Una solicitud de galvanizar un mayor compromiso y acción a favor de las mujeres y de la igualdad de género en pro de sus derechos lanzó a los Estados la semana anterior, en Nueva York, Michelle Bachelet, para quien estos aspectos son indispensables en la agenda de la acción para hacer avanzar la igualdad.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas defensora mundial de las mujeres y las niñas creada en julio del 2010 con el fin de acelerar la atención a sus necesidades, busca, entre otras cosas, mejorar la autonomía económica de las mujeres; hacer que la igualdad de género sea un elemento central de los planes y presupuestos nacionales de desarrollo.

En nuestro país esa “equidad” ha estado plasmada en el ordenamiento a su más alto nivel, la Constitución Política de la República, que en su artículo 4 la ampara; sin embargo, en la práctica, han persistido la desigualdad, exclusión y discriminación, tanto en el ámbito privado como en el público. Erradicar esa tendencia aberrante ha sido materia de la lucha constante de las mujeres organizadas en el país.

Bachelet anunció que la entidad que dirige concentrará parte de sus esfuerzos en elevar la seguridad económica de las mujeres, como una estrategia para acabar con la pobreza en el mundo. Su llamado debe ser atendido por las autoridades, pues se trata de un asunto de derechos fundamentales, de esos que a nuestras congéneres les ha costado tanto que sean reconocidos y que ha significado que sus necesidades y aportes se mantengan invisibilizados, con altísimos costos para sus vidas y las de sus familias.

Casi simultáneamente al mensaje referido, en Guatemala se conoció la noticia de la derogatoria por parte del presidente de la República, de dos artículos del acuerdo gubernativo de creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) y de su reglamento, donde se establecía que las organizaciones de mujeres estaban facultadas para proponer las candidatas de donde el mandatario debería elegir para dirigirla. La Seprem forma parte de un mecanismo nacional para el avance de los derechos de las mujeres, con rango ministerial, con la estratégica función: de asesorar al presidente, de quién depende directamente.

Las reacciones de rechazo a la decisión por organizaciones de mujeres aducen prepotencia, autoritarismo, mano dura, cierre de espacios democráticos e, incluso, algunas han llegado a descalificar de manera humillante, irrespetuosa y ofensiva, a quien ha sido seleccionada para ocupar el cargo, actitudes que riñen con los principios feministas que dicen defender.

Pero también hay organizaciones femeninas que afirman que la Seprem se había convertido en una institución propiedad de algunos grupos privilegiados, que en la realidad no daba cabida a prácticas democráticas, al haber en ocasiones discriminado a mujeres indígenas. Aducen que el procedimiento que ahora perdió vigencia era discriminatorio, pues establecía requisitos como doctorados, maestrías, licenciaturas, conocimiento de dos idiomas y experiencia de cinco a 10 años en el manejo de políticas públicas, perfil que pocas mujeres pueden llenar.

Efectivamente, la decisión presidencial hace que se retroceda en un procedimiento democrático de participación política, pero habrá que observar si la actual administración cumple con su fortalecimiento, como anunció, y si desde la Seprem se impulsarán políticas públicas a favor de las mujeres, si vela por su cumplimiento y porque se garantice la equidad en planes y programas.

Guatemala, 6 de febrero 2012

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA http://cerigua.info/portal/