Al pueblo Nasa del Norte del Cauca

La introducción del Mandato Indígena y Popular[1] de septiembre de 2004 en Cali, propuso la lucha de los pueblos y movimientos sociales de Colombia.  “El desafío que nos convoca”[2] es reconocer que no se trata de una lucha por reivindicaciones al interior de un orden social sino de la confrontación de dos paradigmas o maneras de entender la vida, opuestos e incompatibles.  Al Proyecto de Muerte que ya está destruyendo la Madre Tierra[3] por su afán de explotar la vida para acumular de manera insaciable, se le enfrentan desde la sabiduría ancestral de los pueblos originarios los Planes de Vida para los que esta es el fin último y el propósito de las sociedades es promoverla y defenderla promoviendo equilibrio y armonía.  Afectado por contradicciones y en medio de dificultades, algunos pueblos dentro del movimiento indígena y popular nombraron esta palabra para actuar en consecuencia y han convocado a otros pueblos y procesos a tejer una jigra de unidad para hacer posible el otro país necesario.  Quien pretende firmar con su nombre una verdad como la que nombra el Mandato, no la ha entendido y la está negando.  Nadie es propietario de la verdad.  Las verdades son seres que tienen su propia vida y la siembran autónomas por los caminos de las conciencias.  Este artículo no es sobre ningún movimiento social colombiano en particular aunque los nombre, sino sobre la lucha entre un Proyecto de Muerte y los Planes de Vida de los pueblos.  Desde la conquista, el movimiento indígena ha resistido, recuperado sus tierras y procesos, luchado por su autonomía y finalmente, ha salido a contribuir al tejido colectivo de alternativas sin pretender tener las respuestas.  Esa verdad sencilla y hermosa es una palabra que nombra el camino, es la hora del desafío de hacerla colectiva en las conciencias y en las acciones para que se vuelva libertad.

Revolución –contrarrevolución

En “La Última Masacre Colonial”[4], la evidencia histórica lleva a su autor Greg Grandin a concluir que en Latinoamérica transcurre un proceso de contrarrevolución permanente.  Esta contrarrevolución es de carácter preventivo, porque se prepara y se implementa para evitar que haya una reacción desde procesos de resistencia.  El carácter revolucionario de la resistencia no es definido desde posiciones ideológicas, sino a partir de la defensa de la libertad y la autodeterminación frente a la agresión del capital.  Esta dinámica contrarrevolución-revolución, es resultado de la colonización de territorios y la opresión y explotación de pueblos y riquezas para beneficio de intereses particulares que se sirven de regímenes e instituciones en su afán insaciable de acumulación.  Desde la conquista hasta nuestros días, en cada fase (colonial, republicana, neoliberal, etc.) se implementan las estrategias contrarrevolucionarias indispensables para instaurar los regímenes de turno.  Grandin estudió la historia a través de las vidas de líderes de movimientos sociales, la resistencia de Guatemala, develando desde allí la esencia de la resistencia de todo el continente como fundamento de la historia.  La flexibilidad estratégica, la adaptabilidad histórica y la acumulación sistemática de experiencias y saberes son inherentes a la intervención del capital.  La estabilidad de los regímenes desde la conquista, depende que la coerción y el consenso consigan la mayor legitimidad posible sin sacrificar la máxima acumulación.

Las conclusiones de Grandin son particularmente validas en Colombia.  La nuestra es la historia de un robo a mano armada.  El ladrón (un sistema dinámico desde poderes que desarrollan sus contradicciones mientras compiten por lo que consideran suyo) quiere cada vez más y en cada época se apropia del trabajo, explota la naturaleza y expropia el ahorro de los pueblos.  Ha sido colonial, luego multinacional y ahora se transnacionaliza.  Se enmascara y se encubre para convencer, usurpa cargos, dicta normas, hace promesas e invierte con cálculo algo de su botín a cambio de extraer un mayor beneficio.  Cuenta con socios y cómplices que se identifican con sus intereses y maneja enormes recursos que ha acumulado a fuerza de robar, reprimir y ejercer el poder durante más de cinco siglos.  Acumula saberes, poder y fuerza para robar.  Se constituye en hegemonía.  Es la ley, el orden, la institucionalidad, la verdad oficial, la mentira encubierta, la información y la noticia, la fuente de empleo, la única posibilidad de riqueza y bienestar.  Desde la hegemonía alcanzada, ejerce el terror oficial, es decir, el “derecho legítimo a la fuerza” complementado con las prácticas de guerra sucia por parte de escuadrones de la muerte o grupos paramilitares indispensables para poderse mantener.  Algo hacen estas fuerzas represivas “para servir y proteger”, adquiriendo la legitimidad que necesitan para someter a los pueblos, lo que constituye su función histórica última.

Como lo documenta de manera brillante Naomi Klein en su obra más reciente[5], este robo a mano armada utiliza estrategias de “Choque” que incluyen (asestar o aprovechar) golpes integrales e intensivos de gran magnitud que sacudan y sorprendan a la población de países y regiones enteras hasta dejarlas en situación de máxima vulnerabilidad y dependencia.  Aprovechan esta situación para aplicar la receta de “Choque Económico” de la escuela de Chicago.  Esta receta de Milton Friedman comprende: “ajuste estructural” que incluye “liberalización” comercial y financiera y abre la economía a mercados globales; “desregulación” que remueve al Estado de las decisiones económicas e impone la “flexibilización laboral” y “privatización” de empresas y bienes públicos para que el interés de acumulación privada no se vea limitado por el derecho al bienestar colectivo.  En ese contexto, se hace necesario el “Choque Eléctrico”, es decir, la represión, el terror y la tortura aplicada sobre los cuerpos para destruir de hecho y en forma anticipada la resistencia de los movimientos sociales.  La estrategia contra los pueblos y movimientos sociales se transnacionaliza ahora en la “guerra contra el terrorismo”.  Terrorismo que se promueve desde el capital para justificar la guerra y promover la enorme industria de la “seguridad”.  El proyecto contrarrevolucionario desplaza la confrontación entre los movimientos sociales y los opresores del terreno político-ideológico al terreno de la guerra para poder justificar su uso y legitimar la agresión.

El modelo Colombia

Colombia constituye un modelo particularmente cruel y eficiente del robo a mano armada que se sirve del “Choque Permanente” a través de la destrucción de movimientos sociales para establecer la hegemonía del capital:

En primer lugar, Colombia tiene un acumulado histórico, un “capital hegemónico” para someter, controlar y destruir a los movimientos sociales.  Colombia es la “Democracia Genocida”[6] por excelencia.  El poder económico, se ha servido del terror y de la violencia siempre, como estrategia fundamental para alcanzar sus fines.  Para legitimarse, articula al terror, dispositivos de comunicación y propaganda enmarcados en un régimen parlamentario legalista con una semblanza democrática estable.  Se repiten procesos electorales cuidadosamente controlados (por poderes económicos, la propaganda y el terror) de modo que siempre “ganen” quienes ejercen la hegemonía y defienden un “orden institucional democrático”.  Al pueblo se le impone la guerra sin otra alternativa que involucrarse en ella (para justificar la represión).  Se lo somete con el terror, el circo, la mentira y el empobrecimiento que lo obliga a rebuscar el sustento y agacharse para sobrevivir.

En segundo lugar, este modelo ha superado crisis y períodos violentos de ajuste que corresponden a las transiciones entre las fases del capital y a las luchas de resistencia popular, acumulando experiencia para adaptarse sin cambiar en lo esencial.

Este “Modelo Colombia” refleja la experiencia acumulada en la lucha del capital contra los movimientos sociales.  Es indispensable reconocer el heroísmo ejemplar de la resistencia en Colombia.  Su sacrificio, creatividad, diversidad y resurgimiento perduran a pesar de una persecución despiadada en condiciones de desventaja y apremio constantes.  El modelo es tan fuerte como la resistencia que le han opuesto los pueblos.  El poder ha sabido consolidarse mientras que los movimientos sociales no han podido hacerlo.  La nuestra es la historia de fases del capital y ciclos reactivos de un conflicto cuyo resultado termina siendo la lucha de los movimientos sociales por negociar sus condiciones de sometimiento y explotación ya que el modelo económico se ha adaptado y consolidado.  El Modelo Colombia habría caído de no ser porque quienes ejercen el poder han contado con enormes apoyos externos (en particular de los EEUU) para mantener una correlación de fuerzas favorable a sus intereses e impedir la articulación de los movimientos sociales.  La resistencia popular ha confrontado al Modelo a través del tiempo agudizando sus contradicciones y desafiando la estructura de poder llegando a generarle crisis de profundidad diversa, obligándolo en coyunturas particulares a maniobrar y a hacer algunas concesiones para sobrevivir y superar las crisis.  En última instancia, las crisis han reforzado al modelo y por ello no se han liberado los pueblos del yugo explotador.  El resultado hasta el momento, es el de un país propiedad de unos pocos articulados a capitales globales que han acumulado fuerza y capacidades para someter a los pueblos y reducir a los movimientos sociales a luchar por reformas y condiciones de explotación menos oprobiosas, aspirando a una libertad que aparece distante e indefinida.

En estas condiciones llegamos al período actual de agresión neoliberal que impone el desmantelamiento de los derechos adquiridos y de los logros de la lucha de resistencia a lo largo de la historia.  La mayoría de la población resulta desechable para el establecimiento.  De un Estado débilmente protector con mínimas funciones de redistribución de la riqueza, promoción de la seguridad social, defensa de derechos fundamentales y desarrollo de la capacidad productiva y de los mercados internos, se avanza hacia el Estado transnacional que sirve a intereses corporativos globales entregando el territorio y la riqueza.  Esta transición genera una crisis por la implementación despiadada del plan de ajuste estructural de inserción de las élites, del territorio nacional, de las riquezas, los recursos y el trabajo a la globalización neoliberal.  Las intenciones de este plan se encuentran elocuentemente encubiertas y expuestas en el documento del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez “Visión Colombia 2019”[7] en el que se lee, por ejemplo: “la democracia que en últimas no es más que la capacidad de aceptar las reglas independientemente de los resultados”.  La guerra contra el terrorismo, el paramilitarismo, el narcotráfico, la agresiva agenda legislativa, la política externa del Gobierno, el establecimiento de bases militares de los EEUU y la política de “Seguridad Democrática”, la negociación del TLC y la agenda legislativa, la apertura y entrega de recursos, riqueza, ahorro y trabajo al poder corporativo, la transformación del campo en monocultivos para agro combustibles, el desplazamiento poblacional masivo desde regiones destinadas a megaproyectos, la mayor y más grave crisis humanitaria del continente, la peor situación de derechos humanos, la implementación del Plan Colombia y la articulación con otros planes e iniciativas de integración continental (Plan Puebla Panamá, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana - IIRSA, etc.), son expresiones de este proceso de ajuste y actualización.  El Proyecto Paramilitar apoyado desde los EEUU es la adaptación del Modelo Colombia a este período de transición.  Consiste en la apropiación del Estado por parte de escuadrones de la muerte[8], y élites locales y nacionales en proceso de transnacionalización para la extracción de riqueza y valor al servicio de contrapartes corporativas.  Un modelo que se proyecta desde el territorio colombiano a la Región Andina, al Continente y a otros ámbitos donde el capital global pueda servirse de esta experiencia que articula el horror y la guerra permanente con las leyes y las elecciones.  En Colombia se implementa un plan del capital transnacional de largo alcance que se sirve de gobiernos de turno, instituciones y personas.  El plan se seguirá implementando mientras la resistencia no desenmascare a sus autores para detenerlos.

La transnacionalización de Colombia se da en un contexto continental signado por el fortalecimiento de los movimientos sociales y populares articulados a partidos políticos que llegan al poder y que han surgido precisamente como formas de resistencia al modelo neoliberal.  El desarrollo del conflicto en Colombia y la suerte de los movimientos sociales en este país son trascendentales para el futuro de la resistencia del continente.  De la capacidad de cambiar la adversa correlación de fuerzas, comprender, resistir y generar alternativas depende que este modelo de terror y mentira siga imponiendo su proyecto de muerte desde Colombia o que sea detenido de manera que un país con dueños y sin pueblos se transforme en un país de sus pueblos sin dueños[9].

Fabricación del consenso

El consenso se mantiene a través de un sofisticado dispositivo de propaganda diseñado para penetrar el imaginario, confundir la realidad y distorsionar la memoria.  La versión hegemónica se impone.  La pobreza, dice la versión oficial, es culpa de los pobres porque obliga al Estado a gastar en ellos y por eso argumenta, hay que reducir el gasto para reducir la pobreza.  Se recorta el gasto redistributivo del Estado incrementando el militar para reprimir al pueblo por la vía de la guerra.  Guerra que se debe a la inversión del recurso público para capitalizar empresas privadas que generan ganancias enormes para pocos propietarios que concentran la riqueza.  Riqueza que acumulan a costa de la explotación y el desempleo que profundiza el conflicto social y promueve la guerra.

El consumismo, el entretenimiento y el miedo se combinan encubriendo la verdad con una versión ilusoria y oficial.  El pueblo se entretiene mientras lo matan y lo explotan.  El Presidente ordena “combatir, combatir y combatir” mientras asevera que en Colombia no hay guerra ni conflicto armado: y hay muchos que le creen.  El poder es un acto permanente de propaganda a cuyo servicio están no solamente los medios masivos de comunicación, la información y las manipuladas estadísticas oficiales, sino el propio presupuesto del Estado que maneja el ejecutivo en espectáculos públicos como los “consejos comunitarios” y que invierte en programas “estrella” como “Familias en Acción” y “Familias Guardabosques” que reemplazan la desmantelada seguridad social y los servicios públicos esenciales por asignaciones discrecionales del ejecutivo.  El régimen, apoyado por enormes presupuestos que se presentan como “ayuda externa” de los EEUU, financia expertos contratados para aplicar el acumulado de experiencia internacional en fabricar realidades[10].  La mentira es el lenguaje oficial que enmascara, entretiene y somete.  El que algo quiere debe mendigar, ser cómplice, reproducir y promover la versión oficial.  Al mismo tiempo que el terror paramilitar masacra, intimida, escolta megaproyectos y transnacionales y acumula poder por todo el territorio nacional, las víctimas escuchan al Presidente ufanarse anunciándoles enérgicamente que su Gobierno “desmontó el paramilitarismo”, para el que convoca apoyo público porque según él, merece ser reconocido como actor político.

El poder monta “falsos positivos”: atentados, asesinatos, organizados desde el Estado que causan víctimas y son actos de propaganda con argumentos de sangre y terror diseñados para que la versión oficial no pueda ser cuestionada y así justificar la política de “sangre y fuego”.  La propaganda funciona: el Presidente ha sido reelegido, el Gobierno mantiene una popularidad superior al 75% en medio de la zozobra y la miseria.  Más audiencia tiene el fútbol y más movilizan Shakira y Juanes que los 3 millones de desplazados y las denuncias de las víctimas del régimen.  Quienes se atreven a decir la verdad son acusados de mentir, tildados con epítetos como “miserables” por el propio Presidente, asesinados, desaparecidos o forzados al exilio[11][12].  Tan sofisticado es este dispositivo de propaganda que saca ventaja de las condenas al régimen por sus delitos para promoverlo como democrático y transparente.  Por ejemplo, el proceso que investiga la infiltración paramilitar del establecimiento es presentado como evidencia oficial de compromiso con la justicia.  Las numerosas condenas al Estado por crímenes de lesa humanidad en cortes internacionales se encubren como hechos del pasado y el pago limitado, de fondos públicos de indemnizaciones inoportunas, insuficientes y a regañadientes constituye, según el Gobierno, evidencia de su voluntad de justicia.  La tortura, la desaparición, los asesinatos selectivos son culpa de sus víctimas.  La propaganda oficial niega responsabilidad mientras señala, difama y acusa.  Cuando debe confesar, lo hace para resaltar su vocación de verdad y justicia[13].

La insurgencia

Colombia es un país en guerra.  Una guerra en la que los derrotados son los pueblos y los movimientos sociales y el ganador es el proyecto transnacional que la aprovecha como negocio y como medio para imponer sus intereses y políticas.

Los movimientos insurgentes son una constante en la historia del conflicto en Colombia.  Su presencia se explica y se justifica como reacción ante la agresión del establecimiento.  Las guerrillas son actores sociales que ejercen y promueven la lucha armada como resistencia y, desde su perspectiva, como la única alternativa viable para la resolución del conflicto en Colombia.  Los movimientos insurgentes han sido diversos en sus orientaciones, posiciones ideológicas, presencia y estrategias alrededor del uso de la fuerza.  Su tradición político-militar, su permanencia en el tiempo, su lectura de la realidad desde la guerra revolucionaria, su estructura y experiencia, los han llevado a defender el uso de las armas y la guerra como inevitable y necesaria para cambiar la correlación de fuerzas como medio para asumir el poder.  La capacidad militar, en particular la de las FARC-EP y su amplia presencia en todo el territorio nacional, son determinantes en la dinámica de la relación entre la población en general, los movimientos sociales y populares y el establecimiento.  La historia explica y ayuda a comprender su intolerancia hacia movimientos sociales que no se sumen y no respalden claramente la lucha armada.  La insurgencia ejerce una abierta oposición, confrontación y aún persecución a personas y movimientos que la cuestionen.  La dinámica de la guerra permanente, la magnitud de las fuerzas en contienda, las características del territorio y sobretodo las fases históricas del conflicto integral con el establecimiento han llevado a la insurgencia a oscilar entre actuar como movimientos políticos en armas o como ejércitos insurgentes con discursos y objetivos políticos, es decir, entre las ideas apoyadas en la fuerza o la fuerza apoyada en ideas.  Los procesos de diálogo infructuoso, seguidos predecible e inevitablemente hasta ahora por la profundización de la guerra, han extendido y deteriorado el conflicto a la vez que han levantado obstáculos que aparecen insalvables para alcanzar una salida negociada mientras esta dinámica persista.  El uso permanente de la violencia contra los pueblos, tiende a radicalizar a la insurgencia en el uso de la fuerza, lo que nutre sus bases de apoyo y sus filas.  El dolor, la sed de venganza, la injusticia social, la impotencia y el deterioro de las condiciones de vida que trae la agresión integral del proyecto transnacional, empujan gente hacia las filas de la guerrilla.

Así como quienquiera que lo critique es un “terrorista” o un “guerrillero disfrazado”, según el establecimiento, para la insurgencia, quienes no se someten a sus orientaciones son tildados como paramilitares y convertidos en objetivos militares.  El movimiento indígena y popular es víctima de esta trampa que además de cobrar la vida de varios dirigentes, mantiene a la población sometida a señalamientos y persecuciones.  La resistencia de los pueblos y movimientos sociales frente al proyecto del establecimiento es simultáneamente una exigencia de autonomía frente a los actores armados.  Los pueblos indígenas han sido muy claros en esta posición que les ha costado caro.  Viene surgiendo un movimiento por el Acuerdo Humanitario.  Su voz más visible, el Profesor Moncayo[14] (quien caminó más de mil kilómetros hasta Bogotá para exigirlo) es también un vocero para la mayoría de quienes rechazan la opresión y las políticas de Estado y a la vez son víctimas de la guerrilla de modo que no pueden ser señalados como terroristas por el Gobierno.  Exigen justicia social, convocan a la resistencia y rechazan sin ambages a la insurgencia y sus acciones contra el pueblo.  La rebeldía no puede ser prerrogativa exclusiva ni excluyente de la insurgencia sino un derecho fundamental de los pueblos y de los movimientos sociales que intentan defenderlo y ejercerlo en medio de las amenazas.

Los avatares de los movimientos sociales

El impacto de la guerra sucia y del Modelo Colombia sobre los movimientos sociales es innegable.  Como bien lo señala Héctor Mondragón[15]:

“Así como el extermino de más de 2 mil sindicalistas permitió demoler el derecho laboral a punta de “reformas laborales”, liquidar los hospitales públicos, privatizar las electrificadoras, Telecom y la refinería de petróleo de Cartagena y eliminar el derecho de ECOPETROL a tener el 50% en toda explotación de petróleo o gas, ahora el extermino del liderazgo indígena se convierte en la base de la demolición del reconocimiento de los derechos conquistados por los pueblos indígenas en la Constitución de 1991 y en la ley 21 de 1991 que aprueba el Convenio 169 de la OIT.”

La agenda neoliberal avanza “limpiando” efectivamente sectores y movimientos activos que se resisten y que aún no han sido desmantelados.  El sector campesino ha sido duramente golpeado.  Ahora, las estadísticas de la guerra sucia confirman que el proyecto de muerte se está ensañando con el movimiento indígena y con los movimientos que defienden el derecho a la educación.  La agresión integral y el “Choque Permanente” han llevado a que los movimientos sociales tengan un carácter fundamentalmente reactivo, fragmentado y sectorial.  Con sus mecanismos de presión, la agresión afecta la agenda de los movimientos sociales para distorsionar el carácter de la resistencia.  Se organizan las víctimas, defensores de derechos humanos, de libertades fundamentales, de servicios públicos, de derechos laborales, etc.  Lo coyuntural y reivindicativo tiende a pesar más que lo fundamental.  La desconfianza, el sectarismo y la radicalización de posiciones ideológicas obstaculizan la unidad y el acercamiento entre movimientos.  La dinámica del mercado favorece la institucionalización de los movimientos sociales y su dependencia en torno a instancias nacionales e internacionales (que tienden a ser burocráticas y jerárquicas) o del enorme y muy diverso sector de ONGs que se ven obligadas a competir por recursos y por el control y manejo especializado de áreas temáticas específicas.  La falta de claridad política suficiente, sumada a las estrategias de propaganda, cooptación y financiación, generan confusiones y distorsiones que desplazan a los movimientos sociales de la prioridad de la resistencia.  El proceso vivido por la ejemplar Iniciativa de Mujeres por la Paz[16]; una coalición amplia que se desmanteló recientemente, podría ser efecto de estas presiones.

Los afro-colombianos, a pesar de ser alrededor del 20% de la población, no son un movimiento social unificado ni se han consolidado como una fuerza con vocación y posibilidades de transformar la realidad.  Son, con la población indígena, las mayores víctimas de la represión, exclusión, enajenación y sometimiento.  Con el apoyo del Proceso de Comunidades Negras[17], uno de los movimientos sociales afro colombianos más admirables, las comunidades de la Costa Pacífica están dando una lucha ejemplar por la defensa de su cultura y sus territorios ancestrales logrando que la legislación colombiana reconozca sus derechos[18].  Una vez iniciaron el proceso de titulación colectiva de sus territorios, se enfrentaron con que estos son prioritarios para los actores armados, megaproyectos y el cultivo de agro combustibles.  Han sido sometidos a la agresión paramilitar con masacres y desplazamientos masivos.  El sufrimiento, el dolor y el valor de estas comunidades son innombrables.  El desafío de consolidar la unidad afro colombiana desde su historia e identidad es enorme y aparece lejano.  Todas las fuerzas vienen actuando con grados variables de éxito para dividir y debilitar estas comunidades que, de unirse desde su historia común entre sí, a la vez que se articulen a los movimientos sociales de resistencia, son una fuerza fundamental de la lucha popular.

A pesar de esta tendencia reactiva, dependiente y fragmentaria, los movimientos sociales identifican la agenda neoliberal de agresión, su integralidad y la relación que existe entre sus diversos impactos.  Iniciativas integradoras (como la Gran Coalición Democrática[19], a pesar de no ser un movimiento social) lograron articular la resistencia consciente de la población frente a un referendo citado por el Presidente con el que pretendía validar el ajuste estructural con un apoyo popular en las urnas.  El Gobierno no pudo obtener el número de votos que necesitaba para que el referendo fuera válido.  La lucha contra el TLC ha logrado articular la resistencia y la movilización en su contra logrando que hasta el momento no haya sido aprobado en los EEUU.  Aunque se han dado grandes movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país en los últimos años, persiste la enorme brecha entre el discurso integrador y la práctica concreta de los movimientos sociales.  Las acciones aisladas le han permitido al Gobierno reprimir violentamente movilizaciones que deberían haber convocado solidaridad o han evitado que se alcancen objetivos de lucha.

En momentos de crisis hay movimientos sociales que asumen una posición política equivocada y evitan asociarse con la lucha popular o con otros movimientos sociales bien sea por afanes protagónicos o para negociar sus intereses particulares frente al establecimiento sin el “estorbo” de otros procesos.  En la práctica esta posición es autodestructiva y le hace daño a todo el proceso de resistencia.

El camino a seguir

La articulación de los movimientos sociales en torno de una fuerza política apoyada en un frente de masas que cambie la correlación de fuerzas no ha sido posible en Colombia.  Cada intento en esta dirección (y se han dado muchos a lo largo de la historia) enfrenta la intolerancia represiva y la persecución sangrienta del régimen.  El caso más conocido es el de la Unión Patriótica, cuya militancia y liderazgo fue exterminada[20].  A esto se suman condiciones económicas e institucionales adversas y desconfianzas, sectarismos y diferencias hasta ahora insalvables.  Los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 establecen al Polo Democrático Alternativo (PDA), como el partido de oposición al régimen por encima de los partidos tradicionales y el partido de izquierda con la mayor votación en la historia del país.  El PDA está lejos de haberse consolidado como fuerza de masas y es por el momento una coalición de diversas tendencias políticas articuladas alrededor de un “ideario de unidad”[21].

 A juzgar por las lecciones de la historia, el futuro del PDA depende de la articulación sólida y coherente de tres componentes: 1.  Definir y defender una plataforma política que lo identifique en principio y en la práctica como un verdadero partido de oposición frente al régimen y al capital, 2.  Incrementar el respaldo electoral y ocupar cargos públicos de Estado de manera coherente con la plataforma política y 3.  Consolidar y responder a una agenda popular que surja de un frente de masas conformado por movimientos sociales conscientes, diversos y con capacidad de fiscalizarlo y de darle continuidad.  Históricamente, la plataforma política y el frente de masas terminan supeditándose a la dinámica electoral.  En consecuencia, el proyecto popular se somete al pragmatismo y conflicto entre líderes y facciones que pugnan y maniobran desde posiciones de autoridad cuando ocupan curules parlamentarias o cargos directivos.  Esa relación recíproca entre el PDA y los movimientos sociales definirá seguramente su futuro y pervivencia.  El ejemplo del TLC muestra un camino ejemplar a seguir.  Mientras la bancada del PDA luchaba en el ámbito parlamentario contra este acuerdo, trabajaba en procesos pedagógicos para ilustrar a las masas sobre los impactos de este proyecto perverso y se unía a las acciones populares de resistencia.  Si la agenda legislativa de la bancada se articula a la conciencia y a la movilización, el PDA y los movimientos sociales se fortalecen porque se necesitan mutuamente para construir una alternativa viable y para defenderse de la agresión del régimen.

La hegemonía permanece en poder del régimen que sin embargo, enfrenta una crisis de legitimidad profunda por el ejercicio del terror, el deterioro de las condiciones y calidad de vida de la población, el aislamiento del país en medio de procesos políticos alternativos, la destrucción ambiental, la corrupción, la concentración obscena de la riqueza y del poder y la entrega de la soberanía al poder corporativo.  La historia da pistas claras sobre el camino a seguir por parte de los movimientos sociales para profundizar la crisis y generar alternativas que incluyen:

1.       No se puede cambiar lo que no se entiende.  Es necesario aprender a comprender la integralidad del Plan de Agresión del Capital y desarrollar la capacidad de ver el todo desde sus impactos sin perderse en las luchas particulares y desarticuladas desde el dolor de cada proceso o pueblo.

2.       Hay que impedir que el capital siga desplazando la lucha del terreno político-ideológico al de la confrontación armada.

3.       Deben diseñarse estrategias prácticas y acciones coherentes para no permitir que la agresión someta a la resistencia a tener un carácter mayormente reactivo y fragmentado con agendas desarticuladas.  El que solamente resiste está condenado a ser su agresor porque solamente entiende la agenda de quien lo oprime.  Solos no podemos, nos necesitamos mutuamente para resistir y transformar la realidad.

4.       Es indispensable recuperar la memoria de la lucha y acumular experiencia.  La agresión si lo ha hecho.  La resistencia es una lucha desde la conciencia de los pueblos y un esfuerzo pedagógico desde la memoria.

5.       Luchar desde el dolor de cada pueblo y movimiento, pero comprometerse a sentir y compartir el dolor de los demás en palabra y en acción son el fundamento de una agenda de unidad para la resistencia que no tiene fronteras.

6.       Si uno no tiene propuestas propias, termina aceptando y negociando las de los demás.  El capital tiene planes, objetivos y estrategias.  Es hora de que los movimientos sociales los tengan para convertirse en alternativas viables.

Otro mundo necesario es posible.  Los que son para tener han sembrado de muerte y de dolor a Colombia.  Un proyecto diferente, (una contra-hegemonía) en el que la vida es un fin y no un medio para que algunos acumulen ha dejado de ser una opción.  Es una obligación de los pueblos en solidaridad recíproca para que haya futuro.

* Nuestra lucha es mucho más que un sólo tema de la agenda [07/26/2007] [Fuente: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN] [Autor: Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida].  http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=5455