El tema de la Paz y la reconciliación va a estar nuevamente en la agenda de la oligarquía colombiana. Necesitan un gran “acuerdo político” para ocultar los graves crímenes cometidos durante los últimos 25 años, incluyendo los de Uribe. La presión internacional es fortísima. Todo apunta a que en el mediano plazo necesitan  aprobar una “ley de perdón y olvido”. Quieren “borrón y cuenta nueva”.

Si los sectores democráticos y populares no anticipamos ese escenario, si no hacemos el esfuerzo sincero y desprevenido por ponernos de acuerdo, repetiremos la experiencia de 1991. En esa ocasión “unos” se plegaron a la política dominante y “otros” se opusieron de plano al “pacto político”. Mientras los primeros creyeron haber conquistado el “Estado social de Derecho”, los segundos eran asesinados, desaparecidos y/o vilipendiados a la sombra de la lucha contra el “narco-terrorismo”.

Esa terrible experiencia no ha sido racionalizada en forma conjunta. Es parte del debate de nuestra izquierda, que en ocasiones amenaza con fragmentarnos. En aquella época, la oligarquía logró dividirnos más allá de lo que muchos reconocen.[1]

Estrategia a varias bandas 

Uribe y Santos juegan concertadamente. Usan la “mano de hierro” del gobierno saliente y el “guante de seda” del entrante. Por un lado, agreden al gobierno bolivariano de Venezuela; y por el otro, muestran modales diplomáticos. Mientras Uribe impulsa en el Congreso una reforma de la justicia quitándole poderes a la rama judicial, Santos envía a su Ministro del Interior a acordar con los magistrados los cambios institucionales. Ah!, y le agregan peleas mediáticas para hacer más creíble su estrategia (rabietas de “Pacho” Santos).

Es la clásica fórmula de la zanahoria y el garrote, ahora desde dos frentes. Necesitan re-legitimar la lucha “anti-terrorista”, vía presión a Chávez. Intentan ablandar a la Corte Suprema de Justicia para nombrar un fiscal de bolsillo, así les toque cambiar la terna. Arman un “rostro humanitario” para aplacar las presiones internacionales por la violación de los DD.HH., que es uno de los temas que más les preocupa por sus implicaciones económicas (TLC-s con EE.UU. y UE).

El paquete es integral: para los trabajadores, “nuevo estatuto del trabajo”; para desplazados y campesinos, una “mini-reforma agraria”; para los indígenas, más “retórica pluri-étnica y multi-cultural”. Para cada sector habrá un plan demagógico. El objetivo: colocarle una fachada “humanitaria” a la entrega de nuestros recursos naturales, abaratar los “costos laborales” para atraer más inversión extranjera, centralizar los recursos estatales para afrontar la crisis fiscal que deja el gobierno de Uribe acabando de paso con lo que queda de descentralización (reforma a la ley de regalías).

Piensan utilizar la bandera de la Paz para profundizar la guerra. Pretenden aplicar la receta de las “negociaciones” del Caguán en el ámbito Sudamericano. Ya son expertos en eso. La internacionalización del conflicto va a ser la forma de comprometer a los gobiernos vecinos con la “amenaza narco-terrorista” e ir preparando condiciones para una intervención militar imperialista contra las revoluciones nacionalistas de la región. La cuota inicial es la diplomacia neo-granadina.

La trampa “pacifista”

La fórmula es la desmovilización y reinserción de la insurgencia a cambio de un “acuerdo político”. Una ley de “Punto Final” que incluya a todos los paramilitares, a políticos comprometidos con la “parapolítica”, incluyendo a empresarios nacionales y extranjeros, y la aplicación de una justicia transicional “suave” para cumplir con los organismos internacionales de justicia. Nada más. A aquellos “sujetos de derecho” que se les comprueben crímenes de lesa humanidad se les aplicarán “penas ejemplarizantes” con sus respectivas rebajas. La verdad y la reparación, serán discurso. Será, en suma, una nueva versión de la Ley de justicia y paz[2].

De allí no se pasará. Nos pondrán a discutir, se harán grandes foros y marchas por la Paz. La oligarquía tiene todos los medios para posicionar su “oferta”, que la hacen pensando en ellos mismos. Tienen las mayorías en el parlamento para aprobar “su ley”. No les importa si la insurgencia la acoge o no. Algunos guerrilleros presos y otros cansados de la guerra, posiblemente se acogerán a la ley. Lo principal será que el “mundo” se entere de la grandeza y generosidad de la clase dominante colombiana.

Los que se opongan a ese acuerdo y a esa nueva oportunidad, serán calificados como intransigentes extremistas. Serán los “aliados del narcoterrorismo”. Los gobiernos de los países vecinos que se involucren – si no tienen claro el asunto – pueden caer en esa trampa. Ya le pasó a Chávez con su mediación en la liberación de los secuestrados y bastante desgaste que le ha traído. Mientras que Uribe se vendió ante la opinión internacional como el gran defensor de la institucionalidad, el presidente bolivariano quedó como el aliado de los “criminales y violentos”.

Y entonces, se preguntarán los “principistas”… ¿en donde quedan las grandes transformaciones estructurales por las que luchó la insurgencia durante más de 40 años? “Eso ya lo conseguiremos una vez se supere esta etapa de nuestra lucha”, contestarán los “pragmáticos”. Y rematarán con: “Lo principal es avanzar hacia la reconciliación de los colombianos”.

¿Qué hacer?

Hemos dicho que en Colombia nos balanceamos cíclicamente entre el “principismo” y  “pragmatismo”. Nos parecemos a aquellas doncellas medievales de la antigua Castilla (España) que pasaban rápidamente de la pureza sublime a la entrega fácil y total. Pero, entonces… ¿Qué hacer?

Debemos reafirmar que la oligarquía y el imperio no quieren la Paz. Hace ya un buen tiempo el conflicto armado colombiano está controlado y manipulado por el poder imperial. Es una herramienta de intervención territorial al lado de la economía del narcotráfico. Por ello, van a ofrecer la paz pero preparan la guerra, como hicieron en el Caguán. Ellos sabían – entonces - que la guerrilla no se iba a desmovilizar para caer asesinada por los paramilitares. Pero lograron su objetivo político: se apropiaron de la bandera de la Paz. La insurgencia no mostró flexibilidad ni capacidad política.

La solución es de sentido común. La doncella pone condiciones: “Sí, tendrás mi amor pero primero te casas conmigo”. Ella no le va a pedir amor eterno, ni grandes riquezas, ni la felicidad total, sólo un compromiso que le otorgue derechos sobre su cónyuge.

En Colombia la insurgencia no tiene las condiciones políticas ni la fuerza militar para exigir las grandes transformaciones por las que siempre luchó. Eso lo  conoce todo el mundo, y no va a cambiar a corto plazo. Pero, el pueblo colombiano y latinoamericano, representado en los gobiernos y el movimiento social, sí puede – en ese proceso - plantear un tema que está íntimamente ligado al conflicto armado y a la generación de toda clase violencias.

Debemos decir: Aceptamos las condiciones para conseguir la Paz pero debemos acabar con el combustible que alimenta - hoy - todas las guerras imperiales. Paralelo al Acuerdo de Paz debemos exigir la liquidación total de la economía del narcotráfico.  La única forma posible es la legalización de la droga. Ya existen todos los estudios y diseños para hacerlo. Sólo es cuestión de voluntad política.[3]

De esta manera la principal causa de la presencia de fuerzas militares (bases) norteamericanas pierde su razón de ser. Los Congresos de los EE.UU. y de Colombia se verían obligados a revisar y terminar con los actuales acuerdos de cooperación militar, y transformarlos en una positiva cooperación para fortalecer de verdad la economía agrícola y campesina, y para recuperar las áreas desforestadas.

Hay que precisar: No es un absoluto triunfo contra las políticas neoliberales. No es la revolución democrática ni mucho menos socialista. Pero, sería un importante triunfo político. El pueblo colombiano se pondría a la cabeza de una causa mundial que tiene implicaciones económicas, sociales, ambientales, políticas, culturales, espirituales.  

Sólo un gran frente democrático y popular desde México hasta la Patagonia puede ayudarnos a avanzar. No es un problema que podamos resolver solos. Las condiciones están dadas para impulsarlo.

Popayán, 30 de julio de 2010