Al finalizar la 51ª asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Cancún, México, del 19 al 23 de marzo del 2010, los Gobernadores del Banco (ministros de Economía, Finanzas o Planificación de los países miembros) aprobaron la Declaración de Cancún[1]. Este documento establece como principales acuerdos una ampliación de capital de 70 mil millones de dólares y la condonación de la deuda de Haití con el BID.

La declaración contiene 10 puntos y un marco global para evaluar las reformas institucionales convenidas como parte del noveno aumento general de capital del Banco. Estos puntos recogen parcialmente algunas de las inquietudes planteadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil de todo el continente que trabajan en el seguimiento de las políticas del banco y en la visibilización de los impactos de los proyectos financiados en la región. Sin embargo, desde estas mismas organizaciones consideramos que todavía quedan puntos por reforzar y retos por asumir desde la gerencia del Banco.

Aumento de capital y proceso de consulta

La propuesta de aumento de capital del BID fue presentada por su presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, en la Asamblea de Gobernadores celebrada en 2009 en Medellín, Colombia. La gerencia presentó una solicitud de ampliación de 180 mil millones de dólares, la mayor en la historia del Banco, cuatro veces más que cualquier solicitud anterior.

Desde entonces, diferentes organizaciones de la sociedad civil han requerido información y planteado diferentes propuestas. A nivel general se entendía que el Banco carece de un adecuado sistema de evaluación basado en los resultados de su gestión y que un aumento de capital sin la necesaria transparencia e indispensable rendición de cuentas, y sin un aumento de las salvaguardas, solo resultaría en mas endeudamiento para los países de la región, así como en el aumento de los ya altos costos ambientales y sociales de sus políticas y proyectos.

La presión ejercida por la sociedad civil a través de sucesivos documentos dio como resultado la convocatoria a un proceso de consulta con las organizaciones sociales de la región, sin precedente en los procesos de recapitalización de las instituciones financieras multilaterales. Sin embargo, la consulta no resultó suficiente en términos de acceso pleno a la información y retroalimentación respecto de las propuestas de las organizaciones sociales.

Por este motivo, en las semanas previas a la cumbre de Cancún las organizaciones sociales enviaron una carta[2] a los Gobernadores del Banco, a los Directores Ejecutivos y a la gerencia de la institución. El documento contiene 27 propuestas, divididas en cuatro categorías: cambio climático y energía renovable, integración regional, transporte sostenible y salvaguardas, marco de resultados y de incentivos, y políticas de gobernanza.

Propuestas de la sociedad civil

En relación a cambio climático y energía renovable, las organizaciones sociales requieren un mayor liderazgo del Banco frente a los países donantes para reducir el consumo de energía, en el reconocimiento de las responsabilidades diferenciadas entre Norte y Sur en las causas del cambio climático; y frente a los países miembros para reducir el apoyo a proyectos de extracción de combustibles fósiles y el incremento de los proyectos con baja emisión de carbono al 40% de la cartera de energética del Banco. Se prioriza así la necesidad de dotar a las poblaciones de la región con menos recursos de fuentes de energía con bajo impacto de emisiones de gases de efecto invernadero. También requieren que el Banco disminuya la financiación de megaproyectos y grandes represas, e incorpore los impactos ambientales y sociales, tales como el reemplazo de cultivos de subsistencia o bosques por plantaciones, los desplazamientos humanos o los derechos de propiedad. Asimismo, las organizaciones señalan el indispensable carácter intersectorial de este tema, superando la visión de proyectos, por medio de la inclusión de los ministerios de Minería, Hidrocarburos o Infraestructura, en el trabajo con el Banco. La consulta sobre zonas aptas para biocombustibles debe ser elaborada con la participación de las comunidades y las organizaciones locales; se deben establecer metas e indicadores para la reducción de la deforestación y la pérdida de biodiversidad; se deben elevar los fondos para adaptación al cambio climático, por lo menos al nivel sugerido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), así como también los fondos no reembolsables para los países más pobres.

En lo que respecta a integración regional se le solicita a la gerencia del BID  un cambio conceptual en el enfoque de integración, desde una visión crítica a la simplificación e igualación del concepto de integración con los de comercio e infraestructura, resultando para ello de vital importancia la no renovación del mandato del Banco en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), así como una inmediata evaluación analítica y crítica del Plan Puebla Panamá (PPP). Es imprescindible centrar la infraestructura de transporte (carreteras, hidrovías, ferrovías) en la integración física interna que favorezca a las economías locales; asegurar la gestión sostenible de las áreas protegidas afectadas por los proyectos, de acuerdo a los estándares internacionales (presupuesto adecuado por hectárea; nivel de conflictividad; implementar planes de manejo, monitoreo y control social); incluir cláusulas ambientales en cada operación de transporte sostenible que den cumplimiento a los estándares y criterios sociales y ambientales, como pre-condición para futuras operaciones, e implementar un sistema de monitoreo y evaluación, que incluya indicadores específicos para medir el impacto de su implementación. También resulta básica la definición de marcos de referencia cuantitativos y cualitativos para evaluación de resultados, la medición y reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero (huella de carbono) atribuidas a cada proyecto, así como niveles de deforestación y degradación de bosques, sin olvidar el fortalecimiento continuo de la capacidad interna necesaria para asegurar la aplicación de salvaguardas de alta calidad, tomando como también que en toda operación con múltiples financiadores se deben aplicar las salvaguardas con los más altos estándares sociales y ambientales.

En lo referente al marco de resultados e incentivos, las organizaciones sociales señalan que el Banco debe poder medir y mostrar los resultados de su gestión. Un efectivo marco de resultados debería reflejar un cambio conceptual consistente con las prioridades institucionales, particularmente en las áreas de desigualdad, cambio climático e integración. Es necesario un programa integral para enfrentar la desigualdad y que éste resulte en un eje transversal, en lugar de quedar reducido a un indicador aislado. Las organizaciones sociales también subrayan la importancia de que la institución cuente con un presupuesto basado en resultados y que se fortalezca el rol de la Oficina de Evaluación Independiente (OVE), en materia presupuestal, de enfoque, de mayor difusión de sus productos y de descentralización. La manera en cómo se toman e incorporan las recomendaciones de OVE debe ser sistemática y transparente y no discrecional como hasta ahora.

Por último, y centrándose en las políticas operativas del Banco, las organizaciones sociales ponen especial énfasis en la transparencia, como concepto intrínsecamente ligado a la democracia, a través de un proceso basado en sus tres dimensiones: acceso a la información, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil en la gestión pública.

Declaración de Cancún

La declaración recoge parcialmente algunas de las inquietudes planteadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil de todo el continente que trabajan en el seguimiento de las políticas del banco. Reconoce que “el Banco no puede simplemente tornarse en una institución más grande, sino que también debe ser más eficaz en el logro de sus mandatos” y señala entre las reformas a implementarse mejorar la transparencia y rendición de cuentas, actualizar las salvaguardas ambientales y sociales de acuerdo a las prácticas óptimas internacionales, así como  establecer entre sus prioridades institucionales el desarrollo sostenible, la energía renovable y el cambio climático. Este documento representa un paso positivo en el camino de la institución para transformarse en un mejor banco.

Sin embargo, las organizaciones sociales subrayan que aún quedan puntos que merecen ser reforzados y dudas acerca de cómo se garantizará que las reformas sean implementadas y no queden (al igual que sucedió en el aumento de capital de 1994) en simples buenas intenciones para mejorar la imagen institucional del Banco. El propio anexo a la declaración contiene 13 puntos con recomendaciones que el Banco tendrá que incorporar en el documento definitivo sobre el incremento de capital que deberá ser aprobado por la Junta de Gobernadores en un plazo de 60 días.

Asimismo, son muchos los puntos que han quedado sin abordar, como la revisión de los conceptos establecidos para promover el desarrollo en la región, la rendición de cuentas del Banco sobre su efectiva contribución al desarrollo, los impactos ambientales y sociales de sus operaciones, especialmente en todo lo concerniente a su política operativa respecto a Pueblos Indígenas, principales afectados por los proyectos de “desarrollo” financiados por el Banco, los resultados del aumento de capital de 1994, las vergonzosas pérdidas debido a su participación en prácticas especulativas en 2008, la corresponsabilidad del Banco en los impactos sobre los Derechos Humanos y el ambiente de sus préstamos y políticas que fomentaron el modelo primario exportador, la reducción del rol del Estado, los efectos de la liberalización y la privatización en los países de la región.

A pesar de estos puntos negativos, el BID sigue siendo un actor clave en el financiamiento de los programas de desarrollo de la región. Por tanto, la participación y el seguimiento en el diseño de estas estrategias y políticas es primordial para las organizaciones de la sociedad civil ya que, a pesar de que los representantes del Banco nieguen públicamente el poder de sus condicionalidades alegando un ejercicio de soberanía por parte de los países, las políticas y estrategias promovidas por el Banco tienen especial relevancia para definir orientaciones y prioridades en la agenda política y económica de nuestros países.  

Próximos pasos

El proceso de recapitalización tomará como mínimo dos años antes hacerse efectivo, es decir, para  2012 se espera el primer desembolso una vez que la propuesta sea aprobada por la Asamblea de Gobernadores y que los poderes legislativos de los países donantes aprueben su participación en el aumento de capital bajo la forma de deuda pública. Posteriormente, para 2015 se espera una certificación del incremento de capital, esto es, al tercer año de haber sido aprobado.

Las organizaciones de la sociedad civil presentes en Cancún[3] seguiremos teniendo al BID en la mira[4] y por lo tanto, nuestros esfuerzos estarán dirigidos a la incidencia con el objetivo de que las propuestas contenidas en la carta del 17 de febrero sean incluidas e implementadas dentro del proceso de reforma institucional del Banco. Dentro de un marco de rendición de cuentas, seguiremos monitoreando su adecuado cumplimiento.

Evidentemente, estas propuestas son parte de un debate más amplio entre el financiamiento al desarrollo (las instituciones financieras que intervienen en el proceso), los derechos humanos y la democracia, toda vez que cada una de estas dimensiones es condición para avanzar en las otras. Partiendo de la base de que existen diferentes concepciones y paradigmas entre una institución financiera como el BID y los pueblos a quienes van dirigidos los proyectos de desarrollo, nuestra labor debe ser la de estar vigilantes y ejercer un control social para lograr un verdadero desarrollo e integración desde y para los pueblos en la región sudamericana.

- Katu Arkonada es investigador especialista en IIRSA e integración en el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC, Bolivia) y María José Romero es especialista en instituciones financieras internacionales  en el Instituto del Tercer Mundo (ITeM, Uruguay).