Para las comunidades nativas de la Amazonía sus tierras no son chacras o parcelas de una o más hectáreas como en la Costa o en parte de los Andes, sino un territorio entendido como un gran bosque en el que es posible la vida y la cultura. En sus ríos, bosques y quebradas han vivido y viven desde hace quince mil años; bajo de sus ríos se encuentra el cielo invertido, poblado de seres míticos. Recuperar una pequeña parte de ese territorio casi perdido, fue posible gracias a una ley de 1974. Las comunidades no quieren desprenderse de sus territorios, por el contrario, necesitan recuperar nuevas extensiones de lo que fue suyo para sentirse seguros de su propio porvenir. Vender parte de su territorio es una idea enteramente ajena a todos los pueblos amazónicos. Es una convicción para quienes quieren que la inversión privada disponga de todos los recursos nacionales y que el estado se reduzca a su mínima expresión. Esta es la herencia del fujimorismo y el libreto de los funcionarios del capital. No se trata de una idea original de Alan García. Él, sólo renovó el mismo compromiso y trata de multiplicar el número de empresas con sus nuevos amigos o “apóstoles”, apelando a la primaria metáfora e insulto del “perro del hortelano”: como las comunidades nativas no explotan sus recursos ni dejan que otros las exploten, hay que obligarlas a vender. Esa es la madre del cordero y no la pequeña y menuda historia de unos votos más u otros menos bajo la niebla de una aparente norma democrática “para todos”.

Sin información previa, ni consulta alguna con los nativos y nativas, prescindiendo del Congreso, desacatando las obligaciones de su gobierno con el acuerdo 169 de la OIT, el señor Alan García promulgó el paquete de decretos para que los empresarios exploten los recursos de la Amazonía. Tuvo la respuesta que no esperó jamás. Una dirección amazónica que no necesita de asesores ni partidos políticos, que se formó en más de veinte años, acaba de derrotarlo del modo más transparente. La “modernidad” del vender fue vencida por la modernidad de los derechos y la ciudadanía étnica. Pero el señor García no sabe oír, dialogar, tomar en cuenta a quienes no piensan como él, y -menos- perder. Disfrazándose de cordero, ya anunció que quiere un entendimiento para que los lobos se queden con el bosque. Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana -AIDESEP- y su equipo están guardia y seguramente no dejarán pasar las maniobras que salgan de la casa de Pizarro, donde gobierna y vive el Sr. García reproduciendo viejos prejuicios racistas del siglo XVI.

La simpatía con los indígenas rebeldes se multiplica en todo el país a partir de la solidaridad de la ciudad de Bagua porque los amazónicos están en primera línea para defender los bosques, las aguas, los recursos naturales como bienes públicos de todos los que hemos nacido en el suelo peruano.

Publicado en La República (Lima) el 30 de octubre de 2008, reproducción con autorización del autor.

- Rodrigo Montoya Rojas es antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Perú.