Los panameños/as concurrirán el próximo mes de noviembre a una consulta popular para decidir sobre la ampliación del Canal de Panamá que fue construido por Estados Unidos en 1914 y pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999 gracias a los Acuerdos Torrijos-Carter.

La propuesta de la Autoridad del Canal (ACP) y de la Asamblea Legislativa de ampliar el canal mediante la construcción de un tercer juego de exclusas ha provocado una viva polémica en el país.

A un costo de más de 6.000 millones de dólares, la ampliación del Canal de Panamá está concebida para que transiten los 298 barcos denominados Post Panamax que existen en el mundo y cuyos beneficiarios directos serían las grandes alianzas navieras, el gobierno de EE.UU. y un grupo de grandes empresas contratistas y bancos locales.

El proyecto de ampliación generaría un enorme endeudamiento externo a la vez que favorecería a poderosos grupos económicos y corporaciones transnacionales que recibirían millonarios contratos y subcontratos para el movimiento de tierras, nada menos que 133 millones de metros cúbicos (solo 72 millones de m3 menos de lo que se necesitaron para la construir el canal original), lo que significaría prácticamente la construcción de un nuevo canal. Más aún, la ampliación estaría enmarcada en los intereses geopolíticos de Estados Unidos que tendría la posibilidad de mover rápidamente sus enormes portaviones y buques de guerra de un océano a otro.

Aunque el presidente Martín Torrijos lo niega, las comunidades campesinas se encuentran preocupadas pues la construcción de embalses artificiales provocaría graves impactos ambientales y su posible desalojo.

Simultáneamente, algunos miembros de la Autoridad del Canal , que es el órgano ejecutivo, promueven la idea de una licitación internacional para la construcción y operación privada de un megapuerto en el sitio Farfán Palo Seco, a la entrada pacífica del Canal, denominado Puerto de las Américas, elemento integral del Programa de Modernización del Canal.

Los pormenores y reales alcances del proyecto de ampliación del Canal aún son un misterio. “Los costos reales, las implicaciones ecológicas, las repercusiones sociales, la afectación a nuestro patrimonio cultural y arqueológico son aún desconocidos por la población ante el secretismo y el silencio que la ACP y los gobernantes siguen guardando desde hace años”, señala en un comunicado el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) que exige que se den a conocer a la ciudadanía todo el proyecto y en particular el “Documento confidencial de la Autoridad del Canal de Panamá” del 12 de agosto de 2004.

Alternativas

Pero no todo es crítica a este megaproyecto. También hay propuestas alternativas. Una de ellas ha sido concebida por un grupo de 5 expertos encabezado por el ex Presidente de la República, Jorge E. Illueca e integrado por Fernando Manfredo Jr., Julio Manduley, George Richa M. y Enrique Illueca. Ellos dieron a conocer el documento “Acerca de Nuestro Canal y Nuestro Megapuerto. Los Usos Alternativos del Excedente Canalero” con el que buscan promover “el debate a fondo sobre la realización de un gran proyecto nacional” y una “más adecuada utilización del Excedente Canalero en beneficio de las mayorías nacionales”.

En los últimos 10 años, el Excedente Canalero, fruto de la privilegiada posición geográfica del país, ha permitido realizar inversiones para la modernización de la vía marítima del orden de los 1300 millones de balboas y ha aportado otros 2.139 al Tesoro Nacional.

El mencionado grupo de expertos propone cumplir rigurosamente la obligación de invertir 1.149 millones de balboas en el mantenimiento y funcionamiento del canal hasta el año 2025 y otros 676 millones en “el mejoramiento y modernización del canal actual hasta el 2025.

Sin necesidad de ampliar el Canal, el Excedente Canalero, estimado en 4.000 millones de dólares, podría ser “empleado para construir un megapuerto, propiedad del Estado (y no de transnacionales navieras como tiene previsto y anunciado hasta ahora el Gobierno) y realizar acciones que permitan crear más de 175,000 empleos permanentes, atender las urgencias de educación, salud, seguridad ciudadana y, por si fuera poco, potenciar la demanda interna de las empresas panameñas, postergadas por el aperturismo al ultranza que el Presidente Pérez Balladares (PRD) y el Presidente Martín Torrijos (PRD) impulsan bajo las normas del catecismo neoliberal más ortodoxo” , señalan los expertos. Ellos proponen, por último, invertir parte del Excedente Canalero en obras y servicios sociales como la construcción de 100 escuelas, 20 colegios, reparación de 400 escuelas y 50 colegios, creación de 600 puestos para maestros y 700 profesores, computadoras para todas las aulas, 80 acueductos rurales, 100 sistemas de riego rural, 5000 créditos a microempresarios, 10 centros de salud, puestos para 50 médicos y 100 enfermeras. (ET)