Argentina

Voces a 3 años de la sanción de la ley de medios

Red Eco Alternativo

11/10/2012

Opinión

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Las manifestaciones públicas de funcionarios, de medios tradicionales y de los comunitarios, ponen en evidencia que, luego de tres años, no se ha recorrido demasiado camino en la aplicación de la nueva ley. La desarticulación del multimedio Clarín, que genera altas expectativas, no constituye la única garantía para multiplicar las voces y los discursos.

(Red Eco) Argentina - El miércoles 10 de octubre se cumplieron tres años de la sanción de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que vino a reemplazar a la firmada en origen por la dictadura cívico-militar. Y decimos “en origen” porque, salvo excepciones, no se dice que los diferentes gobiernos de la democracia se encargaron de crear y afianzar el sistema de oligopolios que hoy se manifiesta combatir.

El mayor exponente de este proceso fue el menemismo y la frutilla del postre la puso el decreto 527/2005 que firmó el entonces presidente Néstor Kirchner, prorrogando por 10 años las licencias de las corporaciones a las que hoy les apunta el 7D.

Martín Sabbatella, recientemente nombrado presidente de la AFSCA, afirmó en su discurso del miércoles - que antecedió al de la presidenta – que el organismo tiene la misión de hacer cumplir integralmente la ley. Detalló como logros de la nueva ley el avance del sistema digital de televisión en las escuelas rurales (proyectando que para fin de año el 86% del país contará con este sistema televisión digital) y el desarrollo del BACUA (Banco de Contenidos Audiovisuales Argentinos).

Respecto a la TV digital hay que aclarar que el gobierno otorgó permisos experimentales para probar el sistema dentro de 4 canales que ha tomado (22 a 25) en lo que se conoce como TDA. Y los ha ocupado con programación propia (TV Pública, Encuentro, Paka Paka, INCAA TV, etc) pero también con la de sus socios comerciales y políticos (C5N, Canal 23, Construir TV, 360, entre otros) y con parte de los medios tradicionales (Telefe, América TV, Canal 9 en el caso de la Ciudad de Buenos Aires). Ningún medio comunitario fue convocado a realizar este tipo de transmisiones que debían ser por 180 días y ya llevan dos años.

Cabe agregar que políticas como estas se enmarcan en lo que sería “incorporación de nuevas tecnologías y servicios” y de “transición a los servicios digitales” que son apenas dos artículos de los casi 170 que conforman la ley.

Sabbatella manifestó públicamente que “la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es fundamental para ampliar y mejorar nuestra democracia” y que “busca mayor diversidad, mayor pluralidad; que no haya concentración mediática ni posiciones dominantes; que no haya tendencias monopólicas justamente para que estén todas las voces, las que te gustan y las que no”.

Es un dato importante esta última afirmación por parte de quien preside el Directorio del organismo encargado de avanzar en la aplicación de la ley. “Que estén todas las voces, las que te gustan y las que no” solo podrá garantizarse si la ley se cumple integralmente, como dice. Y esto significa no solo pensar que “la” batalla es ganarle la pulseada a Clarín sino evitar la conformación de cualquier tipo de monopolio, sea tanto empresarial como discursivo.

Algunos sectores reflexionan, en este tercer aniversario, más allá de la aplicación de los artículos 45 y 161 (que regulan la multiplicidad de licencias con límites en cantidad por actor y que obligan a transferir las que excedan esos límites), base de la batalla que se ha desatado entre el gobierno y el grupo Clarín.

Sus reclamos hacen a la esencia de la democratización plena de la comunicación y al reconocimiento de actores que son fundamentales para lograrla.

La continuidad de entrega de licencias y apertura de concursos sin la previa elaboración del Plan Técnico y la reserva del 33 % del espectro para las entidades sin fines de lucro, son dos reclamos que la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), espacio que nuclea a medios en diferentes soportes en todo el país, viene sosteniendo.

En una nota publicada recientemente por Página 12 (1), la RNMA afirma: “La ley establece, como requisito previo a la entrega de licencias, la obligación de armar y hacer público un Plan Técnico de Frecuencias: un mapa de todo el país que muestre cómo está el espectro (qué porción está ocupada, por quiénes y cuánto queda libre). Recién cuando sea elaborado, la AFSCA debería, también según la ley, reservar el 33 por ciento para los medios sin fines de lucro. El Estado no ha realizado este plan técnico y, en consecuencia, no ha hecho la reserva del 33 por ciento. Sin embargo, continúa con la entrega de licencias y la apertura de concursos. Este incumplimiento, además de no respetar lo que la ley exige, deja la puerta abierta a la entrega discrecional de las mismas”.

La RNMA planteó, desde que la AFSCA llamó a los primeros concursos, que los pliegos de bases y condiciones deben contemplar la especificidad de los medios comunitarios, alternativos y populares, aun dentro de las entidades sin fines de lucro. De no ser así, se estará “equiparando a cualquier medio comunitario con fundaciones o asociaciones ligadas a estructuras sindicales, eclesiásticas u otras, cuyo poder político y económico está muy lejos del que pudiera tener una asamblea de vecinos autoconvocados o los familiares y amigos de Luciano Arruga”, afirma en la nota periodística.

Por su parte la Junta Indígena Nacional hizo público un comunicado que llama la atención sobre la falta de claridad de la ley acerca de que considera como Pueblos Originarios. El artículo 151 de la nueva ley establece que “los pueblos originarios podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual”. Esta organización sostiene que los conceptos no alcanzan a ser claros y definir si su alcance es específicamente para pueblos o para cientos de organizaciones que trabajan en temas aborígenes o en contacto con los pueblos y comunidades. “La clave radica ahora en establecer qué entidades deben ser reconocidas como `pueblos’ para el texto legal”, dicen.

En este sentido afirman que “no existía en el 2010 (fecha de tratamiento de la ley de medios), ni existe en la actualidad un registro nacional de pueblos indígenas (facultad y obligación del INAI, Ley N° 23302/85 y su decreto reglamentario 155/89); como así tampoco se cumplimentó, la creación del Consejo de Coordinación, órgano indispensable con el que supuestamente se pondría en práctica la participación y consulta en todo hecho administrativo, jurídico o gubernamental para llegar a lo que sería un registro de pueblos. Con estas falencias esenciales jamás se podría interpretar legalmente que el INAI y su confuso procedimiento, podrían reglamentar normativas para el reconocimiento de un pueblo originario en un registro que no existe”, agregan.

Afirman, a su vez, que las autorizaciones del artículo 151 recaen en organizaciones sociales ligadas estrictamente al proyecto de gobierno que, en connivencia con el Instituto Nacional Indígena y su registro de organizaciones territoriales, las obtienen como `pueblos’ .

Hoy tampoco es de conocimiento público, y así debería serlo, cuántos son los medios que se censaron hace ya dos años, los cuales pretende obtener su licencia. En este sentido, el legislador porteño Julio Raffo, de Proyecto Sur, presentó la semana pasada una nota en la AFSCA requiriendo que se disponga la publicación de los resultados del "Censo" realizado por el organismo, y la urgente realización y publicación del Plan Técnico que prevé la Ley.

Haciéndose eco de diversos reclamos de los medios alternativos, solicitó: que no se concursen licencias sin que, previamente, se realice la reserva del 33 % para las que la ley establece a favor de las entidades "sin fines de lucro"; que todo pliego de bases y condiciones para los concursos para entidades sin fines de lucro a los cuales convoque el organismo sean "sin cargo" y que se exima a las "emisoras de baja potencia" y a las entidades sin fines de lucro de la presentación de "libres deuda" referido a las gestión o administración de derechos emergentes de la propiedad privada”.

Hace 3 años, la sanción de la ley generó expectativas entre los movimientos populares. A lo que afirmó el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, de que “esta ley apunta a multiplicar las voces y a permitir que nuevos actores sociales y culturales tomen la palabra”, le agregamos que: sin las voces que se hacen oír desde sus propios medios porque los medios tradicionales no les dan un lugar, la democratización será parcial. Y, según creemos, no existe la democracia a medias: la pluralidad de voces y discursos es la única herramienta para alcanzar ese objetivo. Sin la posibilidad de legalizar lo que ya es legítimo, será imposible.

(1) Voces para la democratización

https://www.alainet.org/de/node/161769?language=en