Japón está utilizando cada vez más los tratados de libre comercio (TLC) para reforzar el control empresarial sobre las semillas y otras formas de diversidad biológica que son cruciales para la alimentación, la agricultura y la medicina. Dos de esos tratados, concretados este mes con los gobiernos de Chile e Indonesia, pusieron a Japón en la gran liga de las naciones que utilizan los tratados bilaterales de comercio para convertir en cosa del pasado la práctica de guardar la semilla en la finca rural.

En años recientes, el gobierno japonés recurre más y más a los tratados de libre comercio para optimizar las oportunidades comerciales para las empresas japonesas y proteger los intereses del país en materia de alimentación y seguridad energética, en especial en la región Asia-Pacífico (ver Cuadro 1). La privatización de la diversidad biológica es parte de su agenda.

A través de sus TLC, que se fraguan en negociaciones a puertas cerradas, el gobierno japonés ha estado persuadiendo a otros países a que cambien sus leyes de manera de ofrecer a las empresas mayor libertad de acción y mayor control sobre sus activos. Una de las tácticas a la que Japón recurre cada vez más es la de presionar a sus socios comerciales para que acepten el patentamiento de formas de vida y endurezcan las leyes que permiten a las empresas reclamar la propiedad sobre las semillas, forzando así a los agricultores a pagar regalías. En la medida que Japón ya tiene mala fama de “biopiratería”, como en los famosos casos de Shiseido y del cupuaçú, no causa sorpresa la intención del gobierno de allanar el camino a las empresas biotecnológicas para asegurarles derechos legales sobre la diversidad biológica en el exterior. [1]

Resulta evidente que Japón ha estado redoblando sus demandas. En sus primeros TLC, firmados con Singapur (2002) y México (2004), Japón ni siquiera tocó la cuestión de los derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida. Pero poco después, en los TLC negociados con Malasia y Filipinas, el tema comenzó a colarse en la mesa de negociaciones. En el caso de Malasia, que concretó un tratado con Japón a fines de 2005, Tokio intentó que el gobierno se comprometiera con el sistema de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), pero los malayos dijeron que no. [2] De hecho, y para frenar la gran arremetida del TLC que le da a los inversionistas japoneses igualdad de derechos para explotar los recursos de Malasia, este país insertó una cláusula  que evita la injerencia de Japón en la formulación de las políticas en materia de diversidad biológica. [3] Pero al mismo tiempo el gobierno aceptó cierta redacción abstracta acerca de proteger los derechos monopólicos privados “de una manera compatible con el sistema armonizado internacionalmente”. En la práctica, esto significa la injerencia de la UPOV. Solo que el texto no lo dice así. [4]

En el caso de Filipinas, un comité conjunto había recomendado en 2003 la posibilidad de realizar un TLC entre Japón y Filipinas. Los japoneses dijeron que ese acuerdo promovería los derechos de los obtentores vegetales. Los filipinos dijeron que promovería los derechos de los agricultores. Japón respondió que cualquier tipo de derecho que tuvieran los agricultores debería ser compatible con la UPOV.

A fin de cuentas, el acuerdo que firmaron en septiembre de 2006 dice muy poco acerca de esto. [5] Sólo refiere que Manila debe comprometerse a ofrecer algún tipo de sistema de derechos sobre variedades vegetales y a extenderlo a la mayor cantidad de especies posible, teniendo en cuenta los intereses comerciales de Japón. No causa demasiado perjuicio pero tampoco es inocuo.

Abrirle las puertas a la UPOV

Todo esto cambió en 2007. Ahora Japón está arrastrando explícitamente a los países en desarrollo a la UPOV, con las garras que le otorgan los TLC, e incluso trata de cambiar el alcance de las leyes de patentes de otros países para que las empresas japonesas tengan derechos más sólidos sobre la diversidad biológica.

A principios de este año, la decisión del gobierno militar de Tailandia de firmar un TLC con Japón provocó un encendido debate público. [6] El acuerdo entre ambos países había sido negociado durante el régimen Thaksin, pero cuando los militares dieron un golpe de Estado en septiembre de 2006, todas las negociaciones con Tailandia en torno a tratados de comercio se detuvieron, en gran medida porque ningún gobierno quería exponerse a parecer que aceptaba el régimen militar.

Sin embargo, debido a las presiones de las empresas japonesas —a través de su Cámara de Comercio— y probablemente para demostrar que la ley marcial en realidad no era tan mala, los militares tailandeses optaron por retomar lo que había dejado Thaksin y firmar ellos mismos el tratado japonés. Al principio la opinión pública se manifestó en contra de los numerosos aspectos del tratado, pero al final la controversia se centró en dos cuestiones centrales, una de las cuales era el patentamiento de microorganismos. El tratado establece que Tailandia no estará autorizada a rechazar solicitudes de patente tan sólo porque impliquen un microorganismo que esté “presente naturalmente”. [7] En un mundo en el cual la soberanía nacional sobre los recursos biológicos está consagrada por el derecho internacional y donde Japón ha sido acusado en varias ocasiones de “biopiratería”, esta disposición molestó a varios grupos tailandeses, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos. A pesar de eso, los generales se mantuvieron inamovibles. Además, con el TLC firmado a principios de abril, ellos comprometieron a Tailandia a cumplir las “normas internacionales” de protección de variedades vegetales. Una vez más esto es hablar en código de la UPOV, aun cuando la ley de protección de variedades vegetales de Tailandia no cumple la normativa de la UPOV.

Pocos meses después, a mediados de agosto de 2007, la presidenta chilena Bachelet firmó un TLC similar con Japón. Se trató del primer tratado de libre comercio japonés que específicamente impuso la UPOV a su socio comercial. Si bien Chile ha sido miembro de la UPOV desde 1996, este TLC compromete al gobierno a llevar su ley nacional de variedades vegetales a los niveles de la UPOV-1991, la última versión del Convenio.  La UPOV-1991 no permite a los agricultores guardar e intercambiar semillas cosechadas de plantas que estén sujetas a la protección de variedades vegetales. Si bien es cierto que Chile ha firmado acuerdos similares con los Estados Unidos y la Asociación Europea de Libre Comercio, ésta es la primera vez que Japón ha conseguido imponer a otro país el ingreso al sistema de la UPOV, que atenta contra los agricultores y la práctica de guardar semillas. [8]

Antes de que la tinta del tratado con Chile llegara a secarse, el primer ministro japonés Abe y el presidente de Indonesia Yudhoyono, firmaron conjuntamente su propio TLC bilateral en Yakarta. Ahora Indonesia, al igual que Chile, ha acordado cumplir con la UPOV y hacer los máximos esfuerzos por adherir a la Unión. De ocurrir esto, 165 millones de agricultores indonesios se verán cada vez más obligados a comprar sus semillas —que es, por supuesto, de lo que se trata. La privatización de la diversidad biológica mediante esos TLC, con sus rígidas normas en materia de propiedad intelectual, implica convertir en clientes cautivos de una oferta de semillas controlada por las empresas a la mayor cantidad de agricultores posible. Peor aún, las contravenciones —tales como compartir, sin licencia, semillas que fueron guardadas o seleccionadas a partir de variedades “protegidas”, es causa de procesamiento penal.

La visión general

Estados Unidos y Europa ya no son más los únicos “chicos malos” que empujan a los agricultores a un nuevo escenario sombrío donde gigantescas empresas controlan las semillas, donde hay que pagar perpetuas regalías y la autonomía y la cultura rurales quedan sepultadas. [9] Japón, país sede de uno de los primeros diez conglomerados de semillas del mundo, se ha sumado a la liga (ver Cuadro 2). El gobierno de Abe está en un frenesí por firmar más TLCs en los próximos meses: con India, Vietnam y la asean en su conjunto. Como ya se sentaron antecedentes en Yakarta y Santiago, lo que cabe esperar es que los japoneses presionen a esos países para sumarlos a la UPOV. 

Con todo, esto no se refiere solamente a los intereses japoneses. El antiguo orden mundial en el cual “el Norte” es el villano y “el Sur” es la víctima, apenas si tiene sentido ahora. Incluso cada vez resulta más imposible distinguir entre los intereses del Estado y los de las empresas en todos estos tejes y manejes. Los barones de las plantaciones de Malasia, como Sime Darby, o grupos tailandeses de rápida expansión, como Charoen Pokphand (CP), seguramente no lloraban por los TLC de sus gobiernos con Japón.

Como expresó Witoon Lianchamroon, director de Biothai: “Es claro que CP necesita el sistema UPOV, igual que Japón. cp intentó imponer la UPOV durantes años antes que comenzaran las negociaciones del jtepa (siglas en inglés del Acuerdo de Asociación Económica Japón-Tailandia). Incluso tuvimos dificultades con los negociadores del jtepa porque a menudo preferían utilizar la posición de cp más que la de los agricultores tailandeses”. [10] En Indonesia, compañías como pt Fitotek y East West Seed han estado presionando desde hace largo tiempo al gobierno para adoptar leyes monopólicas fuertes sobre los vegetales, similares a la UPOV. [11] Al igual que otras empresas transnacionales de Asia y América Latina, ellas también ganan mucho con privatizar la diversidad biológica mediante esos acuerdos comerciales. Después de todo, en el mundo cerca de 70 por ciento de los agricultores todavía guarda sus semillas año tras año. Eso representa mucha gente que es necesario convertir en clientes que paguen.

La soga de la propiedad intelectual apretada en torno a las semillas, las plantas medicinales, los microorganismos e incluso los saberes tradicionales, no hará sino impulsar las ganancias de grandes empresas que controlan el comercio mundial de productos básicos. No son los agricultores quienes deben ser criminalizados por guardar las semillas, sino esas empresas por forzar la aplicación de leyes tan terribles.

Referencias

1. A fines de la década de 1990, la transnacional japonesa de cosméticos Shiseido presentó solicitudes de patentes europeas sobre once compuestos diferentes de plantas medicinales tradicionales indonesias o Jamu. Después de fuertes protestas de grupos indonesios, como BioTani Foundation/pan Indonesia, Shiseido retiró las patentes en el año 2002. Ver http://www.evb.ch/cm_data/BioTani_EN_edited_.pdf y http://www.biotani.org/BioTaniPAN_Indonesia2005.htm. Para obtener información del caso del cupuaçú, una fruta de la Amazonía patentada por la compañía de alimentos asahi Foods Company Ltd, con sede en Kyoto, ver http://www.amazonlink.org/biopiracy/cupuacu.htm.

2. UPOV es la sigla de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Es un grupo de países que adhiere al Convenio de la UPOV, un conjunto común de principios para legislar la protección de las variedades vegetales —un tipo de sistema de patentes de semillas en el cual los usuarios de vegetales “protegidos” tienen que pagar regalías a sus “dueños”. Como las plantas se reproducen naturalmente entre sí, el Convenio de la UPOV impide a los agricultores guardar semillas de variedades “protegidas” —salvo en ciertas condiciones— para asegurar el pago de regalías cada estación de cultivo.

3. En el Anexo 4 del tratado, Malasia se reservó el derecho de adoptar o mantener medidas relacionadas con la diversidad biológica en lo que atañe al principio de trato nacional. En otras palabras, el compromiso de tratar a los inversionistas japoneses igual que a los malayos está sujeto a limitaciones cuando se trata de investigaciones que abarcan recursos biológicos de Malasia.

4. Los anexos del TLC entre Japón y Malasia llegan a decir que Japón puede retener los privilegios de los obtentores malayos que deseen obtener derechos monopólicos sobre sus variedades vegetales en Japón hasta tanto y en la medida que Malasia alinee más sus leyes de protección de variedades vegetales con las de Japón. Esto es un tipo de carnada para empujar a Malasia dentro de la UPOV, si bien es discutible cuántas son las agroindustrias malayas que estén ansiosas por obtener derechos de protección de variedades vegetales en Japón. Actualmente es más bien lo contrario. 

5. Filipinas, sin embargo, está en vías de adherir a la UPOV. En 2006 presentó su ley de protección de variedades vegetales al Consejo de la UPOV para su inspección y éste dictaminó que si el país desea adherir, debe enmendar la ley.

6. Ver fta Watch (http://www.ftawatch.org/en/) y bilaterals.org (http://www.bilaterals.org/rubrique.php3?id_rubrique=115)

7. Numerosos grupos sociales de todo el mundo han estado denunciado tratados de libre comercio por tratarse de “trips-plus”, es decir, que van más allá de los acuerdos de la omc sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (trips, por sus siglas en inglés). Pero esta exigencia de los japoneses fue perversamente ¡un trips-minus! Con una ley de patentes no se puede patentar un microorganismo que esté presente naturalmente, ni siquiera con los trips. Al menos eso es lo que siempre dice la industria biotecnológica.

8. La Asociación Europea de Libre Comercio (efta, por sus siglas en inglés) está compuesta por Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza.

9. En grain: http://www.grain.org/rights/?id=68 es posible encontrar un registro completo de las potencias industriales que presionan por lograr leyes más estrictas de derechos de propiedad intelectual sobre la diversidad biológica en los países en desarrollo a través de canales bilaterales.

10. Comunicación personal, 25 de agosto de 2007. El nombre común del tratado de libre comercio es Acuerdo de Asociación Económica entre el Japón y Tailandia (jtepa, por sus siglas en inglés).

11. Riza V Tjahjadi, BioTani Foundation Indonesia, comunicación personal, 23 de agosto de 2007.

Cuadro 1: TLCs de Japón (agosto de 2007)

Fuente: grain

Cuadro 2: Las 10 mayores compañías semilleras del mundo (2006)*

Fuente: Grupo ETC, basado en los ingresos por semillas de 2006.

* En 2005, dos compañías japonesas integraron la lista de las 10 primeras: Sakata (en 7º lugar) y Taikii (en 9º lugar). Según la Federación Internacional de Semillas, en 2005 Japón era el 12º mayor exportador de semillas del mundo.

Materiales de grain relacionados con el artículo

-- “Bilateral agreements imposing trips-plus intellectual property rights on biodiversity in developing countries”, agosto de 2007, http://www.grain.org/rights/?id=68

-- “¿Privilegio para las empresas semilleras, represión para los agricultores?”, febrero de 2007, http://www.grain.org/briefings/?id=204

-- “TLCs: El conocimiento tradicional en venta”, en colaboración con la doctora Silvia Rodríguez Cervantes, marzo de 2006, http://www.grain.org/briefings/?id=198

-- Algunas fotos relacionadas con los TLC, http://www.grain.org/photos/?t=12