Prioridad en seguridad pública y ciudadana
20/02/2008
- Opinión
El tema de la seguridad pública y ciudadana es prioritario en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. No sólo porque hace referencia a la lucha contra formas de criminalidad asociadas a fenómenos como el narcotráfico –crimen organizado-, sino porque incide en la convivencia ciudadana –especialmente en los espacios urbanos-. Pero esto a su vez le plantea desafíos novedosos a los gobiernos y las Fuerzas Armadas –tradicionalmente ajenas a los temas de seguridad interna y en teoría centradas en los aspectos de defensa- y a la Policía que es la institución específicamente con esta responsabilidad.
Si analizamos la situación de violencia en las grandes urbes brasileñas, como Sao Paulo y Río de Janeiro, vemos una creciente preocupación por los fenómenos de violencia urbana y una progresiva vinculación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad urbana. Acaban de informar los medios de comunicación que ha sido involucrada la armada en apoyar a la policía en el control de algunas favelas y en especial en lo relacionado con el narcotráfico: “La Marina aportará 500 fusiles de última generación y pondrá al servicio de las distintos cuerpos policiales sus servicios de inteligencia. Al mismo tiempo, vigilará la bahía de Guanabara, por donde suelen entrar armas y drogas destinadas a las favelas; para ello, prevé el uso de helicópteros y embarcaciones punteras. En algunas favelas, los modernos equipos de telecomunicaciones de la Marina suplirán las deficiencias tecnológicas de las policías civiles y militares... Otra de las ayudas que ofrecerá la Marina a la guerra contra la violencia en Río es la vigilancia de los arsenales de armas de la policía y del Ejército de Tierra, que con frecuencia acaban siendo saqueados para abastecer a los traficantes de droga, gracias a la connivencia de policías y militares corruptos.”
La situación en el caso mexicano no es menos preocupante con una criminalidad en aumento asociada al narcotráfico e igualmente una creciente participación de las Fuerzas Armadas –cerca de veinte mil efectivos involucrados- en el los esfuerzos por atacar y controlar este fenómeno delincuencial.
En el caso colombiano tenemos no solamente un preocupante fenómeno de asesinatos por sicarios en diversas ciudades (Medellín, Cali, Bogotá, Soledad, entre otras), aparentemente ligados a temas de narcotráfico, sino igualmente, como lo muestra la Gran Encuesta de Seguridad Urbana de la Fundación Seguridad y Democracia, “los casos de hechos delictivos que involucraron violencia ejercida por los criminales aumentaron con relación al 2006. Mientras que para ese año los delincuentes ejercieron violencia en un 50% de los casos, durante el 2007 se ejerció violencia en el 64% de los hechos delictivos. Así mismo se registró un preocupante aumento de la utilización de armas de fuego.”
Pero frente a este recrudecimiento de la violencia no hay claras respuestas de los gobiernos de la región; la solución inicial ha sido la militarización. Como lo anota el colega Raúl Benitez: “no tienen instrumentos eficaces para enfrentar el crimen organizado. Las leyes son inconsistentes... Éste no es un asunto militar, como pudiera creerse con una lectura simplista. El crimen organizado se vuelve invisible y tiene gran capacidad de penetración en el Estado a través de la corrupción. Los militares son igualmente corrompibles por el poder del dinero. Los servicios de inteligencia apenas están desarrollando capacidades investigativas para enfrentarlo, y difícilmente se pueden emplear las Fuerzas Armadas con eficacia si no actúan en cooperación y coordinación con otras dependencias del Estado y con una amplia cooperación internacional.”
Lo anterior llevó a comienzos de esta semana, al Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, en una conferencia en México, a señalar que ”la violencia ligada al crimen organizado es una amenaza para la democracia y el progreso en América Latina, región que tiene los más altos índices de homicidios en el mundo”.
- Alejo Vargas Velásquez, es Profesor Universidad Nacional.
Si analizamos la situación de violencia en las grandes urbes brasileñas, como Sao Paulo y Río de Janeiro, vemos una creciente preocupación por los fenómenos de violencia urbana y una progresiva vinculación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad urbana. Acaban de informar los medios de comunicación que ha sido involucrada la armada en apoyar a la policía en el control de algunas favelas y en especial en lo relacionado con el narcotráfico: “La Marina aportará 500 fusiles de última generación y pondrá al servicio de las distintos cuerpos policiales sus servicios de inteligencia. Al mismo tiempo, vigilará la bahía de Guanabara, por donde suelen entrar armas y drogas destinadas a las favelas; para ello, prevé el uso de helicópteros y embarcaciones punteras. En algunas favelas, los modernos equipos de telecomunicaciones de la Marina suplirán las deficiencias tecnológicas de las policías civiles y militares... Otra de las ayudas que ofrecerá la Marina a la guerra contra la violencia en Río es la vigilancia de los arsenales de armas de la policía y del Ejército de Tierra, que con frecuencia acaban siendo saqueados para abastecer a los traficantes de droga, gracias a la connivencia de policías y militares corruptos.”
La situación en el caso mexicano no es menos preocupante con una criminalidad en aumento asociada al narcotráfico e igualmente una creciente participación de las Fuerzas Armadas –cerca de veinte mil efectivos involucrados- en el los esfuerzos por atacar y controlar este fenómeno delincuencial.
En el caso colombiano tenemos no solamente un preocupante fenómeno de asesinatos por sicarios en diversas ciudades (Medellín, Cali, Bogotá, Soledad, entre otras), aparentemente ligados a temas de narcotráfico, sino igualmente, como lo muestra la Gran Encuesta de Seguridad Urbana de la Fundación Seguridad y Democracia, “los casos de hechos delictivos que involucraron violencia ejercida por los criminales aumentaron con relación al 2006. Mientras que para ese año los delincuentes ejercieron violencia en un 50% de los casos, durante el 2007 se ejerció violencia en el 64% de los hechos delictivos. Así mismo se registró un preocupante aumento de la utilización de armas de fuego.”
Pero frente a este recrudecimiento de la violencia no hay claras respuestas de los gobiernos de la región; la solución inicial ha sido la militarización. Como lo anota el colega Raúl Benitez: “no tienen instrumentos eficaces para enfrentar el crimen organizado. Las leyes son inconsistentes... Éste no es un asunto militar, como pudiera creerse con una lectura simplista. El crimen organizado se vuelve invisible y tiene gran capacidad de penetración en el Estado a través de la corrupción. Los militares son igualmente corrompibles por el poder del dinero. Los servicios de inteligencia apenas están desarrollando capacidades investigativas para enfrentarlo, y difícilmente se pueden emplear las Fuerzas Armadas con eficacia si no actúan en cooperación y coordinación con otras dependencias del Estado y con una amplia cooperación internacional.”
Lo anterior llevó a comienzos de esta semana, al Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, en una conferencia en México, a señalar que ”la violencia ligada al crimen organizado es una amenaza para la democracia y el progreso en América Latina, región que tiene los más altos índices de homicidios en el mundo”.
- Alejo Vargas Velásquez, es Profesor Universidad Nacional.
https://www.alainet.org/de/node/125778
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