A los 14 años una adolescente en Chile que comete un delito tiene lo que se llama en nuestras leyes “discernimiento” para ser sometida a los tribunales y es juzgada a penas que pueden llegar hasta los 10 años de presidio, pero no tiene la facultad de decidir sobre su cuerpo y terminar con un embarazo no deseado. El doble estándar chileno no es nuevo, y se aplica a todos los temas de debate nacional.

En el contexto de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, el año pasado se hizo un anuncio que vino a remecer a los sectores más retrógrados de la sociedad, que son siempre los mismos: la derecha, la Iglesia Católica y algunos militantes connotados de la Coalición de Gobierno vinculados a la Democracia Cristiana. La información tenía relación con la distribución a todas las mujeres que lo requirieran de la famosa “píldora del día después”, como una medida sanitaria para hacer frente a los embarazos no deseados. La noticia fue dada a conocer por el entonces subsecretario de Salud, Antonio Infante.

Las repercusiones tuvieron la connotación de “terremoto político”. Primero fue desmentido por el propio Ministro de Salud; al día siguiente, el presidente de la República en persona, reconocía que había sido un error, el hecho le costó el puesto al subsecretario de Salud, quien tuvo que renunciar a su cargo

Después de dimes y diretes, de centrar el debate en consideraciones valóricas, éticas y políticas y soslayar el tema como un problema de salud pública, se llegó a un punto intermedio, repartir la píldora a todas las mujeres que previamente demostraran que habían sido violadas y que la solicitaran formalmente en los centros de salud públicos.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, se invirtieron $70 millones en la compra de 35 mil cajas del remedio, y desde mayo del 2004 hasta la fecha se ha entregado sólo el 2,8% de las cajas, que equivalen a cerca de mil. En el 2005, solo se distribuyeron 400 cajas.

El “terremoto político” nuevamente apareció en el debate nacional, cuando hace unas semanas, la ministra de Salud María Soledad Barría, anunció que ahora sí la píldora sería distribuida en forma universal en los establecimientos públicos de salud para quien la solicite y que se estaba diseñando un estrategia para que los municipios distribuyeran el fármaco, agregando que “está claro que hay una tremenda inequidad, porque en los establecimientos públicos de salud se entrega sólo para casos de violación, mientras que quienes tienen recursos pueden ir a un médico, les da una receta y compran la píldora, que es cara. Y fíjese que las tasas de embarazo adolescente en comunas ricas y pobres son totalmente distintas".

Sus palabras motivaron una nueva ola de declaraciones de los “defensores de la moral, la ética y las buenas costumbres en Chile”, que reaccionaron indignados frente al hecho de que jóvenes mayores de 14 años pudieran acceder, sin el consentimiento de sus padres, a esta píldora que terminaba con un embarazo no deseado.

Algunos datos para el análisis, en Chile. En los sectores más ricos, de las mujeres que tienen hijos, el 1% tiene menos de 18 años. En comunas más pobres, en cambio, es del 18 ó el 20%. Estas jóvenes ven cercenadas sus posibilidades de educación, deben trabajar en empleos mal remunerados porque precozmente tienen niños/as de embarazos no deseados. En las comunas ricas, el número de cajas que se venden de “la píldora del día después” es del rango del centenar y en cambio en las otras, alcanzan apenas a decenas.

Las argumentaciones de la derecha

La inequidad social es una de las consideraciones y de los argumentos del gobierno de Michelle Bachelet para implementar la distribución universal de la píldora, sin embargo, la contra argumentación nos remonta a los tiempos de la Inquisición. Según las encuestas el 68% de la población aprueba esta medida del Gobierno, sin embargo nuestros/as líderes de opinión oficiales vinculados a la derecha y a la Iglesia Católica previenen sobre los costos éticos y de salud que esta medida puede traer a nuestras adolescentes.

Una de estas argumentaciones es que una “niña” de 14 años no está en condiciones de discernir, para tomar una decisión tan importante como es el término de un embarazo, sin el consentimiento de sus padres, pero en contraposición el poder legislativo, los mismos parlamentarios que hoy se rasgan las vestiduras por el tema de la píldora, aprobaron recientemente la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que entrará a regir a partir del próximo año, y que básicamente le otorga discernimiento penal a los y las jóvenes mayores de 14 años. Ley que fue aprobada en el contexto de un debate para endurecer las medidas policiales y generar un mayor control represivo que le dé “estabilidad social al país”.

La “píldora del día después” produce cáncer, aclaraba una connotada Alcaldesa de derecha por televisión, sin que ningún músculo de su cara denotara su indignación por quienes pretendían entronizar, a su juicio, la cultura de la muerte. Alzaba en su mano, un documento de científico que avalaban sus declaraciones, anunciando recursos y tramas legales para frenar la distribución de la píldora, por el bien de todos.

La defensa de la vida, la defensa de la familia, son los argumentos levantados cada vez que se habla de métodos anticonceptivos, la defensa de “pobres niñas que no saben lo que hacen” y por último, cuando ya se agotan hablando de las repercusiones morales, recurren al terror del cáncer. En sus estudios científicos se echa de menos, la cantidad de adolescentes y mujeres que mueren al acudir a siniestras manos que las hacen abortar. No muestran los índices de adolescentes que se embarazan antes de los 18 años, por no haber tenido los recursos ni la educación sexual debida para prevenir este hecho que les cambia la vida para siempre.

En el centro del debate tampoco está presente el hecho de que en tanto mujeres, nuestro cuerpo nos pertenece, que esa imagen de la niña virgen entrando a la Iglesia del brazo del padre, para ser entregada a otro hombre, que regirá nuestra vida futura, es parte del pasado. Que las mujeres tenemos siglos de estar luchando para obtener nuestros derechos dentro de la vida pública y privada, y que por último, los tribunales no son “nuestros señores” que pueden arrogarse el derecho de tomar decisiones tan trascendentales que afectan nuestra vida en lo personal.