Las declaraciones preocupantes de autoridades políticas y judiciales, entre ellas la fiscal de la Corte Suprema de Justicia Mónica Maldonado sobre la situación carcelaria en Chile confirman diversos informes publicados por Amnistía Internacional y otras organizaciones preocupadas por el tema. Aún cuando el informe no ha sido publicado oficialmente muchos detalles son concordantes con la información y preocupaciones que Amnistía Internacional ha señalado durante varios años sobre la alarmante situación que se vive al interior de algunos recintos penitenciarios a cargo de Gendarmería. Se ha confirmado que hay internos que están viviendo en condiciones inaceptables, durmiendo a la intemperie, protegidos sólo con unas carpas de cartón y nylon, rodeados de residuos, lo cual afecta las condiciones elementales de vida, la salubridad y sus derechos humanos básicos. Amnistía Internacional ha denunciado también casos en que los beneficios a los internos son administrados de manera irregular por las autoridades penitenciarias; hay un hacinamiento extremo; las denuncias de irregularidades frecuentemente son resueltas solamente en procedimientos internos y no llegan a los ministros correspondientes; y que se han registrado casos donde menores de edad han sido puestos en reclusión junto con adultos. Amnistía Internacional pide que el Estado de Chile: * Mejore las condiciones en los lugares de detención para ajustarse a las normas internacionales y tome medidas urgentes para hacer frente al problema del hacinamiento en las prisiones y otros lugares de detención. Asimismo, el Estado debe introducir un sistema efectivo de inspección de las condiciones de la detención, el trato de los reclusos, así como la violencia entre los presos y la agresión sexual en las prisiones. * Provea programas de formación para jueces, fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el contenido de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dichos programas deben incluir la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes dirigidos al personal de Gendarmería, las fuerzas armadas, las policías y otros agentes del orden y personas que de algún modo participen en la detención, el interrogatorio o el trato de personas susceptibles de ser sometidas a tortura y malos tratos. El Estado debe asimismo velar por que los especialistas médicos reciban una formación específica en materia de identificación y documentación de la tortura y malos tratos. * Que se ratifique prontamente el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un nuevo instrumento internacional adoptado en el seno de la ONU, para fortalecer los mecanismos de prevención y control de la tortura y los malos tratos, especialmente en cárceles y otros centros de reclusión. Amnistía Internacional - Chile www.amnistia.cl