“Sin democratización de la comunicación, no hay democracia” fue una proclama que nació al calor de los procesos de retorno constitucional registrados a inicios de los años ’80, para señalar la urgente necesidad de modificar el ordenamiento de los medios de difusión masiva prevaleciente que desde un primer momento se estableció como prerrogativa de los grupos de poder, con un sentido patrimonialista, concentrador y excluyente[1].

 

Para contrarrestar esta realidad, en el curso de las dos décadas anteriores habían comenzado a surgir iniciativas de comunicación que se proponían “romper el muro de silencio”, "dar voz a los que no tienen voz"; en suma, corregir los desequilibrios existentes en ese orden mediático que no daba cabida a amplios sectores ciudadanos.  

 

Con el correr de los años, estas experiencias diversas y provenientes de puntos de partida diferentes van superando la inicial situación de dispersión y aislamiento tanto para establecer niveles específicos de colaboración como para avanzar en definiciones programáticas comunes de cara a la democratización de la comunicación. 

 

En esta búsqueda de acercamientos tuvo lugar el Encuentro Latinoamericano de Medios de Comunicación Alternativa y Popular, realizado en Quito del 19 al 23 de abril de 1993, que marcó un jalón importante al establecer el compromiso de "promover la articulación de un amplio movimiento en favor de la democratización de la comunicación, como parte de la democratización global de la sociedad"[2]. Y con este criterio formuló una propuesta sobre el Derecho a la Comunicación que fue canalizada a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos realizada en Viena en el mes de junio del mismo año.

 

Desde la Cumbre de DDHH en Viena (1993), donde tangencialmente ya se menciona el Derecho a la Comunicación, en el proceso que se ha seguido en este ente mundial paulatinamente se avanza hacia un reconocimiento de tal derecho, sea de manera explícita o implícita, como en la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, entre otros.

 

El Derecho a la Comunicación, que recoge todos los demás derechos adquiridos en el devenir histórico, surge ante la necesidad de contar con un derecho más extensivo que responda a los nuevos tiempos. Dos son los principales ingredientes que gravitan en esta esfera: uno, el consenso que se ha ido estableciendo en la comunidad de naciones respecto al imperativo de profundizar la democracia con la participación ciudadana en la toma de decisiones, para lo cual los diversos sectores ciudadanos precisan estar debidamente informados y tener acceso real a los medios de comunicación para poder expresar sus puntos de vista, cuestión que remite a la necesidad de potenciar la diversidad y pluralismo en tales medios; y, dos, el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, bajo la matriz de la convergencia digital, que entre otras cosas establece condiciones operativas de interactividad.

 

En el curso de las últimas décadas en el mundo se han registrado cambios intensos en el plano de la comunicación que le han convertido en un espacio estratégico muy particular, en la medida que ahora es uno de los sectores de punta de la economía y que los medios de comunicación han pasado a desempeñar roles que antes cumplían otras instituciones (escuelas, partidos políticos, iglesias, etc.), por lo que se ha multiplicado su capacidad de incidir sobre los entornos sociales y la propia cotidianidad.

 

Los cambios políticos y tecnológicos que están modificando aceleradamente el escenario de la comunicación han conllevado a que adquiera pertinencia social el debate sobre la regulación del sector preservando la libertad de expresión y a que el movimiento por la democratización de la comunicación se torne cada vez más amplio y ya no como un asunto circunscrito a quienes están directamente vinculados al campo comunicacional.

 

Es así que ahora junto a los medios de comunicación popular, alternativa, comunitaria, etc., en esta lucha se encuentran los colectivos en pro del acceso universal y apropiación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs); las redes de intercambio para desarrollar el software libre; los organismos de monitoreo y/o presión frente a contenidos sexistas, racistas, excluyentes, etc. vehiculizados por los media; los programas de educación crítica de los media (media literacy); las asociaciones de usuarios para intervenir en la programación de los media; las redes ciudadanas y de intercambio informativo articuladas por intermedio de Internet; los investigadores críticos; las asociaciones de periodistas independientes; los colectivos de mujeres con perspectiva de género en la comunicación; los movimientos culturales; las redes de educación popular; los observatorios en pro de la libertad de información; las asociaciones para oponerse a los monopolios; los movimientos en defensa de los medios públicos; y un largo etcétera.

 

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Haciéndose eco de estas múltiples demandas, gobiernos de varios países han asumido la necesidad de establecer normativas legales para democratizar la comunicación en sintonía con los vientos de cambio que soplan en región. En esta línea, a nuestro entender, destacan cinco países.

 

En Venezuela, el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez (abril de 2002) que tuvo como un eje clave el manejo mediático de los grandes medios de difusión, conlleva a que el régimen dé paso al tratamiento de la “Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión” (conocida como ley Resorte), sancionada en diciembre de 2005, y a políticas para fomentar medios públicos y comunitarios. Todo esto mientras a la par se ha intensificado una persistente y abrumadora campaña nacional e internacional en contra del mandatario venezolano por parte de los grandes conglomerados mediáticos.

 

En Ecuador, la nueva Constitución aprobada el 28 de septiembre de 2008, que recoge la voluntad de cambio y anhelos acumulados de la gran mayoría de la población para alcanzar transformaciones estructurales, contempla el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental. Los Derechos de la Comunicación e Información consagrados establecen un marco inédito para avanzar hacia una profunda democratización del sector. En la Asamblea Nacional se encuentra en trámite la aprobación de la Ley de Comunicación que habrá de desarrollar lo estipulado en la Carta Magna.  Los grandes medios empresariales ya dictaminaron que será una “ley mordaza”, desplegando una campaña publicitaria millonaria antes nunca vista en este país.

 

La nueva Constitución boliviana reconoce igualmente a la comunicación como un derecho humano. Y allí igualmente está en la agenda parlamentaria la aprobación de la nueva Ley de Comunicación, que por cierto también ya ha sido estigmatizada de antemano por el conglomerado de medios de difusión conservadores.

 

Tras un amplio debate a nivel nacional, el 10 de octubre de 2009 el Senado argentino aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como uno de los componentes de la Ley apunta a la desmonopolización del sector, los grandes conglomerados, articulados por el poderoso grupo Clarín, no solo que ignoraron el debate que se realizó durante siete meses, sino que activó una campaña demoledora para bloquear tal iniciativa.

 

Un factor clave que gravitó en este país fue la movilización social. En primer lugar, por la confluencia que se logró establecer con la conformación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por representantes de organizaciones de los trabajadores, de los movimientos sociales, de derechos humanos, de emisoras y claustros universitarios, del movimiento cooperativista y pymes, de radios y canales comunitarios, de los pueblos originarios, ciudadanas y ciudadanos en general.

 

Luego, por la activa participación en los debates en torno a la Ley que se desarrollaron en todo el país durante la fase previa a su tratamiento parlamentario, a partir de una plataforma común de 21 puntos. Y posteriormente por las movilizaciones que desplegaron tanto para la aprobación en el Parlamento como para que se destrabe las maquinaciones jurídicas a las que acudieron los opositores.

 

Brasil es otro país donde últimamente diversos sectores de la sociedad se han involucrado directa o indirectamente en los debates propiciados por el proceso que condujo a la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), realizada en Brasilia del 14 al 17 de diciembre de 2009, donde de las 665 propuestas aprobadas, 601 alcanzaron consenso o más del 80% de aceptación en los grupos de trabajo por lo que no precisaron ser votadas. Otras 64 se aprobaron en plenaria.

 

Como los grandes medios de comunicación no están para el debate, optaron por abandonar la Conferencia y consecuentemente ignorarla o bien descalificarla. Ahora, todas sus baterías apuntan para que las directrices adoptadas en ella mueran en el papel. Pero desde el campo popular ya se habla de acciones de presión para que el Parlamento respete los mandatos de la Confecom, a la vez que de una amplia campaña para la socialización de las propuestas que fueron aprobadas.

 

Aunque la propia realización de la 1ª Confecom es considerada como una victoria de los sectores sociales, por ser un hito que establecerá un marco en la historia de la comunicación brasileña y por el carácter pedagógico que ha primado en la fase preparatoria, ni los más optimistas están seguros de los resultados, por lo intrincado de la correlación de fuerzas.

 

En toda caso, tanto en estos países como en otros que están inmersos en procesos afines, el punto común denominador es la premisa de que lo que está en juego es el sentido mismo de la democracia: una de carácter formal, limitada a votaciones de tiempo en tiempo, donde los actores ya no son los ciudadanos sino los consumidores; y la otra que reivindica una ciudadanía participativa y proactiva para tener voz y voto en las decisiones que vertebran su destino.

 

En tal sentido, el solo hecho de que hoy en prácticamente todos los países haya entrado en la agenda pública el tema relativo al rol y responsabilidad social de los medios de difusión es un indicio emblemático que las cosas están cambiando, pues sistemáticamente y por decenas de años gran parte de éstos se habían negado a dar paso a tan elemental ejercicio democrático. Estamos en un momento histórico que hasta hace poco resultaba difícil siquiera imaginar, por tanto los desafíos se tornan mayores para los/as luchadores/as por la democratización de la comunicación.

 

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En la agenda pública en disputa los ejes comunes tienen que ver con la confrontación a la concentración mediática y la lógica que privilegia los intereses de los grandes grupos económicos, para dar paso a una reestructuración que ponga término a los monopolios y oligopolios. Concomitantemente, el rescate del carácter público de la comunicación social y por lo mismo la centralidad de la sociedad en este plano: un giro copérnico ya que únicamente se venía contemplando a dos actores: Estado y empresarios. Esto es, garantizar la participación activa, crítica y organizada de la sociedad en todos los procesos comunicativos. Y como ejes vertebradores, la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a recibir información verificada y plural; derecho a la rectificación; etc.

 

En esta perspectiva de cambios, uno de los puntos críticos tiene que ver con el reparto del espectro radioeléctrico -un bien público inalienable, imprescriptible, inembargable y limitado- que pertenece a la humanidad pero que es administrado por los estados. En esta materia, se viene imponiendo el criterio de los tres tercios: sector empresarial, público (estatal) y comunitario. Cuestión que cobra particular importancia ante la próxima entrada del sistema de frecuencias digitales.

 

Otro punto se refiere al ordenamiento institucional y la consiguiente definición y demarcación del órgano u órganos rectores que habrán de ocuparse de las regulaciones y controles. A propósito, la figura esgrimida es la de un Consejo Nacional o Social de Comunicación, aunque no necesariamente hay concordancia respecto a su composición y espacio de autonomía.

 

También hay una serie de demandas que, con variantes, resultan comunes a los diversos países, tales como: la producción y distribución local y regional; la sustentabilidad de los medios públicos y comunitarios; la precisión del carácter y composición de los medios públicos; las derivaciones prácticas del control y participación social; acceso a la información de las entidades públicas (transparencia), insinuándose que lo mismo debería aplicarse hacia todos los sectores; acceso universal a las tecnologías de Información y Comunicación (TICs); regulaciones en materia de promoción y publicidad, entre otros puntos.

 

Pero más allá de las demandas específicas importa considerar que también se está proponiendo un nuevo enfoque que ya no solo considera fundamental establecer normativas respecto a las obligaciones del Estado para Garantizar y Respetar el conjunto de derechos sancionados legalmente, sino también sus obligaciones de Proteger y de Cumplir para la realización plena de los Derechos de la Comunicación.

 

 

Contar con un escenario favorable no significa que las aspiraciones y demandas llegarán por arte de magia, pues de por medio está un poder mediático reacio a ceder posiciones y que por lo mismo se ha tornado en actor político de primera línea, sustituyendo incluso a los partidos políticos, para tratar que las nuevas normativas legales en el fondo no afecten sus particulares intereses.

 

Es con tal propósito que han desatado sórdidas campañas multimillonarias internas e internacionales para demonizar cualquier medida que implique abrir el juego y espacios para nuevas voces y actores sociales. Campañas sincronizadas entre sí, bajo una misma matriz, con articulaciones y soportes comunes: centros de investigación, observatorios, periodistas “independientes”, la inefable Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y conexos… por lo general con enormes recursos de Usaid, Ned y similares. A la postre, los grandes medios de difusión en lugar de propiciar un debate amplio y diverso han optado por atrincherarse en la esencia de su realidad oculta: la propaganda.

 

Al centro de tales campañas: ese mismo poder mediático erigido como paladín de la libertad de expresión. O sea, un valor intangible utilizado para señalar que su poder acumulado es intocable. Por lo mismo, se convierte en un atentado a dicha libertad toda iniciativa que pretenda abrir nuevos parámetros asumiendo que en ella se contempla también la libertad de la ciudadanía toda. Por decir algo, que simplemente reivindique que el escenario vigente precisa dar paso a la incorporación de nuevos actores sociales para hacer efectivo el sentido de mayor pluralidad y diversidad.

 

Los teóricos del liberalismo clásico cuando cimentaron las ideas del “cuarto poder” lo hicieron bajo la premisa de que libre expresión de opinión a través de los órganos de prensa independiente constituye el principal medio para garantizar la expresión de la diversidad de puntos de vista, la formación de una opinión pública lúcida y la vigilancia de los abusos del poder estatal. Pero hoy los abusos también provienen del poder mediático altamente concentrado. Por eso, como anota Thompson: “El enfoque del laissez-faire para la actividad económica no es necesariamente la mejor garantía de la libertad de expresión, del momento que un mercado desregulado puede abrir un camino que efectivamente reduce la diversidad y limita la capacidad de la mayoría de individuos para poder hacer escuchar sus puntos de vista”[3]

 

El hecho es que bajo tal premisa se operó el proceso de institucionalización que ha hecho que los medios de comunicación se conviertan en entes autónomos en tanto “naturalmente neutros”, por fuera de cualquier control social. Y bien, es lo que ahora les permite actuar por sí y ante sí con una agenda propia, supuestamente como expresión de la sociedad. Una seria secuela de ello es que ahí se produce la separación entre emisor y receptor, estableciéndose una relación unidireccional a partir del polo emisor; aunque se diga que es una cuestión simplemente técnica, no es así.

 

En este sentido, el momento demanda pensar la otra comunicación. No se trata únicamente de ver cómo potenciar y multiplicar flujos de información, sino y sobre todo de rescatar el sentido mismo de comunicación en tanto proceso social dialógico y participativo. Vale decir, se torna imperativo superar el predominante paradigma de la información, para compenetrarnos con el de la comunicación, que en ciernes es lo que han buscado impulsar las expresiones de la comunicación alternativa y popular.

 

En clave del Derecho a la Comunicación, ésta no se limita a los medios de difusión, sino que se conecta con ámbitos como la educación y la cultura, en tanto supone diálogo y construcción de sentidos comunes. Pero debido a la centralidad que en nuestras sociedades han adquirido esos medios de difusión, resulta obvio que se le asigne una atención particular.

 

De hecho, hoy por hoy, se trata de una desafío universal, como anota Dominique Wolton al señalar que: “La revolución del siglo XXI no es la de la información, sino de la comunicación. No la del mensaje, sino de la relación. No de la distribución de información mediante técnicas sofisticadas, sino de las condiciones de aceptación, o rechazo, por parte de millones de receptores, todos diferentes y rara vez en sintonía con los emisores. Los receptores, destinatarios de la información, complican la comunicación. La información tropieza sobre la cara del otro. Se soñaba con la aldea global, pero se redescubre la Torre de Babel”[4].

 

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Para los sectores populares, los procesos de organización, participación y movilización han constituido históricamente la piedra angular para liberar su capacidad de expresión, rescatar su derecho a la palabra, sustentados en una interacción colectiva orientada a analizar y comprender la realidad para establecer identidades y sentidos comunes respecto a su accionar social transformador[5].

 

De ahí que la relación y/o apropiación de los medios de difusión por lo general se han enmarcado en parámetros relativos a tales procesos. Con la entrada en escena de los medios masivos, cuando la radio y sobre todo la televisión pasan a redefinir el escenario, afirmando su centralidad en la configuración de la vida pública, se va creando una brecha que las expresiones organizadas del campo popular han tenido dificultades para descifrar. Pesó, sin duda, el enorme desbalance resultante de esta interposición de un complejo tecnológico cada vez más sofisticado y oneroso, pero también inercias, errores y omisiones.

 

Ante este nuevo escenario, las organizaciones pasan a moverse entre la condena y la fascinación frente a los medios masivos de difusión, y en muchas de ellas se fue estableciendo como política el “posibilismo mediático”, con mecanismos para que los medios se hagan eco de sus actividades y planteamientos. El hecho es que el espacio en los medios para los movimientos sociales no se ha ampliado en paralelo a la proyección de éstos en la escena pública. Más bien, se procede a un reordenamiento de la presencia de tales protagonistas. Así, se puede constatar por ejemplo que el tradicional espacio que tenía el movimiento sindical se ha achicado para dar lugar a otros sectores sociales; verificándose que por lo general los medios no logran asimilar la diversidad y el pluralismo.

 

Todo parece indicar, sin embargo, que ya se está tornando la página de esta situación. Entre los múltiples factores que han gravitado para la “reconexión” de los movimientos sociales con el tema de la comunicación hay uno que ha resultado clave: las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), dentro de las cuales destaca la Internet, que han repercutido en todos los órdenes del convivir social. Al decir de Noam Chomsky, en declaraciones al periódico mexicano La Jornada (19/09/04): "el uso de Internet, además de facilitar y agilizar la comunicación dentro de los movimientos sociales y entre ellos, se presta para restar el control de los medios establecidos. Esos son dos de los nuevos factores más importantes que han surgido en los últimos 20 años".

 

Por los costos relativamente bajos, las clases subalternas han podido acceder a esta tecnología de punta y apropiarse de múltiples formas, siendo que históricamente disponer de algún dispositivo de comunicación tan solo resultaba factible cuando tecnológicamente se había convertido en desecho o, al menos, en secundario.

 

Si bien, por lo general, en las organizaciones sociales continúa prevaleciendo una visión instrumental de la comunicación, circunscrita a la utilización del medio, del instrumento, no es menos cierto que al interior de ellas ya se habla de la formulación de políticas y estrategias de comunicación, y de la necesidad de dotarse de medios y una agenda propios (impulso de procesos de formación tanto para dirigencias como para los/as operadores, la articulación de un nuevo tejido comunicacional antihegemónico, disputa de amplias audiencias, producción colaborativa de calidad, etc.), y recuperar el sentido mismo de comunicación.

 

En esta dinámica un factor clave es la creciente revalorización de la comunicación en tanto espacio de disputa estratégica y, por tanto de la lucha de ideas (en cuyo marco es fundamental desenmascarar el rol y el poder concentrado de los monopolios mediáticos en defensa del statu-quo), como también de la lucha por políticas públicas que contribuyan a la democratización de la comunicación.

 

Asimismo, cada vez se ve como un eje insoslayable el impulso a la capacidad de respuesta propia, con el fortalecimiento de medios propios con más calidad y contemporaneidad. Y más allá de los medios, la necesidad de afinar y potenciar el discurso propio: para poder decir “nuestra palabra” tenemos que construirla.  Ninguna organización se conforma de una vez para siempre sino que se va vertebrando en las dinámicas de las luchas sociales como portadora de proyectos que conjugan principios, utopías, propósitos, valores y significados y que le permiten proponer alternativas, disputar sentido.  Este es un desafío permanente, más aún para movimientos que articulan las luchas locales con las globales.

 

 

No solo por su costo relativamente bajo, sino también por su configuración y funcionamiento, se ha señalado que para los movimientos sociales la Internet llegó como “anillo al dedo”. En efecto, en el campo popular el debate sobre la concepción organizativa cobró un particular impulso cuando en el marco de la crisis de los ’70 se abre la reflexión sobre el post-industrialismo, ante la emergencia de un nuevo patrón tecnológico sustentado en las nuevas tecnologías de comunicación e información, que pone frente a frente el paradigma de la "mecánica" con el de los "flujos", que da sustento a la articulación en red.

 

A diferencia de las estructuras piramidales, donde los niveles intermedios se encargan del enlace entre la dirección y la base, para el funcionamiento en red son las interacciones y flujos de información entre los diversos componentes que adquieren un valor sustantivo para su accionar y desarrollo. Y esto porque entre ellos se establece una horizontalidad de relaciones con la particularidad que cada cual puede decidir sobre sus propias acciones, pero no sobre las de los otros. Esto es, cuando alguien pone a consideración del conjunto una acción, ésta será seguida por quienes la acatan, sin que se torne obligatoria para los demás. De ahí que el cumplimiento de los objetivos no está supeditado a la disciplina, como en las organizaciones verticales, sino al compromiso y lealtad de sus integrantes. De ahí que las redes no se crean, se construyen.

 

El sentido de articulación en red es una de las características de lo que se ha dado en llamar nuevos movimientos sociales, cuya existencia es previa a la llegada de Internet, pero indiscutiblemente se potencian con este recurso. En efecto, además de constituir un nuevo medio que tiene la capacidad de integrar en formato digital a los anteriormente existentes (prensa gráfica, radio y televisión), Internet es también un espacio de interacción social, en la medida que permite actuar a distancia de much@s a much@s, sin la barrera del tiempo, con implicaciones organizativas inéditas.

 

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En el curso de los últimos años, el activismo social en la región ha demostrado una interesante versatilidad para capitalizar los recursos que ofrecen la Internet y, en general, las TICs. Portales, sitios Web, Blogs, chats, correo electrónico, listas de discusión, enlaces de mensajería y telefonía celular, Twitter, etc., junto a los medios de comunicación alternativa, popular, ciudadana, comunitaria, etc. han establecido de hecho un espacio que es cada vez más reconocido socialmente. Con la particularidad de que si antes se padecía de carencia informativa, hoy es la sobreabundancia informativa la que prevalece y que exige respuestas cada vez más afinadas, en las cuales el rigor, la credibilidad, la ética, son altamente estimables.

 

En este contexto, cabe acotar que en el marco de las articulaciones sociales han surgido iniciativas en el plano comunicacional. Entre ellas destaca la Minga Informativa de Movimientos Sociales[6], en la cual confluyen una decena de coordinaciones y redes sociales del continente en la perspectiva de construir “una agenda social en comunicación” conjuntamente con la diversidad de expresiones, movimientos y luchas que reivindican que “otra comunicación es posible”. No se trata de una mera red informativa, sino de un verdadero fenómeno social de estos nuevos tiempos.

 

De modo que, claramente se puede advertir que se vienen registrando avances importantes respecto a la situación anterior, pero desde luego limitados con relación a los grandes desafíos que hay por delante. La cuestión central, en todo caso, es que se ha superado el estado de parálisis que primó un tiempo atrás, para dar paso a la acción. Apreciación que no responde a un optimismo fácil o ingenuo, sino a la constatación de los cambios que desde la resistencia social se están operando en el mundo.

 

Al respecto, todavía se mantiene como una tarea pendiente la necesaria construcción de una agenda específica que ponga en movimiento las sinergias entre las redes sociales y esa “otra comunicación” que se ha venido vertebrando en confrontación al imperio del libre mercado. La Campaña Continental contra el ALCA ya marcó un importante precedente, al congregar redes y coordinaciones de agencias y medios de comunicación alternativa y popular, de radios y TVs comunitarias y regionales, de blogs y sitios de Internet, de video y cine social, de observatorios de medios, etc., junto a movimientos sociales. Pero también importa contar con definiciones, acuerdos y mecanismos con las redes regionales de información y comunicación pública que se están conformando al calor de la dinámica integracionista, cuya expresión más emblemática es Telesur.

 

De hecho, uno de los desafíos del campo popular es insistir para que en los procesos de integración potencie el diálogo y, consecuentemente, habilite los canales y espacios de reencuentro y fraternidad entre pueblos; vale decir, para que contemple seriamente la cultura y la comunicación en tanto dimensiones para avanzar en el entendimiento solidario y fraterno que es indispensable para romper con la historia de subordinación y dependencia.

 

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Para encarar y superar esta realidad, no hay recetas ni fórmulas mágicas porque tal desafío implica la elaboración de propuestas consistentes teórica y prácticamente, tanto a partir de las experiencias y condiciones concretas de las luchas sociales, como del procesamiento de aciertos y errores tanto del presente como del acumulado histórico, y abierta a la crítica y al debate amplio. Es un esfuerzo que convoca a pensar en políticas y estrategias comunicacionales contra-hegemónicas, de la mano de la nueva construcción cultural y social con sentido de humanidad, que solo puede ser colectivo.

 

En este trayecto, con las TICs –y debido a su abaratamiento- se ha creado una base tecnológica que puede permitir la organización y configuración de un sistema democrático de comunicación, a contracorriente de las fuerzas del mercado que quieren anular tal posibilidad. Pero esa posibilidad coloca también desafíos que ameritan encararse desde ya.

 

 

Ponencia presentada en la Conferencia Sindical “Democratización de la Comunicación”, Montevideo, Uruguay. 1 y 2 de noviembre 2010.

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