Esta ponencia tiene un carácter colectivo porque contiene reflexiones de quienes hoy convocamos a esta actividad y estamos haciendo el llamado a formar la Red por el Derecho a la Comunicación en Guatemala. Contiene dos aspectos: la comunicación como derecho y la construcción de sujetos políticos que lo defiendan.

Otorgar la dimensión de derecho a la comunicación tiene un sentido profundamente democrático, ya que favorece la construcción de ciudadanía. Desde nuestro punto de vista, la comunicación significa interactuar social y políticamente, porque a través de ella es posible diseminar informaciones, compartir saberes y conocimientos, encontrar diferencias y convergencias, articular propuestas de cambio, tomar decisiones más certeras, etc.

Una premisa para ello es tomar en cuenta que los procesos de comunicación son colectivos, de doble vía, para el establecimiento de diálogos; los cuales tienen lugar en todas las relaciones humanas y espacios, atraviesan internamente a las organizaciones sociales, tienen proyección hacia la esfera mediática y por tanto a la opinión pública, de ahí que pueden modificar conductas y generar transformaciones culturales.

En este orden de ideas, es necesario tomar en cuenta que la ideología del modelo prevaleciente ha convertido a mujeres y hombres en consumidores, quitándoles su condición de ciudadanas y ciudadanos. Ello tiene graves repercusiones en el contexto de la comunicación, porque la figura de consumidor trae consigo implícitamente desigualdades en el acceso a la información, al conocimiento y a la libertad de expresión. En otras palabras, si las personas cuentan con dinero entonces tienen oportunidades para informarse, adquirir conocimientos y comunicarse, sin dinero es imposible.

Defender la condición de ciudadana/ciudadano es muy importante porque ello se traduce en respaldar la igualdad, una voz, una opinión, un sujeto de derechos, alguien quien avala el orden establecido o lo critica e incluso reivindica propuestas de cambio, independientemente cuál sea su sexo, su procedencia étnica, su edad o su situación económica. Continuar aceptando la categoría de consumidores significa excluir a la mayoría de la población y mantener privilegios para los sectores con capacidad de compra y de crédito.

Al justificar las exclusiones y desigualdades sociales, el modelo neoliberal alienta una mentalidad de dominados, de subalternos, lo cual se demuestra en algunas encuestas que otorgan un alto nivel de credibilidad a medios tradicionales, a pesar de que éstos ignoran regularmente voces y propuestas de cambio de diferentes conglomerados, a tal grado que desvirtúan la capacidad de protesta y propuesta de algunos movimientos sociales o incluso contribuyen a criminalizarlos. Ello ha permitido que algunos medios masivos impunemente desdibujen o tergiversen fuentes y temas a su antojo, sin señalamientos como entidades que niegan el libre acceso a la información al no hacer visibles determinadas realidades.

Por su parte los públicos inconformes con los contenidos mediáticos dejan de adquirirlos y ya. Y aunque hay actores sociales y políticos que cuestionan la censura y autocensura, falta unificar esfuerzos para exigir la democratización de los medios masivos en los que estén involucrados también los movimientos sociales.

Además, esa ideología de desvalorización de la ciudadanía, de la capacidad de crítica y participación, predomina en las universidades donde se están formando empleados, no periodistas con derechos. De tal manera que llegan a los medios como asalariados sin identidad, con conciencias adormecidas sin compromiso social. De ahí la importancia de argumentar desde los centros de estudios y luego en las mesas de redacción que las y los periodistas son ciudadanos con derechos que tienen una responsabilidad social como multiplicadores de mensajes, no agoreros del consumismo o del poder de la competitividad.

Otra idea errónea que ha calado hasta el tuétano es entender que la libertad de expresión es un derecho de medios y periodistas. Ello ha exacerbado la defensa de la libertad de prensa, en lugar de reivindicar los derechos a la comunicación, asegurando que esa garantía es lo fundamental para garantizar el principio democrático de la libertad de expresión. Así, los empresarios mediáticos unen esfuerzos para protestar por restricciones en materia de prensa, por ataques que minan su credibilidad o por manipulación de la publicidad oficial, pero nunca se cuestionan a sí mismos por sus enfoques sexistas o racistas. Siguen siendo los adalides de la “neutralidad”, aunque está suficientemente demostrado que la producción periodística NO es neutral porque sus contenidos llevan implícito una intencionalidad¹.

Es preciso dar un sentido más amplio a la comunicación, para reconocerla como una acción que se vincula a otras estrategias sociales, tales como la movilización, la formación política, las negociaciones y las alianzas. Los movimientos sociales podrían potenciar el impacto que pueden tener sus medios de comunicación que se concretan en mantas, marchas, declaraciones, discursos, etc., los que a su vez podrían combinar con el manejo permanente de otros medios. Todo ello les permitiría estar presentes en la opinión pública.

La comunicación como derecho podría alentar a que las expresiones organizadas de la sociedad civil cuenten con estrategias comunicacionales, que busquen alianzas con el propósito de exigir su acceso a los medios masivos y públicos, superando el enfoque marginal. El derecho a la comunicación es una herramienta para la igualdad y a su vez un instrumento para el empoderamiento de los movimiento sociales.

A quién corresponde defender este derecho

Con el respaldo de estudios e investigaciones, podemos decir que en los medios tradicionales no se respeta el pluralismo ni la diversidad, no hay respeto a la diferencia, los escenarios se presentan de manera arbitraria y parcial. Los medios y periodistas tenemos responsabilidad en lo que publicamos, al igual que en lo que NO publicamos. En esta oportunidad queremos resaltar precisamente las ausencias que impiden la pluralidad y diversidad en los medios, dado que en los medios masivos sigue predominando el mundo del mercado, masculino, heterosexual, los que tienen corbata y membrete oficial, los que supuestamente representan las “buenas costumbres”.

La existencia de leyes de acceso a la información pueden abrir fuentes antes secretas, pero lo importante en todo caso es qué se pregunta y para qué. Porque si los medios continúan con los mismos enfoques de supuesta neutralidad, entonces seguirán legitimando los discursos que no respetan la diversidad ni la pluralidad, invisibilizando a las mujeres, por ejemplo.

Al ser preponderante el enfoque tradicional que califica la trasgresión como un peligro, se anula la visión crítica, reflexiva y analítica, descalificando las opiniones de cambio e iniciativas de igualdad y justicia social. Falta entonces denunciar que la intencionalidad parcial atenta contra el derecho a la comunicación.

Si bien es cierto que defender la libertad de expresión pasa por denunciar las violaciones a la integridad física contra periodistas, y ello siempre hay que hacerlo de manera multisectorial, también hay que señalar a aquellas empresas periodísticas que se alejan de cumplir la función social que les corresponde. Si éstos censuran o tergiversan determinadas informaciones y opiniones, ello es motivo de denuncia por parte de sujetos políticos que defienden su ciudadanía.

Es inadmisible en estos tiempos seguir aceptando de manera pasiva la justificación que no entran las propuestas feministas y étnicas porque no venden, ni que tampoco hay cabida a determinadas denuncias porque van en prejuicio de las empresas que subvencionan a los medios.

Si estamos convencidos que la comunicación es un derecho, es insuficiente seguir en la queja permanente que voces y actuaciones críticas siempre están marginados. No basta con estar molestos por la concentración de los medios ni porque predominan las visiones neoliberales, tenemos que actuar. Al tomar conciencia de que hay medios que están violando derechos no tenemos por qué callar ni resignarnos a que la comunicación se maneje como mercancía. El reto es constituir sujetos políticos que participen para hacer el derecho a la comunicación una realidad y reconozcan que las instituciones del Estado son sus garantes.

A partir de las experiencias que tenemos en la creación y sostenimiento de medios alternativos, los resultados y proyección de observatorios de medios, al igual que en los alcances de redes de periodistas y capacitaciones en el manejo de medios, consideramos que todos esos esfuerzos son válidos y hay que continuarlos, ya que forman parte del ejercicio del derecho a la comunicación. La asignatura pendiente es actuar como sujetos políticos que cuestionen al sistema, por eso tenemos que hacer un repaso crítico a nuestra actuación como periodistas, medios alternativos, proyectos comunicacionales, centros de estudio e investigación y movimientos sociales.

Hoy estamos convocando a construir sujetos políticos que promuevan el ejercicio de la comunicación como derecho mediante estrategias que tengan en perspectiva llegar a la opinión pública y construir alianzas con una agenda que incluya, entre otras, las siguientes propuestas:

• Promover la discusión social de la concentración de los medios en Guatemala y las consecuencias que ésta tiene para la vigencia de las libertades ciudadanas, con miras a trabajar a favor de la democratización del espacio público.

• Solicitar el apoyo para el periodismo departamental, medios alternativos, comunitarios y públicos.

• Facilitar el acceso a grupos específicos a las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

• Desarrollar el debate amplio en la prensa nacional de los problemas de censura y autocensura que existen.

Hacemos un llamado a construir un interlocutor que sea escuchado. Aspiramos a que este panel tenga continuidad con líderes y representantes del movimiento social, periodistas, medios y agrupaciones vinculadas a procesos comunicacionales. Lo que queremos señalar aquí es la responsabilidad que tenemos cada uno de los actores, desde el papel que cada uno estamos realizando.

Rechazamos la disyuntiva entre el pensamiento único o que cada cabeza es un mundo, lo que impide la concertación de alianzas. Estamos convocando a formar la Red por el Derecho a la Comunicación, con respaldo en la jurisdicción internacional y, en el caso de Guatemala, también nacional. Esta actividad busca motivar que actores sociales y políticos, con capacidad de propuesta y acción, asuman la defensa del derecho a la comunicación con un enfoque nacional, totalmente relacionado con los principios de igualdad y autonomía, si no se rompe la hegemonía de los medios tradicionales ni se presta atención a los procesos de comunicación no se avanzará en la transición democrática.

- Rosalinda Hernández Alarcón es periodista mexicana residente en Guatemala, co-editora de la publicación feminista laCuerda.

Ponencia presentada en el III Foro Social Américas, en el panel: Comunicación Política NO Marginal (Ciudad de Guatemala, 8 de octubre de 2008).