Este 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es distinto. Marcado por la crisis mundial y la depresión económica a la que los países industrializados han arrastrado al mundo, encuentra a la clase trabajadora en la batalla por no pagar la factura de una crisis que no generó, pues es hija de la especulación, la corruptela y la concentración del poder que provocó el reino del capitalismo neoliberal.

Cientos de millones de nuevos desempleados y “autoempleados” cuyas microempresas se desploman suman sus demandas a los trabajadores que ven amenazados sus derechos laborales y sociales, su empleo mismo. No generaron la crisis, pero quieren echarla sobre sus hombros: reducir salarios, eliminar turnos, despedir “excedentes”, negar la discusión de convenios colectivos, disminuir los gastos en seguridad laboral o en preservar  ecosistemas, abandonar a su suerte a pequeños proveedores de insumos que quedan sin mercados…Todo ello, en un marco de debilitamiento internacional de la organización sindical, de las tasas de sindicalización, del fraccionamiento y división de las organizaciones por Estados y empresas que promueven el paralelismo sindical y la ideología de “cada uno baila con su pañuelo” y “progresa” exclusivamente en base a sus capacidades propias, desentendiéndose de los problemas colectivos del trabajo.

La crisis replantea a los trabajadores la despolitización imperante, el debate sobre el modelo de desarrollo económico y social impuesto, sobre el tipo de Estado que  necesitamos, sobre los derechos y deberes de los trabajadores y de las empresas. Y es que la forma de encarar la crisis es una decisión política. Por eso, en los países industrializados las movilizaciones se multiplican demandando a los gobiernos y a los partidos políticos frenar los despidos, defender el empleo y no cargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. La agitación social crece y el Foro Económico de Davos, que reúne a los intelectuales, políticos y empresarios vinculados a los grupos de poder, prevé protestas sin precedentes.

En el Perú, García, asociado al fujimorismo y la derecha más tradicional, propagandiza que estamos “blindados”, pero se ha preparado para la creciente protesta social. Ha impuesto una creciente criminalización de la misma, con penas dirigidas a asustar a quienes protestan y a impedir que autoridades intermedias se plieguen a los reclamos de sus pueblos. Ha dividido el movimiento sindical, fomentando el paralelismo y apadrinando –desde el Estado– a sus fieles. Ha fomentado la maniobra confusionista y el “diálogo interminable” con su nuevo Premier. Y ha alineado a un importante sector de los medios para distorsionar y ocultar la demanda social.

Primero para acallar a quienes reclamaban por un crecimiento económico sin desarrollo social, sin redistribución de la riqueza. Ahora, terminada la quimera del desarrollo como país exportador de materias primas, enfrenta la demanda social frente a la parálisis del crecimiento, el abandono de proyectos de inversión que debían generar empleo, el despido de miles vinculados a la minería y a la agroexportación (cuya demanda internacional se redujo drásticamente mientras sus precios se desplomaron) y la caída en picada de la recaudación fiscal. En la vanguardia están las luchas de las comunidades nativas, de los pueblos originarios y de las organizaciones campesinas frente a la voracidad de las empresas mineras y extractivas que quieren hacerse del agua y los recursos naturales, destruyendo sus ecosistemas y sus territorios.

Las batallas libradas por AIDESEP y las comunidades y pueblos amazónicos son expresión clara de este proceso y de la naturaleza necesariamente política de sus reclamos, en tanto su exigencia implica modificaciones importantes en las políticas del Estado, derogatoria de los DL impuestos para servir los intereses de los grupos de poder y pisotear los de los pueblos.

Cansados del “paseo” con “comisiones de trabajo”, “comisiones multisectoriales”, “tripartitas” y de todo género, los pueblos indígenas han ido al grano: derogar normas, cambiar políticas, modificar rumbos, no perder el tiempo con “encantadores de serpientes” que hablan mucho pero no resuelven nada. Basta mirar cómo en La Oroya el salvataje de Doe Run se interesa solo en la empresa y los que procesan allí su mineral, pero vuelve a abandonar a su suerte la salud de miles afectados por la contaminación sin que cumplan los planes de adecuación medio ambiental (PAMA). Crecientes sectores populares se van convenciendo de que deben incidir y participar en las definiciones políticas del país, en las tareas del poder y en la forma como se maneja y para quien se maneja. Se repolitiza la lucha social.

Este es el reto que nos debe plantear este 1º de Mayo: recuperar y articular la presencia popular en la política y construir la unidad, replantearse el rumbo del país, los intereses que debe servir el Estado, los derechos que debe proteger y garantizar, la forma como debe aprovechar nuestros recursos y capacidades para atender las necesidades y esperanzas de los peruanos.

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090427/19/pagina/1634

La República, 27 de abril de 2009