Los tratados de libre comercio están reñidos con la democracia. No solo que los gobernantes ignoran la opinión ciudadana y se niegan a someterlos al veredicto popular sino que los imponen a sangre y fuego, contando con el beneplácito de las élites y la potencia imperial del norte.

Esto es lo que viene aconteciendo en Centroamérica. Pese a todas las advertencias de que el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) traerá graves consecuencias para los países centroamericanos, especialmente en el sector agrícola, los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua a finales del 2003 aprobaron el acuerdo con Estados Unidos. Costa Rica, pese a sus resquemores iniciales, se sumó al mismo a finales de enero del 2004. Los pronunciamientos y las movilizaciones de los pueblos fueron insuficientes para impedir que avanzara este nuevo proyecto de recolonización.

Quedaba, sin embargo, la esperanza de que los parlamentos de los países involucrados se negaran a ratificar el TLC no solo por motivos de dignidad nacional sino porque, se supone, estos son los depositarios de la voluntad popular y que, por lo tanto, se harían eco de las múltiples voces que se oponían, manteniéndose al margen de los intereses norteamericanos y de las corporaciones transnacionales que serán los mayores beneficiarios de dicho tratado.

Se inició, entonces, costosas campañas oficiales de propaganda a favor de la ratificación del TLC, cuyo eje central era inculcar el miedo colectivo a la población. “O se ratifica todo el paquete del acuerdo o nos quedamos aislados, sin acceso a mercados de exportación, además de que las maquilas cerrarán y se pondrá en peligro el envío de las remesas de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos”, decían los mensajes de las cámaras empresariales, los grandes medios y los gobiernos.

Junto a esta campaña de manipulación, se pusieron de manifiesto las presiones de Estados Unidos y sus transnacionales, las cuales habrían invertido algunos millones para la ratificación del CAFTA. Esto tiene sus explicaciones. Al no haberse firmado el ALCA, cuya puesta en vigencia estaba prevista para comienzos del 2005, por la oposición de los pueblos latinoamericanos, resulta vital para Estados Unidos consolidar, a través de los tratados bilaterales, un bloque de países con gobiernos serviles y funcionales tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista económico y comercial.

Estados Unidos necesita un “megamercado para resolver el problema de su gigantesco déficit comercial y para exportar sus enormes excedentes agrícolas subsidiados y su producción industrial no competitiva. Lo necesita también para incrementar el proceso de remisión desde el exterior de utilidades, pagos de royalty y capitales, proceso que sostiene la economía estadounidense. Lo necesita para facilitar a sus transnacionales la apropiación de recursos estratégicos indispensables para aumentar su competitividad según los nuevos patrones tecnológicos: biodiversidad, recursos acuíferos, petróleo, gas, minerales, fuentes energéticas y espacios geoestratégicos, que les permite disminuir costos”, sostiene el académico nicaragüense Amaru Barahona (Revista Envío, Nº 270, septiembre 2004)

Sin dar la cara

Uno a uno, los parlamentos de la subregión, con excepción de Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, han ido ratificando el CAFTA, utilizando los viejos métodos de la politiquería tradicional. En El Salvador, 49 diputados de la mayoría de derecha compuesta por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PCN), en la madrugada del 17 de diciembre de 2004, ratificó el CAFTA, aunque 35 parlamentarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Centro Democrático Unido (CDU) votaron en contra. A escondidas de la gente, en una hora en que todos dormían, la Asamblea Nacional dio luz verde a este tratado sin que el pleno haya leído una sola línea de las 2500 páginas plagadas de tecnicismos y sin que se haya detenido a analizar las consecuencias de su decisión.

Posteriormente le tocó el turno a Honduras. Confiados en que contaban con una amplia mayoría, los diputados pro-CAFTA lo ratificaron el 3 de marzo del 2005 a plena luz del día pero con engaños y en medio de una gran oposición ciudadana. El Presidente del Congreso, Porfirio Lobo Sosa, había prometido a las organizaciones sociales que previo a someter a discusión el tratado al pleno del Congreso se realizaría una reunión el 8 de marzo para que expusieron sus puntos de vista. Grande fue la sorpresa, cuando cinco días antes puso a discusión la ratificación del CAFTA. Enterados, sin embargo, los trabajadores del sector público coparon la sede del parlamento y los diputados no dieron la cara y tuvieron que escapar apresuradamente.

Mientras las élites hondureñas consideraron que la reconformación del tratado “permitiría mandar un mensaje positivo a los inversionistas”, las organizaciones populares e indígenas denunciaron que el CAFTA significará “la muerte de la agricultura hondureña ya que en la competencia saldrán ganando los productores estadounidenses que gozan del subsidio del gobierno norteamericano”. Además de ello, provocará “la quiebra de la micro, pequeña y mediana empresa que va a ser aniquilada por la entrada de productos gringos al país”.

Guatemala: TLC se tiñe de rojo

Siete días después de Honduras, Guatemala se subió al tren de los países recolonizados. El Congreso, luego de desechar una propuesta de las organizaciones sociales de que se realice una consulta popular, ratificó CAFTA por 126 votos a favor y 12 en contra. Algunos legisladores denunciaron que hubo fuertes presiones de la Embajada de Estados Unidos, en tanto que el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP) denunció las “sucias negociaciones que realizaron los caciques de los partidos políticos Álvaro Colom Caballeros, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Efraín Ríos Montt, del Frente Republicado Guatemalteco (FRG), de votar a favor del Tratado de Libre Comercio a cambio de no ser perseguidos por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, el primero por recibir recursos financieros del gobierno del FRG para su recién pasada campaña electoral, y el segundo, por las masacres, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas realizadas durante su jefatura de gobierno en los años 80s”.

Antes, durante y luego de la ratificación del CAFTA se llevaron a cabo masivas manifestaciones y bloqueos de carreteras en todo el país que fueron reprimidos violentamente por policías y militares que procedieron a apresar y golpear a decenas de personas. Durante uno de los bloqueos, en el sector de Huehuetenango, fue asesinado Juan López. Mientras el presidente de la República, Oscar Berger, atacaba verbalmente a los dirigentes populares, la fiscalía ordenó la detención de veinte de ellos. Todo este clima de violencia, hizo recordar la etapa obscura de las década de los ochenta y noventa en donde opositores y comunidades enteras fueron arrasados y desaparecidos de la faz de la Tierra por represores que continúan en la impunidad y hoy son los más fervientes defensores del TLC con Estados Unidos.

Un argumento varias repetido por los políticos y tecnócratas que negocian los acuerdos de “libre comercio” es que con ellos ganamos todos. ¿Qué ganarán los campesinos nicaragüenses u hondureños que obtienen ingresos anuales de 400 dólares frente a los agricultores de Estados Unidos que reciben 20.000 dólares por año? ¿Qué ganarán los pequeños empresarios incapaces de competir frente a los productores altamente tecnificados de Estados Unidos? ¿Qué ganarán nuestros países despojados de su soberanía e incapaces de desarrollar políticas económicas propias? No nos engañemos. Los ganadores serán las transnacionales e inversionistas extranjeros y sus intermediarios nacionales. Ya lo dijo Tomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos:  el CAFTA “ mejora el acceso a mercado para los productos agrícolas y manufacturados de Estados Unidos, mejora  la protección intelectual y los derechos de los inversionistas, abre los mercados de servicios y hace más transparente el proceso de adquisiciones gubernamentales” (La Jornada 28-05-2004)

Acuerdos de “libre comercio” que no resuelven la pobreza y profundizan las desigualdades sociales solo pueden ser impuestos desde las alturas del poder mediante la fuerza, el autoritarismo y la corrupción. De eso puede dar fe el General Augusto Pinochet, el mentalizador del modelo chileno.

Publicado en América Latina en Movimiento (ALAI), 394, 22-03-2005