Ecuador

La cara oculta de la Consulta correísta

René Báez

06/04/2011

Opinión

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“En política lo real es lo que no se ve” (Martí). O lo que no se quiere ver, agregaríamos. ¿A qué se alude?

Como secuela del 30-S, emergieron a la superficie dos grandes obstáculos para la instrumentación “normal” de la estrategia bancomundialista: el primero, el debilitamiento del Estado rentista/clientelar y, el segundo, la fragilidad de un régimen cuyo titular, Rafael Correa Delgado, devino rehén virtual de las FF.AA.

Cuestionado desde un amplio espectro político y social debido a su impotencia para neutralizar el auge de la delincuencia común, los elevados índices de desempleo/subempleo y la agudizada inseguridad estructural de la ciudadanía, Correa buscará recomponer la imagen de su administración profundizando su proyecto primario/exportador con dadivosas renegociaciones con petroleras transnacionales –especialmente las vinculadas a los países del llamado “socialismo del siglo XXI”-, el anuncio de un agresivo plan de concesiones mineras así como la reanudación de las conversaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea conforme al interés de distintos gremios empresariales.

En esta misma línea de afirmación derechista, a partir de enero del 2011, puso en marcha una Consulta popular cuyo objetivo inmediato no es otro que trasladar al tablero electoral las viejas y nuevas pugnas político/económicas, particularmente la relacionada con la resistencia social a la estrategia extractivista que ha determinado que, en la actualidad, cerca de doscientos indígenas y mestizos de distintas provincias y regiones se encuentren enjuiciados por “sabotaje” y “terrorismo”.

El test de Correa: una mesa de tres patas

La Constitución de Montecristi (2008), un grandilocuente y contradictorio cuerpo jurídico de 444 artículos y decenas de disposiciones transitorias, sancionó un régimen presidencialista y, subrepticiamente, la ruta hacia un capitalismo proclive al saqueo de los recursos naturales no renovables y a la mercantilización y depredación del medio ambiente. Esta estrategia regresiva –similar a la que en los años 70 y 80 del siglo pasado implantaran a sangre y fuego las dictaduras promonopólicas de los Pinochet y Videla- será complementada con diversas leyes y códigos votados en el “Congresillo” y la Asamblea Nacional, ambas entidades presididas por el ultraoficialista Fernando Cordero. Complementación ciertamente parcial del “paquete” reprimarizante y aperturista en la medida que algunos proyectos de Carondelet resultaron bloqueados por la oposición parlamentaria o extraparlamentaria.

En este contexto, la Consulta formulada por Correa –su asesor jurídico Alexis Mera y el “cuarto de guerra”- pretende, por un lado, completar el andamiaje técnico/legal para viabilizar la estrategia económica favorable al capital imperialista o “subimperialista” y, por otro lado, reforzar –con ese mismo fin- el poder del Ejecutivo en la perspectiva de convertirlo en presidencia imperial, conforme vislumbramos en Antihistoria ecuatoriana. (1)

Las 10 preguntas incorporadas a la charada correísta pueden ser clasificadas del modo siguiente:

1. Preguntas orientadas a galvanizar un totalitarismo/dependiente

A este bloque corresponden las interrogaciones diseñadas para reforzar la institucionalidad de un esquema de acumulación monopólica. La mecánica básica prevista para este propósito no es otra que la absorción, por parte de Carondelet, de la función Judicial. Se trataría de manipular la Justicia –conforme proclama paladinamente el mandatario- para rescatarla de su añeja descomposición. Semejante metodología, en la práctica, conduciría, por un lado, a garantizar aún más la impunidad para la venalidad “políticamente correcta” y, por otro, a radicalizar la “criminalización de la sociedad”.

En efecto, la destrucción de la independencia de la Justicia, al eliminar la frontera entre Estado absolutista y Estado republicano, a la par que le proveería al caudillismo correísta de una patente de corso para blindar a sus agnados y cognados de la acción de la vindicta pública, (2) le permitiría cubrir con un manto de legalidad a la criminalización y persecución de sus opositores, particularmente de los críticos de la globalización corporativa descalificándolos por “terroristas”.

Respecto de esto último, y conforme ha hecho notar Noam Chomsky, la consigna de la Guerra Fría de “contención del comunismo” fue sustituida después del 11-S del 2001 por el lema de la “lucha contra el terrorismo”, siendo que, en la semiótica del Pentágono, el término “terrorista” tiene una significación muy laxa, ya que puede incluir a insurgentes armados, narcotraficantes nativos, organizaciones indígenas, sindicalistas, activistas de los derechos humanos, líderes religiosos, intelectuales no alineados y, en fin, a cualquier crítico del discurso del mercado y la democracia formal. (3)

De otro lado, no se tiene que olvidar que la administración aliancista se encuentra comprometida hasta la médula en la “guerra contra el crimen organizado”, una nueva formulación de la “lucha contra el terrorismo” diseñada por Washington y Wall Street -y acogida por otras potencias y “subpotencias”- cuya meta no es otra que vulnerar y degradar el tejido social de nuestros países forzándolos a incorporarse a interminables conflictos. Es decir, a perpetuar las anticonductas y la inseguridad. (4)

No se necesita demasiada suspicacia para encontrar conexión entre la “guerra contra el crimen organizado” y el interés de Carondelet en colocar bajo sospecha al conjunto de la sociedad mediante el recurso legal del enriquecimiento no justificado, un concepto imposible de sustentar en un marco institucional que reconoce la libertad de empresa.

2. Preguntas encaminadas a consolidar una nueva hegemonía económica

En este rango se inscribe particularmente la pregunta 3, cuya refrendación en las urnas prohibiría que “las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente…”. (5)

A contrario sensu de lo que podría inferirse de una primera lectura, no se trata de un expediente orientado a ampliar el área social de la economía en la perspectiva de avanzar a la consolidación de un capitalismo nacional relativamente autónomo, conforme al planteamiento que respaldaran sectores nacionalistas e izquierdistas latinoamericanos en tiempos del ascenso del movimiento popular de los años 60 y 70. En el marco de la hegemonía del neoliberalismo bancomundialista que fomenta no sin tropiezos la “revolución ciudadana”, el eslogan del combate a los monopolios tiene un sentido completamente distinto y que se relaciona con la ambición de una emergente burguesía beneficiaria de la “piñata correísta”, ambición por desplazar de la competencia a fracciones empresariales “peluconas”… Todo lo cual resultaría en el resurgimiento del monopolio bajo otros titulares y acaso bajo novedosas modalidades. De otro lado, nada extraño sería que el mecanismo haya sido ideado para abrir las puertas “desde adentro” a capitales legales o mafiosos que circulan a lo largo y ancho de la economía-mundo.

Por lo demás, y en cuanto concierne específicamente a los medios informativos, la

Consulta busca lograr luz verde para la creación de un orwelliano Ministerio de la Verdad, que asegure la circulación sin falsas interpretaciones del fundamentalismo moderno de manufactura metropolitana. (6)

3. Preguntas diversionistas

Las preguntas referidas a la prohibición de casinos, corridas de toros y peleas de gallos corresponden a esta categoría. Más allá de su penoso y hasta folklórico moralismo, tienen como denominador común la demagogia social, esa práctica tan cara a regímenes como los que asolaron Europa entre los años 20 y 30 del siglo pasado.

¿Cuántas calamidades puede engendrar la civilización del egoísmo y de las cosas?

Notas.-

(1) Antihistoria ecuatoriana, Universidad Central del Ecuador, Quito, 2010.

(2) En el artículo titulado “El perdón ya es de todos…” se lee: “Hay al menos 8 160 denuncias de corrupción en el período de Rafael Correa. El sistema anticorrupción está lleno de leyes obsoletas, acumulación de denuncias, falta de base de datos unificadas y blindajes legales…”. Amén de la acción/inacción de una Contraloría y una Fiscalía “de bolsillo”…

“Al menos, 37 grandes denuncias involucran a altos funcionarios. Entre estas constan: Pativideos, Congreso de los Manteles, Armadillo/Ecuavital, Firmas duplicadas en Montecristi, Autoproclamación de la Corte Constitucional, Ivanhoe, Caso Ambulancias, Ministerio del Deporte, Caso Ostaiza, Radares chinos, Caso INAR, Contratos Fabricio Correa, Financiamiento FARC, OCP, Plan Relámpago, Hermanos Alvarado, Compra de Helicópteros Dhruv…”. Revista Vanguardia, febrero/marzo 2011.

(3) Cf. nuestro artículo “El Plan Colombia y el fascismo neocolonial”. (www.alainet.org/active/489&lang=es)

(4) Cf. el reciente documento del “Sup” Marcos titulado “Sobre las guerras”. (www.alainet.org/active/44395&lang=es)

(5) Vistazo, No. 1046, marzo del 2011.

(6) La clausura de Radio Arutam hace un par de años y las recientes y multimillonarias demandas contra los directivos de El Universo y su editorialista Emilio Palacio, así como el juicio en contra de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita –autores del best seller El Gran Hermano- revelan pasos en esa dirección.

Fragmento del ensayo inédito “¿Quo vadis, Ecuador?”

- René Báez, International Writers Association y Centro de Pensamiento Alternativo.

https://www.alainet.org/de/node/148842?language=es