América del Sur

Consejo Suramericano de Economía y Finanzas

Julio C. Gambina

12/08/2011

Opinión

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Pensada para junio pasado, finalmente se realizó el viernes 12 de agosto en Buenos Aires la reunión de los ministros de economía y presidentes de bancos centrales de la UNASUR. Surgió allí el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas para pensar, en la coyuntura, estrategias comunes de la región ante las “turbulencias” de la crisis mundial, según relató el anfitrión, el ministro argentino y candidato a vicepresidente por el oficialismo.

La reunión ocurre en una semana de recrudecimiento de la crisis, principalmente entre los principales países del capitalismo. En principio, vale mencionar que era hora que se asumiera entre los gobiernos de la región que la crisis es “mundial” y que por lo tanto, pese a los datos del crecimiento, superior al registro mundial, el problema es “global” y puede tener impacto en nuestros países. Es un cambio en el discurso, supone una modificación en el diagnóstico y el ámbito del análisis compartido, pese a las evidentes diferencias de políticas nacionales, excluye a la potencia hegemónica del continente y el mundo, nada menos que EEUU, epicentro de la crisis.

Entre las medidas que empiezan a diseñarse se destacan el fondo latinoamericano de reservas; el uso de monedas locales en el intercambio regional para des-dolarizar; la aceleración y extensión del Banco del Sur y la discusión sobre la banca de desarrollo regional (Corporación Andina de Fomento, CAF, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID). Todo para discutirse en los próximos meses y a considerar su instrumentación de cara a las próximas cumbres presidenciales.

El conjunto de medidas apunta a consolidar un “blindaje” regional para reducir la vulnerabilidad externa de los países integrantes del bloque ante la profundidad de la crisis. Las alusiones a la no resolución de la “crisis del 2008” remiten a las preocupaciones latentes ante una recidiva de la recesión mundial ocurrida durante el 2009 y que se espera en el corto plazo, con las regresivas consecuencias sobre el empleo y la calidad de vida de la población empobrecida.

Las finanzas y el comercio en el centro de preocupación

Lo publicitado son medidas en el campo de las finanzas que ponen en discusión el destino de cuantiosas reservas internacionales, donde solo Brasil acumula 350.000 millones de dólares y la Argentina algo más de 50.000 millones de la moneda estadounidense. Son recursos que hoy abonan las dificultades financieras de los países en crisis y los planes de expansión del déficit que sostienen cuantiosos gastos militares y de subsidios y “salvatajes” a empresas en crisis.

Parte de la discusión se concentra en fortalecer el existente Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), integrado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, que fuera constituido en 1978 y cuya sede está en Bogotá, o en crear uno nuevo. Es una decisión a discutir principalmente en Brasil y Argentina, por ahora afuera del FLAR.

El fondo existente (o a crear) interviene en la captación de recursos en el mercado de capitales, emitiendo títulos de deuda, para asistir a países que pudieran verse afectados por situaciones críticas. La combinación de ese fondo con la propuesta de aceleración y extensión en la creación del Banco del Sur se orienta a satisfacer urgencias financieras con una orientación del crédito de desarrollo en el mediano plazo. El debate no solo se concentró en el nuevo banco, sino en la utilidad de los bancos de desarrollo en funcionamiento, sea el BID controlado por las principales potencias, o la CAF funcional a la acumulación transnacional de capitales.

Pero también constituyen medidas que pretenden actuar en el campo del comercio regional, impulsando los mecanismos de compensación de intercambios con monedas locales, extendiendo las experiencias del Sistema Único de Compensación Regional (S.U.C.RE), desarrollado entre los países integrantes del ALBA y/o el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML), entre Brasil y Argentina. Hay que destacar esta experimentación des-dolarizadora, al tiempo que debe señalarse la escasa incidencia de actores económicos y operaciones de comercio exterior involucrada en ambos sistemas, lo que evidencia la subordinación a la compensación en divisas de quienes definen el comercio internacional en nuestros países, sean empresarios o burocracias estatales.

Con los anuncios, se evidenció la ausencia en la discusión sobre articulaciones productivas para hacer realidad un desarrollo compartido que afirme las soberanías alimentarias o energéticas, con un modelo de desarrollo en defensa de los bienes comunes, el cuidado de la naturaleza y la promoción del “buen vivir” de la totalidad de la población.

La conciencia compartida incluye medidas defensivas en lo financiero y lo comercial, constituyendo una asignatura pendiente el debate sobre el “modelo productivo y de desarrollo” que en definitiva condiciona la circulación, o sea, el comercio y las finanzas; y más aún, pasar de medidas defensivas a una concepción de ofensiva, lo que supone discutir el orden mundial capitalista en crisis. Y claro, quizá ello sea demasiado pedir a un conglomerado de países, que aún excluyendo a EEUU, contienen en su seno proyectos de promoción del socialismo con defensores y promotores del capitalismo.

La participación popular ausente en la gestión de la crisis

Vale también mencionar, entre otras cuestiones, que un centenar de representativas organizaciones sociales y personalidades de nuestra América, entre los que resalta Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz 1980, cuestionaron el carácter de “reunión a puertas cerradas” del cónclave económico.

El reclamo parte por no haber sido recibidos para un encuentro de debate de los movimientos con los funcionarios para discutir opiniones sobre el qué hacer ante la crisis. Es que los movimientos tienen sus propias reivindicaciones, estudios y propuestas, que volcaron por escrito y presentaron sus reflexiones y demandas ante el flamante Consejo Económico de UNASUR.

En el petitorio suscripto por las organizaciones se considera el desafío que supone la integración regional en la perspectiva de la defensa de los derechos de la población y el cuidado de la naturaleza, contra el accionar depredador y la especulación del sistema capitalista.

La demanda apunta a considerar la opinión de los pueblos, más allá de la discusión entre los representantes de los gobiernos. La cuestión es que no se trata solamente de generar instrumentos defensivos para limitar el impacto de la crisis, sino de involucrar a la sociedad mediante mecanismos participativos en la toma de decisiones sobre los usos de los recursos públicos, sean en los fondos de reservas o en la banca de desarrollo.

Es que muchas buenas intenciones de políticas económicas o sociales terminan gestionadas burocráticamente para reproducir modelos de gestión que afirman la situación que pretende resolverse. Así, la operatoria de la banca de desarrollo tradicional, sea el Banco Mundial, el BID u otros similares fortalecen el modelo productivo que origina la actual crisis alimentaria, medioambiental, energética, financiera y económica. Por ello la exigencia de protagonizar con participación popular las instancias de decisión en el Banco del Sur, o habilitar la contribución ciudadana en la instrumentación de auditorías de las deudas públicas, tal como resulta de la experiencia ecuatoriana, especialmente cuando el tema del endeudamiento de los principales Estados capitalistas vuelve a la escena mundial, nada menos que impulsando ajustes sociales que deterioran la vida de millones de personas.

Resulta auspiciosa la constitución de un ámbito de discusión sobre asuntos económicos en la región sudamericana, claro que debe reconocerse la diversidad y antagonismo de los procesos nacionales en curso en los diferentes países. La voz y el interés de los pueblos deben resonar en la nueva institucionalidad para interponer un criterio que pueda ir más allá de un escudo defensivo ante la amenaza externa y pueda expresarse una voluntad comprometida con otro mundo posible y necesario.

Buenos Aires, 13 de agosto de 2011

Julio C. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. www.juliogambina.blogspot.com

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