En un nuevo informe publicado hoy, 7 de febrero de 2007, Amnistía Internacional pide al nuevo gobierno de México y al Congreso de la Unión que modernicen con urgencia el sistema de justicia y de seguridad pública de México de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

En el informe de Amnistía Internacional se analizan las graves deficiencias de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal mexicano –como la enorme diferencia que existe entre los principios jurídicos y la protección efectiva, las irregularidades de la detención preventiva, la presentación de cargos falsos contra activistas políticos y defensores de los derechos humanos y la ausencia del principio de “presunción de inocencia” en la Constitución mexicana–. También se examinan en el informe los efectos de estas deficiencias en los miembros más vulnerables de la comunidad, como las personas indígenas.

“Las deficiencias de los sistemas judicial y de seguridad pública hacen que la detención arbitraria, la tortura, los juicios injustos y la impunidad sean prácticas sistemáticas a nivel estatal y federal en todo el país –ha manifestado Esteban Beltrán, quien encabeza una delegación enviada por Amnistía Internacional a México–. Si la nueva administración no toma medidas efectivas, transmitirá el mensaje de que en México se toleran las violaciones de derechos humanos”.

El trabajo de investigación llevado a cabo por Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto que en diferentes partes de México se detiene a menudo a decenas de personas sobre la base de pruebas carentes o inexistentes y se les niegan derechos básicos, lo que da lugar a errores judiciales y destruye la confianza en el sistema de justicia y el Estado de derecho. Los mecanismos de rendición de cuentas son tan débiles, que, incluso en los pocos casos en que se realizan investigaciones oficiales sobre los abusos cometidos, raras veces se lleva a los responsables ante la justicia, lo cual fomenta una cultura de la impunidad.

El 9 de agosto de 2006, agentes de la policía estatal armados y vestidos de civil detuvieron a Germán Mendoza Nube, notable profesor y activista político, a la puerta de su casa, en la ciudad de Oaxaca. A pesar de que es parapléjico, lo metieron a empujones en un vehículo, deshaciéndose de su silla de ruedas y sus medicinas.

La detención de Mendoza se practicó en virtud de una orden dictada sobre la base de una investigación que los tribunales habían detenido anteriormente por falta de pruebas. La policía estatal afirmó también posteriormente que había sido detenido en posesión de armas, lo cual contradijeron diversas personas que habían sido testigos de la detención. Jamás se explicó a Mendoza por qué había sido detenido ni se le permitió llamar a su familia. Además, la falta de la debida atención médica le provocó hiperglicemia, por lo que tuvo que ser hospitalizado temporalmente. Al cabo de más de dos meses, las autoridades lo dejaron en libertad, pero su situación jurídica no ha quedado clara y se teme que puedan detenerlo en cualquier momento si regresa a Oaxaca.


Como muestra el informe de Amnistía Internacional, a la mayoría de los presuntos delincuentes se les niega la debida asistencia letrada en el momento de su reclusión, cuando más expuestos están a sufrir tortura e intimidación. Las autoridades hacen habitualmente caso omiso de las denuncias de maltrato bajo custodia o las desestiman.

En la mayoría de los casos son los miembros más pobres y más vulnerables de la sociedad los que sufren abusos bajo custodia y a los que se proporcionan también los abogados defensores con menos experiencia y más incompetentes. Según un censo realizado por el Instituto Federal de Defensoría Pública de México, en 2004 había sólo 82 abogados con la preparación necesaria para representar a los 13 millones de personas indígenas de México.

El 4 de mayo de 2006, Magdalena García Durán, indígena mazahua, fue detenida junto con unas 200 personas más en Atenco. Posteriormente dijo que la policía la había golpeado y le había negado el acceso a una defensa adecuada y a un intérprete. A pesar de haber ganado un amparo ante un tribunal federal demostrando que no se hallaba presente cuando se cometieron los delitos imputados, Magdalena fue acusada de nuevo por funcionarios estatales de secuestro contra la policía y de ataques a las vías públicas y todavía está encarcelada.

“La clave de una sociedad justa es un sistema de seguridad pública y de justicia penal fuerte, imparcial y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas, que proteja los derechos humanos de los acusados y de las víctimas por igual. Por lo que en las medidas que la nueva administración mexicana adopte en materia de seguridad pública se debe dar la máxima prioridad a la realización de importantes mejoras a nivel federal y estatal”, ha manifestado Esteban Beltrán.

Ver el informe completo en:

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410022007?open&of=ESL-MEX