Lo cierto es que ni el Departamento de Lucha contra Bandas Criminales (BACRIM), ni el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ni autoridad colombiana alguna, dijeron tener certeza alguna sobre el reclutamiento de paras en Colombia para ser enviados a Honduras. Tampoco el embajador hondureño Hernán Bermúdez, quien representa al ilegítimo gobierno de Micheletti, parece tener información al respecto. No obstante, las organizaciones hondureñas Frente de Resistencia Popular contra el Golpe y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras han denunciado en los últimos días la participación de 120  paras colombianos en la represión al pueblo en San Pedro Sula y Santa Bárbara. Lo cierto es que la presencia de los miembros de las Autodefensas Armadas de Colombia en Honduras puede estar dirigida  no solo a la represión contra el pueblo de esa nación, a la protección de las grandes haciendas de los terratenientes vinculados a los golpistas, sino también a construir y proteger aeropuertos clandestinos destinados al narcotráfico, ya que Honduras es usado reiteradamente como uno de los puntos de tránsito de la droga colombiana con destino a Estados Unidos.

 

La historia de las  Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) las vincula desde su fundación en 1997 como un grupo paramilitar de ultraderecha, financiado por grandes terratenientes y narcotraficantes colombianos, que actuaba ilegalmente contra el movimiento guerrillero de ese país, así como contra personas de izquierda o vinculadas a la denuncia del narcotráfico.  Los recursos financieros con los que operaban los paramilitares tenían su origen en actividades delictivas como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el contrabando de armas, así como aportaciones de empresas extranjeras y políticos colombianos.

 

Señores del terror, los miembros de las AUC han sido acusados de realizar abominables masacres y asesinatos selectivos contra la población civil, guerrilleros y personas progresistas. Informaciones sumamente confiables los responsabilizan con más de tres mil masacres, 15 000 asesinatos y el robo forzoso de miles de hectáreas de tierra al campesinado de la zona en la que han operado.

 

Durante su criminal actividad las AUC han sido dirigidas por su fundador, asesinado por sus propios cómplices, Carlos Castaño Gil, así como por  Salvatore Mancuso  (Santander Lozada), Iván Roberto Duque Gaviria (Ernesto Báez) y Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40).

 

Aunque en el año  2003 sus cabecillas se acogieron a un acuerdo de desmovilización con el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que propiciaron la desmovilización de casi  30.000 de sus miembros, aún se mantienen en abierta actividad. Algunos de los jefes de las AUC se encuentran detenidos en Estados Unidos purgando sentencias por narcotráfico.

 

Varios grupos remanentes de las AUC se mantienen  operando en Colombia, siendo identificados actualmente como las Águilas Negras, las  Águilas Doradas, las Rondas Campesinas y la Organización Nueva  Generación, y recibiendo la cómplice protección de grandes terratenientes, políticos, militares y policías, así como del gobierno colombiano, tal como se dio a conocer luego del escándalo que destapó el Pacto de Ralito y conocido como Escándalo de la Parapolítica. No han valido para nada, pues,  las constantes denuncias sobre los crímenes de estos para narcotraficantes, emitidas por la  ACNUR, Human Rights Watch y otras ONG.

 

Fue tal la magnitud de los hechos de sangre cometidos por las AUC que a finales de los años 1990 llegaron a realizar una masacre cada dos días, casi 200 masacres por año entre 1999 y el año 2000.

 

Los pocos testigos de sus crímenes han denunciado la existencia de muchas fosas comunes donde han enterrado millares de personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños. Antes de asesinarlos, los han desollado y descuartizado vivos sin escrúpulo y piedad algunos, llegando incluso a emplear víboras venenosas para efectuar sus asesinatos.

 

La incongruencia del proceso de  desmovilización de las AUC, cobra hoy gran notoriedad cuando han aparecido serias denuncias sobre la implicación de remanentes de las mismas, que operan en la frontera con Venezuela y dedicadas al narcotráfico, al contrabando y al tráfico de armas, en los planes de asesinato contra el presidente venezolano Hugo Chávez y en el apoyo a la guerra sucia contra la Revolución Bolivariana. (Ver en Internet mi artículo: (“Presidente Hugo Rafael Chávez Frías: objetivo permanente de los  terroristas venezolanos y cubanos”.)

 

Ciertamente, los paramilitares colombianos aún actúan con total impunidad luego de su supuesta desmovilización, pues cuentan con total apoyo en las altas esferas del poder en Colombia, incluso con la complicidad de funcionarios cercanos al presidente Uribe.  En los últimos años se han visto involucrados en este odioso maridaje entre paras y el gobierno varios políticos como el congresista Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe, y el propio vicepresidente colombiano Francisco Santos Calderón.

 

Conociendo la historia de las AUC y de sus connotados criminales, no cabe la menor duda de que es legítimo el reclamo del  Frente de Resistencia Popular contra el Golpe y del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, así como del Grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarismo, para denunciar la presencia de estos asesinos al servicio de los golpistas hondureños.