En Octubre del 2009, fruto de las iniciativas de innumerables organizaciones y redes de los movimientos sociales y activistas del mundo, se organizó la Primera Pre Sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, con la intención de visibilizar los efectos y los responsables del cambio climático que a estas alturas puede considerarse como uno de los mayores crímenes cometidos contra la Humanidad y contra la Madre Tierra. Fue una de las iniciativas más importantes de la sociedad civil organizada para impulsar desde abajo una nueva institucionalidad, basada en la ética de los pueblos para defender el planeta y los derechos humanos ante este crimen. 

 

Bajo esta misma idea, en varias partes del mundo se organizaron iniciativas diversas para recoger testimonios e iniciar procesos simbólicos de juzgamiento a los responsables del cambio climático: Asia, África, Brasil, EEUU. Pero, además, en el marco de las Naciones Unidas, el presidente boliviano, Evo Morales, propuso en septiembre de 2009 la constitución de un Tribunal de Justicia Climática al interior del Sistema de NNUU. Las propuestas van tomando cuerpo y ya se empezaron a debatir en las reuniones de la sociedad civil en Copenhagen durante el Klima Forum y en el marco de la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra de Cochabamba, el Tribunal de Justicia Climática se constituye en un tema prioritario.

 

Los motivos fundamentales por los que se construyó el Tribunal de Cochabamba fueron: Promover la judicialización y tipificación internacional de los crímenes ambientales, elevar la sensibilización en el mundo con relación a la justicia climática y la deuda ecológica, fortalecer la capacidad de vigilancia y la lucha de los pueblos por la justicia climática, incidir en la adopción de adecuadas políticas, estrategias y acciones para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático y contrarrestar las falsas soluciones que profundizan la crisis. Y lo principal: contribuir a construir efectivamente un Tribunal de Justicia que permita juzgar a los estados, empresas e instituciones financieras responsables del cambio climático; así como a quienes promueven falsas soluciones como los mercados de carbono, transgénicos, agrocombustibles, grandes hidroeléctricas, puesto que sus efectos atentan contra la vida y el equilibrio ecológico.

 

Pero ahora el debate y las iniciativas han avanzado, madurado y complejizado; se plantean nuevos caminos, estrategias y formas para construir un Tribunal. Al parecer se presentan diferentes carriles de acción que en sus consecuencias se van a complementar:

 

Por un lado, la iniciativa de un Tribunal Ético de Justicia Climática, de la sociedad civil, no vinculante pero con la suficiente fuerza moral como para visibilizar, juzgar y sancionar moralmente a los responsables de esta debacle. Y sobre todo para impulsar una mayor participación de los pueblos en la construcción de significados y mecanismos de justicia climática.

 

Por otro lado, la iniciativa de construir un Tribunal de Justicia Climática vinculante en el marco de la legislación internacional actualmente existente y en particular al interior de las Naciones Unidas. Para ello se hace necesario analizar las competencias del Tribunal Internacional de Justicia que es el brazo judicial de las Naciones Unidas con jurisdicción universal.

 

Y, finalmente, aprovechar los mecanismos actualmente existentes en las jurisdicciones nacionales, regionales y multilaterales (PIDESC, ECOSOC, la Declaración y el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, entre otros) para iniciar procesos que sancionen a los responsables y que, al mismo tiempo, contribuyan a una jurisprudencia para sancionar los crímenes climáticos.

 

El debate es ahora cómo construir un Tribunal, ¿será éste una instancia independiente específica en las NNUU con referencia concreta a lo estipulado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992) y el Protocolo de Kyoto (1997)?, ¿Pasará la construcción de un TJC por un proceso de reforma de la Corte Internacional de Justicia de las NNUU?, ¿Tendrá la forma de las Cortes de Arbitraje existentes?, ¿Estará dirigido a juzgar a Estados, empresas o individuos? ¿Cuál es el papel y la valoración de la Corte Penal Internacional establecida para enjuiciar a personas por la comisión de delitos de grave trascendencia, como el genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad? Finalmente ¿cuál será la contribución y la interacción con las iniciativas de un TJC ético de la sociedad civil? Las preguntas a resolver en este proceso son innumerables y constituyen un desafío saludable para avanzar amparado en la ética de los pueblos y la necesaria justicia climática.

 

- Elizabeth Peredo (Bolivia) y José Elosegui (Uruguay) - Comité Impulsor del Tribunal Internacional de Justicia Climática