La investigación de los casos más aberrantes de violaciones de los derechos humanos sigue estando en el centro de la atención y, por supuesto, los supuestos éticos y morales que están en juego son permanentes y no finalizarán cuando dejen de existir quienes protagonizaron directamente los hechos como livianamente manifestó un destacado líder político salteándose, nada menos, que los elementos anteriores, opinión que fue refrendada con una chanza por el ex dictador Gregorio Alvarez, que le aconsejó a Mujica (que lanzara la idea anterior), que fuera el primero en predicar con el ejemplo.

Como se ve una polémica sobre un tema profundo que está adoptando una capilaridad sorprendente, esa si, que no lleva a ningún lado máxime cuando existen pujos insólitos como los protagonizados por la ultraderecha que intenta “contrabandear” utilizando distintos vericuetos y debilidades del gobierno, un proyecto de ley inadmisible que firmado por el Presidente Vázquez y tres ministros fue enviado al Parlamento para su aprobación.

Un proyecto que más allá de intentar reparar con dinero a los familiares de las víctimas de la guerrilla y a algunas de los ciudadanos desaparecidos, lo que no le vemos ningún inconveniente, incursiona también en los considerandos de la iniciativa en tema ideológicos que, obviamente, es inadmisible que se hayan dejado pasar con la facilidad que lo hicieron, refrendando el presidente democrático y popular y tres ministros, militantes todos ellos de sectores de izquierda, la ideología de la derecha en torno a lo que fueron los acontecimientos de la época de plomo, en donde las fuerzas militares y policiales del Estado, en base a la Doctrina de la Seguridad Nacional, además de pisotear los mandatos institucionales, olvidando sus cometidos históricos, avasallaron las libertades y violentaron los derechos humanos a tal punto, que el torturar y asesinar, haciendo desaparecer los restos, fueron mecanismos operativos habituales que exhibieron. Claro, todos ellos, establecidos en la famosa Doctrina que orientó ese accionar tiránico.

El gobierno ha justificado el apoyo al proyecto que ya naufragó sin posibilidad de salvataje, en buscar los caminos para que los uruguayos llegáramos lo más pronto posible a proclamar “nunca más”. Una especie de mojón tras el cual es país unido buscaría, con una sociedad sin rencores, el camino del progreso. Sin embargo los tiempos del gobierno parecen ser simplemente una expresión de deseos, como querer forzar una situación, poniéndole fecha a lo que significaría un hecho trascendental de enorme trascendencia histórica para el país.

Esta es una certeza que se multiplica cada día, en cada ocasión en que se conocen nuevos detalles de lo ocurrido en el pasado. Por una vía u otra se siguen profundizando las investigaciones de los distintos hechos, lo que es indefectible e imparable y en ellas aparecen las declaraciones de quienes sufrieron las consecuencias de aquella bárbara represión y hoy han entregado a la justicia nuevas pistas que deberán ser investigadas por la magnitud de la trasgresión que significan.

Hace pocos días el diario LA REPUBLICA publicaba un trabajo de su periodista, Roger Rodríguez, afirmando que el ex dirigente del PVP y del sindicato de FUNSA, León Duarte, fue identificado en un campo de concentración clandestino, de los tantos que se utilizaban, este dependiente del Batallón No.13.

De confirmarse la información el destacado militante social, que se creía había sido asesinado en la Argentina, luego de su pasaje por “Automotores Orletti”, habría sido ultimado en nuestro país y sus restos, como los de tantos otros, no se han podido encontrar todavía.

Ese hecho determinaría más cosas, por ejemplo que Duarte habría sido trasladado a Uruguay en el llamado “segundo vuelo” junto, se supone, con la joven María Claudía García de Gelman que, luego de dar a luz aquí una niña, fue vilmente asesinada por los esbirros de la dictadura y su cuerpo también hecho desaparecer.

Toda es información que se sigue sumando al cúmulo de hechos que hacen a la historia más negra del país, la de la dictadura militar, en que el gobierno de facto – porque aquí no podemos señalar solo responsabilidades personales de quienes ejecutaron los asesinaros – determinó una política basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, que tuvo como parámetros operativos la tortura y el asesinato.

Esperemos que la justicia actúe a la altura de su cometido fundamental para el afianzamiento de la democracia, determinando hechos y sancionando a los responsables de las aberraciones.

Por supuesto que es mucho más difícil probar la responsabilidad intelectual de un hecho aberrante, pero realmente nos sentimos casi agraviados cuando asistimos al archivo de la causa del matrimonio Martírena-Giménez, ocurrido en 1972, asesinato que fue concretado en el marco de un gigantesco militar y policial, en el que no solo participaron Hugo Campos Hermida y Víctor Castiglioni, sino muchos otros uniformados con distinto grado de responsabilidad que, obviamente, se debiera desentrañar, para que la justicia imperara finalmente.

Martirena y su esposa seguramente no habían empuñado un arma en toda su vida, sin embargo por pertenecer a una organización política determinada, el MLN, fueron el objetivo de una furiosa acción de venganza en respuesta a atentados habidos por esas horas en contra miembros del llamado Escuadrón de la Muerte. Martirena fue acribillado cuando abría la puerta de su casa y su esposa asesinada, con un tiro en la boca y otro en los genitales, cuando se levantaba de la mesa donde estaba almorzando.

¿Cómo puede ser que hechos de esa magnitud se archiven? ¿Qué no se trate de profundizar la investigación, si algunos de los sicarios están muertos, pero no todos, y saber quienes dieron las órdenes que determinaron esa barbarie atroz?

Podríamos seguir enumerando hechos, como el ocurrido en la seccional 20 del Partido Comunista, donde fueron también asesinados ocho trabajadores, en una acción incomprensible, que mostró un odio insólito producto de parámetros políticos alejados totalmente de la vida en sociedad. Por estos días se cumplió otro aniversario de aquella jornada luctuosa, en que los terroristas de Estado se sintieron, en un marco de impunidad, dueños de la vida y de la muerte de los uruguayos y quizás quedaron satisfechos por el asesinato, todavía impune, de ocho trabajadores desarmados, acción tras la cual se tejieron tontas e ineficientes acciones propagandistas que decían que los muertos respondieron el fuego de los militares provocando la muerte de uno de ellos, cuando todo el mundo sabe, que esa víctima fue el resultado del fuego cruzado de las fuerzas represivas que en su afán de matar ni siquiera fueron capaces de ordenar las filas para no cometer errores.

Hay más ejemplos, decenas, en que la actuación de los militares tiene el mismo corte vengativo, ese odio insólito cuyas raíces deberían analizarse a fondo, porque poseían aspectos de absoluta irracionalidad. ¿Qué podía impulsar a Gavazzo a transgredir todas las convenciones del relacionamiento humano en las salas de tortura, como han probado quienes han testimoniado en contra el militar que hoy está detenido esperando su extradición a la Argentina? ¿Cómo es posible que las diferencias políticas lleven al odio y a desatar mecanismos maquiavélicos de tortura cuyo único fin eran asistir a la desesperación impotente de la victima desgarrada, flagelada o quemada? ¿Qué podía pasar por la cabeza de quién ordenó el asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman, una muchacha de 21 años, que acababa de parir una niña?

Por supuesto, eso debemos reconocerlo, es loable que el gobierno trabaje para arribar a una situación en que la sociedad pueda mirar el pasado y, en conjunto, decir “nunca más”. Pero para que ello ocurra todavía tendrá que seguir avanzando la justicia, porque nos parece que los tiempos históricos no están dados.

Sin que esta impere la justicia y se sepa la verdad de todo lo ocurrido, la meta buscada se alejará cada vez más en el tiempo, hayan desaparecido o no los protagonistas principales de los hechos.

Nos parece bien claro.