¡Inaceptable! No, los sucesos de Totonicapán que derivaron en la masacre de 7 hermanos y hermanas del pueblo maya-kiché, no tiene justificación alguna, ni merece calificarse como "incidente confuso" como lo han pretendido nombrar las empresas de comunicación. Fue una masacre y punto. Bajo el juego semántico de palabras no se esconde, ni más, ni menos, la intención de encubrir y justificar una actuación estatal, que constituye una brutal y grave violación a los derechos humanos.

 

En el mes de junio pasado en un artículo denominado  En defensa de la protesta social  expresé que " Los casos de  Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Santa María Xalapán, Río Dolores, AV,  los sucesos en los territorios de los pueblos ixil, kiché, qeqchí, mam, chortí, la represión en contra de los estudiantes normalistas el día 5 de junio 2012, desmedida e injustificada, evidencian como el uso creciente de la fuerza se impone sobre la voluntad de diálogo,  reflejo de la configuración de un proyecto político autoritario que amenaza los escasos y frágiles espacios democráticos existentes."

 

El regreso de ex militares y militares activos a esferas de la institucionalidad pública, especialmente la relacionada con la política de seguridad, está impregnando un sello particular a como desde el gobierno actual se aborda y enfrenta las múltiples protestas y conflictos sociales que han ocurrido a lo largo de este año. Más allá del desmedido uso de la fuerza y la remilitarización, se constata el resurgir de un discurso que de manera reiterada responsabiliza de los protestas a  "manipuladores" y hasta a "extranjeros" que se empleaba comúnmente durante la guerra, y reflejan la influencia de los asesores de inteligencia quienes desde su propia formación y lógica interpretativa de los acontecimientos, reviven la teoría de la conspiración y desestabilización.

 

Más allá de evidenciar una profunda perspectiva racista y clasista al cuestionar la autenticidad de las causas generadoras de protesta, desmerece la capacidad de organización y accionar autónoma, de quienes se lanzan a las calles para expresar su inconformidad ante un Estado que de manera sistemática ignora las justas demandas de su ciudadanía.

 

La "reinvención" del enemigo interno, revivido dentro del marco del concepto de seguridad hemisférico impulsado por los EEUU y ratificado por la OEA en el 2003, y nombrado como " amenaza terrorista" se introdujo sutilmente en la política de seguridad publicado recientemente por el gobierno actual en la cual la conflictividad social aparece como uno de los principales amenazas vigentes para el Estado guatemalteco, lo que en otras palabras quiere decir, para las elites políticas y económicas cuyos intereses se encuentran incrustados en su andamiaje institucional y jurídico. Las categorías de soberanía nacional y territorio en cuya defensa se pretende accionar dentro del marco de esta política, se esgrime a partir de una lógica de absoluto respaldo a los proyectos empresariales a cuyos intereses se parece plegar nuevamente la institución armada y su intricado red de colaboradores.

 

Cuando en el año 2003 se veía que el "tiempo de la paz "había concluido sin que se cumplieran las partes sustantivas de los acuerdos de paz se advirtió del riesgo de que el incipiente proceso de democratización podría estancarse o enfrentar retrocesos. La traición a los Acuerdos de Paz por parte de las elites económicas y políticas, quienes blindaron este Estado ante cualquier posibilidad de un cambio democrático, nos conduce, hoy por hoy, por el sendero de una peligrosa reinstauración autoritaria.

 

Las oportunidades políticas de transformación democrática surgen solamente en determinados contextos históricos y tienden a ser consecuencia de intensivos ciclos de lucha y pactos políticos de las fuerzas sociales y democráticas; la imposibilidad de concretarlas tiene altísimos costos políticos. Esto porque se mantiene intacta la matriz reproductora de los poderes "tradicionales" que se reconfiguran y rearticulan en torno a una reedición, a veces más sofisticado o más brutal, de un proyecto conservador y autoritario.

 

Se constata, que la estructura política formal existente en la actualidad demuestra una creciente incapacidad de canalizar o responder a los anhelos transformadores de las fuerzas democráticas y sociales, tal como sucede con las demandas de los pueblos originarios para que se respete sus derechos colectivos y sus territorios, reflejo de la vigencia del racismo estructural, que es un pilar fundamental del sistema de dominación existente. Las consultas comunitarias de buena fe, un ejercicio profundamente democrático, en la que han participado más de un millón de ciudadanos, son considerados desde la ceguera  de los defensores del estatus quo, como una amenaza, solamente entendible a partir de su ignorancia y patético afán de lucro.

 

Es en este marco que puede entenderse la ofensiva mediática y estatal contra el derecho a la protesta social, que se realiza en un contexto de reforzada imposición del modelo de acumulación por despojo que se aplica en contra de la voluntad popular, y que afecta a los pueblos indígenas, trabajadores/as, campesinos, mujeres y juventud del país, mediante  la persecución jurídica, campañas de desprestigio en contra de líderes/lideresas populares, las amenazas de delimitar el derecho a la huelga, manifestaciones y bloqueos de carretera.

 

¿Qué subyace a la campaña sistemática en contra de la protesta social promovida por las fuerzas ultraconservadoras y sus aliados mediáticos? ¿Acaso no tienen co-responsabilidad en los hechos ocurridos en Totonicapán?

 

Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, dicen algunos. La sistemática descalificación de quienes realizan bloqueos de carretera o manifestaciones, a quienes se tildan de delincuentes, perezosos, obstaculizadores del desarrollo, violadoras de la libre locomoción, sin que se informe sobre las causas o génesis de estas protestas, se convierte en la " excusa " perfecta para quienes utilizan métodos violentos de desalojo o quienes desde su interpretación individual consideran justificado su arma para disparar contra quienes son los nuevos " enemigos " del orden y del desarrollo. Un andamiaje discursivo que sirve perfectamente para reforzar las tendencias fascistoides que siempre estuvieron anclados en la sociedad.

 

Hoy por hoy desembocaron en una masacre, que nos debe indignar y hacer reflexionar. A dos días de los hechos destacan por su ausencia los pronunciamientos de las universidades, los académicos, los ciudadanos destacados, el magisterio, y quienes aparecen en primera línea cuando se denuncia la delincuencia o violencia organizada. El silencio ante estos graves hechos es sinónimo de complacencia y acuerdos tácitos con lo sucedido. El silencio ante estos hechos es garantía de que volverá a suceder. ¿Quién es la próxima víctima?

 

5 de Octubre 2012

A 17 años de la Masacre de Xamán.

 

- Simona V. Yagenova es coordinadora del Área de Estudios de Movimientos Sociales, FLACSO Guatemala.