Los recientes acontecimientos en Argentina, Bolivia y Paraguay no sólo dibujan algunas fronteras de la lucha de clase en los respectivos países sino alineaciones y procedimientos de posicionamientos retrógrados en ella, para toda la región. Pretensiones destituyentes, exitosa una, febles las otras, expresan una intención de resistencia global al cambio con los matices particulares de cada cultura política. En Argentina el malestar conservador toma ímpetu, por ejemplo, a través de las restricciones al mercado cambiario o el incremento elemental de la valuación fiscal de las grandes propiedades agrícolas, que son medidas puntuales y coyunturales que actúan como leños con su acotada vida, pero la difusión creciente de la corrupción es el rescoldo permanente que enciende las astillas que van alimentando la hoguera de la reacción. No es culpa de la derecha, ni una mera sensación térmica que el progresismo esté representado por corruptos impunes, ya provengan de su mismo seno o se filtren en él a través de sus porosidades. Que luego los cacerolazos sean insignificantes no le resta interés ni legítima preocupación. En Bolivia los últimos síntomas se centran en el motín policial y su carga de violencia material y simbólica en el uso de armas que el Estado proveyó para el cumplimiento de sus funciones, y la posterior provocación de llamar a utilizar más armas para contrarrestarlas y derrotar la insurrección: un llamamiento a la violencia cuya única víctima será indefectiblemente el propio pueblo boliviano. El caso de Paraguay es más evidente y exitoso, con claras reminiscencias hondureñas, en el que la destitución efectivamente tuvo lugar y coaguló un proceso de desgaste sistemático de cualquier forma de progresismo en la gestión.

En Uruguay el realineamiento ha sido de una claridad meridiana: la totalidad de la derecha se organizó inmediatamente en el reconocimiento de Franco, el vicepresidente hoy en ejercicio de la presidencia luego de la destitución del Presidente Lugo, y en el rechazo del ingreso de Venezuela al Mercosur. Ninguno de los exponentes de los partidos blanco, colorado e independiente se quedó afuera, conformando una “triple alianza” que desató una guerra ideológica. Ambas posiciones son claramente coherentes y solidarias entre sí, a pesar de que les asista buena razón en la crítica a las formas y procedimientos en lo que al ingreso al Mercosur respecta. Pero no se trata de formas, de garantías, ni de principios. En ambos casos, sólo de afinidades ideológicas, es decir, de crudo contenido. El derechista Franco garantiza en mucho mayor medida que su antecesor el cuidado y mantenimiento del statu quo local e internacional, cosa que también aspiran a lograr manteniendo lo más alejada posible a Venezuela, mientras el chavismo resulte hegemónico. Convalidar lo uno y rechazar lo otro, es parte de una misma movida coherente y contumaz de claro carácter sustancialista y campista. En momentos en que la lucha de clases se diversifica en materia de demandas, identidades e intereses, que los movimientos sociales la enriquecen y complejizan, no debe dejar de reconocérsele a la derecha uruguaya el mérito de la simplificación y esclarecimiento que estas alineaciones explícitas contienen, al menos para resituarnos en la importancia de las determinaciones de última instancia. Pero no es casual que se verifique en Paraguay, tanto como anteriormente en Honduras. El formalismo ideológico posterior a la violencia fáctica se puede exacerbar allí donde lo formalizado adquiere características no sólo arcaicas sino rayanas en el ridículo. Lo son precisamente la constitución hondureña, con sus artículos pétreos que asfixian su potencial perfeccionamiento, y la paraguaya con la incorporación de “mal desempeño” como causal de juicio político, aunque en el caso fáctico de ambos hubo evidentes violaciones de la propia constitución (3 artículos en el ejemplo paraguayo).

Pero además de la impronta ideológico-política de la convergencia, el senado plutocrático paraguayo, una suerte de consorcio de copropietarios de las principales tierras cultivables del país al que administran como un country, aparece como factor común en ambas resoluciones. Le cupo la responsabilidad de echar a Lugo por la ventana y de vetar sistemáticamente por omisión el ingreso de Venezuela al Mercosur, confirmando el sustancialismo señalado. No reiteraré aquí las razones de mi absoluta desconfianza hacia cualquier expresión política de personalismo mediático y fiduciario aunque se inscriba en un horizonte de pretendida emancipación y adopte medidas progresistas como el que encabeza Chávez. Los liderazgos insustituibles sólo conducen a largo plazo a opresiones e impotencias populares. Pero el ingreso o no de un país a un bloque económico mercantil no puede quedar supeditado a simpatías o afinidades, sino simplemente a intereses, siempre que cumpla con ciertas condiciones políticas básicas como el simple formalismo democrático-burgués (la aplicación de cualquier restricción sustantiva sería inviable, ya que no existen países sustantivamente democráticos o, más precisamente, en los que el poder se encuentre distribuido en la ciudadanía) y de soberanía. Venezuela las cumple holgadamente.

La ralentización -para no concluir en fracaso- del Mercosur no se debe a la participación más informal de Venezuela, ni de los socios más pequeños, sino del sabotaje de los más grandes, especialmente de Argentina que pretende calafatear los rumbos de su economía con el pabilo del proteccionismo propio, en detrimento del bloque mercantil. Por el contrario, Venezuela ha mantenido una política comercial de acercamiento solidario con los integrantes del Mercosur que la llevó a multiplicar por varias veces su intercambio comercial. El país caribeño ha probado tener vocación integracionista, ya que pertenece a otros bloques como la Corporación andina de Naciones o el ALBA, pero puede además ser una bisagra para la vinculación de los diversos bloques latinoamericanos. Venezuela es la tercera economía sudamericana y una potencia petrolera junto con Brasil a las que podría sumarse un productor como Argentina (hoy alicaída en materia de prospección y producción) en cuyo caso llegarían a ser, unificados en forma corporativa, la mayor compañía mundial.

Sin embargo, el reconocimiento del potencial de Venezuela en una dinámica integradora no justifica la maniobra subrepticia y oportunista de ingreso, aprovechando la suspensión de Paraguay, por aplicar mecanismos igualmente subrepticios, formal y sustantivamente  abominables. El ejemplo paraguayo, con particular énfasis del rol de su senado, daba una oportunidad para debatir el perfeccionamiento de las reglas de ingresos o suspensiones futuras en el Mercosur, que cuanto más crezca y avance menos podrá depender de unanimidades parlamentarias sino de condiciones específicas. En vez de cuestionar al senado paraguayo y su plutocracia, aplicaron su misma receta con signo ideológico inverso. 

¿En qué podría ayudar el Mercosur? Además de la ampliación y unificación de los mercados internos, una función de indudable potencialidad es la creación de empresas multinacionales de propiedad o control estatal del propio bloque mediante la fusión o alianza estratégica de las existentes o de directa creación. La construcción de infraestructura común en los países miembro brilla por su ausencia, del mismo modo que una parte significativa de la producción de bienes y servicios está en manos de empresas multinacionales distribuidas por toda la región como sucede en el campo de las comunicaciones, el transporte aéreo, la industria automotriz, la industria pesada, la minería, etc. Hace días, la fusión de las aerotransportadoras LAN y TAM creó la más grande empresa privada de la región con el nombre LATAM, mientras que Pluna se funde y Aerolíneas Argentinas reestatizada produce pérdidas históricas, en momentos en que el trasporte aéreo regional adquiere cada vez mayor peso y que Brasil ya es el tercer productor mundial de aviones comerciales con su Embraer. No sólo carece de sentido crear un mercado común arancelario si luego se lo sabotea con proteccionismos, sino además si sólo sirve para montar maquiladoras y ensambladoras de productos chinos de diseño norteamericano o para inundar el mercado interno común con imitaciones paraguayas de primeras marcas europeas. Un mercado común debería servir no sólo para que el mercado interno común sea más que la suma de las partes, sino también para expandir las industrias propias y crear empresas multinacionales del propio bloque que puedan diseñar y producir para ese mercado y luego para la exportación. Los pasos en dirección a un horizonte de este tipo harán que, una vez dado, sea relativamente indiferente el carácter más o menos progresista o reaccionario de quien detente coyunturalmente el poder en algún país en particular.

Los presidentes y cancilleres votantes cayeron en la misma trampa oportunista y fiduciaria del senado paraguayo, teñidos de afinidad. Venezuela debe ingresar tanto como en un futuro otros países sudamericanos. Pero sobre la base de condiciones específicas a cumplir y verificar, propias de las funciones de la integración misma, que será necesario pergeñar y formalizar para eludir el imperio de los caprichos y las simpatías. Politizar (y personalizar) un mercado de integración es despolitizar su función estratégica.

- Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar