persigue porque nos acusa de que somos colaboradores o encubridores de los paramilitares o de la guerrilla; no se nos permite la neutralidad y el Estado quiere que los indígenas seamos aliados como informantes, como guardias cívicos financiados por ellos, y eso no es posible, porque no estamos de acuerdo con la ´seguridad democrática’, eso no forma parte de nuestros usos y costumbres como pueblos indígenas, eso no forma parte de nuestra tradición de no ser parte del conflicto armado interno”, afirmó a ALAI el senador indígena embera, Francisco Rojas Birri, del departamento del Chocó.

La violencia que no cesa

Para los actores armados es intolerable la resistencia y la neutralidad que han proclamado los indígenas agrupados en la Organización Nacional Indígena De Colombia (ONIC), Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Confederación Indígena Tairona (CIT). El precio que han tenido que pagar por defender su proyecto de vida que tiene como principios rectores el respeto, la autonomía y la autodeterminación, la identidad, la integralidad y la diversidad ha sido alto.

Durante las últimas tres décadas de guerra interna (1974-2004) se han producido 6.726 violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las cuales 1869 corresponden a asesinatos políticos contra dirigentes, autoridades indígenas y en general dirigentes de las comunidades (1) La política de “seguridad democrática” inaugurada en el 2002 por el presidente Alvaro Uribe -y que ahora va para la reelección- ha provocado un agravamiento de la situación de los derechos humanos en general y particularmente de los pueblos indígenas.

“Durante el gobierno del Presidente Uribe, se han incrementado los casos de violación a nuestros DDHH, han surgido iniciativas legislativas para desmontar garantías constitucionales y derechos adquiridos, la guerra se fue a vivir en nuestros territorios para obligarnos al desplazamiento y su abandono, se han aposentado en nuestros territorios y comunidades los batallones militares, las fumigaciones aéreas, las minas antipersonales, las compañías multinacionales y, como sino fuera suficiente, se han satanizado nuestras organizaciones, desconociendo nuestras iniciativas y decisiones, y por último hemos sido calificados por ministros, generales y gobernadores departamentales como manipulados por la guerrilla, auxiliares de subversivos e insurgentes”, señalan las organizaciones indígenas participantes en la Mesa Nacional de Concertación efectuada en Bogotá, del 24 al 28 de octubre del año 2005. (2) Algunos datos ratifican estas afirmaciones.

Si en el 2001 hubo 180 homicidios de indígenas, en el 2002 –año de posesión de Uribe-, la cifra subió a 293, en el 2003 fue de 183, en el 2004 fue de 117 y hasta septiembre del 2005 fue de 66, según datos de la ONIC-CECOIN. En los últimos meses se ha registrado un incremento de la violencia selectiva que tiene como víctimas a los dirigentes y a quienes han optado por la resistencia civil, al mismo tiempo que han aumentado los desplazamientos forzados que han afectado a 30.136 indígenas en los últimos tres años (3).

La violencia se ensaña con las mujeres indígenas, las cuales han sido víctimas de violación y ataques sexuales y sicológicos por parte de los diversos grupos armados. “Solo en el Vaupés, en Carurú, aproximadamente 20 han sido violadas por la Fuerza Pública más una adolescente del pueblo Kokonuco del Cauca”, señalaba un comunicado de la ONIC a propósito de la conmemoración del día internacional por la no violencia a la mujer. En el pueblo de Kankauo hay más de 180 viudas que tienen bajo su responsabilidad a 700 huérfanos.

Los grupos armados reclutan a jóvenes indígenas utilizando los lazos emocionales y las obligan a cumplir tareas domésticas y de otro tipo. Mujeres y niños emberas, inganas, pastos, yanaconas sufren las consecuencias del Plan Colombia financiado por Estados Unidos, el cual contempla fumigaciones indiscriminadas con glifosato que destruyen no solo las plantaciones de coca sino que afectan a su salud, a sus cultivos alimenticios y a sus animales domésticos.

Como secuelas del conflicto, muchas mujeres indígenas se ven obligadas a desplazarse a las ciudades en donde les espera el servicio doméstico, la mendicidad o la prostitución. (4) Pueblos en resistencia Para hacer frente a la violencia y asegurar su supervivencia como pueblos, pero también para enfrentar las políticas neoliberales y recuperar la tierra, los indígenas colombianos han puesto en marcha diferentes estrategias de resistencia que han combinado la movilización, las consultas populares, la denuncia y las actividades de las guardias indígenas. Este el caso de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).

La ACIN nació en 1994 para coordinar y fortalecer el proceso organizativo y la gestión y defensa de los derechos e intereses de las comunidades Nasa (Páez) que están conformadas por 110.000 habitantes asentados en 17 resguardos (territorios) que tienen una extensión de 193.370 hectáreas. El reconocimiento legal de sus territorios fue una de las conquistas logradas con la Constitución de 1991.

Aunque el área que habitan es extensa, sin embargo se trata de zonas de páramos (ricas en agua) y de bosques. Solo un 12% del total de los resguardos es apta para la producción pecuaria y de alimentos. Las tierras de cultivo son insuficientes: de las 25.000 familias que ocupan el territorio, 6000 carecen de tierra para producir sus alimentos. El 56% de los niños padecen de hambre y desnutrición. (5) Esta es una de las razones que llevó a los Nasa a ocupar, desde el 12 octubre de 2005, 11 haciendas en el departamento del Cauca para exigir que el gobierno adopte medidas efectivas de reforma agraria. Estas luchas fueron denominadas “por la libertad de la madre tierra” puesto que “para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y las miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada.Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad para engendrar vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive. Le impiden producir alimentos, riqueza y bienestar para todos los pueblos y seres vivos. Los que se apropian de ella causan hambre, miseria y muerte que no deben ser”. (6)

Con esta lucha, pese a estar localizada en un solo departamento, los indígenas del Cauca pusieron el dedo en la llaga de uno de los problemas no resueltos y considerado como causa del conflicto armado: la injusta distribución de la tierra. El 0,4 por ciento de los propietarios, o sea cerca de 15.000 personas, controlan el 61 por ciento de la tierra registrada en el país. Según un informe de la Contraloría, Colombia vive una auténtica contrarreforma agraria pues en los últimos 20 años se ha producido una aberrante concentración de la tierra que está en manos de grupos ilegales y de los narcotraficantes. Estos últimos poseen el 48% de las mejores tierras ubicada en 409 de los 1.039 municipios del país, mientras el 62% de los propietarios (pequeños) campesinos solo posee el 5,2 por ciento. (7) El desafío que hacen los Nasa a la sacrosanta propiedad privada es lo que llevó al gobierno de Uribe a declarar que las “invasiones son terrorismo” y a ordenar el desalojo policial de los indígenas de la hacienda Jipio en el municipio de Caloto en la que murió el indígena Belisario Camayo de 18 años. La presión pública, sin embargo, obligó al gobierno de Uribe a reconocer la legitimidad, la justeza y la fuerza de la lucha indígena y mestiza y a sentarse a buscar soluciones.

Pero los pueblos indígenas se han constituido “en la piedra en el zapato” del gobierno de Uribe por otra razón: por su enérgica y masiva oposición al Tratado de Libre Comercio que Colombia, Ecuador y Perú, negocian con Estados Unidos. “El TLC afectará al agro colombiano, y los indígenas son agricultores, son productores, tanto para la pervivencia o para el mercado, el productor con una tecnología muy primitiva no va estar en capacidad de competir con la tecnología y los subsidios que tienen los productores de EE.UU”, afirma el senador Rojas.

El 12 de octubre del 2005, 14.000 indígenas embera y algunos pijao se concentran en Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Puerto Rico (Risaralda) y Chinchiná (Caldás) y marcharon a Pereira y Manizales para protestar contra el Tratado de Libre Comercio, la reelección de Uribe, y contra los procesos de paz (con los paramilitares) sin justicia y reparación y con prebendas para los victimarios.

La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos provocando 40 heridos y la muerte del indígena Marcos Soto Guevara de 60 años. Un año atrás, en el mes septiembre de 2004, los indígenas del norte del Cauca y de otros departamentos organizaron la denominada “Minga por la vida, la autonomía, la libertad, la justicia y la alegría” en la que participaron 55.000 personas, misma que partió desde el Municipio de Santander de Quilachao y llegó a la ciudad de Cali teniendo como demandas centrales la defensa de los derechos consagrados en la Constitución de 1991, la oposición al ALCA y al TLC y el respeto y defensa del Derecho a la Vida. (8) La guardia indígena “La lucha en el Cauca ha puesto el direccionamiento político de la resistencia, y en el Cauca lo lidera el norte, al punto que la UNESCO ha declarado al proceso de paz que impulsamos como un laboratorio de ideas, de pensamientos, es un dinámica muy constante, todos los días estamos en encuentros, asambleas, discusiones, y ahora hemos fortalecido el acercamiento con organizaciones sociales, con los afro- colombianos y campesinos, es una propuesta muy fuerte que se vislumbra como una opción diferente de vida”, dice un dirigente de ACIN que prefiere no dar su nombre.

A medida que se han hecho visibles las propuestas indígenas, estas han recibido muestras de solidaridad y apoyo pero también han surgido enemigos, “celosos” del protagonismo indígena. La insurgencia les ha declarado objetivo militar porque “nos sublevamos a lo que nos querían imponer al interior de los territorios”. El proyecto contra- insurgente del Estado, con sus fuerzas militares y paramilitares, “también no ha visto con buenos ojos esta propuesta y han tratado de cooptarla y cortar el proceso de avance”.

Para hacer frente al conflicto armado, la ACIN ha organizado la guardia indígena como “proceso de resistencia y pervivencia del territorio”, la que tiene como principal función controlar, vigilar los resguardos y alertar a la comunidad de los diferentes peligros. (9) En la zona norte del Cauca, la guardia se compone de 7.500 personas que están listas para actuar, pero 4.500 funcionan en forma permanente. No solo participan hombres jóvenes sino mujeres, niños y personas mayores. La guardia es una instancia ancestral de las comunidades indígenas, sus principios están inspirados en la tradición espiritual y el derecho propio. Este organismo humanitario no imparte justicia, pero ayuda y acompaña a los cabildos y alguaciles en el proceso de impartir justicia. La guardia actúa en forma permanente y sobre todo en casos de emergencia. A mediados de abril del 2005, una columna de las FARC atacó a los municipios de Jambaló y Toribío, en el departamento del Cauca. El ejército entró y se entablaron combates que se prolongaron por varias semanas.

La ACIN exigió el cese al fuego, la desmilitarización integral de la zona y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado. Rechazó, asimismo, tanto las declaraciones de Uribe en el sentido de erradicar “la guerrilla en el Cauca” como la posición de las FARC de fortalecer el control militar sobre su territorio. La guardia, en esta oportunidad, organizó el proceso de evacuación, de suministro de alimentos, de atención médica a las comunidades, etc. Por su labor de prevención de la violencia, fue reconocida en el año 2004 con el Premio Nacional a la Paz.

Así resisten los pueblos indígenas de Colombia y su propósito es ganar aliados para su proyecto de paz con diálogo, justicia y reparación.

Notas

(1) Houghton J., Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia. 1974-2004. Altovuelo Editores, Medellín, 2005 http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=868306&cmd%5B111 %5D=c-1-24

(2) ONIC, OPIAC, AICO, CIT, “Los pueblos indígenas y su problemática territorial”, http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fa bbab2d7/PRONUNCIAMIENTO__MESA_DE_CONCERTACION.pdf

(3) Boletín ‘Hechos del callejón’ No. 9 – Noviembre 2005, Área de Desarrollo Humano del PNUD. Fuente: Actualidad Colombiana, boletín Nº 420 http://www.actualidadcolombiana.org/

(4) ONIC: Colombia: Mujeres indígenas víctimas de la violencia, http://movimientos.org/enlacei/show_text.php3?key=5912

(5) El Pueblo Nasa y el derecho a la tierra http://www.actualidadcolombiana.org/

(6) (7) Ibid

(8) León Osvaldo, “Minga por la vida”, (2004-09-16) http://alainet.org/active/6769〈=es

(9) Guardia indígena: http://www.nasaacin.net/prg_guardia.htm

Publicado en América Latina en Movimiento # 403 (ALAI), p. 26, 14-12-2005, Quito