Permítanme comenzar con una prudente aproximación a los conceptos.  En este caso, los de democracia, libertad de expresión y libertad de prensa y las relaciones que unen a los tres.

Como ocurre con frecuencia, una cita nos ayuda a introducirnos en el tema.  Se trata, en este caso, de un trabajo de Felipe Fierro, publicado hace algunos años en la Revista Latina de Comunicación Social.[1] En México, decía Fierro, como en muchos países, “el debate sobre la libertad de expresión es inconmensurable, es decir, nadie sabe a ciencia cierta dónde inicia ni donde concluye”.  La cita ayuda, porque nos libra de la obligación de atenernos a límites que, como se dice bien, nadie sabe dónde están.

El problema empieza por la definición de los términos; el primero, la democracia.  Los otros, son los de libertad de prensa y libertad de expresión, temas de este trabajo.

La relación entre los tres se puede encontrar de manera explícita en diversos documentos, incluso de carácter internacional.  La “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” dice, en su preámbulo que “la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión”.[2]

La “Carta Democrática Interamericana” también destaca, en su artículo 4, que “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.[3]

De modo que, la vinculación entre la democracia y las libertades de prensa y de expresión se encuentran en los fundamentos mismos del orden político regional.

Sin embargo, esa relación no es unívoca.  No sería difícil pensar, por ejemplo, en que la consolidación y desarrollo de la libertad de expresión depende de la existencia de la democracia, invirtiendo los términos expresados más arriba.

Afirmaciones como esta, de que “Los medios de comunicación independientes aseguran la libre circulación de información, lo cual es vital en una sociedad democrática” no pueden menos que llevarnos a una reflexión más profunda.  ¿Es así? Efectivamente esos “medios de comunicación independientes”, ¿aseguran la libre circulación de la información? Cualquiera podría citar una rápida lista de ejemplos que prueben exactamente lo contrario.

En estos días, de mucha agitación política en Costa Rica, en el debate en torno a un referendo sobre el tratado de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocidos como CAFTA, tuvimos ejemplos abrumadores del papel de esos medios independientes pueden ejercer, precisamente para evitar el flujo libre y equilibrado de la información, como veremos más adelante.

De modo que entramos así, de lleno, a este debate.

Democracia

Se insiste hoy que, como nunca, vivimos en democracia en América Latina.

No pretendo, de ninguna manera, renovar el debate bien conocido (y, a mi entender, sin salida) sobre el carácter de esa democracia, sobre la “calidad” de la democracia, o sobre la necesidad de avances sustantivos hacia una mayor equidad social para lograr una efectiva democracia.

Me inquieta –y ha sido tema de mi tesis de maestría– lo que proponía Tocqueville en su nunca suficientemente estudiado libro sobre “La democracia en América”.[4]

Se trata de la notable proposición de que no se encuentra ningún acontecimiento de importancia en los últimos 700 años de historia de la humanidad que no se haya orientado en provecho de la igualdad.

En efecto, hemos completado el ciclo de progreso en dirección a la igualdad política: la norma hoy, en una vasta extensión del mundo, es que todos los mayores de 18 años son ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos.  En algunos casos se tiende inclusive a rebajar la edad de voto a los 16 años.

Pero ha avanzado acentuada y simultáneamente, la disparidad social, y los datos son expresivos en América Latina: las bastante optimistas cifras de la CEPAL[5] proyectaban, para el año pasado, una pobreza que afectaría a 39,8% de la población, más de 200 millones de personas, aunque –como lo sabemos bien– el estar por encima de esos índices no representa, para otro gran sector de la sociedad, la satisfacción de necesidades mínimas vitales.

¿Como explicar estos procesos, al parecer tan contradictorios, de una creciente igualdad política y, al mismo tiempo, una creciente disparidad social? Sabemos bien que las respuestas son diversas.  Algunas lo hacen separando explícitamente el estudio de la democracia –una atribución del sistema político– de la esfera del desarrollo económico.  Les confieso que la propuesta no me resulta satisfactoria, aunque no pueda desarrollar aquí este tema.

Solo lo menciono porque creo que nos puede llevar al meollo de nuestro debate, sobre libertad de expresión y libertad de prensa.

Quisiera sugerir la idea de que el mismo mecanismo que crea y acentúa esas disparidades intervienen en el debate sobre el tema que nos convoca: se trata del tema del mercado y de la propiedad, que, en un caso, acentúa la concentración de la riqueza; y, en el otro, nos plantea un difícil desafío a la garantía de todos al derecho de expresión e información.

Un largo debate ha presidido las discusiones en el ámbito de las ciencias sociales en el último cuarto de siglo.  Se trata de una discusión que se resume en la alternativa Estado-mercado, que ha estado también en el centro de los debates políticos: más mercado aparece como una posición liberal, opuesta a la intervención del Estado en la economía; mientras que los partidarios de “más Estado” son identificados como un sector con mayor preocupación social, etc.

Desde mi punto de vista, el planteamiento falsea el debate y nos conduce –de nuevo– a un callejón sin salida.  No se trata, en realidad, de una disyuntiva entre Estado y mercado, sino entre los actores sociales que controlan el Estado y los que controlan el mercado.

Me explico: creo que es fácil ponernos de acuerdo en que, en el mercado, los actores principales son los dueños del capital.  Mientras más capital, mayor poder en el mercado.  Esos actores, naturalmente, se oponen a la intervención del Estado, que viene a interferir en el ejercicio de un poder que, en su opinión, debe quedar librado a la libertad que otorga el mercado.  O sea, a su libertad.

La intervención del Estado puede estar orientada a equilibrar el poder de los dueños de esos capitales en el mercado.  Pero también puede operar en el sentido de fortalecerlo, si quien controla el poder del Estado es también representante de los mismos intereses mayoritarios en el mercado.  Para ilustrar el tema, creo que podemos citar gobiernos recientes, muy conservadores, en Estados Unidos o Inglaterra, como buenos ejemplos de esa situación (sin pretender, con eso, agotar la lista).  Otros Estados, con una representación más diversas de la sociedad (como en los países nórdicos, durante décadas), ejercen un papel más interventor, en busca de un mayor equilibrio social.

En resumen, sugerimos que el debate “Estado-Mercado” oculta la realidad política que subyace tras esa alternativa; oculta a los actores sociales, trasfiere a las “instituciones”, a los “mecanismos”, las atribuciones propias de las personas, con sus intereses.

Libertad de Expresión

¿Por qué nos hemos adentrado en tema tan espinoso?

Porque nos parece indispensable para poner la discusión sobre “libertad de prensa” y “libertad de expresión” en su contexto.

¿Es irrelevante para el debate el peso que cada sector social ejerce sobre las decisiones de la sociedad? ¿Es irrelevante la forma cómo funciona esa sociedad, cómo financia sus medios de comunicación? ¿Es irrelevante el costo de las tecnologías indispensables para ejercer eficazmente, en el mundo moderno, el derecho de libertad de expresión?

Como veremos, con frecuencia las normas internacionales hacen caso omiso de las condiciones reales en que funciona una sociedad para definir y evaluar los criterios de funcionamiento de la libertad de prensa y de expresión.  En general, se tiende a prohibir toda intervención estatal en esas materias, que quedan reguladas apenas por las normas de mercado.

Es más: se acepta, con frecuencia, ciertas regulaciones del Estado a las normas de mercado en materias económicas; mientras se expresan opiniones mucho más intransigentes en materia de regulaciones al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión.

El artículo 13 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

El artículo, en su numeral 3, agrega que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Nada se dice, por ejemplo, de otra forma que restricción al derecho de libre expresión que –en nuestra opinión– es uno de los obstáculos más importantes a ese ejercicio: el de la propiedad de los medios y de los derechos que de esa propiedad derivan, en particular el de que es el propietario quien lo ejerce.

He participado en diversos debates sobre el tema de libertad de expresión y de prensa en Costa Rica, organizados tanto por el PNUD como por el proyecto “Estado de la Nación”.

Al final, el debate se resumía en lo siguiente: una determinada realidad hace que muy pocos medios concentren los recursos publicitarios y controlen así un gran porcentaje de la audiencia y, finalmente, una cantidad cada vez mayor de los mismos medios.

Cuando expresaba mi preocupación por ese hecho, me encontraba con respuestas como la siguiente: eso no debe preocuparnos, siempre que exista la libertad de crear todos los medios que se quiera.  En esa materia –agregan los que defiende esa posición–, el público vota todos los días, con su compra o su audiencia.

El mismo razonamiento se puede leer en páginas en Internet sustentadas por principios liberales donde se señala, por ejemplo, que “todo ciudadano tiene el derecho de opinar libremente y elegir, y si algún particular con voluntad periodística considera, tal vez junto a otros ciudadanos, que falta una opinión por dar, entonces formarán otro medio de comunicación, que alguna parte del resto de la población escuchará, si quiere”.[6]

El argumento tiene su lógica, pero me parece una lógica engañosa, falsa.  En realidad, los que votan son los grandes anunciantes, que ayudan a sostener aquellos medios en los que se reflejan sus grandes intereses.  Y la realidad es que, con esos recursos, se puede sostener a medios de gran capacidad profesional, con capacidades técnicas y profesionales que, por lo general, los demás medios no pueden costear.

La lógica sustentada en normas, en leyes, pero que prescinden de las reglas de funcionamiento de la sociedad, las que se sustentan en los principios de mercado, actúan, también en esta materia, en favor de la concentración de los recursos y pone en manos de los propietarios de medios un poder que –en mi opinión– escapa al necesario control democrático de la sociedad.

Señalo aquí el problema; estoy conciente de las dificultades de la solución, que aparecen salpicadas entre dos extremos de la alternativa –medios puramente estatales o una legislación extremadamente liberal– con una vasta gama de opciones.

Creo, en todo caso, indispensable asegurar a los representantes de las diversas propuestas de desarrollo social, de visiones de país, la posibilidad de expresarse de manera adecuada para que su opción esté presente de manera efectiva en el debate nacional.

Esto se ve hoy claramente en el escenario político latinoamericano y es uno de los debates más sensibles allí donde están en marcha procesos de transformación política más radicales.

Libertad de Prensa

El ejercicio de la libertad de expresión, en el mundo moderno, depende de enormes recursos materiales, sobre todo en lo que se refiere a medios electrónicos.  Pero esa realidad es pasada por alto, “olvidada”, en declaraciones que encarnan una determinada visión liberal del problema.

Las leyes pueden asegurar a todos los ciudadanos el derecho de crear un medio y difundir noticias y sus propios puntos de vista.  Pero, como sabemos todos, en la sociedad moderna los recursos indispensables para la comunicación masiva cuestan fortunas y, como ya lo señalamos, el mercado publicitario tampoco es infinito.  No hace falta señalar, además, que ese mercado se ha ido concentrando de tal modo que, en ciertos ámbitos, solo las grandes transnacionales están en condiciones de competir.

En la “Declaración de Chapultepec” [7], un documento que recoge la posición liberal de los dueños de medios en el hemisferio, podemos leer: “…porque creemos en la fuerza creativa de nuestros pueblos y porque estamos convencidos de que nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia, apoyamos abiertamente su manifestación más directa y vigorosa, aquella sin la cual el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse: la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio de comunicación”.

Esa afirmación no significa, sin embargo, que cualquier ciudadano puede tocar la puerta de determinado medio de comunicación y exigir el ejercicio de su derecho.  Si quiere ejercerlo, que ponga su canal de televisión y, si no, que vea de que otro modo logra expresar sus puntos de vista.

La “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” de la OEA señala que “cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático”.

¿La creciente concentración de medios en pocas menos “limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático” que la Declaración pretende defender?

¿O se refiere apenas a las limitaciones que alguien pudiera imponer a esos medios, con la idea de asegurar una expresión equilibrada de criterios sobre los grandes temas del mundo moderno?

En América Latina lo sabemos bien.  No cuesta nada mostrar ejemplos de cuánto la concentración de medios ha servido para obstaculizar ese libre debate de ideas y torcer, así, la voluntad de los ciudadanos.

Vengo de un país –Costa Rica, como ya lo señalé– donde el abuso reciente de los medios fue instrumento de una lucha en torno a un tratado de libre comercio en la que la disparidad de recursos pudo haber sido, fácilmente, de cien a uno. 

Como es obvio, esto genera un gran debate, de difícil solución porque, en esta materia, más que en la económica, es difícil definir límites y fijar pautas para una intervención estatal reguladora. 

En materia económica, se puede dictar leyes que regulen la competencia, se puede discutir niveles impositivos, subsidios, precios de sustentación, estímulos a ciertos sectores de la economía, etc.  Pero, cualquier intervención de este tipo en materia de prensa despierta enormes reacciones de quienes se benefician con el actual statu quo.

Quiero insistir en la necesidad de analizar las normas sobre libertad de expresión y de prensa en relación con las normas de funcionamiento de la sociedad, con el grado de amplitud de su democracia, de la capacidad de cada sector de la sociedad de manifestarse y hacerse oír, de controlar la riqueza social, los recursos de esa sociedad.

La visión “liberal” enfatiza la “libertad” frente al poder.  ¿Hará falta recordar aquí las expresiones de Touraine al respecto? [8]

“La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder”, nos recuerda, por su parte, la ya citada “Declaración de Chapultepec”, expresión de la visión de los grandes medios de prensa de la región, cuya principal organización, como sabemos bien, es la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

Está muy bien.  Pero, ¿a cuál poder se refiere? Al del Estado, naturalmente.  Lo que pasa es que, en esta materia, todo el poder se concentra en el “mercado” y el ciudadano queda, finalmente, indefenso frente a unos medios que no responden más que a la voluntad de su junta directiva.

La propuesta, si es adoptada literalmente, deja una gran libertad a los medios, pero no garantiza a los ciudadanos sus derechos de expresión y de prensa.  En algunos casos, en aquellos donde están en juego los grandes intereses, los más polémicos, puede, inclusive, coartarlos gravemente.

El debate actual en el continente

Los esfuerzos por desarrollar una nueva correlación de fuerzas políticas en el continente, que supere la establecida desde hace ya un cuarto de siglo –expresada en el modelo neoliberal– genera renovadas propuestas, pero también renovadas tensiones.  Las relaciones de los gobiernos con la prensa no escapa a esas tensiones, en medio de esfuerzos por crear espacios de expresión para la corrientes políticas emergentes.

Todos conocemos el debate en torno a la decisión del gobierno de Venezuela de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), las críticas de los presidentes Rafael Correa y Evo Morales a los medios, los renovados debates sobre libertad de expresión en Cuba, y la más reciente polémica sobre el papel de los medios en el referendo realizado en Costa Rica sobre el tratado de libre comercio.

Hace algunos meses, el presidente de Bolivia acusaba que “la Sociedad Interamericana de Prensa está diciendo que Evo no da libertad de expresión y de prensa en Bolivia.  ¡Qué falso! (...).  Acá hay libertad no solamente de prensa, sino hay libertad inclusive para discriminar, para marginar, para humillar, para acusar falsamente”.[9] En la polémica estaban de por medio informaciones publicadas por el diario “La Razón”, propiedad del grupo español Prisa, dueño también del diario “El País”.

Ecuador

El presidente Rafael Correa ha sumado su voz a las críticas, sugiriendo cambios importantes en la propiedad de los medios, muchos de los cuales están hoy en manos de banqueros, en Ecuador.

Se trata de buscar formas más equilibradas de expresión de las diferentes corrientes políticas, que hoy tienen un acceso muy desigual a los medios, sobre todo cuando están en discusión los temas más importantes y polémicos.

Correa expresó recientemente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el objetivo de “cambiar una práctica política aplicada por los sectores tradicionales, con su tecnocracia y elitismo, para devolver la palabra y la acción a quienes deben ser los dueños, protagonistas y beneficiarios de las políticas públicas”.[10]

Esa tarea requiere –me parece– abordar los temas de este debate, sobre libertad de expresión y de prensa.

Correa planteó el dilema de la siguiente manera: "los medios cumplen una función social de comunicar e informar, pero si al mismo tiempo responden a intereses privados e intereses económicos, se produce una relación nefasta y un gran peligro para la democracia".[11]

Para enfrentar esa situación ha sugerido la posibilidad de que la Asamblea Constituyente recién electa busque “desmontar ciertos poderes fácticos, impidiendo que poderes económicos posean medios de comunicación”.  Entiendo que la propuesta se refiere, especialmente, a sectores de la banca que, según afirmó, poseen cinco, de los siete canales de televisión nacional.

Lo cierto es que –desde mi punto de vista– la sociedad está indefensa frente a los grandes medios de prensa, cuando gobiernos reformistas (uso aquí la palabra en el sentido más amplio posible, con la intención evidente de evitar los debates que ese uso pude generar) intentan avanzar por el camino de transformaciones políticas y sociales más profundas. 

A la prensa, como es natural, le gusta reivindicar su papel “contralor”, de “seguro” contra los actos de corrupción de los “políticos”.  Cuando destapa algún escándalo, su prestigio crece rápidamente.  Ese papel es fundamental y, ciertamente, sin la prensa, sería mucho más difícil denunciar abusos y actos de corrupción.  Pero hay que tener cuidado: por cada acto revelado –me pregunto siempre– ¿cuántos se han quedado sin revelar? Si la prensa está comprometida con intereses privados cada vez más importantes y globales, ¿quién asegura su independencia? Se ataca la corrupción pública, pero ¿y la privada?

En el día a día, los problemas entre el poder y la prensa son solo ocasionales.  La tensión surge y ocupa un espacio cada vez más amplio cuando el proyecto político toca los grandes intereses.  Cuando la prensa reacciona para defender esos intereses, cuando trata de arrinconar los proyectos de transformaciones y a sus líderes, cuando asume un papel político, se expone a ser también atacada.  Pero, si atacada, no se defiende en el terreno de la política; prefiere hacerlo detrás de la trinchera de la libertad de prensa, tema que cuenta siempre con mayor simpatía que el de las políticas conservadoras que representa.

Hay que destacar la creciente y novedosa articulación internacional en defensa de los medios más conservadores, transformados en “víctimas” por grandes medios internacionales.

Sugiero, por ejemplo, revisar un texto publicado en el diario español “El País” el 29 de mayo de este año, con el título “Los medios de Ecuador temen que Correa siga el ejemplo de Chávez y limite la libertad de expresión”.[12]

Venezuela

Reacciones todavía más amplias se dieron en el caso del cierre de CRTV, tras el cual una campaña internacional bien organizada multiplicó las acusaciones contra el gobierno de Hugo Chávez.

Estuve en Venezuela casi un mes, en diciembre del 2002, cubriendo el paro con el que se pretendió derrocar el gobierno, después del fracaso del golpe de Estado, en abril anterior.  Pude ver el papel de los tres canales principales en el apoyo a la rebelión, incluyendo noticias comprobadamente falsas –como la de que el gobierno había logrado mover el principal buque tanque de la flota petrolera porque estaba torturando a la esposa y a la hijita del capitán del barco en Fuerte Tiúna, sede de la Comandancia General del Ejército de Venezuela–.  Naturalmente, nadie se hizo cargo, posteriormente, de esas afirmaciones; el medio no asumió ninguna responsabilidad, ni se preocupó de aclarar lo dicho.

Para el director de RCTV, Marcelo Granier, el cierre del canal (en realidad, la no renovación de la frecuencia, ya que el canal sigue trasmitiendo por cable), causaría "un daño inmenso” al gobierno venezolano y a su imagen, ya que la medida sería rechazada por más de 80 por ciento de los venezolanos y condenada por el mundo democrático.  Y aunque él pueda creer que gana con esto –agregó, refiriéndose al presidente Hugo Chávez– “a la larga, perderá".

Para Eleazar Díaz Rangel, director del diario “Últimas Noticias”, partidario del gobierno, la medida sólo afecta "la libertad que han tenido los dueños de RCTV a informar lo que han creído importante y a no informar lo que, siendo importante, no convenía a sus negocios o intereses políticos y empresariales".

Como se ve, no se trata de atender solo la libertad del medio.  Quisiera introducir aquí una preocupación por la libertad del público, de los ciudadanos, de ser informados adecuada, oportunamente, con veracidad.  Y, naturalmente, de la responsabilidad de los medios, al asumir una beligerante posición política, sobre todo cuando tienen al frente un gobierno cuyas propuestas no comparten.  Véase bien que no estamos hablando de “información”, sino de una participación beligerante en los procesos políticos, ocultas, difuminadas, detrás de los argumentos en torno a la libertad de prensa y de expresión.

Se bien que no hay solución fácil a ese problema, que los desafíos son muy complicados, pero, en el caso de RCTV quisiera reiterar lo que dije en los días de su salida del aire, en un artículo publicado en el Semanario “Universidad”, en Costa Rica: “Lo cierto es que, si bien el debate sobre la libertad de expresión está siempre abierto, como lo demuestra este caso, no menos cierto parece ser que el mundo es un lugar un poquito más decente sin el canal de Marcel Granier”.

Cuba

Por si alguien creyera que este es un debate sencillo, debería acompañar el que se desarrollo actualmente en Cuba, en torno a la libertad de expresión.

Desde mi punto de vista, el debate sobre libertad de prensa en Cuba debe darse en el contexto de su lucha política por la construcción del socialismo.  Solo así –me parece– adquiere relieve el debate.

Se trata, en primer lugar, de ubicar el problema en el marco nacional.  La reivindicación de una prensa plural, al estilo liberal, no tiene sustento alguno en las fuerzas de la isla, y solo podría surgir financiada desde el exterior, financiada por las mismas fuerzas que buscan la destrucción de la revolución.  Eso, naturalmente, no se va a dar, mientras exista la revolución. 

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique y autor de la proclama “Otro mundo es posible”, que encabeza movimientos alternativos como el Foro Social Mundial, participó recientemente en un debate con el público, organizado por la BBC, en Londres, sobre sus simpatías hacia los gobiernos de Cuba o Venezuela.

Ante una pregunta sobre la falta de libertad de prensa en Cuba, contestó: “Yo no creo que el sistema de información en Cuba sea satisfactorio y es una pregunta que le he hecho a Fidel Castro, ¿Cuándo va a haber libertad de información y expresión aquí? Y el contesta de una forma muy clara.  Dice: ‘si usted llama libertad de información a la posibilidad para los enemigos de la revolución de hacer campañas de propaganda aquí, yo le digo que esa libertad de información, por el momento, no la habrá.  Cuando los EE.UU.  cambien de actitud hacia nosotros, entonces la evolución podrá hacerse quizás".[13]

Lo ciertos es que Estados Unidos organiza, financia, abastece públicamente de recursos a un grupo de personas que, una vez acusadas ante los tribunales por sus actividades, son exhibidas como ejemplo de atentados contra la prensa independiente.

Las críticas a la falta de libertad de prensa en Cuba, sustentadas en el punto de vista liberal, tienen su mejor expresión en los informes y resoluciones que, dos veces al año, emite la SIP, como los que acaba de difundir al concluir en Miami su 63º asamblea general.[14]

Por otro lado, se desarrolla en la isla, en el marco del orden político vigente, una renovada discusión sobre libertad de prensa y de expresión, en la que se manifiestan duras críticas a la situación imperante.

La decisión del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) de no transmitir algunos videoclips realizados por directores cubano desató nuevamente la polémica sobre la política cultural del gobierno en los medios de comunicación. 

Ante esa situación, la agencia de noticias IPS entrevistó al realizador cubano, Pavel Giroud.[15]

Ante la pregunta de cómo funciona el mecanismo de censura a los medios artísticos en Cuba, Giroud respondió: “Como funcionan los mecanismos censores en todas partes.  Lo que ocurre es que a Cuba se le mira con una lupa.  Para mí, la censura no es patrimonio nacional.  Cada cadena de televisión u órgano de prensa en el mundo tiene sus pautas de transmisión o edición y todo lo que no cumpla estos requisitos, queda fuera.  HBO se negó a publicar el documental que sobre Fidel Castro hiciera Oliver Stone, porque no tenía todos los condimentos que la cadena requería para su transmisión”.

De modo que, para abordar el tema con respecto a Cuba podemos adoptar la posición de la SIP.  Si es así, ya sabemos cuáles son los argumentos y también a qué fines sirven.  Pero podemos adoptar una posición distinta, que parte reconociendo la situación de bloqueo y confrontación que enfrenta el régimen cubano y, a partir de esa realidad, acompañar el debate sobre estas materias que se desarrolla periódicamente, entre los mismos cubanos, con mayor o menor intensidad, según la época.

México

México también vivió un debate reciente en torno al tema, cuando se discutió en el Senado la financiación de las campañas políticas, un tema que afecta los intereses de los principales canales de televisión.

Es interesante la distinción que hace la constitución mexicana entre los derechos de expresión y los de prensa, expresada en el Apartado I sobre las Garantías Individuales, relativos a Personas o Individuos. 

El Artículo 7º dice que “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.  Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.

En un comentario sobre este apartado, publicado en la revista “Crónica” [16], Miguel González Compeán afirma que lo anterior quiere decir que las personas, de manera escrita o a través de algún medio, no podrán ser molestadas por lo que digan.  Lo que no dicen los artículos es que una empresa, que además detenta una concesión del Estado mexicano, tenga el mismo derecho, añade. 

Recordando la reciente polémica de las principales televisoras mexicanas con el Senado, a raíz de su intención de revisar la ley de medios y de la aprobación de una reforma electoral que les quita millones de dólares de publicidad política, González señaló que si el propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, dice en su medio “que los senadores mexicanos son la cosa más perniciosa del planeta, tiene todo su derecho y nadie puede decirle nada”.  Pero, agregó, cosa muy distinta sería “que la empresa TV Azteca sostenga una posición política”.  El canal puede sostener una línea editorial, pero, en su opinión, la concesión, en sí misma, no tendría ese derecho. 

Sin embargo, reconoce que la distinción es difícil de aplicarse en la práctica, lo que justificaría la revisión de la ley de medios.

En todo caso, independientemente de la solución que se encuentre para el problema en la legislación mexicana, el debate ilustra bien la diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa.

La primera protege los derechos de los individuos, que no podrían ser molestados por expresar sus opiniones.  Pero ese derecho no protegería, de igual manera, a las empresas, marcando así una importante diferencia en el ejercicio de ambos derechos.

Costa Rica

Finalmente, no quisiera dejar de abordar el tema en Costa Rica, no solo por conocerlo bien (vivo ahí, como profesional del periodismo, hace casi 32 años), sino por la importancia de los acontecimientos en torno al referendo sobre el tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

Debemos decir que, desde hace meses, el gobierno ha venido cerrando espacios opositores en medios estatales, principalmente en Canal 13, pero también se han cerrado programas de radio críticos de las políticas de gobierno.

Quizás desde el exterior se tenga la percepción de que el resultado del referendo puso fin al debate sobre el TLC en Costa Rica.  Me parece que, si nos atenemos a la efervescencia política reinante en el país, esa sería, por lo menos, una opinión apresurada.[17]

Entre los muchos comentarios críticos de ese proceso destacan los que señalan el abuso de los medios, sobre todo durante los tres últimos días de veda publicitaria, utilizados abundantemente por los partidarios del “sí”, incluyendo el gobierno, desde el presidente de la República hasta funcionarios de menor rango para ocupar todos los espacios en los medios.

No existen todavía estudios sobre la presencia de las dos posiciones en los medios, pero no parece absurdo pensar en una diferencia de recursos para publicidad de veinte a uno.

Destacó, por lo inusual, la intervención de CNN en la campaña, con una entrevista de su periodista económico a uno de los analistas más conservadores de su panel, opinando sobre el referendo y la importancia del TLC, montada de manera que pudiera ser luego retransmitida por canales nacionales, uno de los cuales asumió una posición particularmente beligerante en favor del “sí” y repitió hasta la saciedad una entrevista que, desde luego, no contó con ningún contrapeso del otro lado. 

Cuando ya no se podía hacer propaganda, cuando las voces del “no” estaban calladas, el gobierno y los representantes del “sí” ocuparon las páginas de los periódicos y los espacios de televisión, en un esfuerzo final por doblarle la voluntad a los costarricenses.  Los resultados del referendo son hoy conocidos, pero las consecuencias políticas de ese abuso son imprevisibles.

Como se sabe, la estrategia del “sí” estuvo basada en meter miedo a la población, en particular el miedo a perder el empleo, como lo señaló un memorando preparado por el entonces vicepresidente de la República, Kevin Casas (tuvo que renunciar a su cargo, a raíz de la difusión de ese documento), y el diputado Fernando Sánchez, primo del presidente Arias Sánchez.  El memorando, como se divulgó ampliamente en su momento, recomendaba textualmente “estimular el miedo” y aclaraba que “ese miedo es de cuatro tipos”: miedo a la pérdida de empleo, miedo al ataque a las instituciones democráticas, mido a la injerencia extranjera en el NO, miedo al efecto de un triunfo del NO sobre el gobierno. 

Esa fue, finalmente, la estrategia aplicada por la campaña del “sí”, con el apoyo de algunos de los medios de comunicación más importantes del país.  El resultado electoral le dio una estrecha ventaja a los partidarios del tratado, de 51 a 48 por ciento, en cifras redondas.

En todo caso, ¿es eso la libertad de expresión y de prensa?

Conclusión

Parece evidente que los esfuerzos de renovación política de América Latina requieren, entre otras cosas, de una mayor equilibrio de la información.  Eso no es posible sin una efectiva libertad de prensa, que signifique el acceso de todos los puntos de vista a los medios de comunicación, con equidad.

Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo.  Cuando los grandes temas políticos están en discusión, los medios abandonan su tradicional papel de informadores para asumir una beligerante posición política, casi siempre de carácter conservador, como podemos ver hoy en América Latina.

En cada país se ensaya mecanismos distintos, en esa búsqueda de mayor equilibrio en la información.  Los resultados, sin embargo, son pobres y, muchas veces, inciden decisivamente en el fracaso de los intentos reformistas.

En todo caso, no parece posible un avance en la libertad de expresión, en el derecho de los ciudadanos a manifestarse y a ser informado con equilibrio, sin una reforma de la prensa, que le de a los sectores excluidos la posibilidad de expresar con equilibrio sus puntos de vista.

¿De qué manera hacerlo? América Latina nos muestra hoy un renovado esfuerzo en ese sentido, que se suma a un esfuerzo de reforma política que, de un modo u otro, con mayor o menor fuerza, se expresa en todos los países de la región.

Naturalmente, vemos con simpatía esos esfuerzos que, en nuestra opinión, buscan terminar con el largo período en el que la idea de un pensamiento único pretendió imponerse en la región, como si no tuviéramos más alternativa que el excluyente modelo neoliberal impuesto en el último cuarto de siglo en América Latina, que la ha conducido a formas extremas e insostenibles de exclusión social.

Panel 168 - Mesa Redonda “Libertad de prensa y Libertad de Expresión”.  Coordinado por Luis Guillermo Solís, moderado por Ana Cristina Lizano.  Martes 30, de 2:30 p.m.  a 4:00 p.m., aula 106 en la FLACSO Sede Ecuador.