Desde hace varias semanas hay informaciones de diversos países que alertan sobre violaciones a la libertad de prensa, corolario de la libertad de expresión, cuya importancia, en su calidad de derecho humano fundamental, está considerada en un abanico de regulaciones nacionales e internacionales. Su ejercicio pleno requiere de condiciones mínimas y esenciales, entre ellas, garantía de seguridad, pluralismo y transparencia.

Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Nicaragua se encuentran en la mira de las instituciones internacionales de defensa de la libertad de expresión y de entidades de prensa. Se ha estado alertando sobre las acciones en contra de emisoras de radio y televisión, a las que consideran asediadas por el poder. También hay temor por las reformas legales que puedan afectar a los medios. Se están desenterrando leyes de desacato.

Honduras, a pesar de que ha presentado escenarios alarmantes, con cercos y bloqueos a medios independientes por parte del gobierno de facto, ha sido muy levemente mencionada.

En estos casos, las amenazas vienen de los gobiernos. México fue incluido por federaciones de prensa como el país más peligroso para ejercer el periodismo; hasta septiembre han sido asesinados ocho periodistas, mientras que durante el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el total fue de 60 víctimas; los escenarios más riesgosos son los estados en donde existe alta presencia de narcoactividad, a quienes se atribuyen mayoritariamente esos crímenes.

Otros reporteros son víctimas de grupos armados vinculados a los gobiernos o al poder. Turbas enardecidas también se constituyen en amenazas para los y las comunicadoras.

Las y los periodistas, como profesionales del ejercicio de la libertad de expresión, se encuentran en medio de una serie de intereses y conflictos que los colocan en situaciones de peligro extremo. Su trabajo reporta un producto intelectual que compromete su conciencia. Es un asalariado, traslada hechos, trabaja en el ámbito de los conocimientos y valores, la veracidad y la ética son principios rectores de su quehacer. Si las noticias reflejan acciones que afectan a ciertos grupos, lícitos o ilícitos, es contra ellos usualmente que se desquitan.

Si ofenden al poder, además de que el medio recibe la represalia, el trabajador también se incluye en el paquete. Si se alteró, censuró o cambió la nota, el responsable sigue siendo el o la periodista, además de que muchos quieren “matar al mensajero”.

La semana recién pasada, en el Petén, 11 periodistas fueron amenazados de muerte por medio de una nota anónima, en la que se indica que “el jefe les dará una sorpresa a todos, y los alerta que son vigilados y escuchados en las radios y canales de televisión”. En Cobán, Félix Maaz Bol, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores, también fue amenazado, en agosto. Rolando Santis, en la capital, y Marco Antonio Estrada, en Chiquimula, fueron asesinados este año. Los resultados de las investigaciones aún los desconocemos.

El asesinato, el acoso, la intimidación, las amenazas y los castigos a través de la pauta publicitaria son formas utilizadas para neutralizar a medios y periodistas que interfieren con los objetivos del poder y de grupos paralelos.

Se trata de una lucha de fuerzas y posiciones, en donde el eslabón más débil resulta siendo el/la periodista.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA. http://cerigua.info/portal/