Fui a Talara invitado por el sindicato petrolero para tratar sobre Petrotech y Petroperú. Entrando, nos recibe un enorme tanque en la urbanización Luis Negreiros Vega. Lo inauguró el 2008 Alan García, dice el chofer. Y aunque está iluminado, el monumento no funciona: está rajado. Al frente, un complejo residencial de Enace, de decenas de departamentos recién pintados, sigue desocupado por años.

Ya en el evento, reapareció crudamente la historia –escrita por felipillos desde Fujimori hasta hoy– de la corrupta liquidación de Petroperú como empresa petrolera nacional. Este camino solo lo emprendieron 3 países sudamericanos, en el auge del neoliberalismo: Argentina, Bolivia y Perú con Petroperú. Hoy, solo el gobierno del perrero del hortelano insiste en su insensatez. Argentina reconstituyó una empresa petrolera estatal y Bolivia recuperó sus yacimientos, ductos y empresas, y ha renegociado a buen precio la venta de gas a Brasil. En el Perú nada.

Como ocurre con el ADN, no requerimos reconstruir toda la historia para identificarla. Bastan algunos ejemplos para ver el proceso. Petro-Tech es uno. Belco tenía una concesión que García recuperó por incumplimiento de contrato, en su primer gobierno. Cerca de 90 plataformas de exploración marítima. La entregó a Petromar, subsidiaria de Petroperú. Luego, sometido a los seguros de inversión de las transnacionales y con presión de EEUU, terminó “retribuyéndole” US$ 257 millones, vía AIG, a Belco. El pago lo hizo Petroperú. 

Pero el corrupto Fujimori privatizó Petromar –que producía 22 mil barriles diarios– en condiciones vergonzosas, con Quijandría y Alberto Bruce (ex funcionario de Belco) en la Cepri. Cedieron 92 plataformas marítimas por US$ 10 millones anuales, más unas regalías de solo 16% de su producción, 50% de lo que pagaban otros. El contrato, como dice la Contraloría, adolece de graves ilegalidades: ganó Petro-Tech Internacional, pero asumió Petro-Tech Peruana, incumpliendo condiciones. Esta maniobra sirvió para que se nieguen a pagar obligaciones a Perupetro. Esta le hizo pagar una parte, pero volvió a dejar de hacerlo y la estatal reclamó y acordó ir a juicio. Pero, ¡oh milagro!, en sus estertores, Fujimori nombró presidente de Perupetro, el 31/5/ 2000, a Rafael Samaniego B., funcionario de Petro-Tech de 1993 al 2/6/2000. Y este (después de cobrar una “liberalidad” de US$ 67,000 dólares el 16 de junio) abandonó el juicio y fue a un arbitraje –amarrado con Petro-Tech– que perdió, obligándose a devolver lo pagado y dejar de cobrar lo pendiente, por lo que la Contraloría (CGR) lo ha denunciado. Ojo: Petro-Tech entonces producía 13,000 barriles diarios y las plataformas marítimas se desmoronaban.

El 2001, a pedido del sindicato y como vicepresidente del Congreso, denuncié el caso a la CGR. Esta demoró 6 años en investigar, pero entregó informes denunciando irregularidades a Perupetro en octubre 2007, al igual que al Congreso aprofujimorista. Nadie hizo nada. Dicen que Callop, capo de Petro-Tech, aportó millones de razones a la campaña de Alan para no ser tocado.

Luego se desata el escándalo de los petroaudios –sin que se haya asumido la recomendación de la CGR de renegociar el contrato, denunciar a Samaniego, etc– y Petrotech, investigada, se vende en EEUU sin siquiera respetar el contrato que los obligaba a ofrecer primero a Perupetro la compra. ¡Una burla! Callop se va, deja la propiedad a colombianos y coreanos y paga en EEUU los impuestos por sus ganancias de capital.

El contrato adolecía de nulidad, que nunca se procesó. La CGR recomendaba renegociar el contrato y denunciar a funcionarios por corruptelas. Nada pasó, con el apoyo del perrero del hortelano. Petroperú podía y debe tomar control del yacimiento Z-2B. Pero, los trabajadores denuncian que si bien la ley 28244 (julio 2004) permite a Petroperú suscribir contratos petroleros, el DS 030-2004-EM, de Quijandría, exige que la firma de contratos sea con empresas con experiencia en los últimos 3 años y a Petroperú se le sacó de la explotación hace años. Es decir, la ley es inaplicable por un DS, pergeñado por el “mago” Quijandría y Toledo, que sigue vigente. ¡La trampa al máximo!

Pero a PetroPerú también la obligan, por ley 28840, a pagar los pasivos ambientales (contaminación) de las empresas privatizadas como la refinería de La Pampilla y los lotes privatizados, quitándole recursos. Le niegan a la refinería de Iquitos el beneficio de no pagar IGV y la obligan a comprar a Pluspetrol el crudo con IGV que ¡no pueden recuperar! Más de 130 millones de soles. Y camina a paso de tortuga la modernización de la refinería de Talara, para promover su privatización.

Petroperú no puede seguir siendo destrozada. Debe recuperar presencia en la explotación y la venta de combustibles, recuperar su integración vertical. Recuperar los lotes de Petro-Tech (Z2B) y BPZ que apenas paga 5% de regalía (Z1), derogarse las leyes que la amarran y modernizar la refinería de Talara. Formar y capacitar técnicos. Contar con un Comité de Control para evitar corruptelas. ¡Talara debe dejar de ser territorio liberado bajo control de los felipillos de siempre!
 
La República,  09 de marzo de 2009

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/2009/03/09/19/pagina/1634