A veces, las leyes están diseñadas a conveniencia de los que tienen el poder económico y político; Guatemala es un caso palpable. A pesar de que hemos tenido avances que es justo reconocer, todavía permanecen condiciones legalizadas de discriminación, tanto por razones de género, como étnicas.

En este último aspecto, se puede considerar que desde el mismo Estado continúa la violación a los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios, lo cual es fácilmente comprobable al analizar la legislación, la institucionalidad, las prácticas y las actitudes que se mantienen.

La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) y la Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa de los Recursos Naturales, con el acompañamiento de la Fundación Myrna Mack, denunciaron ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) que los pueblos indígenas siguen siendo objeto de prácticas racistas por parte del Estado.

Presentaron ante el CERD tres casos emblemáticos de proyectos de trasnacionales en sus territorios: la construcción de la represa Xalalá, en Ixcán, Quiché; las operaciones de la empresa minera Maya Níquel, en Cahabón, Alta Verapaz, y la instalación de la empresa Cementos Progreso, en San Juan Sacatepéquez. Argumentan los comunitarios que dichas actividades serán perjudiciales para el medioambiente, la salud y las formas tradicionales de vida de estos pueblos.
Otro efecto mencionado es el impacto que tendrán esos proyectos en la cultura e identidad de las comunidades, así como la generación de conflictos y divisiones internas.

El CERD requirió desde el pasado mes de agosto al Estado guatemalteco información detallada sobre esta situación, incluyendo los estudios científicos ambientales y culturales llevados a cabo. La resolución de CERD lamentó que los pueblos indígenas no hubieran sido consultados y enterados sobre estos proyectos; pidió información sobre las medidas tomadas para asegurar el derecho de participación y consulta de dichos pueblos, manifestando a la vez su preocupación por las denuncias de amenaza e intimidación a líderes comunitarios; además, el Comité solicitó que se garantizara la seguridad de los interesados, y preguntó sobre las medidas tomadas para asegurar la indemnización de quienes van a ser desplazados de sus territorios.

Desde el 2005, se han realizado más de 20 “consultas populares” sobre estos temas, y ninguna ha sido reconocida como vinculante; se les descalifica, señalándolas de ilegales e ilegítimas, argumentando que hubo presión o poca asistencia, lo que ha generado una gran frustración y desconfianza en los pobladores.

Esta forma de participación está contemplada en la ley, y como dice la Licda. Carmela Curup, “es un mecanismo de democratización del Estado, que se convierte en una alternativa ante el déficit de participación que han tenido tradicionalmente las poblaciones indígenas”.

La presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial insistió en que la petición a Guatemala tiene el ánimo de ayudar al Gobierno en la aplicación efectiva de la convención respectiva. Necesitamos conocer la respuesta del Ejecutivo.

Guatemala, 10 de noviembre de 2008

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es Directora de la Agencia CERIGUA.