Demandas priorizadas

25/03/2012
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A propósito de la marcha campesina iniciada en Alta Verapaz, con legítimas reivindicaciones, es oportuno preguntar si las demandas de las mujeres rurales han sido tomadas en cuenta en esta movilización que busca la urgente atención a las necesidades de este segmento de población, tradicionalmente abandonado.
 
En una reciente declaración, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, suscrita por varias organizaciones, entre ellas la Alianza de Mujeres Rurales, Madre Tierra, Mamá Maquín, la Red de Mujeres de la Plataforma Agraria, la Red de Mujeres Rurales de Baja Verapaz el Cuc, hicieron un pliego de peticiones que incluyen la demanda de tierra, como uno de “sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales”, ya que teniendo tierra pueden contribuir mejor a su lucha contra el hambre.
 
Algo que llama la atención es la exigencia de las campesinas de que su trabajo diario y su aportación al sistema de producción de alimentos sean reconocidos por los hombres de sus comunidades, por la sociedad y, por supuesto, por el Estado. Denuncian que esa falta de reconocimiento es una gran injusticia y un claro signo de violencia contra la mujer.
 
Al Maga le piden que en la inversión del presupuesto de más de Q1,700 millones aprobado para este año, priorice las economías campesinas, con especial atención a las mujeres que se dedican a esas labores y a las artesanas. Al Gobierno le exigen que deje a un lado iniciativas asistencialistas y lleve a cabo programas de apoyo a la producción agrícola, que incluya medidas y mecanismos para mejorar las oportunidades para el acceso a los recursos y a la tierra para las mujeres rurales.
 
Esos proyectos, dicen, deberán contemplar técnicas tradicionales que se acerquen a una agricultura sostenible y que propicien la soberanía alimentaria. En relación con el plan Hambre Cero, solicitan que este incluya el abordaje de las causas estructurales del hambre, lo que implica la democratización del uso de medios de producción, como tierra, capital y tecnología.
 
Una alerta importante sobre ese plan fue lanzada por las campesinas, pues señalan que esa propuesta corre el riesgo de que a su término, en un plazo de cuatro años, haya abordado solamente las manifestaciones y no las causas estructurales del hambre.
 
Según un documento del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, la población femenina rural ve limitado su acceso a la propiedad, al crédito y a otros recursos, así como a las oportunidades de participación y su liderazgo es limitado.
 
En un encuentro de Mujeres Rurales, Campesinas e indígenas latinoamericanas, realizado en Antigua la semana pasada, las asistentes ratificaron que continúa la violación sistemática a sus derechos, que siguen con desventajas en el salario, no tienen acceso a una vivienda digna, ni a la educación, a la salud, ni a la participación política.
 
Las delegadas de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Guatemala demandaron aprobar y cumplir las leyes y políticas que promuevan los derechos de las mujeres rurales e indígenas y velar por una asignación presupuestaria equitativa para la implementación de todos los planes y proyectos a favor de esta población.
 
Veremos si las reivindicaciones propias de las mujeres aparecen incorporadas, de manera priorizada, en los pliegos petitorios que el movimiento campesino está planteando al gobierno; de lo contrario, se evidenciará que continúa el machismo y la exclusión en los movimientos sociales.
 
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA http://cerigua.info/portal/
https://www.alainet.org/de/node/156802
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