La cuestión militar se ha colocado nuevamente sobre el tapete. En realidad nunca se había perdido. Siempre ha estado presente. A veces insinuándose en forma coqueta, en otras ocasiones presentándose sin tapujos.

Desde la invasión militar norteamericana de 1989 mucho se ha hablado sobre la desmilitarización del país. Incluso, se reformó la Constitución Política para prohibir la formación de un ejército. Sin embargo, tanto los discursos como las nuevas “leyes” no han hecho mella sobre la realidad. Panamá está profundamente militarizada.

Cuando hablamos de militarización estamos refiriéndonos a la fuerte dependencia de las estructuras políticas panameñas de instancias de seguridad armadas extranjeras. Durante más de 50 años (1939 – 1989) Panamá fue sometida a regímenes políticos de seguridad militar. Desde 1990 al desaparecer las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) y ser reemplazadas por una Policía Nacional, muchos pensaron que el poder militar había sido eliminado de la ecuación política panameña. Hay pruebas de sobra para demostrar que seguimos sometidos al poder militar y que nuestros gobernantes son cómplices de esta situación.

Lo que tampoco podemos negar es que esa presencia militar en el sistema político panameño es extranjero. Durante la década de 1990 la ausencia de un aparato militar panameño no significó que EEUU dejara e controlar las instancias de seguridad del país. Las mal llamadas Fuerzas del Orden (Policía, Marítimo y Aéreo) fueron concebidas y creadas en 1990 por el Comando Sur de EEUU.

Poco antes de evacuar sus bases militares en 1999 a EEUU se le ocurrió inventar un eufemismo llamado Centro Multilateral Antidroga (CMA) con la intención de mantener su presencia militar en el país. Fue rechazado por el pueblo panameño. En los primeros años del presente siglo EEUU firmó 4 tratados militares ilegales con funcionarios del gobierno panameño. Aún más, durante los gobiernos de Mireya Moscoso y Martín Torrijos, EEUU ha formado a casi 2 mil efectivos panameños en artes represivas convencionales y no convencionales en sus escuelas especializadas.

Los ministros de Gobierno y Justicia panameños han sido humillados por los funcionarios de EEUU en forma sistemática sometiéndolos a los dictados de su llamada “seguridad nacional”, brazo extendido de sus intereses comerciales y financieros.

En Washington, el secretario de Defensa, Robert Gates, le dijo al Congreso de su país hace un par de semanas (el 6 de mayo) que la Policía de Panamá es para todos los efectos prácticos un aparato militar al servicio de EEUU. Al día siguiente el presidente Martín Torrijos se reunió con el mandatario norteamericano, George Bush, para alabar el Plan Mérida que militarizaría aún más a la Policía Nacional.

El 13 de mayo Torrijos anunció mediante decreto la reforma de la estructura interna del Ministerio de Gobierno y Justicia (creado en 1903). A partir de la fecha contará con dos vice-ministerios. Uno de Gobierno y Justicia y el otro de Seguridad. El primero se encargará de los gobiernos locales. El segundo estará en manos de las instancias de seguridad de EEUU que definirá la política de Panamá.

Nada impide que Panamá tenga una organización militar responsable para defender sus fronteras, sin inmiscuirse en los asuntos policiales del país. Lo que no puede tener es una policía militarizada y, más encima, dirigida desde un escritorio del Comando Sur en Miami.

Panamá, 22 de mayo de 2008.

Marco A. Gandásegui, hijo, Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA