Sus nombres eran Emerson, Hasked, Juana y Candelaria. Las consecuencias directas de la “guerra contra las drogas”

En la madrugada del día 11 de mayo, un pequeño bote con 16 personas a bordo se deslizaba en silencio sobre las aguas del río Patuca, en la Mosquitia hondureña, al noreste del país. El propietario Melaño Olopio Dixon había salido un día antes para ir a dejar unos buzos a Barra Patuca. Varias personas habían aprovechado el viaje de regreso para volver a sus comunidades.

Un viaje largo y cansado de más de siete horas para llegar a la comunidad de Paptalaya, municipio de Ahuas, departamento de Gracias a Dios. Eran las 2 de la mañana y casi todos los pasajeros dormían. Cuando faltaba menos de un kilómetro para llegar al pequeño embarcadero, los pasajeros fueron despertados por el ruido de por lo menos cuatro helicópteros militares estadounidenses que sobrevolaban la zona.

De repente, el infierno. Una lluvia de balas de armas de grueso calibre embistió el pequeño bote y sus ocupantes. “Estábamos llegando al muelle cuando aparecieron los helicópteros y comenzaron a disparar. Junto con mi hijo, Hasked, nos lanzamos al agua y yo nadé hacia la orilla, llorando, porque ya no lo veía. Encontramos su cuerpo dos días después. Cuatro heridas de bala le habían destrozado el rostro. Sólo tenía 14 años", cuenta Clara Wood Rivas, sobreviviente del ataque, sin poder contener las lagrimas.

De acuerdo con el Informe de Verificación “Caso Ahuas” presentado recientemente por el COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), la mayoría de pasajeros se lanzaron al agua y se sumergieron intentando salvar sus vidas. “Algunos lograron llegar a la orilla del río, otros fueron alcanzados por las balas que les hirieron de gravedad o les quitaron la vida”, detalla el informe.

El operativo conjunto de agentes del FAST (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero) de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras dejó un saldo de cuatro muertos - Emerson Martínez Henríquez (21años), Hasked Brooks Wood (14 años), Juana Jackson Ambrocio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años) - y por lo menos 5 heridos de gravedad. Juana y Candelaria tenían cinco meses de embarazo.

“En la Mosquitia estamos viviendo una pesadilla. El territorio está militarizado y sufrimos el acoso constante de los agentes norteamericanos y hondureños. Nos decomisan los productos de la caza, nos estigmatizan señalándonos de narcotraficantes y, ahora, nos atacan y asesinan”, dijo a Opera Mundi Ethlen Erlinda Wood, familiar del joven Hasked y coordinadora de la organización Ecos de la Mosquitia.

Militarización y narcotráfico

Durante las últimas tres décadas, la Mosquitia hondureña fue escenario de operaciones militares conjuntas de Estados Unidos y Honduras para contrarrestar el proceso revolucionario nicaragüense y la lucha guerrillera en El Salvador y Guatemala. Esto conllevó la presencia de miles de efectivos militares norteamericanos y decenas de grupos de operaciones de contrainsurgencia en las diferentes bases militares que existían en el país (Centro de Estudios Socioeconómicos de Honduras).
   
En el centro del departamento de Gracias a Dios fue instalado el 5º Batallón de Infantería, cuya misión fue la de apoyar logísticamente al ejército irregular de la “contra” nicaragüense y resguardar las armas y municiones para seguir operando en la zona (Informe COFADEH). Ahora, veinte años después de la fin del conflicto armado, la población miskita está reviviendo la inseguridad y el temor de aquellos años. La presencia de tropas norteamericanas y de grupos militares en su territorio ancestral se han vuelto una pesadilla.

En los últimos años, bajo el argumento de la lucha frontal contra el narcotráfico, el gobierno norteamericano volvió a invertir millones de dólares en la instalación y equipamiento de nuevas bases militares, como es el caso de las bases navales de Isla Guanaja y Caratasca, en el departamento Gracias a Dios, que se suman a la ya histórica base de Soto Cano (Palmerola).

Además, la embajada de Estados Unidos en Honduras, el gobierno hondureño, la INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley), la DEA, y el Comando Sur han diseñado un plan para desplegar temporalmente helicópteros estadounidenses en territorio hondureño para apoyar las misiones antinarcóticos.

Los helicópteros modelo Huey-II fueron dislocados en la base aérea de La Ceiba para que se muevan constantemente entre las tres bases de Operaciones de Avanzada - Puerto Castilla, El Aguacate y Mocorón -, que reciben apoyo logístico por la JTFC-B (Fuerza de Tarea Conjunta Bravo).  Los helicópteros son pilotados por contratistas estadounidenses y pilotos del ejército guatemalteco y son usados para el transporte de los 42 miembros del equipo de la DEA a las zonas de llegada de vuelos clandestinos de drogas en la zona oriental del país (defensa.com).

De esa manera, Honduras se ha convertido en el país que más bases militares norteamericanas alberga en toda la región. Una escalada militarista que ha tenido su mayor impulso después del golpe de Estado que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya y en el marco de un plan regional de seguridad acordado entre los presidentes centroamericanos y el gobierno estadounidense.

Ninguna responsabilidad

El portavoz de la DEA en Washington, Dawn Dearden, reconoció que agentes del FAST estaban trabajando a bordo de los helicópteros en apoyo a la policía hondureña. Alega, seguro, que no fueron ellos los que dispararon. Asimismo, la embajadora estadounidense en Honduras, Lisa Kubiske, aseguró a medios nacionales que los efectivos que protagonizaron el operativo antidroga actuaron en forma debida y en defensa propia, supuestamente para responder a disparos que provenían del pequeño bote.

Una primera reconstrucción de los hechos presentada por el alcalde de Ahuas, Lucio Baquedano, apunta a que los agentes hondureños y estadounidenses habrían disparado de manera indiscriminada, creyendo que la embarcación estaba transportando droga descargada de una avioneta que había aterrizado unas horas antes.

Para los familiares de las víctimas, nada puede justificar lo que ha ocurrido. “Nos cayó una lluvia de balas y no me explico cómo sea posible que aún esté viva. Soy una sobreviviente y exijo justicia para mi hijo y para todas las otras personas que perdieron sus vidas o quedaron gravemente heridas”, aseveró Clara Wood Rivas.

También para Adelina Trapp, prima de Candelaria Pratt Nelson, recordar estos momentos es muy doloroso . “Mi prima era madre soltera de tres niñas. Estaba yendo a Ahuas a una consulta médica porque tenía cinco meses de embarazo. El ataque fue brutal. Encontramos su cuerpo dos días después con un disparo de arma de fuego en la espalda. No se ha hecho nada para investigar lo que ha ocurrido, y esto no puede quedar así”, manifestó entre lágrimas.

Marlen Zelaya perdió a su hermana, Juana Jackson, una madre soltera de dos hijos que estaba regresando a casa después de visitar a su novio. “Su cuerpo flotaba en las aguas del río y tenía cuatro heridas de bala. Ella tenía apenas 28 años y estaba embarazada de cinco meses. Soy madre soltera de cuatro hijos y ahora los dos pequeños se quedarán conmigo. Lo que queremos ahora es justicia, porque esta sangre inocente que fue derramada no puede ser olvidada”, manifestó a Opera Mundi.

Testimonios

Varios testimonios aseguran que el terror que envolvió a la pequeña comunidad de Paptalaya no terminó con el ataque al pequeño bote, sino que se prolongó por varias horas, en cuanto decenas de agentes hondureños y norteamericanos se desplazaron por la zona en búsqueda de supuestos narcotraficantes y su mercadería.

“Cuando salí de las aguas del río fui interceptada por agentes de la policía que me apuntaron con sus fusiles. Uno de ellos me dijo: ‘¿Quieres que te mate?’ Le contesté que no quería morir y que ya habían matado a mi hijo. Después miré a mi sobrino - Celin Erickson Curbelo - que estaba tirado en el piso, boca abajo. Lo habían golpeado y esposado con una brida de plástico negra. Finalmente, nos dejaror ir y me lo llevé a la casa”, recordó Wood Rivas.

El Informe del COFADEH señala que el señor Dolly Wood fue amenazado de muerte por un agente norteamericano, de piel negra, que casi no hablaba castellano. Lo obligó a permanecer en el piso, boca abajo, mientras le apuntaba a la cabeza con un fusil. Otros agentes procedieron a romper el portón de la bodega y a sustraer 36 galones de combustible.

Hilder y Elmina Olopio, hijos de Melaño Olopio Dixon  e Hilda Rosa Lezama Kenreth, los dos propietarios del bote, aseguran que fueron detenidos por agentes norteamericanos en cuanto trataron de llegar al embarcadero. Fueron amenazados, golpeados y tirados al piso. Helmer fue obligado a conducir una lancha para ir a recuperar unos paquetes de droga y llevarlos a un helicóptero.

De acuerdo con el COFADEH, el hecho de haberle impedido ir al rescate de su mamá, que estaba herida de bala en las dos piernas, constituye un grave obstáculo a la diligencia de rescate. Hilda Rosa permaneció varias horas escondida en el agua y sujeta a una rama con espinas. Sus heridas se infectaron y ahora se encuentra hospitalizada en graves condiciones.

Contrainsurgencia

El informe de la organización de derechos humanos hondureña coincide con muchas de las observaciones hechas por una delegación de académicos, activistas de derechos humanos y derechos laborales de Estados Unidos y Canadá (Rights Action y Alliance for Global Justice) que fue a la región de Ahuas.

La delegación dijo estar sumamente preocupada no solamente por el nivel de militarización que hay en la Mosquitia, sino también por el hecho de que “el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas de seguridad civil de Honduras están aplicando tácticas de contrainsurgencia para combatir el tráfico de drogas”.

Mediante la estigmatización de la población y las autoridades locales como traficantes de drogas, “las comunidades indígenas se han convertido en el enfoque de dichas acciones de contrainsurgencia, en una zona donde hay recursos naturales importantes, ríos con potencial hidroeléctrico, petróleo y bosques”, señala el comunicado.

Con los trágicos acontecimientos de Ahuas, “toda la Mosquitia fue herida y humillada, fue puesta de rodilla y aplastada. Exigimos que se diga la verdad, porque el mundo debe saber lo que está sucediendo en nuestra tierra. La gente tiene miedo y desconfianza y, desde ya, rechazamos totalmente la presencia de militares norteamericanos en la zona”, sentenció la coordinadora de Ecos de la Mosquitia.

Denuncias
 
La demanda de justicia de los familiares fue retomada y hecha propia por el COFADEH. “En Ahuas fue atacada toda una comunidad y por casi diez días no hubo tan siquiera una sola denuncia de los hechos. Querían que todo quedara en el olvido”, manifestó Bertha Oliva, coordinadora nacional de esta organización.

Según ella, la investigación realizada por el COFADEH demostró que en ningún momento hubo un intercambio de disparos, sino que el ataque provino desde los helicópteros. Además, habría suficientes pruebas de la presencia de agentes norteamericanos.

En su informe preliminar,  el COFADEH calificó el ataque de “desproporcionado, sin previo aviso, sobre población desarmada que ha sido estigmatizada como narcotraficante o la colaboradora del tráfico de droga”, y negó la existencia de “un enfrentamiento armado que pudiera ser alegado como causa del ataque”.

Asimismo, la organización de derechos humanos manifestó que las víctimas fueron abandonadas a su propia suerte y que el ataque conjunto de fuerzas militares y policiales de ambos países “no solamente fue desde helicópteros, sino en tierra firme”, sometiendo la población civil a “detenciones ilegales, amenazas de muerte, allanamientos, saqueo de bienes, trato crueles, inhumanos y degradantes”.

Finalmente, la organización lamentó el hecho de que ninguna de las dos fuerzas armadas tratara de enmendar la tragedia, “más bien afloró el viejo expediente de la mentira y la confusión para desviar la atención sobre las víctimas”. Ante esta situación, el COFADEH interpuso formal denuncia de los hechos ante el Ministerio Público de Puerto Lempira y La Ceiba, así como ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de las Etnias y los ministerios de Seguridad y de Defensa. Una copia de la denuncia fue entregada a la Embajada de Estados Unidos en Honduras y al representante del ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) en el país.

“Siempre van a decir que no fueron responsables de lo ocurrido, pero tarde o temprano tendrán que asumir el costo de lo que hicieron y pedir disculpa a los familiares y al pueblo de Ahuas. Deben responsabilizarse por sus acciones y responder por los daños causados a una población civil indefensa”, concluyó Oliva.