Soberanías y política: debates en torno a Assange
30/08/2012
- Opinión
El caso Assange va más allá de lo personal en relación al protagonista de la historia.
Mientras la tesis sueco-británica reduce la cuestión al debate sobre las denuncias que pesan contra él, sobre presuntas agresiones sexuales, para América Latina se trata de un asunto político, directamente relacionado con la contravención a los poderes mundiales, que resultó de la difusión informativa de materiales sobre política internacional y geopolítica, que proporcionó sustentos y evidencias de las afamadas prácticas injerencistas de la ’diplomacia’ estadounidense, en colusión con otros poderes.
Si estos elementos saltaron a la vista desde un inicio, los más recientes debates han sacado a la luz dos problemáticas subyacentes: la una directamente relacionada con el derecho a la comunicación; y la otra concerniente a los derechos humanos, o al menos a los políticos, en países del Norte.
La faceta más visible de la primera es la del acceso a la información, cuyas reglas de juego han sido definidas mundialmente por las dinámicas comerciales, pautadas principalmente por las grandes corporaciones mediáticas, que rigen sobre formatos, métodos, elaboración y “puesta en el mercado” de todos o casi todos los ’productos’ comunicacionales, que ellos se reservan la potestad única de controlar, sin ninguna forma de regulación.
Siendo así, la difusión gratuita de un volumen de información, como el liberado por Wikileaks, amparada en argumentos de transparencia de la información, no solo expone a los protagonistas de los cables publicados, es decir a poderes políticos, sino que también transgrede los dogmas de la compra, producción y venta, en otras palabras las reglas impuestas por los poderes mediático-comerciales, que controlan los flujos informativos.
Hablamos aquí de grandes capitales interrelacionados, los de telecomunicaciones, medios e insumos conexos, es decir de mega corporaciones, entre cuyos inversionistas emblemáticos figuran, por ejemplo, el hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim; su compatriota E. Azcárraga, del emporio Televisa; los estadounidenses Bill Gates y Warren Buffet; el venezolano G. Cisneros; o el compatriota de Assange, el australiano R. Murdoch, principal accionista de News Corporation, que controla casi todo lo que se mueve en medios impresos y satelitales en el mundo.
Así configurados los procesos informativos en América Latina estos son monopolio de las élites, son ellas -sus intereses- quienes definen qué, cómo y en donde informar. Es entonces el acceso al capital y al poder que permite, a la vez, la inclusión en los círculos mediáticos. Hasta el ’consumo’ informativo está influido por la capacidad adquisitiva de cada quien (comprar periódicos, suscribirse al cable, tener acceso a tecnologías y a la banda ancha para acceder a Internet, etc.).
Por eso todo lo relativo a la ’democratización’ de la comunicación emprendida en algunos países sudamericanos, en los últimos años, tiene una relevancia política y económica que desborda ampliamente la sombrilla de la ’libertad de expresión’, para poner en evidencia dinámicas relacionadas con el carácter mercantil y monopólico que predomina en este campo.
Si las corporaciones mediáticas arremeten con fuerza contra los gobiernos que lideran propuestas o legislaciones que conceptualizan a la comunicación como un derecho -y no como mercancía-, es porque implica una redistribución de los bienes comunicacionales que anula las prácticas monopólicas predominantes. En el caso de Ecuador, por ejemplo, está propuesta la redistribución del espectro radioeléctrico [1] en un tercio para lo comunitario, un tercio para lo público, y un tercio para el sector privado, que ahora detenta alrededor del 80%.
Las ‘peritas en dulce de la libertad de expresión’ –los poderes mediáticos–, ahora convertidas en voceras políticas de la oposición en los países en proceso de cambio, potencian las redes de sus imperios corporativos para desprestigiar los cambios latinoamericanos y sus líderes. Y por las mismas razones les disgustan tanto los flujos de información que se generan fuera del control corporativo–mercantil, máxime si estos transparentan, como lo ha hecho WikiLeaks, las colusiones de intereses que se cuecen en los entretelones del poder.
Hay entonces una disputa de sentidos, entre el nuevo universo de actores y prácticas, que conceptualizan la comunicación como derecho y ponen en circulación flujos de información abiertos, como sucede en el mundo alternativo y de tecnologías multidireccionales, versus un poder fáctico, el de los medios privados y concentrados, que dejó hace mucho de ser un cuarto o quinto poder, para constituirse en parte actuante del primer poder mundial: el capitalista corporativo. Es a este último a quien obedecen los gobiernos coligados y no al contrario.
Esto es lo que está en debate en el abordaje del tema “Assange” en América Latina, y por ello, de algún modo, la problemática desborda al personaje y dialoga con nuevas visiones de la comunicación y de la política que sí tienen que ver con las acciones del protagonista del asilo diplomático acordado por Ecuador, pero que están planteadas independientemente de él.
Es el caso de los asuntos de soberanía que se levantaron como tema central en Latinoamérica tras la amenaza de asaltar a la Embajada de Ecuador en Londres, por parte del Reino Unido. La amenaza del gobierno británico de atrapar a toda costa a Assange contraviniendo el derecho internacional, está resultando indefendible incluso para quienes hubieran podido tener la tentación de ser especialmente comprensivos con la actitud de un país que se auto define como una de las democracias más sólidas del mundo, pero que se atreve a mostrar sus perfiles ocultos en el “caso Assange”.
En defensa de la soberanía ecuatoriana y en comunidad de ideas sobre el derecho a la comunicación se pronunciaron los países de la ALBA, seguidos de la UNASUR y hasta de la OEA -donde Estados Unidos y Canadá agregaron una nota al pié tratando de evitar la unanimidad- y el Parlamento Andino –donde incluso participan países aún alineados con el neoliberalismo–. Llueven además los pronunciamientos y declaraciones de intelectuales, jóvenes, mujeres, asociaciones varias, gremios, asociaciones de periodistas –como la FELAP– y tantos otros.
Esto es sin duda una victoria diplomática de Ecuador y un respiro para Assange, pero marca además un antes y un después para América Latina, tanto en sus proyecciones internas, como frente a terceros países, como el propio Reino Unido que, a más de mantener colonias y territorios ocupados, como es el caso de las Malvinas argentinas, viene incrementando la militarización del Atlántico Sur.
El mensaje es claro: América Latina ya no está dispuesta a seguir supeditándose ni a Estados Unidos ni a Europa, ni a ninguna forma de relación neo colonial. Se buscan modelos más sociales, economías redistributivas, nuevas formas de democracia ciudadana y modos comunicacionales abiertos y también redistributivos. Corren nuevos tiempos.
Las informaciones difundidas por Wikileaks mostraron, entre otros, las prácticas de tortura, complots belicistas, otros elementos turbios como los que justificaron, por ejemplo, el genocidio en Irak y miles de aspectos predominantes en las relaciones de poder geopolítico, en las que Estados Unidos y la OTAN están a años luz de ser iconos de la democracia y los Derechos Humanos.
Según el periodista John Pilger [2] “Hace cuatro años, un poco difundido documento del Pentágono, revelado por WikiLeaks, describía como la WikiLeaks y Assange serían destruidos por una campaña de difamación (smear campaign) que llevaría a un "proceso criminal". El 18 de Agosto, el Sydney Morning Herald reveló, en una divulgación de documentos oficiales, en el marco de la ‘ley’ de libertad de información, que el gobierno australiano había reiteradamente recibido confirmación de que los Estados Unidos iban a conducir una persecución “sin precedentes” contra Assange y no había opuesto objeciones. Entre las razones de Ecuador para concederle asilo está el abandono de su país “de ciudadanía”. En 2010, una investigación de la Policía Federal Australiana develó que Assange y la WikiLeaks no habían cometido crimen alguno. Su persecución es un asalto a todos nosotros y a la libertad” dice Pilger, y parafraseando al Canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en la reunión de la OEA, agregamos ‘…ellos tienen la fuerza, nosotras/os la razón’.
Mientras la tesis sueco-británica reduce la cuestión al debate sobre las denuncias que pesan contra él, sobre presuntas agresiones sexuales, para América Latina se trata de un asunto político, directamente relacionado con la contravención a los poderes mundiales, que resultó de la difusión informativa de materiales sobre política internacional y geopolítica, que proporcionó sustentos y evidencias de las afamadas prácticas injerencistas de la ’diplomacia’ estadounidense, en colusión con otros poderes.
Si estos elementos saltaron a la vista desde un inicio, los más recientes debates han sacado a la luz dos problemáticas subyacentes: la una directamente relacionada con el derecho a la comunicación; y la otra concerniente a los derechos humanos, o al menos a los políticos, en países del Norte.
La faceta más visible de la primera es la del acceso a la información, cuyas reglas de juego han sido definidas mundialmente por las dinámicas comerciales, pautadas principalmente por las grandes corporaciones mediáticas, que rigen sobre formatos, métodos, elaboración y “puesta en el mercado” de todos o casi todos los ’productos’ comunicacionales, que ellos se reservan la potestad única de controlar, sin ninguna forma de regulación.
Siendo así, la difusión gratuita de un volumen de información, como el liberado por Wikileaks, amparada en argumentos de transparencia de la información, no solo expone a los protagonistas de los cables publicados, es decir a poderes políticos, sino que también transgrede los dogmas de la compra, producción y venta, en otras palabras las reglas impuestas por los poderes mediático-comerciales, que controlan los flujos informativos.
Hablamos aquí de grandes capitales interrelacionados, los de telecomunicaciones, medios e insumos conexos, es decir de mega corporaciones, entre cuyos inversionistas emblemáticos figuran, por ejemplo, el hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim; su compatriota E. Azcárraga, del emporio Televisa; los estadounidenses Bill Gates y Warren Buffet; el venezolano G. Cisneros; o el compatriota de Assange, el australiano R. Murdoch, principal accionista de News Corporation, que controla casi todo lo que se mueve en medios impresos y satelitales en el mundo.
Así configurados los procesos informativos en América Latina estos son monopolio de las élites, son ellas -sus intereses- quienes definen qué, cómo y en donde informar. Es entonces el acceso al capital y al poder que permite, a la vez, la inclusión en los círculos mediáticos. Hasta el ’consumo’ informativo está influido por la capacidad adquisitiva de cada quien (comprar periódicos, suscribirse al cable, tener acceso a tecnologías y a la banda ancha para acceder a Internet, etc.).
Por eso todo lo relativo a la ’democratización’ de la comunicación emprendida en algunos países sudamericanos, en los últimos años, tiene una relevancia política y económica que desborda ampliamente la sombrilla de la ’libertad de expresión’, para poner en evidencia dinámicas relacionadas con el carácter mercantil y monopólico que predomina en este campo.
Si las corporaciones mediáticas arremeten con fuerza contra los gobiernos que lideran propuestas o legislaciones que conceptualizan a la comunicación como un derecho -y no como mercancía-, es porque implica una redistribución de los bienes comunicacionales que anula las prácticas monopólicas predominantes. En el caso de Ecuador, por ejemplo, está propuesta la redistribución del espectro radioeléctrico [1] en un tercio para lo comunitario, un tercio para lo público, y un tercio para el sector privado, que ahora detenta alrededor del 80%.
Las ‘peritas en dulce de la libertad de expresión’ –los poderes mediáticos–, ahora convertidas en voceras políticas de la oposición en los países en proceso de cambio, potencian las redes de sus imperios corporativos para desprestigiar los cambios latinoamericanos y sus líderes. Y por las mismas razones les disgustan tanto los flujos de información que se generan fuera del control corporativo–mercantil, máxime si estos transparentan, como lo ha hecho WikiLeaks, las colusiones de intereses que se cuecen en los entretelones del poder.
Hay entonces una disputa de sentidos, entre el nuevo universo de actores y prácticas, que conceptualizan la comunicación como derecho y ponen en circulación flujos de información abiertos, como sucede en el mundo alternativo y de tecnologías multidireccionales, versus un poder fáctico, el de los medios privados y concentrados, que dejó hace mucho de ser un cuarto o quinto poder, para constituirse en parte actuante del primer poder mundial: el capitalista corporativo. Es a este último a quien obedecen los gobiernos coligados y no al contrario.
Esto es lo que está en debate en el abordaje del tema “Assange” en América Latina, y por ello, de algún modo, la problemática desborda al personaje y dialoga con nuevas visiones de la comunicación y de la política que sí tienen que ver con las acciones del protagonista del asilo diplomático acordado por Ecuador, pero que están planteadas independientemente de él.
Es el caso de los asuntos de soberanía que se levantaron como tema central en Latinoamérica tras la amenaza de asaltar a la Embajada de Ecuador en Londres, por parte del Reino Unido. La amenaza del gobierno británico de atrapar a toda costa a Assange contraviniendo el derecho internacional, está resultando indefendible incluso para quienes hubieran podido tener la tentación de ser especialmente comprensivos con la actitud de un país que se auto define como una de las democracias más sólidas del mundo, pero que se atreve a mostrar sus perfiles ocultos en el “caso Assange”.
En defensa de la soberanía ecuatoriana y en comunidad de ideas sobre el derecho a la comunicación se pronunciaron los países de la ALBA, seguidos de la UNASUR y hasta de la OEA -donde Estados Unidos y Canadá agregaron una nota al pié tratando de evitar la unanimidad- y el Parlamento Andino –donde incluso participan países aún alineados con el neoliberalismo–. Llueven además los pronunciamientos y declaraciones de intelectuales, jóvenes, mujeres, asociaciones varias, gremios, asociaciones de periodistas –como la FELAP– y tantos otros.
Esto es sin duda una victoria diplomática de Ecuador y un respiro para Assange, pero marca además un antes y un después para América Latina, tanto en sus proyecciones internas, como frente a terceros países, como el propio Reino Unido que, a más de mantener colonias y territorios ocupados, como es el caso de las Malvinas argentinas, viene incrementando la militarización del Atlántico Sur.
El mensaje es claro: América Latina ya no está dispuesta a seguir supeditándose ni a Estados Unidos ni a Europa, ni a ninguna forma de relación neo colonial. Se buscan modelos más sociales, economías redistributivas, nuevas formas de democracia ciudadana y modos comunicacionales abiertos y también redistributivos. Corren nuevos tiempos.
Las informaciones difundidas por Wikileaks mostraron, entre otros, las prácticas de tortura, complots belicistas, otros elementos turbios como los que justificaron, por ejemplo, el genocidio en Irak y miles de aspectos predominantes en las relaciones de poder geopolítico, en las que Estados Unidos y la OTAN están a años luz de ser iconos de la democracia y los Derechos Humanos.
Según el periodista John Pilger [2] “Hace cuatro años, un poco difundido documento del Pentágono, revelado por WikiLeaks, describía como la WikiLeaks y Assange serían destruidos por una campaña de difamación (smear campaign) que llevaría a un "proceso criminal". El 18 de Agosto, el Sydney Morning Herald reveló, en una divulgación de documentos oficiales, en el marco de la ‘ley’ de libertad de información, que el gobierno australiano había reiteradamente recibido confirmación de que los Estados Unidos iban a conducir una persecución “sin precedentes” contra Assange y no había opuesto objeciones. Entre las razones de Ecuador para concederle asilo está el abandono de su país “de ciudadanía”. En 2010, una investigación de la Policía Federal Australiana develó que Assange y la WikiLeaks no habían cometido crimen alguno. Su persecución es un asalto a todos nosotros y a la libertad” dice Pilger, y parafraseando al Canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en la reunión de la OEA, agregamos ‘…ellos tienen la fuerza, nosotras/os la razón’.
Publicado en De política, soberanías y Assange
Notas
[1] El espectro radioeléctrico es un recurso natural, de carácter limitado, que constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía.
[2] http://www.johnpilger.com/articles/…, consultado el 26 de agosto de 2012
[1] El espectro radioeléctrico es un recurso natural, de carácter limitado, que constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía.
[2] http://www.johnpilger.com/articles/…, consultado el 26 de agosto de 2012
Fuente: FEDAEPS http://fedaeps.org/actualidad/de-politica-soberanias-y-assange
https://www.alainet.org/de/node/160660?language=en
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