Perú

Mesa servida: derechos y discapacidad

Javier Diez Canseco

24/06/2012

Opinión

^-A ⁺A

Hace tres años, con Sociedad y Discapacidad, Confenadip y el director de El Comercio, así como la participación de numerosas instituciones y organizaciones de personas con discapacidad (PCD), asumimos el reto de promover, desde la sociedad civil, una nueva ley en materia de discapacidad en el Perú.

Buscábamos aprobar una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad y modificar varias normas generales, de modo que la discapacidad sea abordada desde la perspectiva de derechos y desarrollo de capacidades, con un enfoque social y no simplemente médico ni asistencial, que propone la Convención sobre los Derechos de las PCD de Naciones Unidas.

Con pocos recursos pero muchas ganas logramos que más de 120 mil personas respalden la presentación de una iniciativa legislativa ciudadana que logramos presentar formalmente al Congreso de la República en marzo del 2011. Lamentablemente, en el Congreso anterior no se le dio la importancia debida y la propuesta fue al archivo. Sin embargo, con el nuevo Congreso, logramos reactivar la iniciativa, que sea estudiada y debatida ampliamente por la recién creada Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.

El 14 de junio pasado, tras meses de intenso trabajo, el Congreso aprobó por unanimidad una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad. Todas las bancadas, sin excepción, apoyaron una propuesta que, durante todo el proceso, buscó el consenso de todos los sectores, partidos, colegios profesionales, sociedad civil y, principalmente, las organizaciones de personas con discapacidad. Ello, aunque obligó a dejar algunas propuestas en el camino, ha permitido darle una legitimidad sin precedentes a esta propuesta ciudadana.

La propuesta es extensa y es difícil resumirla en unos cuántos párrafos. En más de 80 artículos, la ley aborda asuntos como la accesibilidad, los derechos civiles y políticos, la educación, la salud, el empleo y la seguridad social, regulando la actuación del Estado para garantizar el goce pleno y efectivo de estos derechos por parte de los más de cuatro millones de peruanos con discapacidad. Temas importantes son, por ejemplo, la obligación del Estado de desarrollar censos e investigaciones sobre discapacidad, asignar recursos a sus políticas y consultar a las personas con discapacidad en los temas que les incumben; la obligación de implementar un transporte público accesible; la prohibición de discriminación por las escuelas o los seguros de salud; los incentivos al empleo de PCD y la ampliación a 5% del empleo público para las PCD, la reserva de 5% del crédito estatal para Pymes dedicado a empresas promocionales de PCD, y el derecho de las personas con discapacidad severa en pobreza a acceder a una pensión no contributiva. En suma, de promulgarse, tendríamos una ley que nos pondría a la vanguardia de la región.

Para garantizar su aplicación, la ley cuenta con un capítulo de infracciones y sanciones que, por primera vez, incluye sanciones al funcionario y entidades que rehúsan otorgar o reconocer un derecho. Asimismo, se crea un sistema funcional que permitirá fortalecer la coordinación entre el Conadis y los gobiernos regionales y locales. A esto sumamos que, gracias a la incidencia hecha desde el Congreso, desde el 2013 el Perú contará con un programa presupuestal en materia de discapacidad que permitirá financiar las acciones contenidas en la ley.

Solo falta que el Ejecutivo ratifique su compromiso con la inclusión social y promulgue esta nueva Ley General de la PCD, sin oír a aquellos que aún creen que invertir en las PCD es un gasto innecesario, o que la discapacidad es un asunto que no le compete a la sociedad en su conjunto (hace unos días, por ejemplo, el defensor de Rímac Seguros que no quiso asegurar a una joven con síndrome down, Alfredo Bullard, se preguntaba cómo era posible que se obligue a una escuela privada a recibir estudiantes con discapacidad desconociendo normas nacionales e internacionales).

La inclusión social de las personas con discapacidad es un asunto que nos incumbe a todos, pues es una cuestión de derechos humanos, de desarrollo y de justicia social. Por ello, es el momento de construir una sociedad inclusiva y accesible para las personas con discapacidad. Por primera vez, la mesa está servida.

Diario La República, 25 de junio de 2012

https://www.alainet.org/de/node/158993?language=es