“La lucha no es un mero trámite de recuperar la Tierra, es más profundo que eso, queremos recuperar la tierra y la territorialidad, para reconstruir la nación mapuche con la cultura, el idioma, la forma que tenemos de ver este mundo”.  Con estas palabras, el weichafe Héctor Llaitul, recibió a la delegación de corresponsales extranjeros que se hicieron presentes en la Cárcel de El Manzano en Concepción, donde se encuentran actualmente 8 prisioneros mapuche, todos perteneciente a la CAM.

Los comuneros mapuche, acusados de haber participado en distintos atentados, integran la larga lista de alrededor de 50 Prisioneros Políticos mapuche, la mayoría detenidos bajo presunciones y montajes orquestados para detener y amedrentar a las comunidades en sus demandas por tierras y territorios.  Frente a esta realidad, en mayo, la presidenta Bachelet, aseguró que “en Chile no hay presos políticos mapuche”.  “Nadie está encarcelado porque tenga una ideología determinada o porque sea parte de una etnia originaria”, rememorando antiguas declaraciones de Pinochet, cuando en las cárceles de todo el país, hombres y mujeres, demandaban el reconocimiento de su calidad de prisioneros políticos.

“Nos catalogan como violentistas y terroristas, existe una clara intención de criminalizar la lucha, y nos aplican la Ley Antiterrorista, para someternos a condenas más altas, somos juzgados doblemente por tribunales civiles y militares por el mismo delito.  Nuestras comunidades han sido violentadas, nuestros hijos, las abuelas y madres de la comunidad han sido golpeadas, y nosotros hemos sido sometidos a torturas, todo esto bajo los gobiernos de la Concertación” asegura el líder mapuche Héctor Llaitul, quien agrega que no logra entender a Bachelet, ni a la ministra Carolina Tohá, que en su condición de víctimas de la violación a sus derechos humanos durante la Dictadura, hoy apliquen las mismas prácticas que ellas denunciaron en todo el mundo.

A juicio de los comuneros mapuche detenidos en la Cárcel de El Manzano, la raíz del problema es el conflicto con las Forestales,  cuyos dueños, entre ellos el grupo Matte (segundo grupo económico más poderoso del país) al ver afectados sus intereses se protegen con el gobierno y el resultado de esto, es el uso de la fuerza policial y la militarización de la zona sur en conflicto.

Dos son las grandes empresas forestales que tienen intereses económicos en la zona, la Mininco y Malleco, y son dueñas de 2,5 millones de hectáreas, lo que supera cuatro veces más de lo que poseen en total las comunidades.  Actualmente se ha descubierto minerales en la ribera del lago Lleu Lleu, y las mineras han comenzado a llegar, el lugar se ha vuelto suculento para las trasnacionales, que al apoderarse del lago, se apoderan también del agua que es bebestible.

Frente a esta realidad, los Prisioneros Políticos mapuche declaran que “si las forestales atacan a la comunidad, reivindicamos el derecho a la legitima autodefensa y respondemos ante la violencia. Para recuperar tierras debe correr sudor, lágrimas y sangre, hasta ahora no existe otra forma, el Estado nunca ha dado nada por voluntad propia, la autonomía se construye de menos a más”.

Para los Prisioneros Políticos mapuche es claro que la gran demanda es por el reconocimiento constitucional y la autodeterminación del pueblo mapuche, no quieren ser campesinos chilenos, regidos bajo los patrones y reglas del gobierno o ser parte de sus políticas asistenciales, quieren ser mapuche trabajando la tierra y vivir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.