México

Emboscada en La Trique

Genaro Bautista, Franco Gabriel

29/04/2010

Opinión

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- Muere Beatriz Alberta Cariño, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, directora de Cactus

- México omiso ante crímenes

Oaxaca, México. Beatriz Alberta Cariño Trujillo, de la Red de Radios Comunitarias del Sureste mexicano, cayó muerta en la tarde del 27 de abril, en una emboscada perpetrada por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la región triqui de San Juan Copala, en el paraje conocido como “Los Pinos”, La Sabana.

La celada, tomó por sorpresa a los integrantes de la Caravana Humanitaria Internacional que se dirigía a manifestar su apoyo y a entregar alimentos al municipio autónomo de San Juan Copala.

Ante el ataque no alcanzaron a protegerse de las balas.

En la agresión, también murió Tyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés

Se reportaron además la desaparición en un primer momento de seis integrantes de la caravana, entre ellos, Érika Ramírez y David Cilia periodistas de la revista Contralínea.

Los reporteros lograron ser rescatados casi a la media noche del 29 de abril, cerca del río Hierba Santa, de la población de San Juan Copala, en gran medida por el aviso de David Venegas y Noé Bautista quienes dieron parte de su ubicación.

Érika Ramírez y David Cilia, se dirigían a la comunidad autónoma a documentar el asesinato de las locutoras triquis de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido el 7 de abril de 2008.

El atentado, perpetrado por la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), ha recibido muestras de repudio de organismos civiles, sociales, políticos, académicos y de manera específica de dirigencias indígenas.

Beatriz Cariño, también directora del grupo Cactus, con sede en Huajuapan de León, formaba parte de la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala en la mixteca oaxaqueña. Cariño, era esposa de Omar Esparza, fundador de la Red de Radios Comunitarias del Sureste.

San Juan Copala, se encuentra sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que según denuncian autoridades autónomas y organizaciones sociales, “actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca”.

A esta comunidad pertenecían las locutoras, Teresa y Felicitas, asesinadas el 7 de abril del 2008, que el mes de diciembre del 2009 sumaban 18 crímenes de indígenas del municipio autónomo.

Según el recuento hecho por los sobrevivientes, la caravana fue cobardemente emboscada por unos 20 hombres armados.

Bety Cariño (como se le conocía), por más de 15 años, realizaba un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca.

La también directora de Cactus, capacitaba a indígenas de la región y daba asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos.

Beatriz impulsó la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades y logró junto con otras organizaciones crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.

Ni el gobierno federal en manos del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ni el gobierno estatal bajo la batuta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostraban interés por los hechos.

Tuvieron que pasar más de dos días, para que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruis, diera señales de asomo.

Por su parte, el gobierno federal, tiene otras prioridades por lo que el Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, parece ajeno al conflicto. El silencio de la autoridad responsable de la seguridad interna del país hace al gobierno mexicano cómplice de estos crímenes.

Y no se diga del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien en un acto de insolencia y de falta de sensibilidad social, culpó a la caravana por la agresión y puso en tela de juicio el acompañamiento de extranjeros.

El periódico “La Jornada”, informó, que para Ruiz Ortiz, de lo que se trató fue de un enfrentamiento con el grupo de activistas, cuyos integrantes no sabemos quiénes son realmente; sabemos que hay extranjeros (pero) no sé si sean turistas, si vengan de paseo o si vengan a hacer un trabajo de activismo.

El mandatario agregó que las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) seguramente van a arrojar como resultado qué tipo de calidad migratoria tienen estos extranjeros que están participando de forma muy rara en un evento donde se registró un enfrentamiento.

Ruiz Ortiz negó que su gobierno hubiera tenido conocimiento previo de que la caravana viajaría a San Juan Copala, al tiempo que informó que la procuraduría estatal tiene la indicación de detener a quien tenga que detener y de ir a fondo en las investigaciones para saber qué sucedió realmente.

Si bien aceptó que entre los participantes había miembros de organizaciones oaxaqueñas, censuró que una caravana con gente extranjera decidiera viajar de forma unilateral a esa localidad e insistió: No sé en calidad de qué están acá en Oaxaca. Se me hace muy raro, no están acreditados, no sabemos a qué iban extranjeros a una comunidad donde hay problemas, enfatizó.

Las declaraciones del gobernante oaxaqueño, son refutadas por al menos un centenar de organizaciones indígenas y sociales de la entidad, quienes rectifican a Ulises Ruiz en el sentido de que el “problema no se reduce a un enfrentamiento entre dos pueblos, sino a una problemática histórica que se ha dado en la región y que desafortunadamente existe una responsabilidad directa del Estado y su aparato gubernamental”.

Los oaxaqueños acusan de que el gobernador de Oaxaca, “no solo ha omitido instrumentar políticas tendientes a resolver el grave rezago social, sino ha soslayado a la posición que ha mantenido un cacicazgo y control, en donde lo recién vivido, es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo se desenvuelve, portando incluso armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército”.

El Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, CAMPO, “Ojo de Agua“ Comunicación, Diversidades, Comité de Liberación 25 de Noviembre, Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, Colectivo Huaxyacac, Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” AC, Grupo Mesófilo, Servicios del Pueblo Mixe SER MIXE, EDUCA, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO, Enlace Comunicación y Capacitación (Enlace) Tlaxiaco, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Fundación Comunalidad, Fundación Rigoberta Menchú, Oaxaca Libre, Tianguis Indígena Multicultural, A.C., Lucero Mendizábal, NDACUKO AC, PROCA, firmaron el comunicado y demandaron al gobernador Ulises Ruiz, garantías para los caravanistas.

En el mismo sentido, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, destaca que a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos el Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a terceros.

Esta obligación, dice la, ONU se torna particularmente relevante en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Naciones Unidas pide una investigación imparcial, expedita y efectiva de los hechos que tenga como objetivo el procesamiento y, en su caso, la sanción de las personas responsables.

El organismo internacional, solicita a México, adoptar las medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona Triqui, mediante el desarme de los grupos civiles y el establecimiento de mesas de mediación y diálogo entre las partes involucradas plenamente respetuosas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos su derecho a la libre determinación en los términos que señala la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El asesinato de la mexicana Beatriz Cariño y del finlandés Tyri Antero Jaakkola, traspasó las fronteras.

Miguel Palacín Quispe, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), expresó su repudio por el crimen de los defensores de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, perpetrado el martes 27 en Oaxaca, México, en un atentado que dejó por lo menos dos muertos y quince heridos".

De acuerdo a Palacín Quispe, este hecho “se suma a la negra historia de crímenes en todo el continente, donde los gobiernos neoliberales sumisos a las transnacionales extractivistas responden a las justas protestas de los pueblos con la criminalización y el asesinato”.

En su comunicado, la CAOI expresa su solidaridad a los familiares de las víctimas y las organizaciones con las que trabajaban. Y exige a las autoridades estatales de Oaxaca y nacionales de México una exhaustiva investigación de este atentado criminal y sanción a los responsables.

Desde Barcelona, España, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), declara que la realización de la caravana fue anunciada públicamente por los organizadores provocando la respuesta del líder de la organización UBISORT, Rufino Juárez Hernández que anunció el lunes pasado que impedirían a toda costa el paso de ésta tal como hicieron hace poco tiempo con la visita de miembros del FPDT que no pudieron acceder a la zona.

La protección de la cual gozan grupos como UBISORT y el MULT como “organizaciones de interés público” unido al clima de total impunidad permite al gobierno estatal deslindarse de toda responsabilidad en los hechos de violencia, manifiesta la CCIODH.

Tanto los organismos mexicanos como internacionales, piden la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), en la investigación de estos hechos, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de estos hechos

La policía oaxaqueña, confirmó que en el paraje conocido con “Los Pinos” se encontraron 3 vehículos baleados, una suburvan blanca sin placas, en el cual se encontraban dos cuerpos, el de Beatriz Alberta Cariño de Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos “Catus” y Jery Jakoolla observador de derechos humanos de origen finlandés.

La comunidad autónoma de San Juan Copala se ubica en el municipio de Juxtlahuaca, a más de 200 kilómetro de la ciudad de Oaxaca.

Conformada por más de 700 habitantes, enfrenta un cerco paramilitar derivado de la disputa de tierras entre organizaciones como la Ubisort de filiación priista, identificada con el gobierno de Ulises Ruiz, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, éste último, impulsor del municipio autónomo.

Fuente: Agencia Internacional de Prensa India (AIPIN)

https://www.alainet.org/de/node/141030