Julian Assange, test y desafío al estado de derecho

Benjamín Forcano

22/08/2012

Opinión

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Todos entendemos por Estado de Derecho aquel que trata de asegurar la convivencia de un país según las normas internacionales de la democracia, sustentada en la soberanía del pueblo y en los derechos humanos.

Es un hecho normal que entre los pueblos surjan conflictos u oposición de interpretaciones jurídico-morales cuando les toca dirimir problemas entre ellos. Aquí, el hecho de que me ocupo es el de de la concesión de asilo concedido por Ecuador a Julian Assange. Y me ocupo tras el supertendencio artículo de Ana Palacio “Julián Assange, fraude al Estado de derecho” ( El Pais, 22 –agosto- 2012). (Ver abajo en el anexo).

¿Se coloca Ecuador fuera del Derecho Internacional al conceder ese asilo? El Derecho Internacional tiene consagrado que las delegaciones y locales diplomáticos de los Estados son inviolables, incluido como consecuencia el derecho al asilo. Por lo tanto, EL Estado “perseguidor” estaría obligado a conceder un salvaconducto al asilado para un abandono tranquilo del país, no podría expulsarlo.

El presidente Correa legitima su decisión presentándola como garantía de un derecho que es esencial a Julián Assange y que lo ha ejercido con la denuncia y divulgación de miles y miles de documentos que cuestionaban la dignidad de la política del todopoderoso Estados Unidos. El derecho a la libre información podía, en este caso, ser conculcado o anulado y su autor podía verse perseguido, calumniado y hasta procesado injustamente. Esto lo acredita la práctica histórica de USA en casos semejantes.

Ecuador es un Estado democrático y de derecho, sin que la opinión particular de Ana Palacios, -miembro del Consejo de Estado- lo impugne con simple decir que la política del presidente Correa restringe libertades que en este caso pretende defender. Lo afirmado hay que probarlo y probarlo desde el contexto real en que sucede y con conocimiento riguroso e independiente.

La intervención de Baltasar Garzón en el caso de Julián Assange potencia como válida la decisión de Ecuador, dada precisamente la competencia, rigor, independencia y valentía que atestiguan su larga trayectoria de juez.

Carece de fundamento pensar que el juez Garzón procede a obstaculizar la extradición de Julián Assange a Suecia o la orden de detención por la vieja manía de “echar la culpa a Estados Unidos” o por dejarse llevar “por un populismo ascendente que se envuelve en el Estado de derecho”. Es mucho prejuicio y mucha arrogancia, y muy vieja, ésta de marcar a países de América Latina de populistas y relegarlos al margen de la comunidad internacional. ¿También ocurre esto cuando en la ONU siempre que se vota contra el embargo de Estados Unidos contra Cuba, una y otra vez Estados Unidos es derrotado por votación unánime y desprecia una y otra vez el veredicto? ¿O cuando el Tribunal Internacional de la Haya, por 13 votos contra 2, sentenció que Estados Unidos indemnizara a Nicaragua todos los inmensos daños causados con 15.000 millones de dólares y Estados Unidos nunca hizo caso de la sentencia?

Hacer clasificaciones desfavorables acerca de los derechos y libertades en Cuba, Bolivia, Venezuela y otros pueblos, desde países que han practicado sistemáticamente el imperialismo y el colonialismo, y por el que se han impedido esos derechos y libertades hasta el extremo, resulta irreverente y hacerlo ahora en la coyuntura del resurgir prometedor de América Latina, es de un engreismo soterrado imperdonable.

La legitimidad o no para el derecho de asilo debe apoyarse en razones y no en el aireamiento de detestables prejuicios, que llevan a proyectar falsedades y calumnias sobre la vida política de esos países. Hay quien la coloca a Vd. Ana Palacios “entre esos periodistas que creen que por tener un tintero y un micro por delante puede desahogar fuertes sus desafectos”. Ecuador no se mueve bajo la caricatura de un Estado de derecho, ni los que lo seguimos críticamente hacemos profesión de un “inventado” populismo. Y hemos aprendido a precavernos contra ese papanatismo occidental que admira su sistema “como barrera contra impulsos totalitarios”. La historia nos cuenta, sin apenas enmienda, de dónde y de quiénes han partido muchas veces esos impulsos totalitarios. Ciertamente, “es hora de que las voces del liderazgo europeo se alcen altas y claras, marcando una dirección”, pero que sea una dirección –finalmente- no para invadir, saquear, mentir y dominar, sino para promover , reafirmar la soberanía de esos pueblos hermanos , reparar nuestros errores históricos, respetarlos y cooperar con ellos.

Benjamín Forcano es teólogo.

Anexo

Julián Assange: fraude al Estado de derecho

Ana Palacio

Miembro del Consejo del Estado

La algarabía en torno a la concesión de asilo por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, oculta las esenciales incoherencias subyacentes. Sólo examinando éstas entenderemos lo que realmente está en juego.

Para empezar, Ecuador, cuya política en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular, es todo menos abierta, enarbola la bandera del Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión, al tiempo que arroja dudas sobre Suecia, un país líder en materia garantías procesales y el derecho internacional. Esta incongruencia se completa con Baltasar Garzón, quien debe su proyección internacional a la exitosa petición de extradición de Augusto Pinochet, basada en una interpretación estricta del asilo político, que ahora, a la cabeza del equipo jurídico de Assange, defiende una posición radicalmente opuesta.

El rechazo de Assange de la extradición a Suecia para ser cuestionado por acusaciones de agresión sexual, se basa en la supuesta interferencia en el caso por parte de los Estados Unidos, sin perjuicio de que ésta no se haya materializado en forma ni manera algunas. Así, mientras Ecuador ondea la bandera del colonialismo británico, lo esencial reside en que tanto Assange cuanto Garzón o el presidente Rafael Correa de Ecuador están utilizando la vieja y conocida consigna de “echar la culpa a los Estados Unidos” para evadir la Orden de Detención Europea dictada con plenas garantías procesales en contra del primero, y con firmada por el Tribunal Supremo de Reino Unido.

La transcendencia de este asunto reside, más allá de los datos concretos que lo integran, en el ascenso de un cierto tipo de populismo que se envuelve en el Estado de derecho a la vez que, invariablemente, socava su alcance y respeto. Las altisonantes recientes declaraciones de Ecuador relativas al caso, de las que se ha hecho especial eco la organización internacional ALBA, que integra al país andino con otros regímenes bien conocidos por situarse en los márgenes de la comunidad internacional, como Venezuela y Cuba, desvían la atención respecto de la realidad en materia de libertad de prensa y, en general, de garantías legales. Ecuador ocupa el número 104 de 179 en la lista elaborada en 2011-2012 por Reporteros sin Fronteras (RSF), y es etiquetado como “parcialmente libre” con tendencia a la baja por el Índice de Freedom House (FHI) correspondiente a 2012.

Merece también la pena señalar que Venezuela, el principal miembro de ALBA, no recibe mejor clasificación (número 117 en la tabla de RSF y también “parcialmente libre” según FHI). En marcado contraste, Suecia es uno de los dos Estados que consiguen excelentes puntuaciones tanto en lo referente a libertades políticas como sociales, a la vez que encabeza el grupo más distinguido de la tabla de RSF.

Prescindiendo de las cifras, las mencionadas organizaciones de control denuncian cómo Ecuador viene padeciendo un deterioro de las libertades debido a la constante campaña de su presidente Rafael Correa en contra de los medios de comunicación que les son críticos, al uso por parte del gobierno de recursos estatales para influir en el resultado de un referéndum, y a la reorganización de la judicatura en flagrante violación de las disposiciones constitucionales. Entretanto, el reciente informe del International Crisis Group sobre Venezuela, de junio de 2012, se extiende en comentarios sobre la organización de las próximas elecciones plagada de irregularidades, al tiempo que destaca la inexistencia de una igualdad de condiciones en los medios de comunicación.

Assange, Garzón y Correa utilizan la vieja y conocida consigna de “echar la culpa a Estados Unidos” para evadir la Orden de Detención Europea

Todas estas contradicciones quedan reflejadas, con alarde de lógica populista, en una declaración del mismo presidente —de mayo de 2012— en la que afirma “saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad; y tiranos, autócratas, dictadores tratando de evitar aquello. No es verdad. Es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos por periodistas que creen que, por tener un tintero y un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos. Porque muchas veces es sólo por antipatía que se pasan injuriando, calumniando, etcétera. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. […] Se imagina usted, si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España […].Que no nos engañemos. Saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés...”. Causa estupefacción añadida que esta manifestación surgiera en un encuentro televisado, nada menos que con Julian Assange, el autoproclamado “cruzado” de la libertad de expresión, emitido por un canal ruso propiedad de Vladimir Putin.

Lamentablemente, la caricatura del Estado de derecho pergeñada por Assange, Correa y otros populistas gana adeptos en amplias franjas de las opiniones públicas del globalizado mundo de hoy. Y el peligro radica en la aplicación contradictoria y selectiva de principios y preceptos jurídicos o cuasi jurídicos que constituye el sello distintivo del fenómeno al que nos enfrentamos, y su radical incompatibilidad con la previsibilidad y generalidad en que se funda el imperio de la ley. Mediante la distorsión de la realidad y la presentación deformada del sistema legal sueco, reconocido portaestandarte de la seguridad jurídica y la imparcialidad, así como del profesionalismo, los paladines de esta subversión socavan los cimientos de un sistema internacional que actúa de barrera contra los impulsos totalitarios.

Sin perjuicio de lo anterior, el aspecto más sorprendente del caso Assange reside en el estruendoso silencio de aquellos actores e instituciones cuya existencia y legitimidad dimana de la integridad del concepto del Estado de derecho. Empezando por la Unión Europea, cuyo mutismo no cabe más revelador. La página Web oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior recoge una superabundancia de pronunciamientos y condenas relativos a cuestiones que van de Siria a Madagascar pasando por Tejas, pero una búsqueda de la voz “Assange” muestra una única entrada de abril de 2012 sobre la reacción de Hassan Nasrallah a Wikileaks.

Nadie, ni el a menudo prolijo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ni el siempre escurridizo presidente del Consejo, Hermann von Rompoy, ni la cautelosa Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, han considerado que valga la pena salir al paso de infundadas críticas lanzadas contra dos de sus Estados miembros, ni defender un instrumento pregonado cómo fundamental de la Unión —la Orden de Detención Europea—, origen de la detención de Assange por las autoridades de Reino Unido. ¿Cómo es que la Unión Europea, criticadísima por su proclividad a realizar declaraciones y manifestaciones, permanece muda acerca de este asunto, en el que su voz no sólo tiene sentido, sino que podría también tener influencia? Es, pues, hora de que las voces del liderazgo europeo se alcen altas y claras, marcando una dirección que, así lo esperamos, inspire a otros dirigentes y organizaciones internacionales.

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