Convocados por la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, y por el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, Frank La Rue, y unos 50 expertos en el tema, analizamos en la ciudad de Panamá los avances y desafíos en esa materia. Entre los temas discutidos destacan: el derecho de acceso a la información; la violencia contra periodistas, mecanismos de protección, criminalización de la expresión y nuevos medios y periodismo ciudadano.

Las agresiones y hostilidades contra profesionales de la información ocupan un especial lugar en la vigilancia de ambas relatorías en esta región, ante el incremento de la violencia contra el gremio, especialmente en México y Honduras, dos países clasificados como altamente riesgosos para ejercer el periodismo.

Antes, las amenazas y riesgos se ubicaban en zonas de conflicto, en lugares donde se desarrollaban guerras; hoy, en ambos países no existen estas conflagraciones y, sin embargo, se reportan altos índices de crímenes en contra de periodistas. El acoso legal contra la prensa y el internet como un derecho fueron otros de los ámbitos escudriñados.

Hay coincidencia en que son tres las fuentes principales de riesgo: la generada por los grupos ilegales, crimen organizado y narcoactividad; la violencia política; y la que ocurre en coberturas por manifestaciones públicas, a lo que se suma la descalificación de medios y periodistas. Un método riguroso para registrar y documentar los casos y el seguimiento respectivo son fundamentales para desmantelar la violencia. El monitoreo de las agresiones contra la Prensa, como un mecanismo para el análisis y la elaboración de propuestas de protección son esenciales.

Los expertos ubicaron problemas comunes en la región, tales como la presencia de poderes paralelos que cooptan a algunas autoridades, el temor de los periodistas a denunciar, la censura impuesta y la ausencia, casi generalizada, de mecanismos de protección. Un desafío para quienes trabajan en la tutela de estos derechos es exhortar a los operadores de justicia para que utilicen los estándares de libertad de expresión. Es fundamental la independencia y capacitación a jueces sobre este derecho.

También se habló sobre la criminalización de la expresión, las denuncias presentadas ante el sistema de justicia en contra de periodistas y los delitos de injuria y calumnia, así como sobre la ética periodística como baluarte del ejercicio de la profesión.

Se consideró que la autorregulación puede ser un mecanismo para garantizar la calidad profesional de los comunicadores. Se recordó que este asunto no puede estar en manos del Estado, sino que son la sociedad y el público los grandes evaluadores de la Prensa.

Aunque el periodismo es una profesión que no puede estar subordinada a condiciones, títulos, colegiación o registro obligatorio, sí requiere de altos niveles de profesionalismo y calificación técnica, por lo que el abordaje del llamado periodismo ciudadano fue rebatido por algunos de los especialistas.

Guatemala, 18 de abril de 2012

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA - http://cerigua.info/portal/