La aprobación y puesta en vigencia de la Ley 117, que reforma el régimen de seguridad social, ha provocado una ola de protestas y movilizaciones que han puesto en jaque al gobierno de Martín Torrijos.

El gobierno sancionó el pasado 1º de junio la mencionada ley aprobada unas horas antes por la Asamblea Nacional (en donde el oficialista Partido Revolucionario Democrático tiene mayoría) argumentando que la misma evitará el quiebre de la seguridad social que mantiene un déficit de 3.700 millones de dólares y que puede colapsar en el 2012 si se mantiene la disminución de sus ingresos, según el director de la Caja del Seguro Social (CSS), René Luciani.

Otra lectura, sin embargo, tienen los profesores, trabajadores de la construcción, médicos y otros que llevan a cabo una huelga nacional que inició el 26 de mayo. Para ellos, la Ley 117 significará "trabajar más años para jubilarse, pagar cuotas más altas, más número de cuotas y menor pensión al momento de jubilarse".

La nueva Ley, en efecto, contempla el aumento de la edad de la jubilación de los hombres de 62 a 65 años y en las mujeres de 57 a 60 años, entre el 2007 y el 2015. También prevé el incremento, en ese mismo período, de las cuotas mensuales requeridas para jubilarse de 180 a 300.

Los aportes de los trabajadores, igualmente, deberán subirse, entre 2006 y 2010, de un 7,25% a un 9 por ciento de sus salarios, y los de los empresarios de un 10,75 a un 13,25%. Hacia la privatización Aunque el presidente Torrijos ha señalado que las reformas darán "viabilidad financiera a las cajas de retiro por los próximos 40 años y evitará su privatización", lo cierto es que los artículos 86,87 y 88 de la Ley 117 determinan que hasta un 25% de las reservas de la Seguridad Social podrán ser depositadas en los bancos privados.

Si se tiene en cuenta que los fondos de la CSS ascienden a 1800 millones de dólares, esto quiere decir que 450 irían a parar a manos privadas. Los beneficiarios de esta nada despreciable suma serían el Grupo Banco General, el Grupo Banco del Istmo, el Grupo Banco Continental y las Administradoras de Fondos de Pensiones como Profuturo (que forma parte del Citibank) y Progreso (que es parte del BBVA), según señaló el Centro de Capacitación Social. Además, la nueva Ley abre el camino para la terciarización al disponer que la "atención médica será prestada por la CSS o por medio de las instituciones, entidades o personas que ella establezca".

Varios hospitales y clínicas privadas se frotan las manos para asumir la prestación de los servicios médicos públicos que han sido deliberadamente debilitados y deteriorados. Por estas y otras razones, varios sindicatos y gremios han bautizado a la Ley 117 como la "Ley de la Muerte" y se unificaron en el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO), conformado por 50 organizaciones, que ha liderado las protestas.

Dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) declinaron sumarse a las medidas de hecho y más bien optaron por el diálogo con el presidente Torrijos. Los más activos opositores a la reforma a la Seguridad Social han sido los maestros, los trabajadores de la construcción, los empleados de la salud y los estudiantes. Para conseguir sus propósitos han recurrido a las más variadas formas de lucha como la huelga general, las marchas, el cierre de calles y de carreteras. Los maestros suspendieron las actividades educativas desde el 26 de mayo, la misma medida adoptaron el sector de la construcción, la Universidad de Panamá y los empleados de la CSS.

El gobierno ha empleado la represión para contener la protesta sindical y gremial, procediendo a arrestar a decenas de manifestantes, o a disolver las concentraciones o movilizaciones, provocando decenas de heridos.

Para intentar apaciguar la protesta, el gobierno convocó a un diálogo nacional que durará tres meses para que se propongan cambios a la nueva ley que serían llevados a la Asamblea Nacional. Así mismo, el Presidente, luego de una reunión con representantes de la Conferencia Episcopal y el Comité Ecuménico, anunció que suspenderá la reglamentación de la Ley 17 que modificó el régimen de seguridad social.

Los anuncios oficiales convencieron a sectores empresariales que aceptaron concurrir a la mesa de diálogo, pero no al FRENADESSO que expresó que no participará en el mismo y se mantendrá en la calles hasta conseguir la derogatoria del nuevo régimen de seguridad social.

Publicado en América Latina en Movimiento # 397 (ALAI), p.8, 28-06-2005, Quito