El camino hacia la verdad, plagado de obstáculos, se sigue recorriendo sin que el encubrimiento, la mentira y la conjura pueda evitar que a la corta o a la larga se terminen de descorrer todos los velos que todavía encubren el horror uruguayo. Sin embargo falta mucho y el plazo en que se quiere forzar la declaración o punto final de “nunca más” es demasiado estrecho para que, en realidad, se convierta en el resultado real de un sentimiento que cale hondo en toda la sociedad.

Hace algunos días fue el ex comandante del Ejército, Carlos Díaz, quién sepultó la estrategia de la “amnesia de los genocidas”, declarando ante el juez, Luis Charles y la fiscal, Mirtha Guianze, que está en su conocimiento, en base a testimonios provenientes de “fuentes militares” que le confirmaron el hecho de que el 5 de octubre de 1976 se realizó el llamado traslado de prisioneros políticos uruguayos desde Buenos Aires a Montevideo en el llamado “segundo vuelo de la muerte”.

Quedaron por el camino las vergonzosas excusas de el ex comandante de la Fuerza Aérea, José Pedro Malaquin, y de otros sindicados como participantes del operativo cómplice, obviamente corresponsables, de una masacre masiva, de haber olvidado lo ocurrido en ese día.

Díaz, el dignísimo militar que fuera destituido de su cargo por haberse reunido con el ex presidente, Julio María Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, sin autorización del Poder Ejecutivo, es un tema todavía a dilucidar en toda su magnitud, afirmó también que las mismas "fuentes militares" le informaron que todos los prisioneros políticos trasladados en ese vuelo fueron ejecutados en Uruguay, luego de pasar por un centro clandestino de detención, pero no pudo establecer el paradero de los restos.

Estas declaraciones de Díaz son coincidentes con investigaciones periodísticas, como las efectuadas por, Roger Rodríguez, que identifican como miembros del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), todos ellos integrantes del grupo de “desaparecidos”, entre los que habría estado el integrante del sindicato de FUNSA, León Duarte, cuya presencia fue detectada en una dependencia del fatídico Batallón 13, lugar que tuvo a su cargo algunos campos clandestinos de confinamiento y, ahora sabemos que también, de exterminio.

También habría sido traída a Uruguay en ese vuelo la nuera del poeta, Juan Gelman, que aquí luego de dar a luz una niña fue asesinada por los sicarios del régimen militar en una acción incalificable y que exige, por su gravedad, un esclarecimiento total. Una sociedad no puede manejar el concepto del perdón, del “nunca más”, cuando persisten sin respuestas, lacerantes en la memoria colectiva, hechos de esa gravedad que junto a otros, quizás con menos difusión mediática, integran una historia del horror que no son el resultado ficticio de la elucubración creadora de algún autor de ficción, sino simplemente el relato atroz de lo ocurrido en el país, por aquellos tiempos, generalmente en esta ciudad capital, a manos de funcionarios del Estado que decían estar defendiendo occidente democrático y cristiano.

Como no valorar y aquilatar entonces las actitudes como las del teniente general Díaz de quebrar nuevos cercos de la conspiración antidemocrática que, por supuesto, trascienden el ámbito de los nostálgicos castrenses, y se entronca en sectores civiles que supieron muy bien lo que se hizo en este país y que siempre trataron, de mil maneras, de mantener el “statu quo” tratando de no remover nada de lo ocurrido en esa época oprobiosa que todos debemos tener siempre presente en el recuerdo para que el “nunca más” sea una realidad, no una fría expresión de deseos.

La Justicia tiene en sus manos toda una temática que es esencial para el desarrollo armónico de la sociedad uruguaya, que no tendrá solución alguna con ingenuas invocaciones a la “unidad”, a la “hermandad” o al “perdón” y menos, con reparaciones económicas que colocan en un mismo pie de igualdad a las víctimas y a los victimarios, a las organizaciones sociales y políticas, a sus militantes que pagaron con muerte, desapariciones, tortura, cárcel y exilio sus acciones o dogmas, y a los agentes representantes de un Estado que aplicó como método operativo el terrorismo, agentes que actuaban en contra de otros uruguayos que, de alguna manera eran quienes contribuían en base a los aportes sociales e impuestos, a pagarles sus salarios.

Y ello, pese a que alguna encuesta de dudosa veracidad haya determinado que la mayoría de los compatriotas encuestados están de acuerdo con el proyecto de reparación económica a los familiares de las víctimas, dejando todo lo ocurrido en el país pendiente, sin que en definitiva se sepa la verdad y se haga justicia. Primero, porque los problemas éticos no se resuelven con encuestas que, en el caso de este encuestador tienen en los últimos tiempos un perfil claramente oficialista, sino por el camino de la justicia. ¿Hay otro idóneo en democracia? Segundo, porque las investigaciones sobre hechos enormes de gravísima significación, que deben esclarecer asesinatos y desapariciones, están todavía en trámite, muchas de ellos sin haber logrado todavía vencer el silencio de quienes quieren perpetuar la impunidad de los responsables. ¿En ese marco es posible llegar al “nunca más”?

Por supuesto que las familias de las víctimas de un lado o de otro no pueden ser responsabilizadas y sabemos muy bien que el dolor no tiene cintillo político, ni pasado oprobioso, Sin embargo el análisis de la norma debe determinar diferencias entre víctimas y victimarios, además de discernir con claridad si corresponden reparaciones en todos los casos, porque de mantenerse los criterios manejados en el proyecto García Pintos los casos similares podrían ampliarse de manera exponencial.

Nos parece que el camino más sano es el de dejar decantar la realidad, estar atentos a los logros de la Justicia y cuando se descorra el último velo (si alguna vez se llega a él), comencemos a hablar de las reparaciones a las víctimas inocentes de toda aquella inconducente violencia.

El gobierno uruguayo estuvo más de dos décadas para instrumentar una solución para quienes vivieron en carne propia las consecuencias de la dictadura, sufriendo cárcel, exilio o persecuciones. También esta “solución” que, por supuesto les llegó tarde a centenares de víctimas de lo ocurrido en aquellos períodos y que, actualmente, se sigue otorgando con una sorprendente morosidad burocrática, fue el resultado de un proceso tan trabajoso (diríamos tortuoso), que sorprende la celeridad que algunos tratan de asignarle a esta reparación, que tiene tan enormes e inaceptables injusticias, como la de atender los casos de quienes fueron miembros del Movimiento Caza Tupamaros (Escuadrón de la Muerte), olvidando a los familiares de otras personas, masacradas, como el escribano Martirena y su esposa o de los ocho militantes comunistas asesinados frente a la sede partidaria en el Paso del Molino.

- Carlos Santiago es periodista.