Aunque el imperialismo se vista de seda

Luis Britto García

03/06/2012

Opinión

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El problema de la ecología no es sólo ecológico. Si algo nos enseña la Teoría General de los Sistemas, es que todos los elementos de un sistema interactúan entre sí. La ecología no es un mero problema de gases, fluidos y especies: es un problema de la acción coercitiva de los cuerpos políticos sobre el medio humano que a su vez opera sobre el medio ambiente. No hay mejora ecológica sin mejora política.

La acción humana sobre la Ecología parece regida hasta el presente por una lógica matemática que es a la vez paradigma cultural, el de la Teoría de los Juegos. Una variante de ésta se ocupa de los llamados Juegos Suma Cero, en los cuales la ganancia de una parte se hace a costa de la pérdida de las otras, sistematizados por Oskar Morgenstein y John von Neuman en 1944 en su libro The Theory of Games and Economic Behavior (Heims, Steve J.: J. von Neuman y N. Wiener (1 y 2); Salvat Editores, Barcelona 1986). En el modelo matemático del capitalismo, una de las tres fuerzas productivas, el Capital, se alimenta de la explotación y el desgaste de las restantes: la Naturaleza y el Trabajo, y desplaza hacia éstas todas las consecuencias nefastas del proceso productivo. El capital de las grandes potencias logra tales objetivos en estrecha complicidad con el Estado, al tiempo que pretende que los Estados de los países periféricos se abstengan de toda intervención económica.

Así, el gran capital, mientras se coliga con el poder público del Estado, intenta desplazar la gestión de las restantes fuerzas de producción hacia la esfera de lo privado. Por ello pretende que la defensa del Trabajo esté esencialmente en manos de asociaciones privadas, como los sindicatos; y postula que la gestión de la Naturaleza debe depender también esencialmente de entes privados: las grandes empresas transnacionales, las minorías étnicas, y las Organizaciones No Gubernamentales Ecológicas, con gran frecuencia financiadas por las primeras. La llamada Green Economy, a pesar de algunas de sus postulaciones sensatas, predica que la naturaleza debe ser sometida al juego de un mercado que a su vez está dominado por el gran Capital. Como bien denuncia el “Grupo de articulación internacional de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental” en su manifiesto de 12 de mayo de 2012 en Río de Janeiro: “El fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques)”.

Examinemos el comportamiento de esta alianza entre Capital y Estado en el primer actor ecológico del mundo. Estados Unidos cuenta no más del 4% de la población mundial, devora 25% de la energía fósil del planeta y es el mayor emisor de gases contaminantes. El Project New American Century postula que dicho país debe aprovechar sus ventajas acumuladas para continuar siendo la potencia hegemónica del siglo XXI, para lo cual debe seguir un plan de incremento de su poderío militar a fin de no comprometer el nivel de vida de su población (http://www. Newamericancentury). La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos postula el uso sistemático de la fuerza incluso en ataques “preventivos”, con o sin el apoyo de la comunidad internacional (Bush, George: “The National Security Strategy of the United States of America”, Washington, 17-9- 2002, www.whitehouse.gov/nsc//.html). No por casualidad la potencia norteña gasta por sí sola en armamentos más que el conjunto de los otros países. Paralelamente, el Plan de Guerra de Bill Clinton proponía con respecto a América Latina una reconquista política, militar y económica mediante el ALCA, especie de Tratado de Libre Comercio continental que pretendía prohibir medidas proteccionistas del ambiente, y la apropiación de la Amazonia (Dieterich, Heinz: La integración militar del Bloque de Poder Latinoamericano, Instituto Municipal de Publicaciones, Caracas 2004, 49). En orden ejecutiva de 16 de marzo de 2012, el presidente Barack Obama declara materias atinentes a la seguridad nacional lo relativo a la energía, los recursos hídricos, los alimentos, la producción agrícola, el trabajo y todo tipo de tecnologías y suministros, incluidos materiales de construcción; y se atribuye competencias y facultades para mantener la provisión adecuada de ellos para los requerimientos de la Defensa Nacional (www.whitehouse.gov/nsc//.html). La mayor potencia militar del mundo pretende asegurarse la ilimitada disposición de la Naturaleza del planeta mediante el poder estatal y la agresión ilimitada.

A partir de estas premisas, se entiende que conductas como la negativa conjunta de Estados Unidos y Canadá a suscribir el protocolo de Kyoto no son decisiones ecológicas, sino políticas. A ambos Estados les importa un comino que el mundo se ahogue en gases de invernadero, mientras sus ciudadanos puedan disfrutar de una sociedad de consumo fundada en el derroche de combustible en automóviles individuales. Igual política anima a las demás potencias que suscriben el Protocolo, pero limitan la reducción de sus emisiones mediante “acuerdos de flexibilización”. Si los principales contaminadores del mundo se niegan a reducir sus emisiones, ¿quién deberá hacerlo? Se impone tal obligación a los países emergentes, a fin de que sus economías no puedan competir con las hegemónicas.

Para desplazar la responsabilidad por la pureza de la atmósfera a los países que menos la contaminan, los 190 países reunidos a fin de 2008 en la conferencia sobre el clima en Poznan prometen la creación de un “cofre dorado” de créditos de carbono, para que comunidades rurales pobres reciban subsidios como guardianas de tierras y bosques. En dicha conferencia se acordó asimismo un esquema de pagos por la preservación de bosques, llamado Iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD, en inglés). Según él, los países más ricos se comprometerían a compensar la contaminación ambiental que generan, pagando por mantener y reforestar selvas tropicales. En dicho fondo se incluyen catorce naciones, cinco de ellas de América Latina: Bolivia, Costa Rica, Guyana, México y Panamá (Kaldrmakis, de Posmas, Sofía: “Mercadeando el carbono”, Panorama de las Américas, Panamá, febrero 2009, 130). Dichos aportes, obviamente, no se entregan sin condiciones: éstas pueden comprender restricciones para el uso por cada país de sus bosques tropicales, o derechos sobre la biodiversidad, los cauces hídricos y otros bienes naturales. Además, harían depender la preservación de los bosques de la eventual fijación de un “precio internacional por las emisiones de carbono”, todavía no acordado, sujeto a fluctuaciones mercantiles y a complejas mediciones. Obsérvese por otra parte que los créditos aparentemente serían otorgados a “comunidades rurales pobres” y no a los Estados que representan la totalidad del país: la responsabilidad por la preservación de los recursos naturales se desplazaría así, no a los Estados del Tercer Mundo, sino a grupos sociales específicos dentro de ellos. Sería preferible que los países que poseen bosques tropicales gerenciaran por sí mismos sus propias políticas de conservación. La protección de los bosques como compensación por las emisiones de gases de efecto invernadero es, por otra parte, una cuestión compleja, que involucra infinidad de aspectos biológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, y que no debería depender de un mero sistema de mercado (www.carbonfinance.org). El presidente de Ecuador Rafael Correa rechazó en 2010 un acuerdo de tal naturaleza, por considerar que sus cláusulas eran deprimentes y contrarias a la soberanía de su país.

El agua es vida: privatizarla es privatizar la existencia. El Capital avanza una campaña mundial por la apropiación de las aguas y de los servicios de acueductos. Algunas organizaciones no gubernamentales han librado gloriosas batallas por preservar el derecho humano al vital líquido, tales como la Guerra del Agua de Cochabamba. Pero quienes en definitiva han recuperado el control de aguas y acueductos en Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y otros países han sido los Estados, al prohibir la privatización de las fuentes de dicho líquido y renacionalizar acueductos.

El capital se concentra en un número cada vez menor de manos: los alimentos también. Una docena de transnacionales y 36 filiales interconectadas dominan su producción y mercadeo mundial. Integran el cartel Anglo-Holandés-Suizo: doce de ellas están asociadas al cartel de Windsor, de la casa reinante inglesa; las demás en su mayoría están vinculadas a otras cinco casas reales. Apenas dos, Continental y Cargill, controlan más de la mitad de la producción de granos global. Este colosal oligopolio domina el 95% de la producción alimenticia de Estados Unidos, Europa, los países del Commonwealth y Latinoamérica, especialmente Argentina y Brasil, y de sus cosechas dependen cinco mil millones de personas. En el resto del mundo ha deprimido la producción de alimentos incoando la eliminación de políticas proteccionistas y subsidios, la suspensión de financiamientos y grandes proyectos agrícolas, el dumping y el dominio sobre semillas y fertilizantes (Jerónimo Guerra: “La escasez y el desabastecimiento como armas de destrucción masiva”; Rebelión, 24-02-2008). Este sistema presupone el monocultivo, que a su vez impone el latifundio, la expulsión masiva de campesinos y la producción de alimentos para la exportación y la especulación, y no para satisfacer las necesidades de la población del país donde se produce. También trae consigo el cultivo de especies genéticamente alteradas y estériles, y a veces desvía los vegetales del consumo humano para destinarlos a la producción de biocombustibles y de alimentos para el ganado. Este modelo elimina la diversidad biológica, destruye la base social y en fin agota la tierra. Lo han hecho posible las enormes presiones políticas y financieras sobre los Estados débiles que no aplican su soberanía para la eliminación del latifundio ni para la protección de la agricultura local y de sus ciudadanos. Movimientos como el de los Sin Tierra de Brasil avanzan luchas cotidianas contra estos procesos; pero sin apoyo del Estado difícilmente lograrán la victoria. Sin medidas políticas de restricción del poderío de las transnacionales y de protección de las agriculturas locales y de los campesinos no habrá cambios en esta situación. Sin mejora en la política de la propiedad de la tierra no hay mejoría en el problema del hambre.

Los ejemplos podrían multiplicarse al infinito. En general, los poderes económicos y políticos de los países hegemónicos propulsan un modelo de gestión que exige: 1) Privatización de la naturaleza 2) Privatización de los recursos, incluidos los del subsuelo 3) Transferencia del poder de decisión de los Estados periféricos sobre sus recursos hacia transnacionales, organizaciones no gubernamentales o minorías étnicas 4) Apropiación monopólica de la tierra cultivable 5) Control sobre la reproducción de la vida a través de semillas y organismos genéticamente modificados, clonación y el registro de patentes sobre seres vivientes 6) Freno del desarrollo en los países emergentes y periféricos, en aras del ilimitado consumo de recursos por los países hegemónicos 7) Desplazamiento o tercerización de los efectos nocivos de la contaminación de los países hegemónicos hacia las periferias. 8) Derecho al uso ilimitado de la fuerza por los imperios para defender sus pretensiones sobre la Naturaleza 9) Maquillaje de todas estas acciones como políticas de defensa de las víctimas y del planeta. Nunca fue más repulsivo el retrato de Dorian Grey que cuando añadió la hipocresía a sus demás perversiones. Ninguna de estas fatales iniciativas puede ser revertida sin acciones políticas. No habrá revolución ecológica sin Revolución.

Según señalamos, la lógica de estas operaciones destructivas corresponde a la estrategia de los llamados juegos Suma Cero, en los cuales la ganancia de uno equivale a la pérdida de otro. Su lógica ha permeado toda la cultura, desde la simplificación del evolucionismo al darwinismo social y a la idolatría del libre mercado como supuesta sede de la libre competencia, y a la prédica postmoderna de la muerte de la Ética, de la Política y de la Historia. La conciencia de la finitud del mundo debe llevarnos a aplicar los juegos cooperativos, examinados por John Forbes Nash en 1951 en su artículo Non-Cooperative Games (The Annals of Mathematics 54(2):286-295). Si la perpetuación de un juego suma cero lleva al estancamiento o la destrucción mutua, los competidores pueden mejorar su estrategia haciéndolo cooperativo. De hecho, la Sociobiología demuestra que la vida, lejos de ser sólo un juego suma cero de competencia y mutua destrucción, es también un conjunto de juegos cooperativos, que rigen la agregación de células en los seres complejos, la reproducción y el apoyo mutuo en los animales sociales (Wilson, Edward O.: Sociobiology, the new synthesis; The Belknap Press of Harvard University Press, Harvard, 1976). De los juegos cooperativos nacen las sociedades humanas y la civilización. Pero un paradigma cultural no se impone por el mero hecho de ser expuesto. Para implantarlo se requiere una acción social que impulse una decisión política. Las fuerzas de la vida, que componen la Naturaleza y el Trabajo, deben imponerse a la abstracción muerta y la lógica mortífera del Capital. Sin Revolución en la vida no se detendrá la muerte.

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